"¿Por qué se ceban con nosotros? ¿De dónde les viene esa obsesión por debilitar al débil?". Estas son sólo algunas de las preguntas que desde la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) lanzan a la ministra de Sanidad, Ana Mato, y al Gobierno de Mariano Rajoy en general. Porque, aunque aún no se haya implantado de forma efectiva el copago en farmacia hospitalaria, los enfermos crónicos ya temen el impacto de la medida en su ya maltrecha economía familiar.

"Cuando hablamos de enfermos crónicos, hablamos de pacientes que necesitan esa medicación toda la vida, todos los días", recuerda el delegado de Feder en Madrid, Justo Herranz. "A nadie con dos dedos de frente se le ocurre implantar una medida para "disuadir" a los enfermos crónicos de que tomen su medicación", denuncia, haciendo alusión a una de las "excusas" esgrimidas por Sanidad para justificar el nuevo copago.

Las otras dos, "el control de los medicamentos" y el "ahorro" tampoco convencen a Herranz. "Si el Gobierno necesita controlar unos medicamentos que se dispensan exclusivamente en los hospitales sólo a quien lleva una receta con nombres y apellidos, ¿qué tenemos que pensar al respecto?", se pregunta. Y, respecto al afán recaudatorio del departamento de Mato, desde Feder denuncian que "con lo que se van a gastar  en actualizar los sistemas técnicos para que se pueda implantar -dato que Sanidad oculta-, al final no les quedará nada de nada". "Esto sólo es un castigo más a los más desfavorecidos", añade Herranz, "un insulto hacia nosotros".

De hecho, Feder, igual que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ya preparan un recurso para solicitar la nulidad de la Resolución del 10 de septiembre del Ministerio de Sanidad (ver pdf) que obliga a los pacientes no ingresados en el centro a pagar el 10% del precio de la medicación que recojan en la farmacia del hospital, con un tope de 4,20 euros por medicamento. "En Sanidad podrán decir que es el precio de dos cafés, pero, si lo sumamos a los demás copagos, el impacto en las familias afectadas sí se va a notar", lamenta Herranz, que calcula en "entre 500 y 1.000 euros" el incremento del gasto anual en cuanto la medida eche a andar de forma efectiva.