Artículo extraído de PAH Casco Viejo
Las políticas sociales benefician a toda la sociedad navarra
Estos días hemos visto a UPN abriendo debate sobre la inversión en la Renta Garantizada. Parecía perseguir desgastar al Gobierno del cambio a costa de cualquier cosa.
La grave crisis sufrida durante años ha dejado más pobres y distintos, ello apremia, no a la confrontación política, sino a un consenso social y político global, donde reflexionemos en torno a los beneficios de vivir en una sociedad cohesionada y de progreso, como se pretende que sea la sociedad navarra.
La OCDE en un estudio reciente nos dibuja este panorama: alerta de que la pobreza ha crecido “por la falta de empleo de calidad” y que los niños han sido los más perjudicados: su riesgo de pobreza entre 2005 y 2015 pasó del 29% al 34%.
Que hay creación de empleo, pero es precario y con mucha rotación laboral, y el riesgo de pobreza relacionado con el mercado de trabajo aumenta”.
Que el 63% de los extranjeros de fuera de la UE (Navarra cuenta con un 13,5%) están en riesgo de pobreza o exclusión. Lo mismo que el 37% de los parados y un tercio de las personas con menos estudios. También hay diferencias por territorios. En Andalucía la población en riesgo de pobreza o exclusión es el 36% y en Murcia el 31%. En el País Vasco son el 11% y en Navarra el 10%.
Hay bolsas importantes en forma de pobreza relativa: incluyen personas con ingresos familiares por debajo del 60% de la media (por ejemplo, una madre soltera que ingrese menos de 10.400 euros netos al año o una persona que vive sola y gana menos de 8.010 euros anuales). La segunda condición señala hogares donde falta empleo, porque sus miembros en edad de trabajar pasan temporadas desempleadas o con media jornada”.
La Renta Garantizada sostiene familias dando respuesta a sus necesidades alimenticias y de orden básico en vivienda, electricidad, ropa… La sociedad está cambiando y no parece descabellado decir que la precariedad, los empleos por horas, los contratos por días, el compaginar dos horas aquí y tres allá, los salarios de 700 u 800€ mensuales, nos van a acompañar mucho tiempo.
Y estas situaciones las viven personas de nuestra vecindad, hijas de nuestros amigos o el padre de nuestro compañero de trabajo o aquel electricista que quebró con su taller y a quién el Banco remató quitándole su casa, no solo las vive la gente inmigrante, como a veces con intención perversa se suele decir. Las personas inmigrantes no tienen normalmente “colchón familiar”, muchas llevan 10-15-20 años en Navarra, sus hijos e hijas han nacido aquí, con trabajo aportan a la sociedad como cualquiera, pero si les falla el trabajo necesitan la Renta. Solicitan estas ayudas en mayor proporción, pero no olvidemos, son solo el 13,5% de la población navarra. Sinceramente ¿en cuánto podríamos cuantificar el apoyo familiar que recibimos a lo largo de la vida? ¿Cuántas familias sostienen a sus hijos e incluso nietos con una pensión?
No se trata de ocultar ni de obviar debates sobre la Renta Garantizada, quizá se deba mejorar en su Gestión, en no duplicar los trámites administrativos, en no permitir el fraude (aunque las cifras son minúsculas comparadas con el fraude fiscal), en habilitar otras ayudas a la maternidad/paternidad, en multiplicar los servicios a las personas dependientes… pero es tan importante combatir la desigualdad y evitar bolsas de pobreza, que no se debe aprovechar cualquier resquicio para polemizar políticamente. Necesitamos que la inmensa mayoría de la sociedad navarra (encajando a todas las sensibilidades) siga apoyando y legitimando la Renta Garantizada como elemento para cubrir las necesidades de personas mayores, mujeres con niños y personas paradas de larga duración. Es innegable el retorno de estas políticas a la sociedad y su desarrollo evita estigmatizar al colectivo que las percibe y marca el grado de dignidad de la sociedad. Genera mucho más coste las consecuencias de la exclusión, la desestructuración, la salud mental y física, el acogimiento de menores, las personas sin techo…
Seguramente sería mejor que las políticas sociales que buscan asegurar un mínimo de bienestar nacieran de todos los ámbitos y la Renta Garantizada no fuera el Cajón de Sastre que tiene que hacer frente a todo. Generar empleo, incluso empleo social comunitario (por cierto, la gente está harta de cursos de formación y prefiere contrato de trabajo), generar vivienda de alquiler social y evitar el desahucio de la vivienda en primera residencia (le recordamos a UPN, que no fue ajeno al recurso que interpuso el PP a la Ley Navarra que evitaba los desahucios sin alternativa habitacional, que ello ha supuesto que éstas, nuestras viviendas, estén en manos de los Bancos, en sus inmobiliarias, esperando el negocio y la especulación, y nosotros en la calle, en casa de familiares o viviendo hacinados en habitación realquilada), atender los servicios y ayudas necesarias para las personas dependientes (aquí hay miles de puestos de trabajo)…. estas políticas sociales deben ser motivo de consenso pues hablamos de ciudadanía y de derechos, de igualdad y de bienestar, de equipararnos a otros países europeos…
En los últimos años el impacto de las políticas de austeridad sobre las personas más pobres ha sido brutal. El trabajo, en muchos casos, no nos saca de pobres, ya no evita ni la precariedad ni caer en la exclusión social. Es corrosivo. Una sociedad cohesionada y prospera debe cuidar del bienestar de su ciudadanía, porque el perfil de la pobreza ha cambiado. Nunca antes pensamos que la actual generación iba a vivir peor que la anterior, y esa es la realidad.
Hacen trampa. Que UPN airee los costes de la Renta Garantizada y no hable de los miles de desahucios de vivienda ejecutados, de las miles de personas jóvenes que están emigrando en busca de trabajo, de los altísimos niveles de paro, de que solo el 50% cobra algún subsidio, de que mientras, las derechas optaron por salvar a la Banca, por desviar dinero público a arcas privadas de partido a manos llenas, por hacer la vista gorda al fraude fiscal y permitir que las grandes fortunas muevan su dinero a través de sociedades anónimas de la Sicav y tributen menos de un 1%, por ofrecer una amnistía fiscal en lugar de una sanción a 3000 españoles que tenían cuentas en la sucursal suiza HSBC por un valor de 6.000 millones de euros, lo que supuso dejar de ingresar entre 4.100 y 7.500 millones de euros, que bien podrían haber servido para políticas sociales. UPN ha apoyado estas medidas del PP, son partidos hermanos.
Hoy somos muchas las gentes que defendemos destinar a prestaciones sociales nuestros impuestos, sostener un estado de bienestar y los derechos de ciudadanía, porque frente a voces de la ultraderecha europea hay que mostrar una realidad incuestionable y es lo tremendamente injusto que ha sido cargar los costes de la crisis sobre las personas trabajadoras más pobres, mientras se daba cancha a los ricos y se rescataba a la banca. O el desarrollo es para todas y todos, o no es desarrollo si no incremento de la desigualdad.
Tere González Imaz (15.911.719C), miembro de la Plataforma Personas Afectadas por Hipoteca y Desahucios de Alquiler de Casco Viejo y de Apoyo Mutuo.
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