Solidari

castellano | euskara

Contra la Reforma de las Pensiones: 27 de enero Huelga General

Ante un selecto grupo de empresarios encabezados por Joan Rosell (CEOE), Emilio Botín (Santander) y Cesar Alierta (Telefónica) Rodríguez Zapatero afirmaba con una determinación digna de mejor causa que su Gobierno llevará a cabo la reforma de las pensiones “con consenso o sin consenso”. Y ponía fecha tope para aprobar el correspondiente proyecto de ley: el 28 de enero.

Junto a la reforma laboral aprobada el pasado mes de junio, que facilita y abarata el despido, aumentando el poder de los empresarios, la reforma de las pensiones supone un retroceso enorme de los derechos sociales conquistados durante décadas. Entre otras cosas, la reforma pretende:

•    Aumentar la edad legal de jubilación, de 65 a 67 años.
•    Aumentar el período de cálculo, de 15 a 25 años.
•    Aumentar los años de cotización necesarios para cobrar el 100%.
•    En el mejor de los casos, la reforma supondrá trabajar dos años más y cobrar la pensión dos años menos (alrededor de un 10% menos). Al modificarse el sistema de cálculo, las pensiones futuras serán entre un 10 y un 15% más bajas para quienes aguanten hasta los 67 años.
•    Para quienes no tengan más remedio que jubilarse a los 65 años o antes, por estar en paro o porque su salud esté bastante deteriorada, el recorte de la pensión será aún mayor: entre un 20 y un 30%, que afectará sobre todo a las capas bajas con trabajos manuales y menos cualificados, cuya esperanza de vida es hasta 10 años menor que la de las clases altas.
•    En definitiva, un recorte brutal que tratan de enmascarar o dulcificar aplicando la Reforma de forma gradual durante varios años.

Se trata de una reforma tan injusta como innecesaria. Es falso que los recortes sean necesarios para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, como afirman de manera alarmista e interesada el Banco Mundial, la Comisión Europea o algunos “expertos” generosamente financiados por la banca. El objetivo es otro: reducir las pensiones públicas y las cotizaciones sociales de las empresas (que son salario indirecto y diferido) y fomentar los fondos privados de pensiones que constituyen un enorme negocio para el capital financiero (las comisiones que cobran los bancos y las gestoras de estos fondos llegan a alcanzar hasta el 40% del total del capital acumulado).

Al contrario de lo que ocurre con los fondos privados de pensiones, que en el año 2008 perdieron un 18,3% de su valor y la amenaza de quiebra planea sobre ellos (31 grandes fondos de EEUU están al borde de la quiebra) el sistema público de pensiones en el estado español tiene superávit y cuenta con un fondo de reserva de cerca de 70.000 millones de euros que permite afrontar el futuro con tranquilidad hasta el año 2035. El aumento de la riqueza (PIB) que previsiblemente se producirá para entonces permitirá destinar una parte de esa riqueza a garantizar las pensiones públicas, por la vía de los impuestos si el aumento de cotizantes y de las cotizaciones resulta insuficiente. ¿Por qué el sistema público de pensiones se tiene que autofinanciar? ¿Por qué una parte no se puede financiar a través de los impuestos como se hace con la sanidad o con la educación? Sería lo más justo y equitativo: redistribuir la riqueza (y el empleo) y garantizar unas pensiones públicas dignas. Hay margen para ello, ya que la presión fiscal en España y el porcentaje del gasto en pensiones son muy inferiores a la media de la Unión Europea-15.

Sin embargo, el capital financiero, los “mercados” que con su enorme codicia y sus operaciones especulativas provocaron la crisis se permiten el lujo de presionar a los gobiernos y de dictar sus recetas económicas y sus reformas orientadas a un empobrecimiento de las clases trabajadoras y a un enriquecimiento de las clases más pudientes. Y los gobiernos europeos, tanto conservadores como socialdemócratas, acatan sumisos o de buen grado el dictado de los poderes económicos.

El panorama es desolador, los recortes brutales y la respuesta ciudadana habida hasta ahora, insuficiente. Los sindicatos en particular no hemos estado ni estamos a la altura de las circunstancias, para responder de manera unitaria y contundente. Todos tenemos parte de responsabilidad aunque, lógicamente, es mayor la responsabilidad de los sindicatos con mayor representatividad. Es incomprensible que UGT y CC.OO. sigan negociando con el gobierno y la patronal y aplacen una y otra vez la necesaria respuesta: ante las presiones de los “mercados”, de las instituciones europeas y del propio gobierno, sin presión sindical nada bueno puede salir de la “mesa de diálogo social”.

¡INDIGNÉMONOS! Es hora de responder con decisión, sin vacilaciones, porque no hay peor derrota que resignarse sin luchar. SOLIDARI apoya la huelga general convocada para el 27 de enero por ELA, LAB, STEE/EILAS, HIRU y EHNE, y animamos a nuestra afiliación y a los trabajadores y trabajadoras en general a participar en la misma.

Somos conscientes de que la respuesta será limitada o parcial, tanto por el ámbito vasco-navarro de la convocatoria como por la división sindical, pero esperemos que sea un paso más, y que en un futuro no lejano, todos los sindicatos seamos capaces de confluir en una convocatoria unitaria y masiva, que es lo que la gravedad de la situación demanda. En esa dirección, siempre estaremos dispuestos a aportar nuestro grano de arena.

En concreto ese día convocamos junto a otros sindicatos un Acto Sindical a las 11 de la mañana en la Plaza del Vinculo de Pamplona, con una posterior Manifestación por el centro de la ciudad.

Iruña-Pamplona, 17 de enero de 2010.

Comisión Provincial del sindicato SOLIDARI.