Artículo extraído de FORO GOGOA
XAVIER CASANOVAS
“Una reforma fiscal sólo funcionará si la sociedad se la cree y la demanda”
- “La Comisión Europea pretende la unidad fiscal, pero los gobiernos de los estados no quieren ceder soberanía”
- “El sistema fiscal de nuestro país es injusto e inconstitucional. Urge su reforma”
- “Hay que aumentar el ingreso público, ahora 8 puntos menos que la media de la zona euro”
- “Europa deberá decrecer, porque su modelo de vida no es universalizable. Pero ¿eso incrementará la desigualdad, o se hará mediante una sobriedad y solidaridad compartidas?
XAVIER CASANOVAS Director de Cristianisme i Justícia, y máster en gestión de empresa, coordina la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria. Ha participado en las últimas ediciones del Foro Social Mundial y colabora en proyectos solidarios relacionados con la inmigración y la economía social. En el Foro Gogoa presentó “Propuestas para una reforma fiscal justa”
Entrevista
Javier Pagola
-La cuestión fiscal está otra vez sobre la mesa. ¿Cuál es el contexto político y social en que ahora se plantea?
-En los últimos años ha habido una muy fuerte regresión en los derechos sociales. El pensamiento y la acción de las organizaciones sociales se ha centrado en una agenda de resistencia contra los recortes en el gasto público, pero ha faltado una actitud propositiva referida al ingreso, cuestión a la que ahora prestan más atención los intelectuales y grupos solidarios y progresistas. Y, cuando se propone hablar de la reforma fiscal, se ponen de frente los que tienen grandes patrimonios y las empresas, pero también una buena parte de la sociedad que ha hecho suya esa idea de que “cuantos menos impuestos mejor” y hasta aquella opinión de José Luis Rodríguez Zapatero, quien llegó a decir que “bajar impuestos es de izquierdas” Esta es ahora la moral fiscal de la ciudadanía.
-¿Cuál es en nuestro país la situación de gastos e ingresos del Estado?
-En algunos ámbitos se debe recortar el gasto: ha habido despilfarro y se ha invertido mucho en infraestructuras innecesarias o inoportunas. También es posible una reforma de la Administración Pública, para aligerarla. Pero el problema que tenemos no sólo es de gastos. Hay un problema real de ingresos. Dos datos clave ayudan a comprenderlo. El primero es que la caída del Producto Interior Bruto de nuestro país entre los años 2007 y 2012 fue de un 3%, una caída muy fuerte; y un país que está en tal decrecimiento económico no puede mejorar su déficit y su deuda. Pero la caída de los Ingresos del Estado en esos años fue mucho mayor y alcanzó un descenso del 12%. El segundo dato es que el gasto público de España en relación a su PIB es ahora de un 43%, estamos 5 puntos por debajo de la media de la zona euro; y los ingresos de nuestra Hacienda son de un 38%, 8 puntos menos. Queda un gran recorrido por hacer, pero ese camino es mucho mayor en lo que hace a los ingresos que al gasto. Hay que equilibrar más la balanza, pero ahora toca poner especialmente el foco en los ingresos.
-¿Qué es posible hacer para mejorar el sistema fiscal?
-Todos los profesores de Hacienda Pública y expertos en cuestiones fiscales están de acuerdo en seis condiciones básicas, técnicas y sociales, que todo sistema fiscal justo debería cumplir. Necesitamos un sistema que tenga suficiencia de recursos para poder prestar servicios, un sistema flexible, adaptable a los diferentes ciclos económicos de expansión o recesión, y que asegure eficiencia económica sin poner impedimentos al mercado. Y, respecto a nuestra percepción social de los impuestos, importan la equidad, de manera que a la igualdad de renta y riqueza le corresponda un tratamiento fiscal igual; la sencillez administrativa, saber por qué conceptos estamos pagando y cómo lo estamos haciendo; y que sea también perceptible por el ciudadano que, a cambio de lo que él está dando, está percibiendo también algo del Estado. Los principios para construir un sistema fiscal justo se complican en el contexto actual de globalización de la economía: los estados han perdido soberanía y es difícil que los ciudadanos decidan democráticamente sobre cuestiones fiscales.
-¿Qué diagnóstico se puede hacer del sistema fiscal español?
-La base de nuestro sistema fiscal está en el artículo 31.1 de la Constitución que dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio” Nadie podría pues escapar del pago de impuestos, y el sistema no sólo ha de ser equitativo, sino progresivo, es decir que quienes más tienen deberían pagar más. Pues bien, yo creo que el sistema fiscal que tenemos en estos momentos es inconstitucional. Es, también, un sistema injusto, porque las sucesivas reformas fiscales han hecho que la contribución fiscal de las clases medias y bajas, sea cada vez mayor: lo que se recauda por IRPF e IVA representa más del 72% del ingreso fiscal total; en cambio la contribución del capital, ha pasado de suponer un 22% en 2007 a representar solo un 13% desde el año 2012. Y eso sucede por la amenaza creciente de marcharse a otros países que hacen las empresas transnacionales. Hay, además, un agravio por el diferente trato que en el IRPF soportan las rentas del trabajo y las rentas del capital. En el Estado el tipo máximo de tributación por rentas de trabajo está fijado en un 45%, mientras que la tributación máxima por rentas de capital es de un 23%. En Navarra, este tipo de tributación es algo más alto.
-¿Hay en nuestro país demasiados incentivos fiscales?
En nuestro país los tipos medios de presión son bastante más altos que los de la media europea, pero las recaudaciones efectivas son bastante más bajas, porque el sistema español está lleno de incentivos fiscales y se asemeja a un gran queso de Gruyere donde la tributación de muchas empresas y personas se escapa por abundantes agujeros. Los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, referidos a 2014, indican que, en la recaudación del IRPF, los beneficios fiscales fueron de un 21%, y que la mayoría de las devoluciones beneficia a las rentas más altas. Y un estudio del Instituto FEDEA, de tendencia liberal, muestra que el 20% de hogares españoles con rentas más bajas y que no pueden ahorrar, soporta, a través de los impuestos al consumo y las cotizaciones sociales, una presión fiscal superior a la que han de pagar el 10% de los hogares más ricos. Este es un dato escandaloso.
-¿Qué efectos tiene la economía sumergida?
-Nuestro país tiene una economía sumergida muy elevada que genera un fraude fiscal equivalente a más que el doble de la media europea. Algunos estudios hablan de que la economía sumergida puede representar entre un 23 y un 25% del PIB de España y eso genera un fraude fiscal anual de más de 80.000 millones de euros. Pero no existe ningún dato oficial y, si al Estado no le interesa hacer diagnósticos sobre la economía sumergida, mucho menos podemos esperar que vaya a buscar soluciones o hacer propuestas.
-¿Qué se sabe del fraude fiscal?
-Estudios de que disponemos, derivados de actuaciones de la Agencia Tributaria, indican que el fraude fiscal anual en nuestro país se sitúa entre los 80.000 y 90.000 millones de euros. Y sabemos que el 72% de este fraude se concentra en grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas.
¿Qué importancia tiene la elusión fiscal?
-Mucho mayor que la del fraude. La elusión fiscal es una evasión de impuestos, ilegítima pero no ilegal, que aprovecha los vacios y resquicios de las leyes y normas para minimizar la factura fiscal. Este modo de actuar no es perseguible legalmente, pero hace que grandes Corporaciones Empresariales acaben pagando un tipo efectivo real de entre el 6 y el 7%, mientras que las Pymes están pagando entre el 12 y el 13%. Las grandes multinacionales pueden establecer sedes en diferentes países, aprovechando, de cada país, aquella regulación fiscal legal que más les interesa.
-En el centro geográfico de la Unión Europea está Suiza, un gran paraíso fiscal ¿Cómo se explica eso?
-Algunos historiadores dicen que los paraísos fiscales surgieron justo al final de la segunda guerra mundial, a la vez que se desarrollaba la mayoría de los sistemas fiscales en Europa y EEUU. Entonces se establecieron unos tipos fiscales brutales, del 60 y 70% de las rentas, para rehacer los países y sus economías. Y surgieron los paraísos fiscales como vías de escape para grandes fortunas. El caso de Suiza respecto a Europa tiene su paralelismo en Norteamérica con el estado de Delaware donde hay muchísima ingeniería fiscal. Y ahora se habla de competencia entre paraísos fiscales. Por ejemplo entre los “papeles de Panamá”, con listas de defraudadores de todo el mundo, no salió ningún nombre de evasores de impuestos estadounidenses, acaso en una operación para atraer inversores a otros espacios de opacidad fiscal.
-¿Por qué no se logra un marco fiscal común en la Unión Europea?
-No hay una autoridad fiscal común para todos los países y el capital corre a sus anchas. En el camino hacia la integración fiscal la Comisión Europea está haciendo lo que puede: acaba de aprobar un plan, el plan BEPS, que pretende unificar las bases impositivas del impuesto de sociedades en todos los países de la Unión con aplicación obligada a partir de 2019, pero la Comisión encuentra fuertes resistencias de los gobiernos de los Estados miembros que, en materia fiscal, no quieren ceder soberanía. Otra iniciativa interesante de la Comisión es el informe Country by country (país por país) que pretende obligar a las empresas que facturan más de 750 millones de euros a dar su información económica desglosada por países (cuántos trabajadores tienen, cuánto facturan, qué beneficios alcanzan y cuántos impuestos pagan en cada país), lo cual produciría mucha mayor transparencia y evitaría el fraude las Haciendas de cada país, porque las empresas transnacionales solo ofrecen ahora datos brutos de sus ejercicios globales consolidados.
¿Podrá Europa seguir siendo un isla de bienestar en el mundo?
La competencia de impuestos y condiciones laborales a la baja se percibe más en nuestro continente, porque la Unión Europea está a la cabeza mundial en prestaciones sociales. Eso plantea un debate: Si, para que los ciudadanos de otros países puedan tener los derechos que aquí hemos alcanzado, Europa debe decrecer, porque el modelo de vida europeo actual no es universalizable. El problema es si ese decrecimiento llega por la desigualdad y el sufrimiento de muchos, o mediante una sobriedad y solidaridad compartida.
-¿Se puede hacer más en la lucha contra el fraude?
-España está infradotada de recursos. Nuestra Agencia Tributaria es una de las más pequeñas de la Unión Europea. Sólo cuenta con unos 21.000 agentes, que, al perseguir el fraude, están consiguiendo recaudar unos 11.000 millones de euros al año. Cada agente consigue recaudar, como promedio, unos 500 mil euros anuales; así que aporta mucho más que su sueldo y sería beneficioso para la comunidad que hubiera más agentes. La Agencia realiza unas 10.000 actuaciones anuales Pero los técnicos de la Agencia Tributaria se quejan de que no se pone el foco sobre los grandes defraudadores. El ministro Montoro ha hecho una cosa bien: crear una oficina de fiscalidad internacional centrada en fortunas y empresas defraudadoras que, con sólo 200 actuaciones anuales, ha conseguido recaudar 360 millones de euros (con sólo un 0,2% de sus actuaciones, la Agencia obtuvo un 3,6% de la recaudación total)
-¿Cuáles serían las propuestas para una reforma fiscal justa?
-Tienen que acabar la inequidad y agravio que existen en el trato fiscal a las rentas del trabajo y a las del capital. Hay que realizar informes económicos sobre el fraude y determinar “el agujero fiscal”, es decir la diferencia entre lo que se debería recaudar y lo que realmente se recauda. Hay que reducir los incentivos fiscales; está demostrado que es mucho más redistributivo el gasto social que los beneficios fiscales. El IRPF debe ser más progresivo: se puede pedir un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas y establecer un trato diferenciado para las más bajas. Debemos seguir la agenda fiscal que proponga la Comisión Europea. Y estudiar mejor los impuestos ambientales, para corregir los efectos ambientales de quienes contaminan, siguiendo el lema “quien contamina, paga”. Pero lo más importante es saber que una reforma fiscal solo funcionará si la sociedad se la cree y la demanda. Europa debe alejarse del modelo neoliberal de la responsabilidad individual y el sálvese quien pueda, al que corresponde una fiscalidad muy barata, y tiene que recuperar su aspiración a que ninguna persona quede en la cuneta y a que, con responsabilidad colectiva y compartida, todos lleguemos juntos a vivir con dignidad. Pero cumplir esta pretensión precisa impuestos y recursos para corregir la injusticia y la desigualdad
-Algunas personas comentan que para qué sirve pagar impuestos, si hay tanta corrupción con el dinero público.
-Hay que ir contra la corrupción, pero hay que combatir también ese discurso que va en contra de la mayoría y de los más débiles de la sociedad. El mal hacer de algunos corruptores y corruptos no nos debe convertir en defraudadores. Tenemos servicios públicos universales, mejores que en muchos países, porque pagamos impuestos.
-En unos pocos años en nuestro país ha habido tres amnistías fiscales. ¿Qué piensa de ellas?
-Una amnistía fiscal genera una fuerte sensación de impunidad. Y los que llevan su dinero fuera llegan a creer que pueden estar tranquilos y que ya llegará, seguramente, un momento en que podrán repatriar sus fondos a muy bajo coste. La amnistía fiscal es una injusticia. La última pedía que se entregara un 10% del dinero llevado al extranjero, pero, por fin, se pidió solo un 10% de las rentas que había generado ese dinero, y se prometió anonimato para los delincuentes. Además la recaudación fue muy baja respecto a lo que se esperaba. Es un agravio brutal, porque no hay ningún impuesto que tenga un gravamen tan bajo como un 10%. Eso no puede ser. Hay que perseguir el fraude, y para eso tenemos leyes.
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