Artículo extraído de Pensamiento Critico
(Cuaderno de Estancamiento: 13, Mientras Tanto, 30 de septiembre de 2014).
El país de las desigualdades
En pocos años de crisis España ha experimentado un aumento considerable en los niveles de desigualdad y de pobreza. Una evolución en gran parte parecida a la de otras naciones del sur de Europa (Italia, Grecia). La crisis económica ha tenido un impacto muy desigual en los diferentes países, lo que en parte explica la ausencia de una respuesta social sincrónica y el mayor grado de movilización y descontento que se percibe en el sur de Europa.
Para entender por qué la situación es más dramática en los países mediterráneos, y en particular en España, es necesario considerar la combinación de tres espacios económicos interrelacionados: la estructura económica, la organización del mercado laboral y el sector público.
La estructura económica juega un papel esencial a la hora de configurar la posición económica de un territorio. Es en gran medida el resultado de un proceso histórico acumulado en el que intervienen muchas fuerzas, tanto externas como internas. La economía capitalista mundial se ha estructurado desde el principio como un sistema jerárquico en el que algunas economías nacionales han ocupado sucesivamente el centro del sistema. Pero la posición de cada país es también en parte el resultado de lo que se ha hecho, especialmente de las opciones que han tomado sus élites (grandes empresarios, gestores públicos).
España, por ejemplo, siempre ha figurado en un segundo nivel dentro de las economías capitalistas. Pero el proceso de desindustrialización que ha experimentado el país desde la década de 1970 no puede explicarse solo por la irrupción del capital extranjero y por el impacto, sin duda negativo, de un euro sobrevalorado. Es también el producto de las opciones adoptadas por los grandes dirigentes económicos. Unas decisiones que por un lado han favorecido esta desindustrialización (ausencia de políticas industriales bien diseñadas, ausencia de políticas de formación profesional, etc.) y por otro han promovido un modelo de desarrollo empresarial que ha permitido a algunos grandes grupos españoles situarse en la élite empresarial (bancos, constructoras-gestoras de servicios públicos, hoteleras...). El negocio inmobiliario ha sido una parte crucial de este modelo de especialización y explica parte de la rapidez y profundidad de las sucesivas crisis de empleo. Desde el punto de vista de los intereses de las élites capitalistas el modelo ha sido más que rentable, otra cosa es su efecto para el conjunto de la población.
La actual ausencia de perspectivas de salida del marasmo del paro masivo se explica también por esta combinación de factores externos e internos. La sujeción a las políticas de austeridad impuestas desde Berlín, el impacto de un euro revaluado y la contención del gasto alemán explican buena parte del estancamiento y la crisis sostenida que padece el Sur de Europa. Pero también resulta evidente que, lejos de oponerse a está situación y buscar otras alternativas, las élites locales se han implicado a fondo en sacar tajada de la situación y explotar al máximo las oportunidades que ofrecen las políticas de austeridad: reformas laborales, privatizaciones, desmantelamiento de las cajas de ahorro, etc. Sin que por otra parte se haya tomado ninguna iniciativa seria para transformar el modelo de especialización productiva. Cuando concluya el saqueo de los derechos sociales persistirán los problemas de posición internacional y especialización, persistirán las fuentes de los desequilibrios, el paro masivo y las desigualdades. Italia lleva años en una situación parecida y es una buena muestra de lo que ocurre cuando un país ha sido secuestrado por unas élites egoístas, miopes e insensibles. Los graves problemas del desempleo, una de las causas del crecimiento de la pobreza, seguirán ahí mientras no se adopten cambios sustanciales en la estructura económica (especialización, modelo empresarial, papel del sector público, control democrático..).
La estructura productiva, las decisiones empresariales, condicionan el volumen y estructura del empleo. Pero las condiciones del mismo vienen moduladas de forma importante por las regulaciones del mercado laboral, por los modelos de negociación colectiva. Esto es lo que explica que países con un nivel de desarrollo parecido (que ocupan niveles parecidos en la jerarquía económica mundial) tengan en cambio diferencias importantes en lo que afecta a la distribución de la renta y el bienestar. Por poner un ejemplo, una parte de lo que diferencia a Suecia de Estados Unidos. En este sentido las transformaciones acaecidas en el mercado laboral español ya habían generado las condiciones para avanzar hacia un modelo social de grandes desigualdades. Se trata de procesos de largo alcance. El más conocido es el del fuerte incremento de la contratación temporal al calor de las posibilidades de la legislación sobre contratos laborales. Pero en un nivel menos visible se encuentran todas las políticas de externalización, subcontratación, parcelización de la actividad productiva originada en las grandes empresas (y en partes del sector público) que han permitido una fragmentación de los colectivos sociales, una diferenciación de condiciones contractuales (por ejemplo, en estudios del sector automovilístico hemos constatado que la misma empresa de componentes puede pagar distintamente en cada una de sus subsidiarias si consigue que apliquen un convenio colectivo diferente, y los grandes constructores presionan a sus suministradores para que profundicen en estas políticas). Al final de las cadenas de subcontratas están los falsos autónomos o, directamente ,el empleo informal.
A estos dos procesos clave deben sumarse otros dos elementos.
De un lado el modelo de negociación colectiva de los últimos años, que se mostró incapaz a la hora de cortocircuitar la potente presión para favorecer las desigualdades salariales y la erosión de derechos sociales. En parte, los líderes sindicales aceptaron acríticamente el discurso neoliberal de la competitividad, la flexibilidad y la moderación. En parte, les ha faltado capacidad organizativa y política para enfrentar un proceso de cambio social directamente antisindical. No se les puede hacer responsables del modelo, pero sí se les debe exigir mayor capacidad de respuesta al mismo.
De otro lado, el masivo proceso migratorio permitió contar con un masivo ejército de reserva, en condiciones de una extrema debilidad institucional (las leyes de extranjería actuales no está claro en qué medida regulan la entrada de personas a un país, pero lo que es seguro es que promueven la formación de una masa social con escasos derechos sociales, permiten construir segmentos laborales socialmente deprimidos). Resulta por ejemplo evidente que fue este modelo migratorio el que propició que en lugar de tratar la cuestión del cuidado a la gente mayor en términos de un problema colectivo, de servicios públicos, gran parte de la población optara por la contratación de “criadas” a tiempo completo y bajo coste (por ello España tiene uno de los niveles más altos de sirvientes entre los países europeos y uno de los más bajos en empleos sociosanitarios). Identificar en la emigración este papel de ejército de reserva (y muchos de los inmigrantes extracomunitarios lo han vivido en sus propias carnes en formas diversas: mayor desempleo, mayor precariedad, empleo ilegal...) no es ningún argumento en contra del derecho a emigrar: es simplemente constatar que, dadas las reglas del juego actuales, estos procesos migratorios (tanto de llegada de gente a los países ricos como migraciones empresariales hacia países de bajos salarios y bajos derechos) tienen efectos directos sobre las reglas de juego del mercado laboral. Las políticas migratorias deben por tanto situarse en el debate sobre cómo regular el empleo.
Cuando ha llegado la crisis, estas tendencias se han agudizado. El desempleo masivo siempre es una situación favorable a la pérdida de derechos laborales. Y ahora esta pérdida se expresa tanto en el comportamiento individual de las empresas como en la introducción de nuevas reformas laborales cuyos objetivos, y los primeros efectos visibles, son claramente profundizar en la individualización de la relación laboral, la fragmentación (o directamente eliminación) de la negociación colectiva, la imposición unilateral por parte de la empresa de condiciones laborales. Lejos de promover una mayor igualdad, la flexibilización de las condiciones laborales acaba generando una jungla de desigualdades y una tendencia dominante hacia la pérdida de derechos.
El tercer pilar de las desigualdades es el insuficiente papel del sector público. Esto también viene de lejos. Aunque en los años 1980 se produjo un fuerte aumento de la fiscalidad y el gasto público, España nunca se ha situado en los niveles de muchos otros países (en términos de carga fiscal está incluso por debajo de Grecia y Portugal), la tolerancia con el fraude fiscal ha sido máxima y el sistema fiscal siempre ha propiciado enormes posibilidades de evasión legal. El correlato ha sido un sistema de servicios sociales disminuido y en parte complementado por la mayor carga de trabajo doméstico, fundamentalmente femenino (en esto estamos una vez más ante el modelo mediterráneo). Cuando el empleo se ha desplomado, este insuficiente sistema de gasto social ha sido completamente insuficiente para garantizar un mínimo de rentas y bienestar a la mayoría de la población. Según la última Encuesta de Población Activa menos de la mitad de los parados reciben algún tipo de prestación. Y aunque no todos los parados tienen la misma situación familiar, es inevitable que se consoliden situaciones de extrema pobreza. De hecho, la estrechez de las políticas de sostenimiento de rentas no sólo afecta a la gente sin empleo, sino también a la creciente masa de empleados involuntarios a tiempo parcial (el 40% de los empleos creados en el último año se sitúa en este rango), cuyos ingresos son insuficientes para atender a sus necesidades. Cuando se propone como ejemplo de “flexibilidad y bienestar” a países como Dinamarca, donde abundan los empleos a tiempo parcial (especialmente entre las mujeres), se pasa por alto que muchas de las personas ocupadas en este tipo de actividades complementan sus ingresos con prestaciones públicas (especialmente relacionadas con las políticas familiares). El modelo de empleo y el modelo de bienestar forman un mismo paquete y no pueden trocearse analíticamente como suelen hacer nuestros dogmáticos economistas neoliberales.
Una estructura productiva inadecuada, un mercado laboral regulado para generar desigualdades extremas y un inadecuado e insuficiente sistema de protección social son las tres claves del aumento de la pobreza y la desigualdad. Afrontar el problema pasa por intervenir en los tres espacios. Sabiendo cuáles son los condicionantes exteriores y tratando de forzar al máximo el espacio de maniobra. No puede tampoco pretenderse una copia, a menudo imposible, de un modelo de referencia de crecimiento económico a toda costa. La crisis ecológica debe formar parte del replanteamiento de la estructura productiva. Y tampoco puede afrontarse la lucha contra la pobreza y la desigualdad como un mero debate sobre porcentajes. Es ineludible situar la cuestión de la igualdad, la justicia, en los proyectos de salida de la situación actual. Porque la inercia no hace sino alargar el sufrimiento de millones de personas. Y hoy más que nunca es necesario trazar un rumbo que tenga en cuenta los diferentes elementos que articulan eso tan complejo que es la economía y la estructura social.
[Las ideas que se exponen en este texto son en gran medida un resumen de un trabajo más extenso y documentado elaborado conjuntamente con Josep Banyuls (Universitat de Valencia) y forma parte de una prolongada colaboración sobre el estudio del mercado laboral español. Aunque soy responsable del texto, de sus posibles errores, sin esta colaboración permanente esta nota posiblemente no existiría.]
El gran capital español, de luto
En unos pocos días de septiembre las páginas de economía se han convertido en secciones necrológicas por el fallecimiento sucesivo del primer banquero del país (Emilio Botin), el propietario del mayor grupo de distribución (Isidoro Álvarez) y un exministro de Economía que pilotó los primeros años de la internacionalización de la economía española (Miguel Boyer). Los ditirambos que la prensa “seria” ha dedicado a los finados sonrojan de vergüenza. (Aunque ya se sabe que los mejores elogios los recibimos cuando nos morimos, todos quisiéramos ser Tom Sawyer y presenciar nuestro entierro). Algo esperable cuando los que han fallecido son los verdaderos “amos” del país (el propietario de la mayor empresa, el dueño del líder en gasto publicitario) o han jugado un papel inestimable en la conversión de la izquierda al neoliberalismo. Pero insoportable cuando estos panegíricos tratan de impedir que enjuiciemos el verdadero papel de estas figuras.
En la nota anterior ("El país de las desigualdades") he tratado de hacer un esbozo de cuáles son a mi entender las claves para situar una parte de los graves problemas sociales. Una de ellas es el papel que juegan las élites en la configuración de las políticas y en el tipo de actividades económicas que impulsan. Y en este sentido los tres personajes constituyen una representación de una buena parte de la cúpula dirigente del país.
Botín el banquero resumiría por sí solo el núcleo del capitalismo español de las últimas décadas. De una banca que salvó la primera gran crisis bancaria con fuertes ayudas públicas. Ayudas que llegaron por vías diversas: directas a entidades que compraban bancos en crisis (el Santander lo hizo con Banesto), nacionalización de las empresas eléctricas quebradas (Fecsa, Sevillana) que permitieron a la banca salvar sus inversiones en ellas, reconversión industrial que “liberó” a la banca de parte de su cartera industrial... Una banca que se desentendió de su apoyo al sector productivo y que ha sido un protagonista básico del pelotazo inmobiliario. Una banca que protagonizó una fuerte internacionalización que le ha permitido escapar del estrecho marco del espacio económico español (habrá que hacer un balance de su elevada rentabilidad en sus actividades latinoamericanas,). Una banca que ha utilizado a fondo todos los mecanismos especulativos del moderno sistema financiero, incluido el recurso sistemático a paraísos fiscales. Una banca que cuando ha tenido problemas de financiación ha contando con el sustantivo soporte del Banco Central Europeo, que le ha permitido sortear sin problemas sus tensiones de liquidez mientras Estados y particulares recibían un trato diferente. Una banca que no ha parado de conspirar para evitar una regulación hipotecaria y de quiebras que impidiera el drama social de los desahucios y el endeudamiento perpetuo de la gente corriente. Una banca que se ha convertido en la mayor promotora del neoliberalismo (como es el caso del Santander con su extensa red de intervención en el sistema universitario latinoamericano). Es esta banca —la que está en el núcleo de la financiarización económica, de la insensibilidad social, de la depredación pura y dura— la que representaba como nadie Emilio Botin y la que toma ahora en herencia su hija. La banca que no nos merecemos.
Isidoro Álvarez es, en este sentido, una figura menor. Pero no insignificante. El Corte Inglés es sin duda el mejor icono del consumismo hispano. Pero es también mucho mas. Es una empresa cuyo capital está en manos de una Fundación, una mera forma de escabullir responsabilidades y ahorrarse impuestos, aunque no esconde que se trata de un mero patio familiar (Álvarez “heredó” la empresa de su tío Ramón Areces, el creador del emporio, y un sobrino suyo lo hereda de él). Es el modelo de un grupo que por una parte invierte grandes cantidades de dinero en publicidad y por otra es uno de los más opacos a cualquier investigación. Es, sobre todo, un modelo de gestión laboral avanzado al neoliberalismo: con sus sindicatos amarillos controlados por cuadros intermedios, con sus políticas antisindicales, por su uso sistemático de empleos temporales, por su tradicional segregación sexual (las mujeres siempre en la escala inferior). Es el grupo empresarial más activo en presionar en pro de la eliminación de derechos laborales y la desregulación horaria que protege la calidad de vida de trabajadores asalariados y comerciantes autónomos. Sin olvidar los diferentes procesos urbanísticos en los que la empresa ha conseguido imponer sus intereses frente a regulaciones locales que le resultaban onerosas. Si algo representa el Corte Inglés es la prevalencia ostentosa del interés privado por encima de la sociedad. Un abuso de poder sistemático que se esconde tras los oropeles de la pulsión consumista.
Lo de Miguel Boyer es más evidente. Fue el primer ministro “socialista” que implantó el neoliberalismo en España. El conductor de la economía española hacia la desindustrialización. El promotor de una ley sobre vivienda que bastante tiene que ver con desastres posteriores. Uno más de los habituales en las puertas giratorias. Es evidente que el desastre actual proviene de cómo se hicieron las cosas en el pasado. Y que si hemos llegado hasta aquí en la forma que estamos, bastante tiene que ver la acumulación de políticas neoliberales aplicadas, con mayor o menor dosis, con una u otra modulación, en todo este tiempo. Miguel Boyer representa en España el abandono definitivo de todo intento serio de “domar” al capitalismo más feroz mediante políticas socialdemócratas.
La herencia que nos dejan a la sociedad (sus familias por lo que se ve quedan bien servidas, pues en el ámbito de las grandes élites la historia de la promoción meritocrática queda aparcada) es la de una economía descontrolada, injusta, depredadora, insostenible. En lugar de tener que aguantar el homenaje obsceno, lo que nos merecíamos era una reflexión crítica de adónde lleva tanta desregulación financiera, tanta pérdida de derechos sociales, tanto poder para los ricos; de qué modelo debe cambiarse y de qué personas necesitamos para que nuestro mundo sea deseable, sostenible para la inmensa mayoría.
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