Y ahora, ¿qué? Posibles rectificaciones tras la huelga general del 29-S

La preparación de la huelga general del 29 de septiembre ha permitido desarrollar un amplio debate social sobre la crisis económica y las medidas que evidencian el giro antisocial dado por el Gobierno. Ese debate, la participación de decenas de miles de sindicalistas y activistas de diversos movimientos sociales en la organización y el impulso de la huelga, el notable número de huelguistas (al margen de la muy desigual incidencia de la huelga en diferentes sectores y territorios) y la masiva presencia de manifestantes en las movilizaciones de ese día suponen un activo inestimable para el movimiento a favor de un cambio progresista en las políticas gubernamentales.

A partir de ahora va a estar más claro y va a ser más fácil que la ciudadanía valore si las medidas políticas del Gobierno Zapatero se inclinan a favor del empleo, las rentas del trabajo, los derechos laborales, el fortalecimiento de la protección social y la mejora de los bienes públicos o, por el contrario, se pliegan a las presiones y requerimientos de los grandes grupos empresariales y los mercados para favorecer la recuperación de la rentabilidad, los ajustes laborales y la eliminación de las restricciones que la acción sindical y la propia existencia de los sindicatos de clase suponen a la patronal.

La huelga general ha brindado a las clases trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía la oportunidad de expresar el rechazo a las políticas antisociales impulsadas por el Gobierno del PSOE en los últimos meses y la denuncia de los nuevos recortes en los gastos sociales y la inversión pública (las cuentas del Estado para 2011 y la reforma del sistema público de pensiones) que pretende aprobar en las próximas semanas o meses.

El 29-S ha permitido expresar en la calle, en los medios de comunicación y en centenares de debates y charlas la indignación popular con las medidas gubernamentales. Ahora sabemos el profundo malestar social que existe y hasta qué punto ha avanzado en la sociedad y, especialmente, entre la gente de izquierdas la pérdida de confianza en Zapatero.

Más allá de la inevitable guerra de cifras y de las exageraciones de uno u otro signo en las que han incurrido la mayoría de los intentos de estimar el número de huelguistas, lo importante es que los argumentos que pretendían justificar la bondad o el carácter inevitable del giro gubernamental hacia las políticas neoliberales han perdido terreno, consistencia y credibilidad gracias al 29-S. Ese es el gran éxito de la huelga general, de los sindicatos que la convocaron y de las organizaciones que impulsaron la movilización ciudadana: la izquierda social tiene más razones y más fuerza para intentar parar las medidas impuestas por autoridades políticas y poder económico y lograr que sean los responsables de la crisis quienes paguen los platos que se han roto. Gracias a la huelga general, los sectores progresistas y la izquierda han ganado confianza en su capacidad para cambiar las cosas, impedir que sigan pagando los costes de la crisis los de siempre y conseguir que la recuperación de los empleos, los salarios y el bienestar perdidos no sea una promesa a llevar a cabo dentro de unos años, al final del túnel, sino medidas a empezar a aplicar de inmediato para salir de la crisis.

La huelga general del 29-S lega un sólido soporte que permite que la lucha a favor de una salida progresista y popular a la crisis pueda continuar, intensificarse y conseguir algunos objetivos.

La dificultad de cualquier intento de responder a la pregunta del Y ahora ¿qué? es evidente, al igual que los límites e insuficiencias de cualquier respuesta apresurada. No obstante, tanto ese interrogante como los intentos de responderlo con argumentos razonables son pertinentes.

Las reflexiones que se pueden hacer hoy en torno a lo que puede pasar tras la huelga del 29-S son, inevitablemente, prematuras y provisionales; pero resultan imprescindibles para orientar la actitud y la acción política, sindical y social en las próximas semanas o, más sencillamente, para comprender algo de lo que ya ha empezado a suceder como consecuencia de la huelga y que se evidenciará y se irá concretando en las próximas semanas. Hay que dejar tiempo para que cuajen las nuevas posiciones de cada organización, se concreten en propuestas movilizadoras y se manifiesten en relatos coherentes capaces de dialogar y confrontarse con otros discursos, pero no está de más reflexionar sobre los impactos del 29-S y algunos de los rasgos que puede adoptar el curso económico y sociopolítico en lo que resta del año.

1. No hay que desechar de forma tajante una rectificación de Zapatero o de su sustituto

El Gobierno ya puede calibrar el nivel del deterioro de las relaciones con una parte significativa de sus electores y apoyos sociales. Las nuevas políticas y prioridades del Gobierno y su intento de ganar la confianza y el beneplácito de los mercados financieros a costa de cargar los costes de la crisis de forma tan desequilibrada como injusta sobre los sectores populares han sido claves en la extensión de la desconfianza en Zapatero y el PSOE entre su base social y electoral.

La encuesta publicada por El País el pasado 3 de octubre cuantificaba el descalabro en términos electorales: la intención directa de voto al PSOE se despeñaba hasta el 19% y perdía 6 puntos porcentuales respecto a la estimación del mes anterior. Pocas veces ha sido tan baja esa intención de voto a favor del PSOE y tan grande (10 puntos) su distancia con el PP.

Otros datos de la misma encuesta de Metroscopia permiten una mejor aproximación al desencuentro entre Zapatero y buena parte de su electorado: el presidente del Gobierno inspira poca confianza al 45% de los votantes del PSOE y ninguna, a otro 24%; además, un porcentaje aún mayor, el 76% de los votantes socialistas, tiene la impresión de que Zapatero improvisa sobre la marcha.

El triunfo de Tomás Gómez frente a Trinidad Jiménez en las primarias del PSOE para decidir su cabeza de lista en la Comunidad de Madrid puede ser interpretado también como una expresión del descrédito acumulado por Zapatero y de la debilidad de su actual posición. Las votaciones en el Senado y el Congreso de los Diputados, a propósito de las propuestas legislativas en las que se concretaba el giro antisocial del Gobierno, mostraron el aislamiento de Zapatero y de la nueva política con la que se ha comprometido. En el mismo sentido apunta el distanciamiento público mostrado por un pequeño número de cargos electos del PSOE con algunas de estas medidas. Las aguas del PSOE bajan revueltas y si, como es previsible, la dureza del ajuste presupuestario impide, durante lo que queda del año y el primer semestre de 2011, un crecimiento económico suficiente para generar empleo neto y el Gobierno se mantiene en sus trece, bajarán más revueltas y más turbias.

Zapatero puede cerrar los ojos, evitando ver esos signos evidentes del deterioro de su posición dentro y fuera del PSOE, y hacer oídos sordos al descontento social que se manifestó el pasado 29 de septiembre, pero esa actitud acabará pasándole factura y terminará pagándola. Puede también mostrar una mínima sensibilidad y receptividad al aluvión de críticas y atender la reclamación de una rectificación suficiente en la orientación de su política económica encaminada a restablecer el diálogo con los sindicatos mayoritarios. Tal rectificación es imprescindible para proporcionar a sus interlocutores sindicales algunas bazas con las que justificar tanto su anterior apuesta por la movilización para impedir el abaratamiento del despido y frenar la reforma laboral como su hipotética vuelta a un verdadero diálogo social que no sea un trágala disfrazado de concertación.

Rectificación de la política gubernamental, restablecimiento de vínculos y acuerdos con los sindicatos y recuperación de una parte de los apoyos sociales y electorales perdidos por Zapatero están fuertemente relacionados. Y tanto el Gobierno como los sindicatos mayoritarios lo saben. El problema menor que ambas partes deben resolver es el escaso margen del que disponen para avanzar en una dirección que no puede concluir en un simple acuerdo cosmético. Y el problema mayor es que no pueden saber a ciencia cierta qué dosis mínimas de rectificación puede iniciar ese proceso de conciliación y qué impactos negativos sobre los mercados y la opinión pública tendría tal rectificación. La experimentación y el tira y afloja de ambas partes irán determinando los límites y posibilidades de ese proceso.

Aunque poco probable y muy difícil de implementar, la opción de restablecer lazos y complicidades con los sindicatos y la rectificación en la política económica que esa opción implica pueden darle a Zapatero o al PSOE la oportunidad de llegar al final de la legislatura y tener alguna posibilidad de ganar las próximas elecciones generales. Y supondría también, y esto es lo más importante, abrir la puerta a una estrategia progresista de cambio económico y político que permitiera superar la crisis y atender los graves problemas de paro, recortes salariales, inseguridad y pérdida de expectativas que afectan a millones de personas.

En cualquier caso y haga lo que haga Zapatero ahora, los errores cometidos en los últimos meses dejan al PSOE sin tiempo para intentar conservar intactas sus posiciones institucionales en los ámbitos municipal y autonómico. La única incógnita a resolver es la cuantía de su pérdida electoral. En nada van a contribuir a aminorar el retroceso de los apoyos electorales del PSOE los datos que en los próximos meses irán desgranando el seguro mantenimiento de las actuales altas tasa de desempleo, la mínima reanimación o el ligero retroceso de la actividad económica y las dificultades para traducir el recorte del gasto público en reducción del déficit.

El descalabro de los socialistas en las próximas elecciones locales y autonómicas está cantado (al margen de que pueda producirse alguna sorpresa sonada que ayudaría a maquillar la derrota electoral), aumentará la debilidad del presidente Zapatero y de su Gobierno y supondrá un nuevo toque de atención que la dirección del PSOE y el conjunto de sus afiliados tendrán que encajar, interpretar y convertir en nueva acción política. A no ser que quieran mantener el esfuerzo que han realizado en los últimos meses para intensificar o adelantar el batacazo electoral que todas las encuestas vaticinan.

Zapatero y los dirigentes del PSOE deben ahora mover ficha, sin que necesariamente uno y otros vayan a jugar a lo mismo, pretendan idénticos objetivos o mantengan la misma armonía que durante los últimos años.

De entrada, mal camino parece haber elegido Zapatero para restablecer la confianza y las ilusiones de una parte de la base social que le brindó su voto y le apoyó frente a las acometidas de la CEOE, la derecha y los poderes y próceres pastoreados por la jerarquía católica. La apuesta por unos presupuestos más restrictivos aún que los de 2010 y el empecinamiento en retrasar la edad de jubilación y rebajar el gasto en pensiones nada bueno anuncian.

2. No se debe desestimar la importancia de un cambio profundo en la acción sindical de CCOO y UGT

Zapatero y el PSOE siguen calibrando qué grado de rectificación quieren o están en condiciones de asumir y en qué medidas pueden concretar esa rectificación, pero no son los únicos que deben estudiar sus próximos movimientos y sus repercusiones.

También CCOO y UGT están obligados a rectificar inercias, aumentar el grado de participación de sus afiliados y electores en la toma de decisiones y en la vida interna de sus organizaciones y acentuar el protagonismo de la actividad sindical de base en cada centro de trabajo y sección sindical. Necesitan, además, plantearse con mayor empeño que hasta ahora la tarea de fortalecer sus vínculos con los sectores que padecen mayores niveles de explotación y precariedad en sus condiciones de trabajo o sufren situaciones de marginación y exclusión social sin percibir mayor preocupación de los sindicatos en ofrecerles protección legal o una mediación con las instituciones orientada a defender su derecho a vivir y trabajar con dignidad. En el mismo sentido, ambos sindicatos harían bien en intentar superar las distancias y reticencias que mantiene una parte significativa de la izquierda sindical y social que ha participado activamente en el impulso de la huelga.

Por lo visto hasta ahora, la actitud del Gobierno es sostener lo esencial de sus propuestas, tanto en la intensificación del ajuste presupuestario en 2011 como en la reforma del sistema público de pensiones, con el claro objetivo de reducir el gasto público. De confirmarse esa posición del Gobierno, lo cual es altamente probable, CCOO y UGT van a verse obligados a mantener alto el listón de las críticas y el conflicto con el Gobierno. En tal caso, necesitarán preparar con sumo cuidado y contando con más fuerza los próximos pasos a dar para mantener la presión y la confrontación con el Gobierno sin renunciar a su objetivo de hacer que prospere un escenario menos crispado que permita combinar consenso y conflicto. No pueden renunciar a mantener abierto un horizonte en el que sea factible consolidar su representación, posiciones y poder contractual en las negociaciones con la patronal y las autoridades económicas.

Lo más probable sigue siendo que la confrontación entre sindicatos y Gobierno sea la característica predominante de la coyuntura sociopolítica hasta finales de año. En un contexto económico caracterizado por una situación de mediocre y frágil crecimiento que no va a permitir generar empleo neto ni va a evitar la presión de los mercados, tanto sobre la deuda pública y privada española como, especialmente, sobre un sistema bancario que mantiene una situación potencialmente explosiva de una deuda excesiva y unos activos que continúan depreciándose.

CCOO y UGT se juegan mucho en un envite no deseado ni buscado en el que van a sufrir el hostigamiento de prácticamente todo el espectro político institucional, la inmensa mayoría de los medios de comunicación y unos poderes económicos que aspiran a debilitar sustancialmente a los sindicatos antes de reiniciar en serio el diálogo social y volver a negociar. Y esa coyuntura, en la que se juegan mucho frente a enemigos con tanto poder como malas intenciones, es un factor que empuja a CCOO y UGT hacia la rectificación de su práctica sindical, un mayor protagonismo de sus bases, una intensificación de sus vínculos con sectores escasamente vinculados hasta ahora con las organizaciones sindicales y un trabajo más unitario de búsqueda de apoyos. Mal harían CCOO y UGT si no llevaran a cabo esa rectificación y mal actuarían los sectores críticos con los sindicatos mayoritarios si no la alentaran. Esa corrección y mejora de la práctica de los sindicatos mayoritarios son esenciales para conseguir parar unas políticas antisociales que no permiten superar la crisis, generar empleo, impulsar la modernización de las estructuras productivas y abrir paso a un nuevo modelo de crecimiento.

Para sostener el conflicto con las políticas y medidas gubernamentales y aumentar las posibilidades de una salida popular y progresista a la crisis económica es imprescindible contar con unos sindicatos de clase firmes y potentes, pero no basta. También parece necesario fortalecer el tejido asociativo de la izquierda social, desarrollar un discurso propio diferenciado del que mantienen la derecha y el Gobierno y construir a medio plazo una alternativa económica y política que no obligue a la ciudadanía a elegir de nuevo entre lo malo y lo peor. Los sindicatos no pueden desarrollar solos estas tareas. Y no sería justo exigirles que hagan lo que no están en condiciones de hacer y son tareas que corresponden a otro tipo de organizaciones e instancias.

3. No se puede excluir del todo que los sectores más activos de la izquierda sean capaces de rechazar la crítica destructiva y sectaria

Tiempos duros y difíciles para la izquierda como los que vivimos parecerían propicios para reforzar la unidad de acción en torno a unos objetivos comunes sin renunciar a la argumentación crítica orientada a impulsar cambios que favorezcan la movilización y mayores niveles de cooperación. De hecho, la preparación de la huelga general ha propiciado procesos de acercamiento y confluencia entre activistas y organizaciones de muy diferente tipo. Sin embargo, los avances en ese sentido han sido muy insuficientes y se han combinado con demasiados episodios de crítica y descalificación gratuitos y frívolos que, además de ahuyentar de la acción colectiva a los menos inclinados o habituados a las trifulcas, en nada ayudan a normalizar un debate fructífero sobre asuntos extremadamente complejos que requieren más información y estudio, escuchar y leer con atención las diferentes opiniones y análisis y mucha paciencia por parte de todos los interlocutores.

Al desprecio por las propuestas e ideas ajenas se suma con frecuencia una pulsión exagerada por exacerbar las diferencias y las distancias entre las distintas posiciones y a cargar de subjetividad y mal rollo toda posible colaboración y cualquier tipo de relación.

El marketing de la diferenciación del producto, que tan buenos resultados ha conseguido en algunos mercados para aumentar la visibilidad de una mercancía y dificultar la competencia por parte de productos similares, parece haberse infiltrado en los comportamientos de unas izquierdas que han interiorizado acríticamente la necesidad de reforzar las señas de identidad propias y acentuar sus diferencias con las otras organizaciones. Nada más alejado de los valores de cooperación y respeto por las diferencias que deben formar parte del patrimonio ético y político de la izquierda que esa lógica mercantil diferenciadora y competitiva. Nada más contraproducente e ineficaz que esa escopeta crítica permanentemente cargada y siempre dispuesta a disparar contra todo lo que se mueva a izquierda o derecha.

No vale la pena extenderse mucho más sobre un tema tan evidente para el que quiera verlo. Sólo un apunte: no resulta excesivamente difícil contribuir a corregir comportamientos sectarios cuando se observan y sufren en el entorno inmediato.

4. No cabe descartar por completo un escenario económico relativamente benigno durante los próximos meses

Generalmente, los análisis sobre la situación y las perspectivas económicas tienden a resaltar la gravedad de los datos, las debilidades estructurales acumuladas por la economía española, la incoherencia entre las medidas que aprueba el Gobierno y los objetivos que dice pretender y las mínimas posibilidades de que se cumplan las siempre optimistas previsiones oficiales. Por esa vía, el análisis se precipita a menudo hacia descripciones tan catastrofistas como simplistas de la situación económica y el amenazante futuro que aguarda a la economía española. Son muchas las razones que permiten explicar esa deriva del análisis.

En primer lugar, nadie discute que la situación de la economía española es grave. También el Gobierno admite desde hace tiempo el diagnóstico y basa en ese reconocimiento la necesidad de adoptar las duras y antipopulares medidas que ha aprobado o pretende aprobar. Sirva como ejemplo “externo” del amplio reconocimiento de esa grave situación las declaraciones del secretario general de la OCDE durante su visita a Madrid los pasados 4 y 5 de octubre. Angel Gurría manifestó que las previsiones de la OCDE sobre la economía española indican que su potencial de crecimiento se mantendrá durante “muchos años” por debajo de los niveles que había alcanzado antes de la crisis. Lejos de augurar una próxima recuperación, recalcó que las proyecciones de la OCDE estiman “un futuro de bajo crecimiento, alto desempleo y alto déficit” hasta 2015 o 2017.

En segundo lugar, cargar las tintas y utilizar el negro y algunas variaciones del gris para describir la situación económica ayudan a destacar los desenfoques y errores del brusco giro neoliberal realizado por el Gobierno y parecen facilitar las llamadas a la movilización ciudadana para cambiar el rumbo y las prioridades y lograr la rectificación de la política económica y sociolaboral del Gobierno.

Y en tercer lugar, una convocatoria de huelga general presupone una situación extrema que polariza a la sociedad a favor o en contra de la convocatoria y que resulta poco propicia para los análisis exquisitos de trazo fino.

Conviene, pese a todo, introducir en la reflexión sobre las consecuencias de la huelga general y las posibilidades de mantener y reforzar la movilización popular algunos matices o correcciones en el análisis que impidan que la izquierda se atrinchere en una posición y en ideas y propuestas excesivamente simplistas. Convendría mantener la sesera despierta para que el discurso crítico y las propuestas de movilización hagan pie en las diferentes situaciones y diversas circunstancias que puedan presentarse.

Basta con la introducción de un pequeño matiz en el análisis para dar cuenta de la importancia de que la reflexión se abra a la complejidad: a corto plazo, no se puede descartar tajantemente la posibilidad de que se afirme un escenario color de rosa en el que la solvencia de la banca española no se deteriore de forma significativa y los mercados relajen o no incrementen su presión sobre la deuda española pública y privada. En ese hipotético y poco probable escenario, los mercados financieros se contentarían con la buena voluntad que el Gobierno del PSOE ha demostrado al aprobar los estrictos recortes del gasto público exigidos por Bruselas y aceptarían que la reducción del déficit de las cuentas públicas fuese más lenta que la pretendida. Curiosamente, esa reducción menos intensa y más pausada del déficit público facilitaría preservar un mínimo y precario crecimiento de la actividad económica que no contribuiría a generar empleos netos, pero impediría que las tasas de desempleo crecieran y que la morosidad y los problemas de financiación continuaran aumentando y pusieran en peligro la solvencia del sistema bancario.

El relativo fracaso en la consecución de un ajuste fiscal demasiado estricto contribuiría a mantener una senda de reducción paulatina del déficit público y un horizonte en el que no resultara extravagante mantener vivas las expectativas de una lenta recuperación del empleo y la actividad económica en un futuro más o menos próximo.

Evidentemente, ese escenario color de rosa estaría cogido con alfileres y el mínimo tropiezo lo haría inviable. Lo previsible sigue siendo que las reformas emprendidas por el Gobierno reafirmen un escenario económico mucho más oscuro. Sin embargo, no está de más contemplar la posibilidad de que se asiente en los próximos meses una situación económica menos catastrofista que la que el análisis de las insuficiencias y debilidades de la economía española permite esperar. Las oportunidades de restablecer el diálogo social y los márgenes para alcanzar acuerdos sobre las leyes ya aprobadas o las reformas gubernamentales pendientes de aplicar o aprobar serían muy diferentes en una u otra situación.

No obstante, a no ser que surjan nuevos factores extraordinarios a favor o en contra de la recuperación económica, la perspectiva dominante sigue siendo la de un muy bajo y precario crecimiento que no permite excluir posibles nuevas recaídas de la actividad económica y el empleo ni nuevos ataques sobre la deuda pública. Mientras se mantengan políticas tan exageradas de consolidación fiscal como las que se han puesto en marcha y sigan sin abordarse los graves problemas y las causas que están en el origen de la crisis global y de la crisis específica amplificada por el modelo de crecimiento seguido por la economía española, la cosa no tiene remedio: la crisis se prolongará durante años hasta apurar su capacidad destructiva de empleos y tejido productivo y debilitará de forma intensa y duradera el potencial de crecimiento de la economía española.

En cualquiera de los escenarios posibles, la movilización ciudadana y popular es imprescindible para exigir que el Gobierno mantenga y amplíe la protección social, se comprometa de forma activa en la generación de empleo, afirme y mejore la provisión de bienes públicos y supla las insuficiencias y el mal funcionamiento de los mercados, especialmente en lo que se refiere a la canalización del crédito hacia los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresa que, a pesar de no contar con un fácil acceso a ningún tipo de financiación, mantienen su actividad. La presión social va a ser determinante para que el Gobierno admita la necesidad de aprobar una reforma fiscal progresista, asuma sus responsabilidades en el impulso de la modernización de las estructuras productivas y recupere en serio, obteniendo los recursos necesarios para financiarlo, el proyecto a favor de una economía sostenible. El incremento de la presión fiscal sobre las rentas del capital y los grandes patrimonios no sólo responde a un criterio de estricta justicia, es una herramienta imprescindible para superar la crisis económica y desarrollar unas tareas de protección social y generación de empleos que sólo el sector público está en condiciones de llevar a cabo.


         

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