EUROPA PARA LA MAYORÍA, Y NO PARA LAS ELITES

EUROPA PARA LA MAYORÍA,
NO PARA LAS ÉLITES
Cambiar ya el rumbo de la desigualdad y la pobreza en Europa
Europa se enfrenta a unos niveles de pobreza y desigualdad inaceptables. En vez de dar prioridad a las personas, la toma de decisiones políticas está cada vez más influida por las élites ricas que las manipulan para su propio beneficio, lo cual agrava la pobreza y la desigualdad económica y erosiona sustancialmente y de forma continuada las instituciones democráticas. Las medidas de austeridad y los injustos sistemas fiscales europeos tienden a favorecer los intereses particulares de los poderosos. Es hora de cambiar el curso de la pobreza y la desigualdad en Europa, anteponiendo a las personas frente a todo lo demás.

Profesora Stephany Griffith-Jones, Universidad de Columbia
Para promover el crecimiento económico y poner fin a las nefastas
consecuencias que ha sufrido el conjunto de la ciudadanía, también los
más pobres, es necesario reevaluar y corregir las políticas adoptadas
por la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica mundial. El
diagnóstico de Oxfam es correcto: los niveles de pobreza y desigualdad
en Europa, agravados por la crisis económica y las medidas de
austeridad, son inaceptables.

Es hora de que se adopten medidas a
escala europea con el objetivo de promover la recuperación de la
inversión y el empleo, así como de cicatrizar las heridas abiertas por la
pérdida masiva de puestos de trabajo, la reducción de los salarios reales
y los recortes en los servicios públicos, especialmente en países como
Grecia, España y Portugal, pero también en el conjunto de Europa.
Son necesarias políticas fiscales más expansivas en toda la Unión
Europea, y sobre todo en países como Alemania y Holanda, que cuentan
con grandes superávit por cuenta corriente cuyos costes por intereses
son muy reducidos.

La reducción del coste de servicio de la deuda de los
países con problemas económicos, el incremento de la recaudación
fiscal, con especial hincapié en el gravamen sobre las personas y
empresas más ricas, y poner fin a la evasión y la elusión fiscal son
medidas que facilitarían, al menos en parte, la consecución de este
objetivo. Por otro lado, iniciativas como el Plan Junker (que esperemos
se amplíe), deberían estimular la inversión en toda la Unión Europea, a
fin de favorecer el crecimiento y la transformación estructural necesarios
para mejorar el nivel de vida de la población.

Una de las principales lecciones de la experiencia latinoamericana es que si las
políticas de austeridad no van acompañadas de una reducción
de la deuda en el momento oportuno, pueden dar lugar tanto a graves
recesiones, como a costes de transferencia de los acreedores a los
deudores y de los acreedores privados a los actores públicos, ya que los
préstamos oficiales terminan financiando el servicio de la deuda. Europa
no ha tenido en cuenta estas lecciones, con la excepción de la
reestructuración de la deuda griega, que para muchos ha sido
insuficiente y algo tardía. Sin embargo, existe un creciente
reconocimiento de los verdaderos costes de las políticas de ajuste.

En un momento en el que muchos Gobiernos europeos deben hacer
frente a elevados niveles de déficit, en parte debido al rescate del sector
financiero, parece razonable esperar que dicho sector no sólo contribuya
a hacer cuadrar las cuentas, sino que adopte medidas que ayuden a
reducir la probabilidad de que se produzcan futuras crisis y, quizá con
mayor urgencia, que contribuya a financiar medidas que promuevan el
crecimiento en Europa. Para cientos de economistas, está claramente
demostrado que la tasa a las transacciones financieras (TTF) contribuiría a fortalecer las finanzas públicas de las naciones europeas, además de
reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas crisis y de ofrecer
una nueva fuente de financiación para el crecimiento europeo. Una parte
considerable de los ingresos obtenidos a través de la TTF podría
asignarse a financiar soluciones para algunos de los problemas
internacionales más complejos del mundo, como la pobreza y el cambio
climático.

Este magnífico informe de Oxfam ofrece no sólo un excelente diagnóstico de los problemas existentes, sino, lo que es más importante,
un valioso abanico de soluciones políticas, incluyendo la promoción de
un crecimiento inclusivo y la introducción de impuestos como la TTF.
No hay tiempo que perder, ¡hay que aplicar estas medidas ya!

Isabel Ortiz, directora de Protección Social en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas
Durante mucho tiempo, Europa se ha sentido orgullosa de su modelo
social. Los logros del modelo social europeo redujeron drásticamente la
pobreza y fomentaron la prosperidad en el periodo posterior a la
Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, estos importantes logros se han visto erosionados durante
la crisis por una serie de reformas de ajuste a corto plazo. Los efectos
acumulados del desempleo y la austeridad han provocado el
recrudecimiento de la pobreza en Europa y la pérdida de bienestar para
las clases medias.

Como pone de manifiesto el presente informe de
Oxfam, actualmente en la próspera Unión Europea 123 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza; una cuarta parte de la
población de la Unión Europea, frente a los 116 millones de 2008.
Estas cifras han suscitado preocupación en toda Europa. ¿Qué ha
pasado con el modelo social europeo? La utilización de ingentes
cantidades de recursos públicos para rescatar a instituciones privadas
consideradas “demasiado grandes para caer” ha obligado a los
contribuyentes a asumir las pérdidas, además de generar un incremento
de la deuda soberana y, en último término, obstaculizar el crecimiento
económico.

Desde 2010, el coste de los ajustes ha recaído sobre las
poblaciones, que además han tenido que hacer frente a la disminución
del empleo y de los ingresos durante más de cinco años. Además, las
estimaciones de Oxfam prevén que, si las políticas de austeridad se
mantienen, en 2025 entre 15 y 25 millones de personas más tendrán que
enfrentarse a la perspectiva de vivir en situación de pobreza.
La pobreza en el seno de la Unión Europea no es una cuestión de
escasez en época de crisis, sino un problema de distribución de la
riqueza, como explica este informe. Credit Suisse estima que el 1% más
rico de los europeos (incluyendo a los países que no forman parte de la Unión Europea) poseen más de un tercio de la riqueza de la región.
El incremento de la pobreza y la desigualdad también es consecuencia
de la aplicación de políticas públicas poco adecuadas para un momento
de recesión, reduciendo las trasferencias de la seguridad social,
limitando el acceso a servicios públicos de calidad, dando prioridad a los
saldos presupuestarios frente al empleo digno y debilitando la
negociación colectiva, el diálogo social y, en último término, las
democracias. El concepto de acceso universal a unas condiciones de
vida dignas para todos los ciudadanos y ciudadanas, aceptado durante
mucho tiempo, está ahora en juego.

Como señala Oxfam en el presente informe, es urgente y necesario
fortalecer las democracias, reorientar las políticas públicas en favor de
las personas, y generar la capacidad fiscal suficiente como para hacerlo:
reasignando las prioridades del gasto público, incrementando la
recaudación fiscal y las transferencias, luchando contra los flujos
financieros ilícitos, gestionando la deuda y adoptando marcos
macroeconómicos que apoyen la inversión, el crecimiento y el empleo
digno, a fin de alcanzar la justicia social y una prosperidad duradera para
todas las personas.
RESUMEN
En 2015, la población europea está sufriendo unos niveles inaceptables
de pobreza y desigualdad. Los países europeos se jactan de ser
democracias estables que protegen a sus ciudadanos, pero la Unión
Europea se enfrenta a niveles de pobreza y exclusión que la mayoría
consideraría inaceptables en el siglo XXI. En el seno de las prósperas
naciones de la Unión Europea, 123 millones de personas se encuentran
en riesgo de pobreza o exclusión social, lo cual supone una cuarta parte
de la población, mientras que casi 50 millones de personas sufren
severas privaciones materiales, ya que carecen de dinero suficiente para
pagar la calefacción de sus viviendas o hacer frente a gastos
imprevistos.

Cuadro 1. AROPE (tasa de riesgo de pobreza y exclusión social): un
indicador para la medición de la pobreza en la Unión Europea
En la Unión Europea, la pobreza se mide utilizando el indicador AROPE.
Este indicador se refiere a la situación de la población que está en riesgo
de pobreza,1 sufre severas privaciones materiales2 o vive en un hogar con
una intensidad laboral muy baja.3 La tasa AROPE es el porcentaje de la
población total que se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión
social. Se trata de una medida relativa que depende de las condiciones de
vida concretas de cada país.
Fuente: Eurostat4

En los últimos años, un gran número de países de la Unión Europea han
experimentado un incremento en el número de personas que viven por
debajo del umbral de la pobreza. Entre 2009 y 2013, en los 27 países de
la Unión Europea, 7,5 millones de personas más han pasado a formar
parte de la población que padece privaciones materiales severas,
registrándose un incremento en 19 países. En muchos países el paro
sigue siendo muy elevado, e incluso los afortunados que tienen un
empleo han visto cómo sus ingresos se estancan o se reducen hasta
convertirse en salarios de miseria. Las mujeres, los jóvenes y los
inmigrantes son los colectivos con más probabilidades de vivir en
situación de pobreza.

La pobreza en la Unión Europea no es un problema de escasez, sino de
distribución de los recursos (renta y riqueza). Credit Suisse calcula que
el 1% más rico de los europeos (incluyendo a los países que no son
miembros de la Unión Europea) posee casi un tercio de la riqueza del
continente, mientras que el 40% más pobre de la población comparte
menos del 1% del total de la riqueza neta en Europa. Dicho de otro
modo: los siete millones de personas más ricas de Europa poseen la
misma riqueza que los 662 millones más pobres (incluyendo a los países
que no forman parte de la Unión Europea).

Son varias las dinámicas que están incrementando en nivel de
desigualdad y pobreza en la Unión Europea.

En primer lugar, los ciudadanos ricos, las empresas y los grupos de
interés han secuestrado los procesos de toma de decisiones políticas,
manipulándolos para que favorezcan sus intereses, en detrimento de
aquellos a quienes estos procesos deberían servir. Esto genera mayores
niveles de desigualdad económica, ya que los sistemas fiscales y las
políticas gubernamentales están diseñados para beneficiar a las élites,
en detrimento de la mayoría de la población. A su vez, a medida que la
riqueza sigue acumulándose en manos de los más ricos, la capacidad de
estas élites para ejercer una influencia desproporcionada sobre las leyes
agrava a su vez la desigualdad. Este círculo vicioso de concentración de
la riqueza, abuso de poder y abandono de la ciudadanía repercute
negativamente en el crecimiento económico, la estabilidad social y la
democracia, así como en la exclusión y la pobreza.

En segundo lugar, los programas de austeridad aplicados en algunos
países de la Unión Europea han hecho que la responsabilidad de reducir
el déficit público recaiga enteramente en la población pobre y vulnerable,
y están teniendo un grave impacto sobre las sociedades europeas. Estos
programas incluyen políticas que incrementan la fiscalidad regresiva,
recortan el gasto público, privatizan los servicios públicos, hunden los
salarios y deterioran las condiciones laborales.

En tercer lugar, en muchos países de la Unión Europea los injustos
sistemas fiscales no sólo no corrigen las desigualdades de renta sino
que, lo que es peor, en realidad están contribuyendo a incrementar la
brecha de desigualdad. Estos sistemas fiscales tienden
sistemáticamente a gravar en mayor medida el trabajo y el consumo que
el capital, lo cual permite tanto a las personas con ingresos elevados
como a los ciudadanos ricos y a las empresas más lucrativas eludir en
gran medida sus obligaciones fiscales, e impone el peso del esfuerzo
fiscal sobre los ciudadanos de a pie. Al mismo tiempo, se estima que el
coste de la pérdida de ingresos provocada por la evasión y la elusión
fiscal en la Unión Europea asciende a un billón de euros anuales (ver
nota 157 para más información), una cifra que permitiría duplicar la
inversión total en sanidad pública en los países de la Unión Europea.

Sin embargo, la desigualdad económica y la pobreza no son inevitables.
La experiencia de Oxfam en América Latina, África subsahariana y el
Sudeste asiático durante crisis económicas anteriores demuestra que
hay alternativas. Actualmente Europa puede asumir compromisos
políticos y poner en marcha intervenciones políticas dirigidas a poner fin
a este círculo de pobreza, desigualdad y secuestro democrático que
exacerba el deterioro de las democracias. Un mayor gasto social y una
mejora en la prestación de los servicios públicos, así como empleos y
salarios dignos y sistemas fiscales progresivos podrían contribuir a
construir una sociedad más justa.

En 2010, la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea creó la
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, con el
objetivo de sacar de la pobreza a 20 millones de personas en la Unión
Europea; sin embargo, desde entonces los índices de pobreza no han
dejado de aumentar.

Ha llegado el momento de que Europa recupere su papel como líder
mundial en la promoción de un programa progresista al servicio de todas
las personas, no sólo de las élites ricas y poderosas. Europa sigue
siendo una de las regiones más ricas del mundo, así que la falta de
financiación no puede ser una excusa. Los líderes políticos deben
demostrar la voluntad política necesaria para acabar por fin con la
pobreza y la desigualdad extrema en Europa.

RECOMENDACIONES

La Unión Europea y sus Estados miembros deben abordar urgentemente
cuatro grandes ámbitos políticos, a fin de garantizar mayores niveles de
igualdad y desarrollo para su ciudadanía.
Las recomendaciones presentadas a continuación son principios
orientativos pertinentes para toda la Unión Europea, pero que deberán
adaptarse a los distintos contextos nacionales e institucionales.
Las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros
deben:

1. Fortalecer la democracia institucional
• Apoyar a la ciudadanía para que participe de forma más significativa
en los procesos democráticos, especialmente en la elaboración de
presupuestos y la asignación de los recursos;
• Esforzarse por garantizar que los procesos de elaboración de
políticas sean más democráticos y menos permeables a los intereses
particulares, a través del registro público obligatorio de los lobbies, de
normativas más estrictas en relación a los conflictos de intereses y de
una composición más equilibrada de los grupos de expertos;
• Garantizar la divulgación pública y gratuita de información de calidad
y de fácil acceso sobre los procesos administrativos y
presupuestarios.

2. Reinvertir en los servicios públicos
• Garantizar que la atención sanitaria y la educación sean gratuitas,
públicas y universales para todas las personas, a fin de que los
Gobiernos cumplan con las obligaciones en materia de derechos
humanos que tienen para con su ciudadanía;
• Dar prioridad a la elaboración de presupuestos con una perspectiva
de género y analizar sistemáticamente las políticas económicas
propuestas en función de su impacto en mujeres y niñas. Asignar los
fondos de forma que promuevan la igualdad de género, por ejemplo
redistribuyendo las responsabilidades en materia de cuidados;
• Desarrollar sistemas de protección social que respondan a las
necesidades de los colectivos más vulnerables, protejan a los
hogares de renta baja y ofrezcan servicios sociales dirigidos a la
población infantil y juvenil.

3. Garantizar empleos y salarios dignos
• Garantizar que el empleo esté conectado con los sistemas de
protección social, incluyendo el establecimiento de un suelo de
protección social;
• Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres y acordar planes
de acción dirigidos a reducir la desigualdad de género en las
indemnizaciones y la antigüedad laboral;
• Reconocer la contribución del trabajo de cuidados no remunerado, y
ayudar a reducir la carga del mismo que recae mayoritariamente
sobre las mujeres, ofreciendo guarderías así como atención para las
personas mayores, además de bajas familiar y médica remuneradas,
un horario laboral flexible y baja de maternidad y paternidad
remuneradas.

4. Justicia fiscal
• Incrementar la cooperación para luchar contra la evasión y la elusión
fiscal y la competencia fiscal perjudicial, y adoptar un marco de
reporte global sobre información clave de las grandes empresas que
operan en Europa, de modo que las agencias de recaudación
tributaria puedan garantizar que dichas empresas tributen allí donde
tiene lugar la actividad económica real;
• Prestar mayor atención al impacto que las políticas fiscales de la
Unión Europea tienen en los países en desarrollo, y apoyar a estos
países para que aumenten progresivamente sus ingresos fiscales;
• Apoyar la participación igualitaria de los países en desarrollo en las
negociaciones y toma de decisiones sobre fiscalidad a nivel
internacional;
• Promover sistemas fiscales nacionales progresivos en toda Europa

         

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