¿Son incompatibles la lucha contra el desempleo y la reducción progresiva del déficit público? Así o con un contenido similar se suele plantear una falsa disyuntiva que conviene reformular para encontrar respuestas que intenten aunar ambos objetivos.

            El déficit y la deuda de las administraciones públicas constituyen graves problemas que deben abordarse de forma inmediata. Aunque los desequilibrios que presentan las cuentas públicas no puedan resolverse a corto plazo, hay que tomar medidas que permitan reducir su escala. En ningún caso esa reducción puede posponerse o ser abordada una vez que se haya resuelto la cuestión del paro o cualquier otro de los importantes problemas que atenazan a la economía española. Sin afrontar y reducir progresivamente la deuda y el déficit públicos no hay ninguna posibilidad de reactivación económica ni, como consecuencia, de generar empleo neto.

            Hay que añadir una precisión en este punto. No debe confundirse la disminución del déficit con el recorte del presupuesto público ni, menos aún, con una reducción de las transferencias que sostienen la protección social o de las inversiones que propician la modernización productiva, la reindustrialización y la construcción de un nuevo modelo de crecimiento sostenible que destrone el consumo irresponsable y el endeudamiento como motores de la actividad económica.

            El desempleo masivo es otro de los graves problemas que tiene la economía española, además de la primera preocupación de la ciudadanía y la principal fuente de inestabilidad social y política. El paro de larga duración y el desempleo masivo que asfixia a la juventud son un calvario para las personas afectadas, un drama para sus entornos familiares y un gravísimo problema económico que supone desaprovechar y destruir capacidades productivas y cualificaciones laborales que son imprescindibles para que no se deteriore aún más el potencial de crecimiento. Sin reducir el desempleo y aumentar la población ocupada no es posible solucionar de forma estable y duradera el déficit público; tampoco, salir de la crisis. La prolongación en el tiempo de las actuales tasas de paro multiplica las posibilidades de que se produzcan fracturas sociales irreversibles. Y de igual forma, genera riesgos ciertos de que el descrédito alcance a las normas e instituciones básicas que regulan y alientan la convivencia democrática.

            La conclusión parece evidente: hay que avanzar a la vez en la reducción del déficit público y en la creación de empleos. No se puede lograr uno de esos objetivos a costa del otro o posponer la solución de cualquiera de ellos para tiempos mejores.
 
            En todo caso, la conclusión anterior no autoriza a intentar reducir el déficit público a cualquier precio ni a recortar de forma indiscriminada y draconiana los gastos e inversiones de las administraciones públicas. Las políticas de austeridad extrema y generalizada impuestas a los países del sur de la eurozona por los mercados de la mano de los líderes e instituciones de la UE son tan ineficaces como contraproducentes, porque obstaculizan la creación de empleo, deterioran la solvencia del sistema bancario y ni siquiera están permitiendo alcanzar los objetivos previstos de reducción del déficit.

            El loable objetivo de crear empleo tampoco permite dar por buenos cualquier trabajo o cualquier medida encaminada a abaratar los costes laborales por entender, en contra de las evidencias disponibles, que tal abaratamiento inducirá la creación de empleo. La reducción de los salarios y las cotizaciones sociales a cargo de las empresas puede incrementar la competitividad basada en la disminución de los costes y mejorar la presencia en los mercados exteriores de los productos españoles que basan su expansión comercial en los bajos precios, pero no asegura un crecimiento de las exportaciones capaz de compensar la inevitable pérdida de tono de la demanda interna ni, por tanto, es garantía bastante de mantenimiento del empleo; en cambio, provoca inevitablemente la disminución de los ingresos de la Seguridad Social, desequilibrios crecientes en sus presupuestos y la necesidad de nuevos ajustes en las prestaciones que ofrece.

            La lucha contra el desempleo no pasa por aceptar los objetivos de una patronal ciega y antisocial que pretende generalizar unos contratos basura marcados por la precariedad, la ausencia de derechos laborales y los bajos salarios. La alternativa al paro que exige la ciudadanía es otra: crear empleos decentes, seguros y suficientemente remunerados.

            Aumentar la progresividad del sistema tributario para gravar en mayor medida a las rentas altas y a los grandes patrimonios, reprimir con rigor el fraude fiscal e impedir los regalos tributarios a las empresas y a los hogares que disfrutan de altos niveles de rentabilidad o bienestar son las únicas vías eficaces para preservar la cohesión social y territorial, reequilibrar los sacrificios que de forma tan injusta como desequilibrada soportan las clases trabajadoras y obtener la financiación imprescindible para generar empleos, reducir el déficit público y avanzar en la consecución de otro modelo de crecimiento.

            Salir de la crisis con los menores costes económicos y sociales posibles exige resolver un difícil y complejo problema que básicamente consiste en proponer y aplicar medidas y políticas económicas que permitan abordar al tiempo la creación de empleos y la reducción del déficit público. Avanzar en la dirección de una salida progresista de la crisis requiere impulsar una modernización de las estructuras productivas y promover un cambio en el modelo de crecimiento que el mercado no está en condiciones de orientar ni de realizar. Esa transformación resulta imposible sin contar con el impulso normativo y la financiación del sector público. No hay soluciones mágicas ni atajos que valgan, ni a la derecha ni a la izquierda.