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Un Pacto contra la Pobreza

Un Pacto contra la Pobreza
Propuestas de EAPN-ES ante las elecciones
del 26 de junio de 2016i
Creemos que la cita del 26 de junio puede ser una excelente ocasión para demostrar que realmente existe una voluntad política compartida de asumir el reto de reducir significativamente la pobreza, la exclusión y la desigualdad, por parte de los partidos políticos que aspiran a formar gobierno.
Por ello, lanzamos esta propuesta de compromiso conjunto por un Pacto contra la Pobreza, dirigida a lograr, entre todos los actores políticos, económicos y sociales, la reducción de las graves desigualdades existentes y a la mejora del bienestar humano de más de 13 millones de personas que actualmente están en riesgo de pobreza y exclusión.
España se encuentra entre los países con el nivel más elevado de desigualdadii y es el país donde más aumentó esta durante la crisis, impulsada principalmente por el desempleo, la baja calidad del empleo creado y la polarización de los ingresos entre las personas ocupadas.iii
A pesar del incipiente crecimiento económico, la situación social de nuestro país sigue siendo muy grave, con un 28,6% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE), por estar en pobreza relativa, en privación material severa y/o por vivir en hogares en desempleo.iv La situación de pobreza relativa, que afecta en total al 22,1% de la poblaciónv, es más grave para algunos grupos concretos, como la infancia (28,8%, es decir uno de cada tres niños y niñas), las personas jóvenes (38,2%) o la población extranjera extracomunitaria (55,4%). También ha aumentado el porcentaje de personas trabajadoras pobres (del 17,6% en 2014 al 18,1% en 2015), lo cual demuestra que 2 de cada 10 empleos actuales no permiten una vida sin pobreza. A pesar del incremento del empleo de 2015, el paro sigue estando entre los más elevados de la UE, por encima del 20%, afectando más a las mujeres, a las personas jóvenes, mayores de 45 años, y personas pertenecientes a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, entre los que se encuentran las minorías étnicas y la población extracomunitaria. Otros problemas destacados son el fracaso escolar y,
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
Teléfono/Fax: +34 917 860 411● C/ Tribulete, 18-1º ● 28012 ● Madrid ● España CIF: G45556586 ● www.eapn.es
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especialmente, la elevada tasa de abandono escolar temprano (el doble de la media europea) las cuales, asociadas a los datos anteriores, representan una amenaza para el capital humano, el desarrollo y la cohesión social a presente y a futuro.
El Pacto contra la pobreza que proponemos es urgente y necesario porque, además de las circunstancias descritas, el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza sigue siendo escaso, especialmente en el caso de la infancia. Por otra parte, sigue habiendo grandes disparidades y desequilibrios regionales en cuanto a los datos de pobreza y exclusión, así como en las políticas y medidas de protección social puestas en marcha. Es necesario construir un país más justo socialmente, en el que todos y todas compartamos los mismos derechos.
Por último, destacamos que la creciente desigualdad social y la pobreza persistente son también un grave problema económico, que impiden garantizar una senda equilibrada, duradera, integradora e inclusiva de un modelo de desarrollo sostenible que sitúe como centralidad a la persona y al territorio.
Las medidas que proponemos:
EAPN-ES considera urgente y necesaria una reforma de la Constitución que recoja los derechos sociales como derechos subjetivos, para lo cual habría que elevar el rango de algunos que están ya mencionados, y/o incorporarlos al capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Creemos que la reforma también debería contemplar el papel del Tercer Sector como agente en el diálogo civil y social. Esta reforma es necesaria para consolidar un marco estable, moderno, equilibrado y desarrollado del Estado del Bienestar, en consonancia con el marco europeo al cual pertenecemos. La democracia y el cambio constitucional hoy día, pasa por reconocer el papel crucial del Tercer Sector de Acción Social.
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Las medidas que proponemos a continuación constituyen la esencia del Pacto contra la Pobreza y un catálogo de gobierno para todos y todas, con el interés común como el mejor de los intereses.
1. Propuestas sobre inclusión activa y cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020
Como perspectiva integral, proponemos que se implante el enfoque de inclusión activa, basado en un empleo digno y de calidad, el acceso a ingresos garantizados en caso de desempleo, y el acceso a servicios sociales eficaces y asequibles. EMPLEO Objetivo: Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%. No obstante, el empleo creado tiene que permitir un nivel de vida digno, por encima del umbral de la pobreza, al menos.
a) Elaborar una estrategia de desarrollo económico productivo e integrador generadora de empleo de calidad que cuente con las políticas de protección como elemento nuclear de impulso económico.
b) Invertir en capital humano, con sistemas integrados que aborden medidas de acompañamiento, motivación para el empleo, autoestima, formación, recualificación y capacitación a lo largo de la vida para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y superar los cambios tecnológicos.
c) Apoyar la creación de empleo mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las Pymes para lograr los objetivos sociales.
d) Aplicar políticas de empleo y formación efectivas para el tránsito entre empleos de la población joven española, con el fin de que no tengan que salir de España para lograr un empleo y un sueldo dignos con los que llevar una vida digna y de calidad.
e) Establecer objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, con discapacidad o diversidad funcional, cabezas de familias monoparentales o numerosas, personas paradas de larga duración, personas con adicciones, ex reclusos/as, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.
f) Promover una Ley de Empleo Inclusivo.
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g) Avanzar en los recursos de conciliación de la vida laboral y personal/familiar, a fin de mejorar la actividad y el empleo, particularmente de las mujeres.
h) Impulsar las empresas de economía social y las entidades de acción social, como generadoras de un empleo de calidad basado en la centralidad de la persona y en el desarrollo de las potencialidades endógenas del territorio.
i) Aprobar un gran Pacto por el empleo que cuente entre sus actores, con la economía social y las entidades del tercer sector de acción social.
SISTEMA DE RENTAS MÍNIMAS GARANTIZADOS
a) Elaborar e implementar un sistema de Rentas Mínimas Garantizadas que permita que las personas perceptoras se sitúen por encima del umbral de la pobreza (teniendo en cuenta la composición familiar). Para este fin, se deberá:
 Elaborar un marco estatal de Rentas Mínimas que pueda ser complementado por la mejora y racionalización de las actuales leyes autonómicas, así como de los recursos no contributivos de la Seguridad Social, para que permitan un nivel de vida digno. La definición de las cuantías deberá estar relacionada con el salario mínimo, ajustado mediante presupuestos familiares de referencia en cada Comunidad y Ciudad Autónoma.
 Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, implantar una Prestación económica por hijo/a menor de edad, para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la renta); ampliación de servicios gratuitos de educación infantil de 0 a 3 años, implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en edad escolar obligatoria, a fin de retomar o mantener el proceso formativo y mejorar el éxito escolar, y apoyo al alquiler.
 Es fundamental relacionar las Rentas Mínimas con ayudas a la vivienda y a los suministros, porque se trata de un problema grave para muchas familias en situaciones vulnerables, que demandan este tipo de ingresos.
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ACCESO A SERVICIOS (SANIDAD, VIVIENDA, ENERGÍA Y SERVICIOS SOCIALES)
a) Garantizar la atención sanitaria universal a todas las personas, dado que la salud es un derecho humano fundamental inalienable, a fin de reducir las desigualdades en materia de salud y sanidad, revirtiendo para ello la aplicación del decreto ley 16/2812.
b) Dedicar más esfuerzo normativo y de recursos en la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo, los asentamientos chabolistas y la pobreza energética. En el caso de la vivienda social, con el fomento, por medio de un Plan Estratégico de Vivienda dotado suficientemente, de fondos de vivienda social, especialmente en régimen de alquiler asequible. En cuanto a la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos.
c) Reformular la Ley de “Segunda Oportunidad” estableciendo mecanismos, verdaderamente eficaces y sencillos, para que las personas que se han visto gravemente afectadas durante la crisis, por la sobreexposición del crédito hipotecario, puedan volver a funcionar activamente como ciudadanos/as.
d) Reformar la ley 27/2013 sobre la administración local para reconocer los SERVICIOS SOCIALES como actores principales del desarrollo y la equidad social a nivel regional y local, y que se asegure su financiación adecuada, dentro de los presupuestos. Para ello, es necesario multiplicar por diez la dotación del Plan Concertado.
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EDUCACIÓN Objetivo: Reducir el abandono escolar al 10% de la población en edad escolar obligatoria.
a) Implementar un sistema real y efectivo de educación equitativa y no segregadora que compense las situaciones de desigualdad que afectan al alumnado y que contemple elementos tales como la escolarización temprana, el tiempo escolar no lectivo en primaria, los servicios de comedor, la calidad de las infraestructuras en los centros y conectividad en las aulas, la prevención del abandono escolar temprano y el personal especializado en detección y tratamiento de menores en situación de vulnerabilidad.
b) Establecer la educación de 0 a 3 años, con carácter accesible para niños y niñas con discapacidad y asequible para los hogares con menores ingresos.
c) Aprobar un Plan Estratégico contra el fracaso escolar
2. Propuestas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad
Intervención con Personas y Grupos en situación de pobreza y exclusión social
a) Establecer objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, las personas con discapacidad o diversidad funcional, las mujeres que encabezan familias monoparentales y otras familias en dificultad, las personas paradas de larga duración, las víctimas de trata y de violencia de género, las personas con adicciones, ex reclusos/as, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.
b) Comprometerse con unos porcentajes altos de inversión presupuestaria para cada colectivo, en términos de ratio de población general y de población afectada por cada problemática.
c) Contar activamente con el Tercer Sector mediante programas marco de financiación, en tanto éstos permitirán no sólo la ejecución de programas sociales, sino también la dedicación de recursos para la gobernanza y el diálogo civil (en la actualidad) y el social (en el futuro).
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d) Garantizar los recursos para poner en marcha los planes y programas que se propongan, dotando de los recursos a las Administraciones públicas, teniendo en cuenta, entre otros, los provenientes de la necesaria reforma fiscal y los fondos de la Unión Europea.
e) Utilizar los Fondos Estructurales y otros fondos europeos con una perspectiva social que respete y avance más allá del compromiso de destinar el 20% para la lucha contra la pobreza, que ya está predeterminado por la Comisión Europea, contando con las entidades del Tercer Sector Social en el proceso de seguimiento de este objetivo.
f) Comprometerse a la coordinación de políticas y recursos con las administraciones autonómicas. Coordinar los recursos a fin de lograr el máximo impacto, reduciendo o erradicando las desigualdades regionales en el acceso a derechos.
3. Propuestas sobre Equidad y Justicia Social IGUALDAD de OPORTUNIDADES
a) Revisar, mejorar y cumplir la legislación para garantizar la diversidad y la igualdad de trato, estableciendo planes antidiscriminación y de gestión de la diversidad que se apliquen en toda la administración y se extiendan a la sociedad en su conjunto, atendiendo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular a las personas con discapacidad y las minorías étnicas.
b) Introducir, en cumplimiento de la Ley de Igualdad, la perspectiva de género en las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social y en el conjunto de las políticas.
c) Establecer las medidas necesarias para el cumplimiento real y efectivo de la Ley de Igualdad 3/2007, así como medidas para establecer la conciliación y el reparto equitativo de las responsabilidades parentales y familiares.
d) Elaborar la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Perseguir los procesos de discriminación en el empleo y en el acceso a derechos.
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GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
a) Gestionar adecuadamente la diversidad cultural, lo cual implica el reconocimiento de los principios de Igualdad y no discriminación, Ciudadanía, Interculturalidad e Inclusión, válidos en cualquier escenario migratorio, así como la consideración de la población en su conjunto como destinataria de la política de integración, convivencia intercultural y cohesión social.
b) Colaborar activamente con el Tercer Sector, en tanto éste es una pieza clave en el desarrollo de las políticas de integración.
c) Contemplar a la educación como elemento vital para la construcción de una sociedad más cohesionada.
d) Consensuar las políticas migratorias y de refugio con una perspectiva europea y trabajar en los países de origen con políticas adecuadas de cooperación, para ayudar a que en ellos arraiguen procesos de paz, democratización y desarrollo humano.
e) Reactivación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, tanto a nivel estatal, como en el conjunto de las Comunidades Autónomas.
f) Impulso de un plan de barrios por la convivencia intercultural, como superadora de la mera coexistencia.
FISCALIDAD
a) Dotar al sistema fiscal de mayor progresividad, a través de otorgar mayor peso de la imposición directa frente a la indirecta; Igualar el tratamiento de rentas de trabajo y capital; Limitar los incentivos y deducciones del impuesto de sociedades y tratar de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona
b) Mayor dotación de medios humanos y técnicos a la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal.
c) Establecer la tasa a las transacciones financieras, destinando los recursos a la protección social, a la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
d) Establecer mecanismos que exijan una mayor transparencia de las empresas en materia fiscal.
e) Impulsar la Responsabilidad Social de las empresas.
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TRANSPARENCIA y RENDICIÓN DE CUENTAS
a) Establecer mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas de carácter público y accesible, por parte del Parlamento, el Gobierno y los partidos políticos.
b) Poner en marcha estudios y mecanismos para el control de la calidad de los servicios y políticas sociales, con evaluaciones objetivas y participativas del impacto que estas tienen en la reducción efectiva de la pobreza y en la defensa de los Derechos Fundamentales, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y la eficacia.
c) Elaborar un informe de impacto social para toda planificación o legislación que se pretenda aprobar en la legislatura, incidiendo especialmente en la legislación de carácter fiscal.
i La EAPN-ES es una red de unas 8.000 entidades de acción social, presente en todo el Estado Español. Está compuesta por entidades estatales (ACCEM, Caritas, COCEDER, COCEMFE, CEAR, Cruz Roja, Federación de Mujeres Progresistas, Fundación CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Esplai, MPDL, ONCE, Plena Inclusión, Rais Fundación Red Araña y UNAD) y 19 redes autonómicas (EAPN- Xarxa Comunitat Valenciana, Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Navarra, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla La Mancha, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Melilla, Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Rede Europea de Loita Contra a Pobreza e a Exclusion Social no Estado Español da Comunidad Autónoma de Galicia, Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears). La Red española es parte de la EAPN Europa, presente en 30 países europeos, consultora del Consejo de Europa, con sede en Bruselas. EAPN-ES ha sido entidad fundadora de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, y actualmente ostenta una de sus 7
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vicepresidencias. El TSAS gestiona un presupuesto de alrededor del 1,5% del PIB y emplea a 645.000 personas, un 4,6% de la población económicamente activa. Los fondos que gestiona son de origen público, fondos propios y donaciones de particulares y empresas. En total, se estima que el TSAS atiende a más de 5 millones de personas.
ii La desigualdad ha aumentado durante la crisis. En 2014, la desigualdad de ingresos, medida por la ratio entre las rentas más altas (quintil superior) y las rentas más bajas (quintil inferior), se situó en 6,8, frente a 6,3 en 2013 y 5,9 en 2009. Cifras de EUROSTAT.
iii Employment and Social Developments in Europe 2015.
iv La tasa AROPE (indicador perteneciente a la Estrategia Europa 2020) es un indicador europeo compuesto por tres variables: la pobreza relativa (vivir por debajo del umbral de la pobreza, fijado en el 60% de la mediana de la renta, 8.011 euros anuales para un hogar unipersonal y 16.823 euros anuales para un pareja con dos hijos menores de 14 años), la privación material severa (tener carencia en al menos 4 de los 9 conceptos establecidos, como comer proteínas al menos dos veces a la semana, ir de vacaciones al menos una semana al año, poder calentar la casa los meses invernales…) y la baja intensidad de empleo en los hogares (trabajar menos de 2 horas por semana).Encuesta de condiciones de vida, publicada el 24 de mayo de 2016, http://www.ine.es/prensa/np969.pdf
v Reducir la tasa de pobreza relativa a cero, al ritmo actual del 0,1%, implicaría esperar 221 años