Dificultades de legitimación social del pacto
Antonio Anton
25-02-2011
Artículo extraído de www.nuevatribuna.es
Artículo extraído de www.nuevatribuna.es
El pacto social, firmado por Gobierno y representantes de la patronal y los sindicatos, supone un fuerte recorte de las pensiones públicas respecto de los derechos anteriores de los trabajadores, y tiene dificultades de legitimación social ya que la mayoría ciudadana no comparte sus principales medidas.
El Gobierno ha confirmado que el impacto reductor del gasto en pensiones va a ser de 3,5 puntos del PIB, unos 35 mil millones de euros anuales (de hoy), cuando a todos los pensionistas existentes en el sistema se les haya aplicado el recorte aprobado con la reforma, en el año 2050. Lo comunica a través de la Vicepresidenta Salgado en la Comisión del Pacto de Toledo el día 10 de febrero pasado, y sólo una semana después de la firma del pacto social. El gasto público social en pensiones previsto por el Gobierno se situaba entre el 12% y el 13% del PIB en la década de 2030, y según él podía llegar al 16% en el año 2050.
El Gobierno, por tanto, se ratifica en el fuerte recorte que significa este acuerdo en pensiones y echa por tierra la interpretación de los responsables sindicales de que sólo conlleva ligeros retoques y no supone un gran retroceso de derechos para los trabajadores. Ese diagnóstico gubernamental es claro y transparente porque busca un objetivo central para él: ganar la confianza de los mercados financieros y las instituciones de la UE que le exigen continuar con las reformas ‘estructurales’, particularmente, con el recorte del gasto público social. Hay que partir de esa realidad del grave impacto regresivo de su política; reconocerla es el primer paso para cambiarla. La confrontación aquí es con la decisión de aplicarla y los argumentos que intentan justificarla, basados en la necesidad de la disminución de la intensidad protectora pública, la austeridad para las capas populares y el retroceso de sus derechos sociolaborales.
Por tanto, la respuesta general de todas las instancias –Gobierno, UE, mercados…- es que la reforma del sistema de pensiones es una reducción del gasto público social previsto, una merma de derechos, y el debate se traslada a su dimensión y a las dificultades para su legitimación social: el contenido principal del acuerdo es malo o regresivo y así es percibido por dos tercios de la ciudadanía española (ver encuesta de Demoscopia, El País, 6-2-2011).
En vez de procurar la suficiencia del sistema mejorando sus ingresos se opta por reducir el gasto público previsto, con un recorte medio de la cuantía mensual de la pensión de jubilación de un 20%, respecto de los derechos anteriores. A ello hay que añadir la mayor penalidad, para la mayoría, al tener que prolongar la edad de jubilación dos años más, hasta los 67 (o cotizar dos años más hasta los 37), disminuyendo un 10% del importe total a percibir durante la vida.
Por tanto, es el propio Gobierno, junto con los mercados financieros y las instituciones europeas e internacionales, el que confirma el impacto real del recorte de las pensiones en aras de su objetivo central: conseguir ‘confianza’ de los mercados financieros y la UE mediante una política restrictiva del gasto público social a corto, medio y largo plazo. La explicación institucional y mediática se centra en la necesidad de la austeridad del gasto público y la interpretación de su bondad para los trabajadores se queda sin credibilidad social. Y se amplía el problema de la legitimación social de esta política.
Los recortes en los derechos de las pensiones públicas futuras son una realidad evidente, buscada por los gobiernos de la UE para contentar a los mercados financieros y como estrategia fundamental para la gestión conservadora de la crisis; ese objetivo y ese resultado son compartidos por los grandes poderes económicos e institucionales. Es normal que la mayoría de la sociedad, de la gente trabajadora y el electorado del propio PSOE, muestren su disconformidad con esas medidas y las considere negativas. La existencia de una amplia conciencia social sobre su carácter regresivo e injusto dificulta la legitimación social del acuerdo. Aquí hay dos intereses diferentes: El Gobierno prioriza su justificación ante los mercados y la UE, destacando la profundidad del recorte en pensiones para conseguir su confianza; los dirigentes sindicales lo deben explicar ante sus bases sociales, negando ese impacto regresivo, para frenar su desafección o descontento. En la opinión de la sociedad ha calado más la primera idea no solo por el mayor peso de su aparato mediático sino porque transmiten la evidencia de esa política liberal-conservadora y el alcance real del acuerdo: merma de derechos sociolaborales, sacrificios para las capas populares.
La comparación del contenido del acuerdo se debe hacer respecto del plan gubernamental inicial. Existen diversos agentes que todavía persiguen un mayor retroceso de la protección social pública e incluso su desmantelamiento y total privatización. Pero lo dominante en la Unión Europea, a corto y medio plazo, es una reestructuración ‘regresiva’ del Estado de bienestar: ‘debilitamiento’ del sistema público de protección social, ‘disminución’ de su intensidad protectora, ‘fortalecimiento’ de la privatización parcial (para capas acomodadas), y ‘asistencialización’ con prestaciones y derechos mínimos para la ciudanía vulnerable. La referencia es la reforma alemana, cuya estela ha seguido el Gobierno de Zapatero. La reforma de pensiones acordada no es peor que el plan gubernamental inicial, o es menos mala que las propuestas por otros sectores neoliberales (desde FEDEA hasta la OCDE) que han tratado de endurecerla. Pero no se puede decir que el acuerdo es un éxito porque ha evitado el desmantelamiento del sistema público de pensiones que sólo unos pocos, aunque poderosos, pedían ya.
El plan gubernamental (y la tendencia dominante del poder económico y la UE) era imponer un fuerte recorte del sistema público, una cuarta parte del mismo, imprescindible para mantener la misma intensidad protectora. Y es lo que ha conseguido. Los cambios introducidos han supuesto, fundamentalmente, un reparto de la reducción entre diferentes segmentos de trabajadores, con una rebaja menor para unos y un recorte adicional para otros. O sea, aparte de otros componentes menores, los negociadores sindicales han conseguido suavizar un aspecto significativo (65 años de edad + 38,5 años de cotización) y no han evitado que el Gobierno endurezca otro (de 35 a 37 años de cotización).
El objetivo central del Gobierno es la fuerte reducción del gasto en pensiones y se hace por las dos vías: recortar la cuantía mensual (a través de mayores penalizaciones cuando no se llegan a las dos condiciones de 67+37 años o bien 65+38,5), y rebajar el importe total a cobrar por el pensionista al disminuir dos años de percepción.
En definitiva, los negociadores sindicales han conseguido suavizar un aspecto significativo planteado por el Gobierno pero, al mismo tiempo, no han evitado el endurecimiento de otro elemento relevante. El primero afecta al 20% de trabajadores a los que no se les imponen esos 15 puntos de penalización por no llegar a los 67 años (aunque deben reunir tres años y medio más de cotización y se les reduce la pensión, como a los demás, un 7% por la ampliación del periodo de cómputo). Es un limitado avance respecto del objetivo central de los sindicatos (67 años NO) apoyado por la mayoría social y que ha constituido un eje fundamental (junto con la reforma laboral y los planes de ajuste) de la batalla sociopolítica de todo el año 2010, desde las grandes manifestaciones de hace un año hasta la huelga general del 29-S. El segundo perjudica al 80% restante con 4,56 puntos más de penalización si no incrementan dos años su cotización, al poner la referencia en 37 años en vez de 35. Es un retroceso importante, particularmente lesivo para las nuevas generaciones con dificultad para alcanzar ese tope de cotización. Consideradas las dos medidas el recorte global se queda como estaba, el resultado de ese reparto distinto no suaviza el plan gubernamental inicial. Un segmento minoritario tiene una desventaja relativa menor de la prevista y otro segmento mayoritario sufre un retroceso mayor del esperado. Tener en cuenta esa realidad es imprescindible para evaluar la gestión sindical de este pacto: no han frenado el plan gubernamental, no han conseguido un acuerdo equilibrado, sino que han repartido el fuerte recorte de forma diferente. Por otro lado, otros componentes del pacto –plan de empleo juvenil, políticas activas de empleo, reforma de la negociación colectiva…- no reequilibran su carácter regresivo.
En conclusión, este acuerdo social es negativo y tiene un impacto regresivo en el sistema de protección social; el recorte de derechos es muy grave aunque es desigual su distribución. Debilita el sistema público de pensiones, disminuye su intensidad protectora y favorece la salida de las capas acomodadas hacia fondos privados. Este pacto social de pensiones consolida la política socioeconómica dominante liberal-conservadora; no mejora las condiciones para promover una salida progresista a la crisis, defender el modelo social europeo, fortalecer la protección social y cambiar el modelo productivo. No sirve para avanzar en las propuestas generales manifestadas por los sindicatos de defender los derechos sociolaborales y fortalecer el Estado social y de bienestar, y tampoco garantiza la reactivación económica y del empleo.
Todo ello conforma las grandes dificultades para su legitimación entre las clases populares y la ciudadanía.
Antonio Antón | Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
El Gobierno ha confirmado que el impacto reductor del gasto en pensiones va a ser de 3,5 puntos del PIB, unos 35 mil millones de euros anuales (de hoy), cuando a todos los pensionistas existentes en el sistema se les haya aplicado el recorte aprobado con la reforma, en el año 2050. Lo comunica a través de la Vicepresidenta Salgado en la Comisión del Pacto de Toledo el día 10 de febrero pasado, y sólo una semana después de la firma del pacto social. El gasto público social en pensiones previsto por el Gobierno se situaba entre el 12% y el 13% del PIB en la década de 2030, y según él podía llegar al 16% en el año 2050.
El Gobierno, por tanto, se ratifica en el fuerte recorte que significa este acuerdo en pensiones y echa por tierra la interpretación de los responsables sindicales de que sólo conlleva ligeros retoques y no supone un gran retroceso de derechos para los trabajadores. Ese diagnóstico gubernamental es claro y transparente porque busca un objetivo central para él: ganar la confianza de los mercados financieros y las instituciones de la UE que le exigen continuar con las reformas ‘estructurales’, particularmente, con el recorte del gasto público social. Hay que partir de esa realidad del grave impacto regresivo de su política; reconocerla es el primer paso para cambiarla. La confrontación aquí es con la decisión de aplicarla y los argumentos que intentan justificarla, basados en la necesidad de la disminución de la intensidad protectora pública, la austeridad para las capas populares y el retroceso de sus derechos sociolaborales.
Por tanto, la respuesta general de todas las instancias –Gobierno, UE, mercados…- es que la reforma del sistema de pensiones es una reducción del gasto público social previsto, una merma de derechos, y el debate se traslada a su dimensión y a las dificultades para su legitimación social: el contenido principal del acuerdo es malo o regresivo y así es percibido por dos tercios de la ciudadanía española (ver encuesta de Demoscopia, El País, 6-2-2011).
En vez de procurar la suficiencia del sistema mejorando sus ingresos se opta por reducir el gasto público previsto, con un recorte medio de la cuantía mensual de la pensión de jubilación de un 20%, respecto de los derechos anteriores. A ello hay que añadir la mayor penalidad, para la mayoría, al tener que prolongar la edad de jubilación dos años más, hasta los 67 (o cotizar dos años más hasta los 37), disminuyendo un 10% del importe total a percibir durante la vida.
Por tanto, es el propio Gobierno, junto con los mercados financieros y las instituciones europeas e internacionales, el que confirma el impacto real del recorte de las pensiones en aras de su objetivo central: conseguir ‘confianza’ de los mercados financieros y la UE mediante una política restrictiva del gasto público social a corto, medio y largo plazo. La explicación institucional y mediática se centra en la necesidad de la austeridad del gasto público y la interpretación de su bondad para los trabajadores se queda sin credibilidad social. Y se amplía el problema de la legitimación social de esta política.
Los recortes en los derechos de las pensiones públicas futuras son una realidad evidente, buscada por los gobiernos de la UE para contentar a los mercados financieros y como estrategia fundamental para la gestión conservadora de la crisis; ese objetivo y ese resultado son compartidos por los grandes poderes económicos e institucionales. Es normal que la mayoría de la sociedad, de la gente trabajadora y el electorado del propio PSOE, muestren su disconformidad con esas medidas y las considere negativas. La existencia de una amplia conciencia social sobre su carácter regresivo e injusto dificulta la legitimación social del acuerdo. Aquí hay dos intereses diferentes: El Gobierno prioriza su justificación ante los mercados y la UE, destacando la profundidad del recorte en pensiones para conseguir su confianza; los dirigentes sindicales lo deben explicar ante sus bases sociales, negando ese impacto regresivo, para frenar su desafección o descontento. En la opinión de la sociedad ha calado más la primera idea no solo por el mayor peso de su aparato mediático sino porque transmiten la evidencia de esa política liberal-conservadora y el alcance real del acuerdo: merma de derechos sociolaborales, sacrificios para las capas populares.
La comparación del contenido del acuerdo se debe hacer respecto del plan gubernamental inicial. Existen diversos agentes que todavía persiguen un mayor retroceso de la protección social pública e incluso su desmantelamiento y total privatización. Pero lo dominante en la Unión Europea, a corto y medio plazo, es una reestructuración ‘regresiva’ del Estado de bienestar: ‘debilitamiento’ del sistema público de protección social, ‘disminución’ de su intensidad protectora, ‘fortalecimiento’ de la privatización parcial (para capas acomodadas), y ‘asistencialización’ con prestaciones y derechos mínimos para la ciudanía vulnerable. La referencia es la reforma alemana, cuya estela ha seguido el Gobierno de Zapatero. La reforma de pensiones acordada no es peor que el plan gubernamental inicial, o es menos mala que las propuestas por otros sectores neoliberales (desde FEDEA hasta la OCDE) que han tratado de endurecerla. Pero no se puede decir que el acuerdo es un éxito porque ha evitado el desmantelamiento del sistema público de pensiones que sólo unos pocos, aunque poderosos, pedían ya.
El plan gubernamental (y la tendencia dominante del poder económico y la UE) era imponer un fuerte recorte del sistema público, una cuarta parte del mismo, imprescindible para mantener la misma intensidad protectora. Y es lo que ha conseguido. Los cambios introducidos han supuesto, fundamentalmente, un reparto de la reducción entre diferentes segmentos de trabajadores, con una rebaja menor para unos y un recorte adicional para otros. O sea, aparte de otros componentes menores, los negociadores sindicales han conseguido suavizar un aspecto significativo (65 años de edad + 38,5 años de cotización) y no han evitado que el Gobierno endurezca otro (de 35 a 37 años de cotización).
El objetivo central del Gobierno es la fuerte reducción del gasto en pensiones y se hace por las dos vías: recortar la cuantía mensual (a través de mayores penalizaciones cuando no se llegan a las dos condiciones de 67+37 años o bien 65+38,5), y rebajar el importe total a cobrar por el pensionista al disminuir dos años de percepción.
En definitiva, los negociadores sindicales han conseguido suavizar un aspecto significativo planteado por el Gobierno pero, al mismo tiempo, no han evitado el endurecimiento de otro elemento relevante. El primero afecta al 20% de trabajadores a los que no se les imponen esos 15 puntos de penalización por no llegar a los 67 años (aunque deben reunir tres años y medio más de cotización y se les reduce la pensión, como a los demás, un 7% por la ampliación del periodo de cómputo). Es un limitado avance respecto del objetivo central de los sindicatos (67 años NO) apoyado por la mayoría social y que ha constituido un eje fundamental (junto con la reforma laboral y los planes de ajuste) de la batalla sociopolítica de todo el año 2010, desde las grandes manifestaciones de hace un año hasta la huelga general del 29-S. El segundo perjudica al 80% restante con 4,56 puntos más de penalización si no incrementan dos años su cotización, al poner la referencia en 37 años en vez de 35. Es un retroceso importante, particularmente lesivo para las nuevas generaciones con dificultad para alcanzar ese tope de cotización. Consideradas las dos medidas el recorte global se queda como estaba, el resultado de ese reparto distinto no suaviza el plan gubernamental inicial. Un segmento minoritario tiene una desventaja relativa menor de la prevista y otro segmento mayoritario sufre un retroceso mayor del esperado. Tener en cuenta esa realidad es imprescindible para evaluar la gestión sindical de este pacto: no han frenado el plan gubernamental, no han conseguido un acuerdo equilibrado, sino que han repartido el fuerte recorte de forma diferente. Por otro lado, otros componentes del pacto –plan de empleo juvenil, políticas activas de empleo, reforma de la negociación colectiva…- no reequilibran su carácter regresivo.
En conclusión, este acuerdo social es negativo y tiene un impacto regresivo en el sistema de protección social; el recorte de derechos es muy grave aunque es desigual su distribución. Debilita el sistema público de pensiones, disminuye su intensidad protectora y favorece la salida de las capas acomodadas hacia fondos privados. Este pacto social de pensiones consolida la política socioeconómica dominante liberal-conservadora; no mejora las condiciones para promover una salida progresista a la crisis, defender el modelo social europeo, fortalecer la protección social y cambiar el modelo productivo. No sirve para avanzar en las propuestas generales manifestadas por los sindicatos de defender los derechos sociolaborales y fortalecer el Estado social y de bienestar, y tampoco garantiza la reactivación económica y del empleo.
Todo ello conforma las grandes dificultades para su legitimación entre las clases populares y la ciudadanía.
Antonio Antón | Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
PAMPLONA: ESTAFETA 61-2º DCHA 
T: 948 220 051 NAFARROA@SOLIDARI.ES TUDELA: PRINCIPE DE VIANA, 3-1º T: 948 825 857 TUDELA@SOLIDARI.ES
T: 948 220 051 NAFARROA@SOLIDARI.ES TUDELA: PRINCIPE DE VIANA, 3-1º T: 948 825 857 TUDELA@SOLIDARI.ES