Nuestro objetivo es poner de manifiesto el fraude social, económico y político que supone la privatización de los aeropuertos públicos, identificar socialmente a los responsables y paralizar el proceso privatizador.
Fraude social, porque la privatización supone la defensa de los intereses privados sobre el interés general de la ciudadanía.
Fraude económico, porque se pretende poner la empresa pública gestora de aeropuertos en manos privadas por 2500 millones de euros, en un momento en que tiene unos beneficios de más de 700 millones de euros anuales y con una perspectiva de crecimiento en número de pasajeros importante, mientras en 2011 en un momento de debilidad de la empresa se valoraba en 30.000 millones de euros. Además desde el año 2000 se han invertido más de 20.000 millones de euros en los aeropuertos. Es una estafa.
Fraude político e institucional, porque se desplaza el proceso de toma de decisiones de las instituciones a los inversores privados, en un sector estratégico para la economía del país, como es el aeroportuario, que tiene un impacto en el PIB de más del 7% y genera cerca de 500.000 empleos
Los aeropuertos de la red pública de Aena, no se financian con cargo a los presupuestos generales del Estado. Se autofinancian con recursos propios generados por las tasas y los ingresos comerciales. La gestión pública y en red, permite un sistema de subvenciones cruzadas entre los aeropuertos rentables económicamente y aquellos que cumplen una función social. La movilidad y la conectividad son derechos ciudadanos. Los aeropuertos son instrumentos generadores de cohesión social y territorial y una fuente de riqueza para los entornos donde están enclavados. Ahora se pretende sustituir todo esto por dividendos para unos pocos. La privatización es un problema del conjunto de la sociedad.
Justifican la privatización para ganar en eficiencia e internacionalizar la empresa. Pero esto no son más que argumentos vacios de contenidos, ya que Aena ya es el primer operador mundial por número de pasajeros y operaciones y tiene una de las mejores cuentas de resultados con más de 1600 millones de resultado positivo de explotación y 700 millones de beneficio neto.
Al ser una empresa pública, los beneficios se ingresaban en la Hacienda Pública, para inversiones en sanidad, educación, infraestructuras etc. Ahora pretenden que esos beneficios se repartan en dividendos entre los inversores.
La privatización es un fraude social, económico e institucional. Fraude social, porque se expolia un servicio público del conjunto de la sociedad generador de riqueza, que aporta más del 7% del PIB y un factor esencial del desarrollo económico y social de los entornos aeroportuarios. Además es garantía del derecho de la ciudadanía a la movilidad y conectividad. En definitiva es una operación en beneficio de intereses privados frente al interés del conjunto de la sociedad. Es un fraude económico, porque mientras en 2011 en una situación de debilidad en los aeropuertos con caídas importantes en número de pasajeros y operaciones el gobierno valoró la empresa en 30000 millones de euros, mientras ahora con una situación saludable de la empresa tras un brutal proceso de ajuste que ha afectado a los trabajadores y los usuarios, con subidas de tasas y eliminación y recortes de la calidad y seguridad de servicios, se valora la empresa en 16000 millones. Dicho de otra manera, ¿Dónde están o donde van parar los 14000 millones de euros que faltan? El gobierno pretende ingresar por la venta de Aena alrededor de 2500 millones de euros, lo que es inadmisible teniendo en cuenta que en un solo año ha tenido 700 millones de beneficios netos y en la desde el año 2000 ha invertido más de 20.000 millones de euros. Este expolio es un trasferencia de recursos públicos a empresas privadas. Y es un fraude institucional, porque aleja los procesos de toma de decisiones de las instituciones representativas de la ciudadanía y las sitúa en manos de los intereses privados.
Los responsables de esta estafa son los sectores económicos, que están supra representados en las instituciones a través de las organizaciones políticas que han gobernado el país en las últimas décadas. Es por tanto una responsabilidad compartida entre los sectores económicos que basan su actividad en la especulación y quienes defienden sus intereses en las instituciones
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