En las últimas semanas se han dado a conocer diferentes propuestas de carácter económico y social que han aprobado las asambleas del 15-M o comisiones económicas específicas del movimiento. Ya se pueden, por tanto, valorar y ponderar las pretensiones y la orientación del 15-M en el terreno económico y social.

Las reivindicaciones, como no podía ser de otro modo, reflejan buena parte de los análisis y propuestas elaborados en el último año por autores y organizaciones progresistas que han expresado sus criticas a la deriva procapitalista y antisocial de las políticas económicas gubernamentales y a la defensa sin complejos que ha hecho el Gobierno desde mayo de 2010 del programa de salida de la crisis que exigen los mercados y apadrinan las instituciones de la UE.

Antes que apreciar novedades en las propuestas económicas del 15-M, se puede hablar de un trabajo de recopilación de medidas progresistas y de izquierdas preexistentes que han sido filtradas por el trabajo y el debate de miles de activistas en asambleas y grupos de trabajo específicos abiertos a la reflexión y a la palabra de la ciudadanía.

El malestar social con el funcionamiento y las pretensiones del capital y con las políticas económicas y reformas estructurales que se han aprobado y aplicado existía, había anidado en la mayoría de la sociedad, pero tras la huelga general del 29 de septiembre de 2010 había dejado de tener cauces de expresión. El cambio de estrategia sindical para rebajar la confrontación con el Gobierno, calmar las expectativas de agitación y protesta social y reanudar las negociaciones con vistas a reconstruir un escenario menos conflictivo y más favorable a la consecución de nuevos acuerdos no permitió la continuidad de la movilización social. Parecía que la resignación y el realismo político de apoyar el mal menor imperaban por doquier y acabarían por convertir en acomodo y pasividad una parte del difuso malestar social existente. Revertir ese proceso ha sido el gran éxito del 15-M y ese es su gran patrimonio: servir de cauce, plataforma de expresión y multiplicador de una indignación que se ha revelado en gran medida como transversal y que no termina de encajar en el mapa político ni en los alineamientos sociales, ideológicos, culturales o nacionales que caracterizan a nuestra sociedad.

Gracias al 15-M, la ciudadanía española ha podido expresar masivamente su rechazo a la gestión de la crisis realizada por las autoridades españolas y comunitarias y su denuncia de las consecuencias antisociales de las medidas aplicadas. El movimiento 15-M ha generado una explosión de participación y creatividad popular que ha estallado ante las narices de los líderes que hicieron dejación de sus obligaciones y responsabilidades en la defensa de los derechos e intereses de la mayoría social.

1. El rechazo de la derecha a las propuestas económicas del 15-M

Como era de esperar, no han sido pocas las reacciones negativas que han provocado las propuestas económicas del 15-M en las filas de la derecha política y en los órganos de expresión de los poderes económicos.

La sentencia de la derecha española contra las propuestas económicas del 15-M ha sido sumaria y carente de matices. En las raras ocasiones en las que la derecha ha abandonado su afectada indiferencia, se fuerza la identidad de las propuestas con el izquierdismo antisistema o revolucionario y con el socialismo trasnochado. De nada han valido el realismo y la evidente búsqueda de viabilidad política de las propuestas de reforma y de cambio en la normativa legal que plantea el movimiento ante el interés de presentar al 15-M como un brote efímero de populismo izquierdista al que intentaron atribuirle pulsiones violentas y veleidades en la utilización de la violencia como instrumento de una acción política orientada a construir un sistema económico regulado por un Estado dirigista o totalitario. Objetivamente, esos intentos darían risa (y vergüenza ajena) si no fuera porque están calando en la base social del PP y sirven para encastillar a parte del electorado de la derecha frente a las críticas a la complicidad de los partidos mayoritarios (y, en un lugar muy destacado, el PP) con la corrupción, cuando en ella están implicados y encausados judicialmente militantes, dirigentes y cargos electos de sus partidos.

La mayoría de los medios de comunicación ha estado al servicio de ese intento de deformación interesada del 15-M y, con manifiesta displicencia, se han dedicado a la búsqueda de errores, erratas y tertulianos dispuestos a avalar, los hay a patadas, las críticas a los supuestos disparates y el analfabetismo económico del movimiento 15-M. Subrayan el escaso nivel de elaboración de las propuestas y tratan de presentar las reivindicaciones del 15-M como una irresponsable e interesada estrategia para favorecer el caos y precipitar a la economía española hacia una situación de impagos de catastróficas consecuencias que pretende entorpecer la gestión de la crisis por parte de la nueva mayoría electoral conservadora que en un futuro muy cercano formará Gobierno.

Por otro lado, la respuesta mayoritaria de los economistas y demás entendidos de otras ciencias sociales relacionadas con la Economía ha sido el desprecio hacia unos aficionados que se aproximan a las cuestiones económicas en debates asamblearios que pisotean principios y conceptos y manejan burdas interrelaciones que muestran un completo desconocimiento de los elegantes modelos y las complejas relaciones que académicos y especialistas en la materia han ido construyendo. Como mucho, llegan a admitir que algunas de las ideas que se plantean son razonables pero acusan la abundancia de medidas demagógicas, poco operativas o carentes de contenido. Naïf, analfabeto y populista son las descalificaciones que repiten con más insistencia, pero cuando intentan una crítica concreta a alguna de las propuestas del 15-M se les ve el plumero de una ideología económica ultraliberal que ha convertido en mantras arregla-lo-todo el limitado y modesto alcance de los conocimientos que tenemos los economistas para intentar medir los costes y beneficios de las diferentes propuestas disponibles, su eficacia relativa y sus desiguales impactos sociales.

Ajenos por completo a toda autocrítica que no sea barniz obligado por la evidente responsabilidad de la ideología y las políticas ultraliberales en la gestación de una crisis global que aún colea, sienten inseguridad y rechazo a medidas que impliquen un mayor peso o papel regulador del Estado en cuestiones económicas. Las propuestas de desarrollo de una banca pública o de incremento de la presión fiscal sobre los beneficios y demás rentas del capital chocan frontalmente contra la ideología de los mercados eficientes que han asimilado como conocimiento científico incontestable y, lo que no es una cuestión menor, contra los intereses de los grandes grupos empresariales, universidades y fundaciones sustentadoras del pensamiento único que les proporcionan cobijo, mayores posibilidades de desarrollo a su carrera profesional y bienestar económico.

Así, se ha podido leer que a un profesor de Finanzas de la escuela de negocios Esade le da miedo una hipotética “política de préstamos guiada por motivos políticos”, pero seguramente no le provocó ningún recelo ni prevención lo que pasó realmente: una aventurera política crediticia guiada por la maximización de los beneficios que ha concentrado la inversión en especializaciones y actividades insostenibles (ladrillo y servicios de bajo valor añadido que se encontraban a resguardo de la competencia internacional), mientras se abandonaban actividades manufactureras y se alentaba una desindustrialización que está en el origen de los grandes desequilibrios de la balanza por cuenta corriente, el enorme endeudamiento de los agentes económicos privados y el nulo incremento de la productividad aparente del trabajo durante más de una década en el conjunto de la economía española. Cada cual es libre de elegir sus temores, pero convertir la mieditis en opinión y conocimiento económico es ridículo y un fraude intelectual.

Cuando los economistas liberales reconocen algunos de los errores cometidos casi nunca señalan la actuación del regulador bancario, a la que en algún momento han tenido la tentación de presentar como modélica. Se verían obligados a reconocer que apoyaron el complaciente dejar hacer del Banco de España y de sucesivos gobiernos con el negocio bancario vinculado a la burbuja inmobiliaria. Y olvidan que llevan más de una año aplaudiendo la exclusiva dedicación del Banco de España a liderar la presión a favor de una reforma laboral que no forma parte de sus competencias en lugar de cumplir con sus obligaciones de control y saneamiento del sistema bancario.

Cuando se refieren a los errores de la banca privada en sus políticas de sobreendeudamiento externo y prolongación de una política crediticio de alto riesgo, lo hacen en un tono menor e inmediatamente añaden que ya está pagando sus errores y que el Estado debe rescatar de sus problemas a las grandes entidades bancarias si no se quiere que su caída impacte de forma catastrófica sobre la actividad económica y la sociedad. No es verdad ni una cosa, que ya estén pagando sus errores, ni la otra, porque no sólo la desaparición de los grandes grupos bancarios puede ocasionar catástrofes, también las formas de rescate que promueven los intereses privados a costa del dinero público pueden terminar en más paro, precariedad laboral y fragilidad social.

No es verdad que hayan pagado sus errores o los estén pagando ni sus directivos, que siguen aplicando la ley del embudo de utilizar el respaldo político y los fondos financieros que aporta el sector público para seguir incrementando sus retribuciones, ni sus accionistas de referencia, que ya han hecho un gran negocio con las políticas de crédito abundante y barato que ha aplicado el Banco Central Europeo y que están a punto de hacer otro gran negocio con la privatización y desmantelamiento de las Cajas de Ahorro.

Y tampoco es verdad que el 15-M propicie el hundimiento o pretenda impedir el rescate de las entidades bancarias que presentan una delicada situación patrimonial, supongan o no por su tamaño un riesgo sistémico para el conjunto de la economía. Lo que propugna el 15-M es la existencia de una banca pública y, en paralelo, poner la actividad crediticia y las entidades bancarias al servicio de la sociedad para impulsar actividades económicas viables y sostenibles que ahora sufren la restricción indiscriminada del crédito a la actividad productiva que practica la banca privada con las pequeñas y medianas empresas.

Exigir responsabilidades a los causantes de la crisis, mayor transparencia de la actividad bancaria y un control social y democrático de las entidades son herramientas imprescindibles para conseguir la subordinación del poder financiero a los intereses del conjunto de la población y a las instituciones democráticas. Contar con una banca pública orientada a financiar la generación de empleo y una actividad económica subordinada al bienestar social es una exigencia que viene planteada por la actual inoperancia de los cauces crediticios privados y la imposibilidad de hogares, trabajadores autónomos y pequeñas empresas solventes de acceder al crédito.

Las descalificaciones sumarias de falta de rigor técnico que formulan presuntos especialistas en cuestiones económicas son, además de la manifestación de los prejuicios ideológicos de sus autores, la palpable evidencia de los sesgados conocimientos económicos de personas que desprecian o ignoran las necesidades básicas de la mayoría de la sociedad.

2. Algunas insuficiencias de las propuestas económicas del 15-M

Que la derecha critique con tanta acritud como ligereza las propuestas económicas del 15-M no debería extrañar a nadie. Las simpatías y la credibilidad que despierta el movimiento 15-M son los últimos obstáculos que separan al PP de su ansiado objetivo de conseguir la mayoría absoluta y formar el próximo Gobierno de España.

Sacrificar o aparcar el pensamiento crítico en aras a preservar los avances realizados en la definición de las propuestas económicas del 15-M es una actitud conservadora que merece ser removida y que no debe arraigar en el movimiento. Habría que señalar dos grandes tipos de insuficiencias generales de muy diferente alcance, significado y posibilidades de arreglo.

Primera insuficiencia. Falta un relato que permita señalar, diferenciar y analizar dos procesos que están en el origen de los problemas específicos que presenta y debe superar la economía española (tanto respecto a su estructura productiva como al modelo de crecimiento) para salir de su particular crisis (asociada a la crisis global, pero con un alto grado de autonomía en sus rasgos específicos). Por una parte, el largo proceso de inserción de la economía española en el mercado único y en la eurozona que se intensificó a partir de la segunda mitad de la última década del pasado siglo y ha tenido impactos de enorme importancia en la estructura de la economía española y en la intensificación de sus desequilibrios macroeconómicos. Y por otra, a partir de los primeros meses de 2010, la nefasta gestión que han realizado los líderes europeos y las instituciones comunitarias de la crisis de la deuda soberana de los países periféricos de la eurozona, ocultando y negando la situación de insolvencia de algunos Estados miembros y las debilidades institucionales de la UE que exigen reformas sustanciales y una gestión muy diferente a la que se ha hecho de los problemas de la deuda soberana.

Sin conectar las reivindicaciones económicas del 15-M con ese relato resulta difícil, si no imposible, entender los problemas que deben afrontarse y sus posibles soluciones. La importancia, por ejemplo, de modernizar la estructura productiva de la economía española, revertir el proceso de desindustrialización y sustituir las especializaciones basadas en el ladrillo y los servicios de bajo valor añadido y escasa cualificación laboral que están en la base de los déficit por cuenta corriente y del colosal endeudamiento de los agentes económicos privados que han sustentado el diferencial de crecimiento de la economía española desde 1994 a 2007. Y no digamos, del problema clave que supone el tipo de gobernanza económica que han impuesto los líderes europeos y que pretende reforzar las sanciones y la insolidaridad con los socios más débiles sin abordar las incoherencias institucionales que ha revelado la crisis y que están prolongando y profundizando el estancamiento de las economías periféricas de la eurozona y ponen en peligro el propio proceso de construcción de la unidad europea.

Y segunda insuficiencia. Se detectan muchas ausencias relevantes en la, por otra parte, muy extensa lista de reivindicaciones económicas que el 15-M ha puesto sobre el tapete. Señalar estas ausencias permite constatar el inevitable grado de arbitrariedad que acompaña a cualquier decisión de establecer una tabla de reivindicaciones: se pierden planteamientos y propuestas que pueden tener mayor importancia que otras que aparecen o mayor arraigo social y relevancia económica que las que se han recogido. Un incompleto inventario de algunos de los temas ausentes permite percibir la importancia de este problema:

– Convendría remarcar aún más que nos encontramos en una situación de emergencia social que exige, por razones de eficiencia económica y justicia social, que el poder político se responsabilice realmente de la tarea de proteger al conjunto de la ciudadanía y ofrecer empleos y rentas suficientes a la población.

– La defensa de la calidad de los bienes públicos implica la denuncia de las políticas de recorte del Estado de Bienestar y, en paralelo, de las medidas que favorecen la entrada de empresas e intereses privados en la oferta de bienes públicos (educación y sanidad) o la privatización de empresas públicas rentables (la intentona de entregar a intereses privados el Canal de Isabel II de Madrid es el ejemplo más actual y emblemático)

– Impulso de una modernización del aparato productivo que favorezca la reindustrialización y los imprescindibles cambios de las especializaciones productivas y el modelo de crecimiento.

– Apoyo a las energías renovables, incremento de la eficiencia energética, penalización del consumo de energías fósiles y rechazo a asumir los riesgos que comporta la energía nuclear. Al tiempo, la preocupación por incentivar la crítica al consumismo y la toma de conciencia de la sociedad sobre el carácter finito de los recursos y las externalidades negativas que generan la producción y el consumo deben formar parte de la actividad reivindicativa cotidiana del movimiento.

– Exigencia de cambios en la gobernanza europea y en la gestión de los problemas de la deuda externa de los países periféricos de la eurozona. Las incoherencias institucionales de la UE deben superarse mediante un reforzamiento del federalismo económico, fiscal y político que comporte mayores dosis de solidaridad y mutualización de los riesgos (como contrapartida a los beneficios que también se comparten)

La enumeración de estas ausencias no pretende su incorporación a un listado interminable de temas o una acumulación ilegible de reivindicaciones que abarque el conjunto de luchas y exigencias populares. La tarea es mucho más peliaguda: construir un discurso y unas propuestas económicas que alimenten y promuevan la ampliación, la toma de conciencia y la solidez del movimiento popular. La elaboración de un pensamiento económico alternativo al dominante y de las medidas y propuestas de política económica y reforma que lo conforman y significan no se resuelve mediante una tabla reivindicativa (por muy corta que sea o por mucho que se alargue). La tarea a emprender es la de generar un pensamiento económico y unas reivindicaciones que puedan enlazar e insertarse en las aspiraciones y exigencias que irán siendo definidas y jerarquizadas por una ciudadanía activa y consciente de sus derechos y necesidades. Al servicio de esa convergencia debe ponerse el trabajo de elaboración de las pretensiones económicas del movimiento 15-M que apenas acaba de iniciarse.

Gabriel Flores | Economista
nuevatribuna.es | Actualizado 19 Julio 2011