Gabriel Flores
El estancamiento económico de la eurozona. Alcance, primeros impactos y posibles efectos a medio plazo
Durante los primeros meses de 2014 reinaba el optimismo. La segunda fase recesiva de la crisis de la eurozona había quedado atrás y las previsiones señalaban un crecimiento de su PIB de un 1,2% en 2014 y un 1,5% en 2015. La locomotora alemana tiraría de nuevo de la economía europea, ya que el PIB alemán crecería en 2014 cerca del 2% (un par de décimas por encima del previsto en EEUU) y una cifra algo más alta en 2015.
En los últimos meses ese optimismo se había disipado. En Alemania, la actividad en la construcción había retrocedido; el ritmo de crecimiento de la producción industrial disminuía; el Índice de Confianza Económica elaborado por el Centro de Investigación Económica Europea (ZEW) volvía a descender en agosto y se situaba por debajo del nivel alcanzado en diciembre de 2012; el Índice de Clima Empresarial (elaborado mensualmente por el Ifo Institute) disminuyó los meses de mayo, junio y julio; exportaciones, importaciones, pedidos industriales y ventas minoristas cayeron en mayo en relación al mes anterior; la situación y las expectativas empresariales también se habían deteriorado en los últimos meses (Resultados del Ifo Business Survey de julio de 2014)
Finalmente, los datos oficiales de la actividad económica en el segundo trimestre de 2014 confirmaban que la desaceleración del crecimiento era más importante de lo esperado. El PIB de Alemania había retrocedido un 0,2% respecto al trimestre anterior y en su caída había arrastrado al conjunto de la eurozona a un crecimiento cero. Italia entró de nuevo en recesión tras prolongar la caída del PIB sufrida en el primer trimestre y experimentar una contracción de la misma cuantía que Alemania. Francia mantenía el crecimiento cero del primer trimestre y se situaba en idéntica situación de parálisis que el conjunto de la eurozona. Solo la economía española, entre las cuatro grandes economías de la eurozona, mostraba tasas significativas de crecimiento (ver Anexo 1).
En contra de todas las previsiones oficiales (FMI, OCDE, Comisión Europea,…), que en los primeros meses de este año anunciaban un porvenir luminoso para la economía europea, la realidad de una crisis inacabada y de un futuro previsible de bajo y precario crecimiento económico se han impuesto.
La superación de la segunda recesión de la eurozona (el crecimiento negativo del producto se prolongó durante seis trimestres, desde el cuarto trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013) fue posible gracias al apaciguamiento de los mercados de deuda pública que fue posible gracias a las palabras mágicas pronunciadas por Draghi en defensa del euro en julio de 2012 (y la consiguiente reducción de los costes financieros que provocaron) y a dos balones de oxígeno que han sido muy efectivos en la tarea de animar la recuperación pero han demostrado tener un corto recorrido: el relajamiento en los objetivos de reducción del déficit público concedido en la primavera de 2013 a varios Estados miembros (España, Francia, Holanda y Portugal) y una desinflación que ha permitido reducir en términos reales la presión sobre los salarios y apuntalar la demanda de los hogares.
No va a ser nada fácil para los defensores de la estrategia conservadora de salida de la crisis mirar de frente esos datos de estancamiento económico de la eurozona y otros muchos que reflejan las huellas del deterioro provocado por las políticas de austeridad. La producción industrial de la eurozona se redujo un 0,3% en junio y suma un nuevo retroceso al 1,1% del mes de mayo; la inflación, con un retroceso mensual del 0,7% en julio y una tasa anual positiva de apenas un 0,4%, sigue en caída libre desde hace un año y acerca un poco más al conjunto de la eurozona a una temible situación de deflación; la austeridad presupuestaria, pese a su limitado y coyuntural aligeramiento en 2013, sigue debilitando la inversión pública y destruye crecimiento potencial sin lograr que la deuda pública deje de aumentar y reduzca sus alarmantes niveles, que superan ligeramente el 94% del PIB en el conjunto de la eurozona y el 105% si se excluye a Alemania.
Al deterioro económico hay que sumar la penosa situación social que supone el alto nivel de paro, el aumento de la desigualdad de rentas y patrimonios y el auge de los empleos indecentes y los salarios que no permiten llegar a fin de mes.
Esperar que los austericidas reconozcan algún error en el diagnóstico de las causas de la crisis o en el diseño de las políticas que han impuesto es pura ilusión, pero eso no significa que no hayan modificado o no vayan a volver a cambiar algunos elementos parciales de su estrategia. De hecho, la capacidad que han mostrado en la tarea de aligerar algunos componentes de su estrategia de austeridad para no verse obligadas a modificar lo esencial está suficientemente contrastada.
Este artículo pretende dar cuenta de la nueva situación de la eurozona creada por la confirmación de su estancamiento en el segundo trimestre de 2014 y tratar de captar su significado mediante la formulación de tres interrogantes que merecen especial atención, respuestas suficientemente elaboradas y debate. En la segunda parte del artículo, un primer anexo analiza la situación específica de la economía española y los previsibles impactos económicos y políticos que tendría que encajar en la nueva situación; y un segundo anexo da cuenta brevemente de la imprevista y grave crisis desatada en el Gobierno francés como consecuencia de las duras críticas a las políticas de austeridad realizadas por parte de algunos ministros. Resulta difícil pensar que sin la confirmación de la precaria trayectoria que sigue la economía francesa y la confirmación de su estancamiento en la primera mitad de 2014, las críticas a las políticas de austeridad del ministro de Economía, Montebourg (respaldado por otros dos ministros), hubieran alcanzado tanta dureza y que la respuesta del dúo Hollande-Valls haya sido tan implacable.
Primer interrogante: ¿Qué ha causado el decrecimiento
de la economía alemana?
La nota de prensa de la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) que acompañaba el pasado 13 de agosto a la estimación de la caída trimestral del PIB en un 0,2% daba cuenta de las causas que han contribuido a ese retroceso.
Destatis señala que los dos factores que han contribuido en mayor medida al retroceso de la actividad fueron el comercio exterior y la formación de capital. Algunas aclaraciones ayudan a entender lo ocurrido: primera, no se trata de un retroceso de las exportaciones, sino de un incremento mayor de las importaciones que ha provocado una contribución negativa del sector exterior a la evolución del producto; segunda, el retroceso de la inversión afectó especialmente al sector de la construcción y se apunta que un invierno excepcionalmente suave impulsó la actividad del sector en el primer trimestre mientras, en sentido contrario, la acumulación de días festivos en el segundo trimestre han favorecido que el resultado de la comparación entre ambos trimestres haya sido tan negativo; tercera, tanto el consumo privado de los hogares como el gasto de las administraciones públicas aumentaron algo más que en el primer trimestre, pero no fueron capaces de compensar los peores resultados del sector exterior y de la construcción.
Ni un comentario, en esa nota de prensa de la Oficina Federal de Estadística, al impacto negativo del conflicto que comenzó enfrentando a Rusia y Ucrania y ha acabado en la adopción de sanciones económicas y comerciales entre Rusia y la UE. Sin embargo, había mucho interés en las autoridades alemanas y comunitarias en resaltar el impacto de ese conflicto externo en el decrecimiento de la actividad económica. El objetivo evidente era sacar del foco de atención a las políticas de austeridad y a su responsabilidad en la mala situación económica que vive la eurozona.
El escueto análisis ofrecido por Destatis a mediados de agosto era completado el 1 de septiembre con el desglose de esa cifra de decrecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año. Así, la contribución de la demanda doméstica había sido positiva (0,1%), tanto desde el lado del consumo de los hogares como del gasto del sector público, mientras que la inversión (FBCF) había experimentado un retroceso significativo (-0,4%), especialmente en la construcción. Por su parte, la contribución del sector exterior al crecimiento del producto también había sido negativa (-0,2%), porque a pesar del crecimiento de las exportaciones (0,9%), el mayor crecimiento de las importaciones (1,6%) había desbaratado el desempeño positivo de las exportaciones y de la demanda interna.
La nueva situación de retroceso coyuntural de la actividad económica en Alemania y estancamiento del conjunto de la eurozona revelan, en primer lugar, que las políticas de austeridad lejos de ser la solución o parte de la solución a la crisis que padece la eurozona, son una de las causas más importantes que la prolonga; y, en segundo lugar, que Alemania no es inmune a las dificultades económicas que en mayor o menor medida sufre la mayoría de las economías de la eurozona ni tiene, por tanto, una posición de fuerza o poder absolutos a la hora de marcar unos objetivos y unas políticas económicas que perjudican de forma manifiesta a la mayoría de sus socios y no responden a sus necesidades.
La prueba evidente de que los problemas fundamentales están dentro de la eurozona y no fuera o, lo que es lo mismo, de que la crisis de Ucrania y las posteriores sanciones cruzadas entre Rusia y la UE poco han tenido que ver con el estancamiento sufrido por la eurozona es que los mejores resultados en la evolución trimestral del PIB han sido cosechados por los países de la UE que tienen frontera con Rusia (que han logrado en la mayoría de los casos crecimientos similares o más altos que los de la economía española) y que mantienen con Rusia los lazos económicos y comerciales más robustos, con la única excepción de Rumania, que por causas muy diferentes sigue en recesión. Dado que las ventas de Alemania a Rusia apenas representan un 3% del total de las exportaciones alemanas, incluso una hipotética reducción sustancial de esas ventas en el futuro, por ejemplo de un tercio, apenas supondría la reducción del PIB alemán en tres décimas.
No obstante convendría no convertir en apuntes contables el análisis de un riesgo geopolítico de la envergadura que ya tiene el conflicto abierto entre Rusia y la UE. El impacto potencial de ese conflicto es innegable y se ha convertido ya en una amenaza de primer orden que, en el terreno económico, ha comenzado a sembrar el pesimismo en las expectativas empresariales y a reducir los planes de inversión y las carteras de pedidos; pero durante el segundo trimestre de 2014 sus efectos fueron muy débiles y poco o nada tuvieron que ver con el estancamiento de la eurozona o el decrecimiento de la economía alemana. Las consecuencias económicas más graves estarían aún por llegar si el conflicto se prolonga o endurece, aunque su alcance en términos económicos y comerciales será muy limitado en el conjunto de la eurozona siempre que la tensión no se desboque. De hecho, las primeras estimaciones de su impacto negativo sobre la eurozona señalan que apenas supondría la pérdida de unas pocas décimas de crecimiento.
Segundo interrogante: ¿La desaceleración del crecimiento de la eurozona es un fenómeno coyuntural o una tendencia de mayor calado?
El estancamiento de la eurozona y el decrecimiento de la economía alemana en el segundo trimestre de este año responden en lo fundamental a problemas internos de la eurozona y la UE, pero su coincidencia con una desaceleración de la economía y el comercio mundiales que comenzó a hacerse patente hace un par de meses agrava esos problemas internos e impone nuevos obstáculos para su resolución.
Como los factores que limitan el crecimiento de la economía y el comercio mundial y que afectan tanto a las economías emergentes como a gran parte de las economías de la OCDE no van a desaparecer a corto o medio plazo ni la reactivación de la eurozona va sobrepasar en un futuro previsible el umbral del bajo y precario crecimiento actual, las previsiones de crecimiento de la economía mundial que señalaban una aceleración del crecimiento en 2015 respecto al de 2014 (2,6% en 2014 y 3,2% en 2015 según últimos datos disponibles de Consensus Forecast) serán corregidas a la baja en próximas estimaciones. Y lo mismo cabe decir de la eurozona, la UE y, como no podría ser de otro modo, la economía española. Todo apunta a que el crecimiento económico de 2015 será igual de mediocre que el de 2014 y más reducidos, en los dos años, de lo que se preveía hasta ahora. Ni siquiera es posible excluir un crecimiento todavía más reducido en 2015 que en 2014.
En palabras del presidente del BCE, la reactivación de la eurozona va a seguir siendo “débil, frágil y desigual” y deberá afrontar nuevas amenazas geopolíticas que han obligado a Draghi a reiterar su compromiso en la aplicación de medidas no convencionales para impulsar la economía, promover el crédito y afrontar los riesgos de deflación o de un periodo demasiado prolongado de baja inflación. O, en palabras de Sapin, ministro francés de Finanzas y Cuentas Públicas, este año el crecimiento de la economía francesa se situará en torno al 0,5%, en lugar del inicialmente previsto 1%, “y nada nos permite prever en el momento actual un crecimiento muy superior al 1% en 2015”
La lista de factores que podrían contribuir a la ralentización del crecimiento de la eurozona y que afectarían especialmente a las economías que muestran fundamentos más frágiles, entre los que por supuesto hay que incluir a España, pero también a Francia e Italia, es muy larga. Surgen en los países emergentes y en los desarrollados y son tanto de naturaleza económica como geopolítica. Sirva una breve enumeración de esos factores para tenerlos en cuenta.
El crecimiento de la eurozona en la segunda mitad de 2013 y el primer trimestre de 2014 fue impulsado por la desinflación (que aminoró la presión sobre la capacidad de compra de los salarios) y, en algunos casos, por la relajación en el ritmo de reducción del déficit público. Tales factores han perdido ya buena parte de su capacidad para estimular el crecimiento.
En 2013, el crecimiento del PIB logrado por EEUU (2,2%), Reino Unido (1,7%) y Japón (1,5%), mientras la eurozona experimentaba un retroceso del -0,4%, se basó en gran parte en políticas monetarias muy expansivas que no pueden mantenerse durante mucho más tiempo. Lo normal sería una reducción paulatina de las políticas monetarias expansivas en estos países que diluya sus efectos positivos sobre el crecimiento de estas economías.
El crecimiento de los países emergentes se ha estancado en niveles particularmente bajos (inferiores al 3%) respecto al de los últimos años como consecuencia de sus insuficiencias en materia de trabajo cualificado, limitadas infraestructuras de transportes, ineficiente consumo de la energía,… que impiden que la producción manufacturera progrese tan rápidamente como en el pasado. Hasta que no superen esos estrangulamientos productivos no podrán recuperar los altos niveles de crecimiento logrados desde los primeros años del nuevo siglo, con la lógica excepción de la crisis global del periodo 2008-2009 de la que se recuperaron con rapidez.
El caso de China es parcialmente diferente al de otros países emergentes, ya que sus tasas de crecimiento siguen siendo muy altas tras lograr sustituir un modelo de crecimiento basado casi exclusivamente en el dinamismo exportador por otro en el que la demanda interna tiene un peso creciente, gracias especialmente al desarrollo de la inversión en el sector de la construcción, tanto en infraestructura pública como en vivienda residencial. El problema de China es que el precio de la vivienda ha dejado de crecer y denota que podría haber un exceso de oferta que de confirmarse reduciría de forma drástica las tasas de crecimiento de la actividad económica.
Y junto a estos factores que, como se ve, afectan a todas las regiones del mundo, la emergencia de diferentes riesgos geopolíticos (Gaza, Irak, Libia, Rusia, Siria, Ucrania,…) que, además de su impacto destructivo directo y de sus consecuencias sobre el comercio, tienen en el caso de la UE la dificultad añadida de unas sanciones cruzadas con Rusia que incrementan una incertidumbre muy negativa para los negocios y la actividad comercial y crediticia y suponen un obstáculo más para los planes de inversión de las empresas.
Convendría que la izquierda examinara con suficiente lucidez los nuevos datos y la nueva realidad económica de la que surgen y a la que responden. Desde los más generales que afectan a las instituciones, principios y políticas que predominan en la eurozona a los más específicos que solo atañen a la economía española y que requieren medidas particulares para modernizar nuestras estructuras y especializaciones productivas y favorecer el nacimiento de un nuevo modelo de crecimiento que permita generar empleos decentes, garantizar una protección pública suficiente a los sectores más golpeados por la crisis y las políticas de austeridad y revertir los recortes de derechos y bienes públicos.
Pero atención, no estamos ante el desastre final de nada; ni siquiera sería adecuado aventurar que se trata de un cambio de ciclo o el primer aviso de una nueva fase recesiva de la eurozona que, de producirse, sería la tercera y reforzaría la percepción de una crisis aún inacabada. Tampoco se trata de un traspié coyuntural o local. La desaceleración de la actividad económica en la eurozona forma parte de una robusta tendencia que tardará varios trimestres en ser superada. No cabe descartar una nueva recesión, pero el escenario dominante sigue siendo el de un reducido crecimiento, al que en los últimos meses se han sumado nuevos factores de desaceleración y nuevos riesgos.
La solidez de la economía alemana garantiza que el pinchazo sufrido en el segundo trimestre no va a desembocar en una nueva recesión. De hecho, el crecimiento del número de empleos netos generados durante el primer semestre (que han aumentado en un 0,9% en tasa anual) y la mejora de los salarios lograda en la negociación colectiva de numerosos sectores (por encima, en la mayoría de los casos, al 3%) son bases suficientes para sostener la demanda de los hogares y el crecimiento de la economía alemana en los próximos meses.
Las primeras correcciones acerca de las previsiones de crecimiento del PIB de Alemania en 2014 estiman una pequeña rectificación a la baja de su actividad económica en apenas un par de décimas, pasando del 1,9-2,0% anteriormente previsto al 1,6-1,8%. De igual modo, el estancamiento y fragilidad de la eurozona y de muchas de las economías que comparten la moneda única no impiden seguir pensando que el escenario dominante va a seguir siendo en un futuro previsible (que no cabe extender más allá de 2015) de continuidad del bajo, frágil y desigual crecimiento económico que caracteriza la actual fase de la crisis de la eurozona, tras dejar atrás su segunda fase recesiva.
Lo que va a seguir provocando el aumento de la pobreza y la exclusión social en el conjunto de la eurozona (que seguirá afectando especialmente a los países del sur de la eurozona) no es solo la falta de crecimiento, sino las políticas de austeridad y devaluación salarial que, además de impedir un crecimiento suficiente y de calidad, pretenden seguir favoreciendo una redistribución de rentas y patrimonios que perjudica a la mayoría de la sociedad e intentan paralizar una contestación social cuyo desarrollo es clave para lograr una alternativa progresista y de izquierdas a las políticas de recortes y austeridad.
Tercer interrogante. ¿Qué reacciones económicas y políticas cabe esperar de Alemania ante la fragilidad mostrada por su economía?
Si atendemos a sus posibles consecuencias, lo más relevante de la nueva situación no es el estancamiento económico de la eurozona, sino la fragilidad mostrada por el crecimiento alemán, por muy coyuntural que pueda resultar. Mientras la economía de la eurozona experimentaba una segunda fase recesiva en 2012-2013 (con tasas de decrecimiento anual del producto del 0,7% y 0,4%, respectivamente), la alemana siguió creciendo a tasas modestas, pero positivas, del 0,7% y 0,4%.
Lo más significativo del retroceso del PIB alemán en el segundo trimestre de 2014 es que proporciona evidencias de que Alemania no puede garantizar su hegemonía política y su poderío económico imponiendo una estrategia de salida de la crisis que implica pérdida de crecimiento potencial para el conjunto de los socios y supone un fuerte y progresivo deterioro del apoyo ciudadano con el que contaba el proyecto de unidad europea y el propio euro. La estrategia de salida de la crisis que ha impuesto el bloque de poder conservador encabezado por Merkel no responde a las necesidades de la mayoría de los Estados miembros de la eurozona, relega a un futuro indeterminado la imprescindible superación de las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona y no ofrece ningún tipo de solución para construir nuevos modelos de crecimiento y aminorar el desastre social ocasionado en los países del sur de la eurozona.
Son esa nueva situación y esa reciente evidencia las que deben procesar las fuerzas políticas que componen el Gobierno de Alemania, los poderes económicos que lo respaldan y las instituciones europeas que actúan como pantalla política, cada vez más desdibujada, de la hegemonía que han conseguido las fuerzas conservadoras en Europa. Hasta ahora, Alemania se sentía inmune o al margen de la mala situación que sufrían las economías de sus principales socios y competidores (Francia e Italia) y, por supuesto, de la pésima situación de las economías del sur de la eurozona (España incluida) que han sufrido algún tipo de rescate. El dato del PIB del segundo trimestre, por muy pasajero que pueda ser, desmonta esa creencia. Alemania ha recibido el primer aviso de que también su economía puede verse debilitada por la mala situación de buena parte de sus socios de la eurozona.
Las primeras reacciones no han sido nada esperanzadoras. El vicecanciller y ministro de Economía y Energía, Sigmar Gabriel (hombre fuerte del SPD y principal beneficiario del desastre electoral cosechado por los socialdemócratas en las últimas elecciones federales ganadas por Merkel) ha subrayado, tras conocer el retroceso de la economía alemana, la necesidad de mantener el curso de la política económica seguida hasta ahora. Lo mismo ha dicho la Comisión Europea. Y algo parecido había declarado días antes, en respuesta a un artículo de Hollande publicado por Le Monde el 5 de agosto reclamando de Alemania un sostén más firme del crecimiento europeo, la portavoz del Gobierno alemán: “No vemos ninguna necesidad de cambiar lo más mínimo nuestra política económica”.
Y, sin embargo, la cosa se ha movido y mucho. El seísmo informativo fue premonitorio de verdaderos terremotos políticos, que afectaron, primero a Francia (ver Anexo 2) y después a la notable reacción del BCE el pasado 4 de septiembre. Las instituciones comunitarias (especialmente, el poder real que se localiza en Alemania y representan Ángela Merkel y su alianza gubernamental con la socialdemocracia) se van a ver obligadas a cambiar algunas cosas más o flexibilizar algo más su postura en los próximos meses, tanto por la presión de los Estados miembros y los sectores sociales perjudicados como, principalmente, por la ineficacia demostrada por las políticas aplicadas. El chiringuito en el que han convertido el proyecto de unidad europea no puede resistir en pie con el único apoyo de las medidas monetarias de último recurso que adopta el BCE. La austeridad no sirve para lograr los objetivos que pretende. La estrategia conservadora de salida de la crisis, lejos de servir para salir de la crisis, destruye crecimiento potencial, deteriora tejido productivo y empresarial y aumenta la fragmentación financiera, económica, social y territorial de la eurozona.
¿Qué elementos de la estrategia conservadora de salida de la crisis podría acceder a modificar Alemania?
La voluntad alemana y del actual Gobierno alemán de mantener equilibradas sus cuentas públicas es difícilmente modificable. Ningún cambio cabe esperar en este terreno. Y algo parecido cabría decir de su interés en mantener un modelo de crecimiento basado en las exportaciones y del que forma parte esencial la moderación salarial; aunque en este segundo aspecto, los resultados de la negociación colectiva de los últimos meses muestran que muchos sectores productivos pueden permitirse aumentos de los salarios reales que animarán la demanda interna, al igual que han aceptado la implantación del salario mínimo en 2015.
Alemania sigue interesada y empeñada en mantener un euro fuerte, porque abarata sus importaciones y apenas daña la competitividad de sus exportaciones, que por su alta gama y fuerte densidad tecnológica dependen poco de su precio. Además, las autoridades y los poderes económicos de Alemania mantienen una identificación ideológica entre un euro fuerte y una eurozona fuerte que supone un obstáculo añadido para que prospere cualquier tipo de presión sobre el BCE para que intervenga directamente para lograr una depreciación significativa de la moneda única. Tampoco en este terreno será fácil que se produzcan cambios de importancia.
La rápida reacción del BCE, tras vencer la oposición del representante alemán y de sus aliados en la defensa de la ortodoxia ultraliberal, y las palabras de Draghi el pasada 4 de septiembre para dar cuenta de esas medidas evidencian la gravedad de la situación y, lo que es más importante, reflejan los contornos de un nuevo consenso encaminado a matizar el dogma de la austeridad y completarlo con otras prioridades de similar rango. En opinión de Draghi, sería pertinente acompañar las políticas monetarias expansivas del BCE con una mayor relajación de los objetivos de consolidación fiscal, para sostener el crecimiento, y políticas presupuestarias más activas y coordinadas, para evitar el prolongado y doloroso estancamiento de la economía europea.
Lo más probable es que Alemania, pese a la resistencia que muestra, acabe atendiendo algunas de las peticiones de Draghi y los gobiernos francés e italiano para relajar el ritmo de reducción de sus déficits presupuestarios y comprometer a las arcas comunitarias en la financiación de inversiones en infraestructuras europeas de transporte y energía, educación, investigación y desarrollo o economía digital que impulsen el crecimiento. Bien entendido que la relajación en los objetivos de reducción de los déficits públicos no supondría abandonar la senda de consolidación fiscal seguida hasta ahora y que ambas concesiones tendrían como contrapartida una mayor condicionalidad o un claro y preciso compromiso evaluable de los Estados miembros en la realización de las llamadas reformas estructurales que siempre acaban en más privatizaciones de bienes y servicios públicos, nuevas reducciones de las pensiones, menos presión fiscal sobre los beneficios empresariales y mayor desregulación de los mercados de bienes y servicios y, especialmente, de los mercados laborales.
Por ahora, Alemania ha conseguido ratificar en la última cumbre europea que no se van a revisar las reglas presupuestarias y que las reducciones comprometidas en los déficits y deudas públicas siguen siendo las prioridades ineludibles de los Estados miembros de la eurozona. Las autoridades alemanas, con la parcial excepción de los socialdemócratas, muestran displicencia hacia las peticiones de Francia e Italia y remarcan que lo que debería centrar las preocupaciones y la actuación de las autoridades francesas e italianas es cómo llevar a cabo las reformas estructurales que ya han realizado y van a seguir realizando España y Portugal. El hueso alemán va ser duro de roer, pero es en estos terrenos, los de relajación de los objetivos de consolidación fiscal de sus socios y mayores niveles europeos de inversión, donde será más fácil que Alemania ceda en algo y los Estados miembros en dificultades puedan vislumbrar alguna salida al callejón sin salida en el que han metido a sus economías las políticas de austeridad. Es posible, pero ya veremos si es realizable y cuándo. En la próxima reunión del Consejo Europeo que se celebrará los días 23 y 24 de octubre se podrá comprobar si los líderes europeos apuntan en dirección a ese nuevo consenso y si las reticencias de la derecha alemana y sus aliados tienen suficiente envergadura.
Esos cambios posibles a corto plazo ayudarían a la propia economía alemana, por la vía de un mayor incremento de sus exportaciones a la eurozona. Tendrían, además, la virtud de propiciar un acercamiento de Alemania con socios de tanto peso como Francia e Italia. Y ayudarían a que gobiernos de su misma cuerda política conservadora pudieran afrontar próximas elecciones generales, tener alguna posibilidad de seguir gobernando y contribuir a mantener la mayoría conservadora en las instituciones europeas. En España y Portugal esas elecciones ya están previstas y en Grecia podrían ser convocadas si su Parlamento no consigue en febrero de 2015 elegir por mayoría cualificada, de dos tercios en las dos primeras vueltas o de tres quintos en tercera vuelta, al nuevo presidente de la República. Piénsese que bastaría un vuelco en las elecciones generales en España para que en el Ecofin la mayoría conservadora pasara a ser minoría y dicha institución se vería obligada a sortear nuevos obstáculos en la tarea de seguir imponiendo a los países del sur de la eurozona la misma estrategia de austeridad y las mismas políticas de recortes y devaluación salarial que hasta ahora.
La principal falla en ese relato idílico de los potenciales beneficios que supondría la apertura alemana a las peticiones francesas e italianas es que, en la práctica, perduraría una estrategia de austeridad que, pese a la relajación de sus objetivos de consolidación presupuestaria y una mayor atención al crecimiento económico, no podría solucionar los graves problemas de paro, extensión de empleos indecentes, recortes de bienes públicos y salarios, desigualdad y exclusión social que sufren millones de ciudadanos europeos, especialmente en los países del sur de la eurozona. La solución de los problemas estructurales de las economías del sur de la eurozona (desindustrialización, especialización inadecuada y ausencia de un modelo de crecimiento sostenible) no dependen de que se logren unas décimas más de crecimiento del producto. De hecho, fue en los años anteriores a la crisis, los de mayor crecimiento de la economía española, cuando más se intensificó su especialización productiva y exportadora en productos y servicios de bajo valor añadido y escasa cualificación laboral y un modelo de crecimiento insostenible que es imposible resucitar y debe ser sustituido por otro. Tampoco la fragmentación económica, financiera y bancaria de la eurozona, la pérdida de cohesión económica, social y territorial o las debilidades e incoherencias institucionales de la UE pueden encontrar solución con un mayor crecimiento
ANEXO 1: La especificidad de la situación española
Solo España, entre los socios de mayor envergadura, escapó a la tendencia dominante en el segundo trimestre de este año y logró aumentar el mínimo crecimiento logrado en los últimos trimestres, con un incremento de la actividad económica de un 0,6%. Pese al buen resultado, que ha servido para que el presidente Rajoy presuma de crecimiento durante sus vacaciones, las malas cifras de la eurozona suponen un obstáculo tan inesperado como insalvable para mantener tan buen dato a lo largo de este año o el siguiente.
Al previsible deterioro de la actividad económica en próximos trimestres hay que sumar el auténtico desastre social que supone el alto nivel de paro, el aumento de la desigualdad social y el auge de los empleos indecentes y los salarios que no permiten llegar a fin de mes. El natural colofón de ese deterioro económico es una insoportable intensificación de la pobreza y una ampliación de los sectores en riesgo de exclusión que alientan y extienden el miedo a formar parte de los que sufren los despidos, los desahucios, las reducciones salariales, el aumento de las jornadas sin las correspondientes retribuciones, el recorte y privatización de bienes públicos, el aumento de las tasas y los copagos que impiden acceder a bienes tan sensibles como la educación superior o tratamientos médicos y medicinas necesarios para vivir con suficiente bienestar o, simplemente, para sobrevivir.
Rajoy puede seguir soñando con una reactivación de la economía española que no puede prosperar en una eurozona atada por la austeridad a un bajo y precario crecimiento que solo beneficia a una pequeña minoría de la ciudadanía europea y a un reducido grupo de países del norte de la eurozona. La verdad que el PP pretendía expulsar por la puerta del marketing político ha vuelto a entrar por la ventana de los hechos y los datos. Suele ocurrir, antes o después. Lo peor es que, en demasiadas ocasiones, esa asunción de la realidad llega demasiado tarde, cuando los estragos se han consumado.
El juego que practica el PP, al intentar sostener la ilusión, hasta después de las próximas elecciones generales, de una reactivación capaz de empezar a resolver los problemas del paro, la reducción del poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de derechos laborales y bienes públicos, es suicida para la economía española y para buena parte de la ciudadanía. Si consiguiera que ese espejismo fuese considerado por su base electoral como un escenario probable, y puede conseguirlo, podría mantenerse en el Gobierno, pero a costa de incrementar y consolidar el desastre.
La concreción de los efectos de la nueva situación política y económica de la eurozona en el caso español tiene también un notable e inevitable componente electoral. Rajoy contaba con un crecimiento de la economía española, más o menos precario pero que le permitiera vender la idea de una reactivación que comenzaba a generar empleo neto, por ínfimo e indecente que fuera. El PP no va a permitir que la realidad, la nueva situación de menor crecimiento que el previsto, le chafe sus planes. En consecuencia, no va a modificar el único guión del que dispone de cara a las próximas elecciones: la reactivación ya está aquí porque se ha hecho un buen trabajo, los altos costes sufridos eran necesarios (por la pésima situación heredada de Zapatero) y han empezado a rendir sus frutos.
Ese argumentario económico no va a cambiar, pero su eficacia, con una demanda interna y un sector exterior bloqueados por las políticas de austeridad y devaluación salarial, va a ser menor que la esperada. Con ese guión, es probable que el PP recupere parte de los votos perdidos en las elecciones europeas y consiga mantenerse como partido más votado, pero es impensable que vuelva a lograr una mayoría suficiente que le permita gobernar.
No parece que el escenario de continuidad, con mayoría absoluta del PP o un Gobierno homogéneo de la derecha españolista (del PP en solitario o en alianza con UPyD y algún que otro socio minoritario) sea viable. La variante de un Gobierno más centrado de la derecha, con el apoyo externo de CiU parece cegado por el conflicto catalán.
Los problemas del PSOE para recuperar el electorado perdido son aún mayores que los del PP, especialmente tras comprobar cómo se han desarrollado y han concluido las elecciones internas para nombrar al nuevo secretario general, el peso del viejo aparato en esa elección y en la conformación del nuevo equipo dirigente o los primeros incumplimientos de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral interna. Peor aún es la irrelevancia de los mensajes y el proyecto de recuperación partidista que ha comenzado a difundir la nueva cúpula dirigente, cargados de lugares comunes que rehuyen contenidos y precisiones, excesivos en imagen y cosmética e incapaces de asumir una crítica de lo hecho en el Gobierno a partir de mayo de 2010 y después en la oposición ni de marcar un mínimo distanciamiento con los presupuestos políticos e ideológicos que llevaron a los socialistas a aceptar la estrategia conservadora de salida de la crisis y hacerse responsables, costara lo que costara, de su aplicación.
En la situación que se encuentran las dos fuerzas políticas que aún representan y, muy probablemente, sigan representando (con la inevitable mengua de sus respectivos espacios electorales) a la mayoría de los votantes, el escenario dominante es el de un gobierno de gran coalición entre el PP y el PSOE encargado de mantener lo esencial de las políticas de austeridad y devaluación salarial aplicadas hasta ahora y de recuperar parte del apoyo popular perdido. Para entendernos, sería adecuar a la realidad española el ejemplo de la gran coalición pactada en Alemania tras las últimas elecciones federales celebradas en septiembre de 2013. Con la diferencia de que la derecha alemana encabezada por Merkel mantenía buena parte de sus apoyos sociales, no existía la crisis de legitimidad del régimen de partidos políticos que toca de lleno al PP y al PSOE, la situación económica y social era y es infinitamente mejor y la desafección ciudadana respecto a las políticas de austeridad y a las fuerzas económicas y políticas que las habían promovido y gestionado no tenían los motivos ni el alcance ni la extensión social que ha alcanzado en España.
La campaña a favor de la gobernabilidad y de un Ejecutivo de gran coalición que sea estable y predecible (lo que quiere decir suficientemente respetuoso con los intereses de los poderosos y las imposiciones antisociales que preconizan los mercados y las instituciones europeas) apenas ha empezado a dar los primeros pasos. En esa campaña van a participar los poderes económicos y su influyente y enorme aparato mediático y cultural, el PP (con una mínima resistencia interna), una parte notable de los dirigentes del PSOE en activo o en la reserva, el todavía poderoso aparato cultural y de intervención social de la Iglesia católica y las poderosas fuerzas europeas que dominan las instituciones comunitarias y han impuesto los recortes y ajustes.
Ese proyecto defensivo de las elites irá cobrando vuelo a medida que las elecciones municipales y autonómicas confirmen que el bipartidismo no puede recuperar todas las posiciones perdidas y que la indignación ciudadana encarna electoralmente en IU, Podemos y otras fuerzas progresistas y de la izquierda nacionalista. De igual modo, la puesta en marcha de diversas fórmulas de convergencia social en varias ciudades, pese a las dificultades para su consolidación como opciones electorales, son la expresión de la voluntad de una parte importante de la ciudadanía activa y crítica que pretende participar y empujar a favor del cambio político necesario sin contar demasiado con las estructuras partidistas existentes. Aunque tales procesos de convergencia ciudadana no sean la única ni, probablemente, la principal expresión de esa voluntad popular de cambio, dan cuenta de su profundidad y extensión y de los límites que van encontrar el PP y el PSOE en su objetivo de volver a ganar el voto perdido.
En una situación excepcional que no sería exagerado calificar de emergencia existe la oportunidad de lograr una convergencia entre fuerzas políticas progresistas y una ciudadanía crítica que ha ganado autonomía respecto a los partidos que hasta ahora la habían representado. Y esa amplia convergencia podría lograr la constitución de un Gobierno progresista y de izquierdas que suponga un nuevo orden de prioridades y un programa de acción política que rompa, en las ideas y en la práctica, con la estrategia conservadora de salida de la crisis que se ha impuesto hasta ahora, exija responsabilidades a ladrones, estafadores, defraudadores y corruptos y la restitución de lo robado o apropiado con triquiñuelas legales y amplíe y renueve las viejas fórmulas de representación política, delegación de responsabilidades y participación ciudadana.
Que exista esa oportunidad y que sea posible echar al PP del Gobierno no significa, ni mucho menos, que la tarea sea fácil o esté hecha. La convergencia progresista posible es excesivamente heterogénea y difícilmente alcanzable. Conviene, en primer lugar, asumir las grandes dificultades que conlleva esa tarea. Por otra parte, tal convergencia, para consolidarse en el tiempo y ser sostenible no puede basarse en la agregación de deseos ni en el programa electoral de una opción política o en la suma de los programas de las distintas fuerzas políticas de izquierdas. Finalmente, habrá necesidad de construir un programa común de acción política preciso y viable que suponga un contrato firme con la ciudadanía e implique un compromiso cerrado en su aplicación y cumplimiento.
La convergencia no puede conseguirse desde el autodesarrollo de una nueva opción electoral sino desde la más amplia convergencia de las fuerzas políticas y la ciudadanía que opten por un Gobierno y una acción política alternativos a los que hemos conocido y sufrido desde mayo de 2010. Tampoco puede lograrse desde una afirmación sectaria y a priori de qué fuerzas políticas de izquierdas o progresistas forman parte de mi orilla o de la de enfrente. Sería tan perjudicial pensar que el PSOE está abierto a participar en esa amplia convergencia progresista para acabar con la austeridad y recuperar las instituciones para la democracia y los ciudadanos como cerrarle la puerta de antemano y contribuir a que sus dirigentes justifiquen una alianza gubernamental con el PP.
Está por ver si existe suficiente inteligencia política colectiva como para llevar a cabo la compleja tarea de ampliar y aprovechar los márgenes que nos brinda la situación para ganar a la derecha y los austericidas en las próximas elecciones y acabar con la pesadilla que han supuesto el Gobierno de Rajoy y tantos alcaldes y presidentes de CCAA del PP. Ojalá esa inteligencia colectiva exista ya o pueda generarse con las experiencias que brinden el trabajo de cara a las próximas lecciones municipales y autonómicas, sus resultados y las alianzas que deberán concluirse tras conocer el veredicto de las urnas.
ANEXO 2: El cambio de Gobierno en Francia y la crisis del socialismo francés
Es imposible determinar hasta qué punto la confirmación del estancamiento de la eurozona en el segundo trimestre de 2014 y, más específicamente, la continuidad de la parálisis de la economía francesa han tenido relación con la grave crisis política que se ha abierto en Francia. Lo cierto es que la decisión de los ministros de Economía (Montebourg) y de Educación (Hamon) de mostrar públicamente su oposición a las políticas de austeridad se produjo apenas una semana después de la publicación de aquellos datos.
Podría descartarse una relación causal, ya que un paso de tanta trascendencia no se improvisa en pocos días ni se basa exclusivamente en datos económicos, por mucha trascendencia que tengan; pero parece muy difícil imaginar que tal paso se hubiera dado si la economía francesa en lugar de estar estancada mostrara mejores resultados.
Al nombrar a Valls como primer ministro el pasado 31 de marzo, Hollande dio un paso atrás y mostró indicios claros de su renuncia a encabezar y construir una alternativa progresista a la estrategia conservadora de salida de la crisis encabezada por Merkel. El mal resultado del Partido Socialista (PS) en las elecciones municipales celebradas el día anterior provocó el peculiar movimiento de Hollande y el ascenso de Valls.
El nombramiento de Valls supuso un cambio de rumbo en la senda política seguida hasta ese momento. En materia de política económica, el primer ministro asume elementos centrales del diagnóstico de la derecha y de su recetario de soluciones: existe un problema de falta de competitividad ocasionado por la enorme carga fiscal que supone el mantenimiento de un Estado de bienestar insostenible e ineficiente y por unos costes laborales excesivamente altos que no responden convenientemente al aumento del desempleo ni a la reducción de las tasas de rentabilidad de las empresas. En consecuencia hay que flexibilizar (léase desregular) el mercado laboral, reducir el Estado, descargar a las empresas de costes laborales y fiscales para aumentar su competitividad y aminorar el pesado fardo que representa la financiación de gasto público, especialmente en materia de pensiones, sanidad y demás gastos de protección social.
El pasado 29 de abril el Gobierno de Valls daba el segundo paso atrás al lograr el apoyo del Parlamento (con un PS fracturado por la abstención crítica de 41 parlamentarios socialistas) a un paquete de medidas económicas que suponía una rebaja de impuestos a las empresas de 41.000 millones de euros (complementada con una rebaja mucho más pequeña a los hogares de otros 5.000 millones de euros) y obligaba, para cumplir los objetivos de reducción del déficit público, a recortar en 50.000 millones el gasto público (10.000 millones en sanidad, 11.000 millones en otras prestaciones públicas, 11.000 millones más a las administraciones regionales y locales,…) y a congelar las pensiones públicas que superen los 1.200 euros. ¿Le suena esa música? Sí, en efecto, es la misma que empezó a tocar el gobierno de España en mayo de 2010 y que, tras cambiar de inquilino, aún sigue tocando el actual gobierno. La letra es algo diferente, se trata de otro idioma y otras circunstancias.
Posteriormente, el desastre electoral del PS en las elecciones al Parlamento Europeo y el hundimiento de la popularidad del presidente de la República y de su primer ministro que muestran los sondeos de opinión mostraban que el cambio de rumbo no era del agrado de la ciudadanía francesa. Los malos resultados económicos del segundo trimestre de 2014, conocidos a mediados de agosto, fueron la puntilla.
El 23 de agosto, apenas una semana después de darse a conocer el estancamiento de la economía francesa y el conjunto de la eurozona en el segundo trimestre de 2014, Le Monde publica una entrevista con el ministro de Economía en el que Montebourg llama a los socialistas a “aportar soluciones alternativas” y señala que “hace falta dar prioridad a la salida de la crisis y dejar en un segundo plano la reducción dogmática de los déficits que nos conduce a la austeridad y al paro”
Al día siguiente, 24 de agosto, Montebourg interviene con su colega Hamon, ministro de Educación, en la Fiesta de la Rosa (celebrada este año en Frangy-en-Brese). Trata de quitar hierro a su enfrentamiento con Hollande, pero defiende con firmeza sus puntos de vista: “Hoy, la reducción a marchas forzadas del déficit público es una aberración económica, porque agrava el paro, una decisión absurda desde el punto de vista financiero, porque hace imposible reequilibrar las cuentas públicas, y un desastre político, porque arroja a los europeos en brazos de partidos extremistas”.
La respuesta de Valls a lo que entiende como insubordinación no se hace esperar. El Gobierno en pleno presenta la dimisión y Hollande nombra otra vez a Valls como primer ministro. Hollande y Valls han urdido una maniobra política para desembarazar al gobierno de los socialistas críticos con la austeridad y reafirmar la autoridad de Valls como primer ministro. El nuevo paso atrás dado por Hollande, el tercero y definitivo, vincula su futuro al de Valls y al ala derecha del socialismo francés.
No se admiten discrepancias internas en el nuevo Gobierno, se quiere la homogeneidad para intentar achicar el espacio ganado por la extrema derecha, aplicar las nuevas medidas económicas y mantener la presión, junto a su aliado Renzi, para que Merkel reconsidere la intensidad de sus políticas de austeridad y proporcione a las economías francesa e italiana el oxígeno que necesitan para no hundirse en una nueva recesión. Si la jugada sale bien, podrían aspirar a mantener su posición (incluso, sus cargos) en la siguiente legislatura y promover una gran coalición gubernamental de los socialistas con el centro y la debilitada derecha democrática francesa. Si sale mal, los costes correrán a cargo del PS y de la ciudadanía francesa.
Como declaró el ministro de Economía saliente, Montebourg, las políticas de austeridad “son la causa de la prolongación de la crisis económica y de sufrimientos inútiles de la población europea”. Existen soluciones progresistas alternativas y otros caminos para Europa, bastaría para poder llevarlas a cabo con escuchar a la mayoría de la sociedad y ponerse de su lado.
La socialdemocracia europea da una nueva y contundente muestra de inconsistencia e incapacidad para constituirse como eje de una alternativa a las soluciones que ofrece la derecha europea, acabar con los estragos sociales y económicos que suponen las políticas de austeridad, defender el Estado de bienestar, encarrilar a Europa por unas nuevas vías de solidaridad y cooperación y responder a las necesidades de los Estados miembros de la eurozona y los sectores sociales que han sido especialmente golpeados por la crisis y las política de austeridad.
Puede que sea verdad que no haya mal que por bien no venga y que la izquierda del socialismo francés logre movilizar la energía y el peso que tienen en la sociedad y en el propio PS, no acepte la maniobra de Hollande que pretende su arrinconamiento político y se incorpore al movimiento de convergencia política y ciudadana en contra de las políticas de austeridad, contribuyendo a su ampliación y consistencia. Pero la situación pinta mal.
El resultado final de todo este proceso es que el Partido Socialista francés (PS) vive una profunda crisis, la desunión es creciente y se extiende a todos los niveles de la organización, la crispación aumenta y los puentes que facilitaban la coexistencia entre las diferentes corrientes y sensibilidades internas se han roto.
Lo que empezó siendo un problema de orientación política ha pasado a convertirse también en un problema mucho más peliagudo de identidad. Está en juego el futuro del socialismo francés, su influencia, credibilidad, aptitud para integrar un amplio abanico de corrientes y sensibilidades progresistas y de izquierda y capacidad para gobernar con un proyecto propio, autónomo del que propugnan la derecha política y el poder económico.
Conviene hacer un paréntesis en la descripción del desastre político que se ha producido para destacar un aspecto de lo ocurrido digno de admirar: diputados, ministros, dirigentes y militantes del PS se atreven a discrepar y alzan la voz, critican a su Gobierno cuando hace políticas y leyes que consideran contrarias a lo que prometieron a sus electores y son capaces de votar en contra o dimitir. No son simples brazos de madera, ni culos de hierro para los que no hay agua hirviendo capaz de despegarlos de sus poltronas, ni utilizan palabras huecas para no desentonar o no significarse. ¿No les produce una sana envidia a los miembros del PSOE que socialistas franceses que ocupan puestos de gran responsabilidad en el aparato del partido, el Parlamento y el Gobierno se atrevan a disentir, defiendan públicamente las razones que sostienen sus puntos de vista, pugnen por cumplir los compromisos adquiridos con sus electores y corran el riesgo de no salir en la foto por defender sus ideas?
La forma en la que Hollande y Valls han resuelto la reciente crisis gubernamental ha terminado por agravar aún más, si cabe, los problemas.
En primer lugar, nombraron a Macron como ministro de Economía en sustitución del discrepante Montebourg. En esa decisión hay un problema estético y un problema político. Macron desarrolló su trabajo, aprendizaje y fulgurante carrera profesional como banquero en unos de los principales bancos de negocios del mundo (Rothschild & Cie Gestion); pero el problema mayor no tiene que ver con la estética, sino con el mensaje político que se envía a la sociedad y al interior del PS al sustituir a un ministro crítico con las políticas de austeridad por un ministro que ha declarado públicamente la necesidad de recortar el gasto social, apoyar la rentabilidad de las empresas y flexibilizar el mercado laboral.
Tras el nombramiento de Macron como ministro, Valls tuvo otro gesto de parecido calado y orientación. Su primer acto público, al día siguiente de dar a conocer la composición del nuevo Gobierno, fue acudir a la universidad de verano de la patronal francesa (Medef), donde los empresarios asistentes se mostraron entusiasmados y le ovacionaron en pie repetidas veces, por lo que había hecho y por su decisión de mantener su política económica y seguir actuando a favor de las empresas. Solo la tímida petición de Valls para que utilizaran la reducción de costes laborales y fiscales para crear empleo, en lugar de para aumentar los dividendos a los accionistas, fue escuchada con frialdad y en silencio. Resulta difícil creer que Valls no percibiera la importancia y el alto contenido simbólico de ambos gestos. Más bien, resulta obligado pensar que su pretensión era reafirmar su posición, cerrar el paso a las críticas y dejar muy clara su respuesta a cualquier tipo de desafío interno.
Si en campo contrario, entre los patronos del Medef, la forma en la que se había cerrado la crisis gubernamental y el propio Valls fueron recibidos con unánime aprobación, en su propio campo, en la universidad de verano del PS celebrada en La Rochelle los días 29, 30 y 31 de agosto, la acogida no fue tan buena. Una fuerte división de opiniones y un gran malestar entre muchos de los asistentes se hizo patente a lo largo de los tres días y en el mitin de cierre del propio Valls, que fue recibido y escuchado con división de opiniones, entre silbidos y pateos de una parte de las corrientes de izquierda y aplausos y grandes aplausos de sus partidarios. Y eso que la dirección del partido a lo largo de los tres días y el propio Valls en su discurso y en declaraciones previas trataron de limar asperezas y apelaron a la responsabilidad de todos y a la importancia de mantener la unidad, sin por ello descuidar su propósito de hacer patente que la posición mayoritaria en el PS es la de defender el cambio de Gobierno y la posición política de Valls.
Los diputados socialistas díscolos con las políticas de austeridad han aprovechado la cita socialista en La Rochelle para reunir a sus simpatizantes, reafirmar sus críticas, renombrar a su colectivo (“Vive la Gauche!”) y lanzar un Llamamiento titulado “Pour que Vive la gauche!”.
El nuevo Llamamiento es una de las muchas manifestaciones en las que se concreta la profunda división del PS y el notable rechazo que despiertan entre los socialistas los recortes y las políticas de austeridad. El movimiento político que pudieran generar los promotores del Llamamiento dista mucho todavía de ser una alternativa consistente al dúo Hollande-Valls o el germen de esa alternativa. Tienen que pasar muchas cosas para llegar a serlo y que las diferentes sensibilidades de izquierdas que perviven en el PS muestren su intención y capacidad de colaborar entre ellas, pero vale la pena seguirle la pista a ese intento de convergencia de las corrientes socialistas de izquierda. En ese Llamamiento de La Rochelle se puede leer lo siguiente:
… “Los aplausos del Medef no serán nunca el criterio para saber si estamos haciendo bien las cosas.”… “Ante las desigualdades que desestructuran la sociedad, los excesos financieros o los dramas que genera el paro, nuestras respuestas no son las de la derecha. Frente a las audacias aparentes, preferimos las reformas de fondo, con alternativas claras: la reforma fiscal a la que nos habíamos comprometido, una segunda ley bancaria que sea útil a la economía real, las bases de un nuevo modelo de desarrollo social, ecológico y numérico.”… “La izquierda se debe a su misión transformadora, con la justicia y la igualdad como brújulas”.
Pues eso, que viva la izquierda que se opone a las políticas de austeridad, defiende los intereses de la mayoría social y cumple sus compromisos con los electores.
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