Alberto Garzón
Pensionistas rodeando el Congreso
El pasado 22 de febrero los alrededores del Congreso se llenaron de manifestantes, la inmensa mayorÃa jubilados y jubiladas, exigiendo pensiones dignas. La convocatoria pública la habÃa realizado la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, y fue todo un éxito. Es más, el resultado ha sido tan importante que pilló descolocado al propio Gobierno. Aunque seguro que no sólo al Gobierno. Obsérvese un detalle al respecto.
Normalmente el Gobierno no permite ese tipo de concentraciones, entre otras cosas por la existencia de un controvertido artÃculo 494 del código penal que amenaza con penas de prisión a los que se manifiesten ante las sedes del Congreso de los Diputados. Sin embargo, es habitual que se permitan pequeñas concentraciones de no más de una decena de personas en la plaza de las Cortes, justo enfrente de los «leones». De estas hay muchas cada semana. Probablemente el Gobierno esperara encontrarse con algo de este tipo, pues jamás habrÃa permitido que miles de personas desbordaran los alrededores del Congreso evocándonos las manifestaciones de 2012. El impacto simbólico de rodear un Congreso como protesta por la polÃtica del Gobierno o de su sistema polÃtico es enorme, y un Gobierno en minorÃa no puede permitirse ese lujo.
De hecho, cuando bajé a la manifestación me encontré con un panorama similar al de las manifestaciones del 2012. Entre los manifestantes habÃa de todos los perfiles polÃticos. Muchos votantes de IU, PCE y de Podemos, pero también del PSOE. Incluso algunos me confirmaron que eran votantes del PP, aunque probablemente no estuvieran ya muy convencidos de repetir. HabÃa personas muy politizadas, que eran militantes de nuestra organización, pero también personas que era la primera vez que bajaban a una manifestación. HabÃa personas con pensiones medias y altas, y también personas que disfrutaban de una pensión ridÃcula. Hubo un señor que se me acercó llorando y que me dijo, casi sin poder articular las frases, que lo estaba pasando muy mal y que tenÃamos que hacer algo. Su cara, su forma de expresarse y sus palabras eran propias de alguien que estaba al lÃmite.
Las pensiones es uno de los derechos más importantes que tenemos conquistado en nuestro paÃs. En realidad es parte de nuestro salario. Forman parte de lo que se llama salario social y que incluye el salario directo (nuestra nómina), el salario indirecto (los servicios públicos financiados con impuestos) y el salario diferido (las pensiones). En nuestro paÃs el sistema es además un ejemplo de solidaridad generacional, ya que disfrutamos del llamado «sistema de reparto» que permite que las cotizaciones sociales de las personas que trabajan hoy sean las que financian las pensiones de las personas jubiladas hoy. Y mueve una gran cantidad de dinero que es también un codiciado tesoro para las entidades financieras, motivo por el cual desde hace décadas promueven la privatización parcial o total del sistema. Una privatización que conllevarÃa el empobrecimiento de los pensionistas más pobres pero también, muy probablemente, el del resto de los jubilados puesto que su sistema se basa en el rendimiento de inversiones que no siempre salen bien.
Sobre todo esto ya escribimos hace ya ocho años un libro de acceso gratuito titulado ¿Están en peligro las pensiones públicas? (pdf) y que tuvo un enorme éxito de difusión. Pero entonces, a partir de 2010, todos los intentos que habÃamos puesto en marcha desde las organizaciones polÃticas de izquierdas para movilizar al conjunto de pensionistas habÃan sido en vano. Iniciamos varias campañas polÃticas que apenas se tradujeron en pequeñas concentraciones públicas y bastantes actos para hacer pedagogÃa. El sector de mayor edad de nuestra población se mostraba aparentemente pasivo ante los recortes que bien se venÃan encima o que bien directamente se produjeron con las reformas de 2011 (PSOE) y de 2013 (PP). Algunos analistas achacaban al carácter conservador de este sector poblacional la causa de este comportamiento. Aun hoy, y según el CIS, de los votantes mayores de 65 años el 28,8% vota PP, el 19% PSOE, el 10,9% a Ciudadanos y sólo un 3% vota a Podemos, IU y las confluencias. Un importante contraste con los votantes entre 18 a 24 años (6,3% PP, 11,5% PSOE, 8,4% Ciudadanos y 23% Podemos, IU y las confluencias).
Todo esto hasta ahora. Algo se ha activado en esos sectores poblaciones y ha provocado una intensÃsima movilización como fue la del pasado jueves. Pero no se va a quedar ahÃ. Uno de los manifestantes me dijo: «esto sólo acaba de empezar». Es muy probable que asà sea, porque se dan las condiciones desde hace mucho tiempo y episodios como los del pasado jueves ayudan a crear una identificación común entre los pensionistas que va más allá de lo electoral.
Todo esto coincide, además, con la preparación de una gran movilización feminista para el dÃa 8 de marzo. El feminismo es ahora mismo, de lejos, uno de los movimientos con más vida, conciencia y fuerza para transformar la sociedad. No es homogéneo, por supuesto, pero sus reivindicaciones son justas y son el vector por el que decenas de miles de mujeres y hombres jóvenes se están politizando.
Mi impresión es que vamos a entrar en una primavera en la que se va a ir recuperando la movilización social, y en la que además ello servirá como viento de cola para el crecimiento de los espacios electorales alternativos al Régimen. Pues, y esto es para mà lo más importante a efectos analÃticos, estas movilizaciones sociales son el claro reflejo de que la crisis de régimen no se ha cerrado y de que existe en este momento una tremenda disputa en torno al modelo de paÃs que se va a construir para las próximas décadas. ¿Qué paÃs queremos para las próximas generaciones? ¿Qué orden social imperará a partir de ahora? Esas son parte de las preguntas a las que muchos colectivos sociales y polÃticos, entre ellos los de pensionistas y feministas pero también los que luchan por el soterramiento del AVE en Murcia o contra la mina de uranio en Salamanca, están respondiendo con movilización.