Artículo extraído de Nueva Tribuna
Europa y la búsqueda de soluciones progresistas a la crisis
Gabriel Flores | Economista
06 Mayo 2014 - 13:23 h.
Superada la segunda fase recesiva de la economía europea, la crisis continúa. Y existe una lógica pulsión por encontrar soluciones y ofrecer una estrategia de salida alternativa a la austeridad que se ha impuesto.
Hace tan solo uno o dos años, las ideas de decrecimiento y austeridad libremente asumida eran aceptadas por una parte no desdeñable de la izquierda social indignada y movilizada. En los últimos meses han perdido predicamento como soportes de una estrategia de salida de la crisis, pero siguen nutriendo una ideología anticapitalista que cuestiona la lógica económica basada en la acumulación y la competitividad y su carácter depredador de recursos naturales y bienes públicos.
Otras alternativas, vinculadas con las grandes opciones de la izquierda política y sindical, propugnan políticas de reactivación de la demanda interna basadas en el incremento de la inversión pública destinada a crear empleo o en un aumento generalizado de los salarios que permita recuperar las ventas y el crecimiento.
No son las únicas opciones que se ofrecen como alternativa desde posiciones progresistas y de izquierdas. El abandono del euro y la UE, la negativa a pagar la deuda ilegítima, políticas monetarias más expansivas por parte del BCE y un largo etcétera se presentan también como posibles soluciones.
Presumo que toda esa amplia gama de propuestas no son recibidas como excesivamente contradictorias por la ciudadanía y que cada persona preocupada por la situación hace su particular combinación de medidas e ideas con las que se orienta en un territorio, el de la política económica, particularmente abrupto. La incoherencia y los escándalos han dañado la credibilidad de la derecha gobernante, pero también la de buena parte de las grandes organizaciones de la izquierda política y sindical, contribuyendo de paso a multiplicar las referencias que sirven de inspiración a las personas que se interrogan y buscan respuestas.
Pese a la amplia variedad de medidas progresistas y a su carácter contradictorio e incompleto, hay un fuerte consenso social en la denuncia de la ineficacia y al carácter extremadamente injusto de las políticas de austeridad, tanto en lo que se refiere al desigual reparto de costes que provocan como a los beneficios que reportan la privatización y los recortes de bienes públicos a sectores sociales muy minoritarios que utilizan sus excelentes relaciones con el poder político para alimentar nuevos negocios y prebendas varias.
Ese amplio consenso en la crítica ciudadana a las políticas de austeridad ha impulsado la extensión de la indignación y ha sostenido una intensa movilización contra los recortes y el empobrecimiento que han logrado, como ya ocurrió con el anterior Ejecutivo socialista, erosionar la posición del Gobierno de Rajoy y reducir significativamente sus apoyos sociales. Sin embargo, la situación política sigue bloqueada, sin que la ciudadanía atisbe mecanismos efectivos que permitan cambiar la orientación de la política económica.
No parece, por tanto, que el desprestigio del actual Gobierno sea suficiente o que la intensidad de la movilización sea bastante para torcerle la mano a la derecha que de forma tan irresponsable como antisocial gobierna España y mantiene una incuestionable hegemonía en las instituciones europeas responsables del diseño de las extremistas políticas de austeridad impuestas en mayo de 2010 a los países del sur de la eurozona.
Probablemente, además de la consolidación de la presión crítica y la movilización ciudadana en los países del sur de la eurozona contra las políticas de austeridad y devaluación salarial, haría falta avanzar en otros terrenos. Por ejemplo, en la extensión de la crítica ciudadana a los países del norte de la eurozona, donde el apoyo a las interpretaciones sesgadas que señalan al despilfarro, la corrupción y la buena vida de los países del sur de la eurozona como origen y causa de la crisis es mayoritario y permiten, de paso, descargar de responsabilidad a las insuficiencias e incoherencias institucionales de la eurozona y a unos mercados que financiaron con el excedente obtenido en los países del norte las burbujas inmobiliaria y crediticia de los países del sur de la eurozona y unos modelos de crecimiento insostenibles.
Quizá también fuera necesario un mayor grado de elaboración de políticas económicas alternativas creíbles y realizables que facilitaran la confluencia de la ciudadanía indignada y las fuerzas políticas progresistas y de izquierdas en defensa de un programa común de salida de la crisis al servicio de los objetivos fundamentales que reclama la mayoría social: creación de empleos decentes, protección suficiente de las personas desempleadas y los sectores sociales en riesgo de exclusión y mantenimiento de los bienes públicos que aseguran niveles aceptables de igualdad de oportunidades y cohesión social y territorial.
En todo caso, el avance de cualquier propuesta económica progresista requiere de dos premisas insoslayables.
Primera, un profundo cambio institucional en la UE que asegure la cooperación entre los Estados miembros y la mutualización de los riesgos, costes y beneficios que supone compartir el euro y un mercado único. Con la actual hegemonía de la derecha conservadora en Europa, la salida de la crisis, cuando se produzca, no supondrá la recuperación del bienestar y los derechos perdidos, sino más desigualdad, más precariedad y más empleos indecentes; pero fuera de Europa la incertidumbre agostaría las escasas posibilidades que tendría España de arreglar los graves desequilibrios de sus cuentas públicas y exteriores. Se puede y se debe cambiar la hegemonía conservadora en las instituciones europeas. Se puede lograr otra Europa y es indispensable que la UE inicie otro rumbo para lograr que la salida de la crisis implique la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social y más calidad democrática en la vida política y el funcionamiento de las instituciones.
Y segunda, hay que arreglar los profundos problemas de la economía real. Las políticas fiscales, monetarias o salariales orientadas a incentivar la demanda no pueden corregir los problemas estructurales de la economía española. El escaso y declinante peso del sector industrial y una especialización productiva basada en productos y actividades de bajo valor añadido y escasa densidad tecnológica requieren de políticas específicas de desarrollo industrial y apoyo a la innovación, la cualificación de la fuerza de trabajo y el progreso técnico. Las políticas expansivas podrían abrir la puerta a un breve periodo de reactivación económica insostenible que, al poco tiempo, generaría nuevos desequilibrios públicos o exteriores que volverían a situar a la economía española en la casilla de partida, con unos fundamentos más frágiles y peores condiciones para abordar los problemas de la economía real. En España, como en los otros países del sur de la eurozona, es imprescindible impulsar la reindustrialización y una modernización de estructuras y especializaciones productivas capaces de sostener un nuevo modelo de crecimiento que priorice el progreso técnico, el cuidado del medio ambiente y los intereses de las clases trabajadoras y la mayoría social.
Las tareas de construcción de una estrategia progresista de salida de la crisis, alternativa a la que se sustenta en las medidas de austeridad y recortes de salarios y bienes públicos, requieren de labores de desbrozo que faciliten la reflexión y el cuestionamiento crítico de algunas de las ideas o medidas que se proponen como solución a la crisis. Éstas son algunas de mis reservas y prevenciones ante las propuestas que defienden un mayor gasto público para crear empleo, aún a costa de incrementar el déficit público, o un aumento generalizado de los salarios como estrategia sostenible de salida de la crisis.
En general, la izquierda tiende a minusvalorar, sobre todo cuando está en la oposición, los impactos negativos que ocasiona un alto nivel de endeudamiento público (que en España llegará este año al 100% de PIB o, lo que es lo mismo, superará el billón de euros). Impactos que afectan a varios terrenos decisivos y suponen serios obstáculos a la actividad económica.
En primer lugar, suponen una carga financiera, que incluso con las reducidas primas de riesgo actuales ocasiona un coste en intereses que ya se acerca al 4% del PIB o, lo que es lo mismo, supera con creces el dinero que reciben anualmente las personas desempleadas en concepto de prestaciones contributivas y subsidios. En segundo lugar, absorben ingentes recursos que podrían convertirse en inversión productiva pública o sustentar proyectos de inversión de los agentes económicos privados. Y en tercer lugar, son un factor de fragilidad y dependencia del sector público que contagia al sector privado y aminora sus posibilidades de obtener la financiación que requieren sus proyectos de inversión y a unas tasas de interés razonables.
No se trata de renunciar a la acción inversora del sector público. Se trata de adquirir una comprensión más afinada de los impactos negativos que conlleva seguir aumentando los muy altos niveles de deuda actuales para desvincular esa imprescindible tarea inversora de las Administraciones Públicas (AAPP) de un aumento inasumible del déficit público. La solución podría pasar por constituir una institución financiera pública capaz de seleccionar y financiar los proyectos viables de inversión y por incrementar de manera efectiva la presión fiscal sobre los grandes patrimonios, las rentas más altas de las personas físicas y los beneficios no invertidos de las sociedades para que el aumento de los ingresos públicos permitiera atender la responsabilidad de las AAPP en la generación de empleo sin que implicara mayores niveles de déficit público. Sin olvidar que las arcas públicas aún tienen pendiente de ingresar lo que los grandes defraudadores han evadido y siguen sustrayendo al control tributario... a la espera de la próxima amnistía fiscal.
En todo caso, requeriría un cambio sustancial en los objetivos de consolidación fiscal impuestos a los países del sur de la eurozona. La prioridad no puede ser la de reducir el déficit público a ritmos que, como se ha demostrado, son imposibles de cumplir y que exigen unos recortes del gasto y la inversión públicos que han evidenciado su enorme poder destructivo de empleos, cualificaciones, tejido económico y empresarial viables y crecimiento potencial.
Respecto a la propuesta de un aumento generalizado de los salarios para recuperar el consumo doméstico y facilitar la reactivación de la economía, vale la pena considerar algunas objeciones de peso.
La dependencia que desde hace décadas manifiesta el crecimiento de la economía española respecto a las importaciones (bienes de equipo, tecnología, energía, manufacturas,..) es tan manifiesta como su intensificación en la última década. En los años anteriores a la crisis, la desindustrialización y una especialización productiva que privilegió la concentración de recursos en las actividades vinculadas a la construcción y los servicios a las personas de bajo valor añadido fueron alentadas por unas burbujas inmobiliaria y crediticia que intensificaron esa dependencia. Tanto la desindustrialización como el reforzamiento de una inadecuada especialización productiva han reforzado la dependencia de las importaciones de productos industriales y hacen que cualquier crecimiento significativo de la actividad económica provoque un crecimiento superior de las importaciones que imposibilita conciliar el equilibrio de las cuentas exteriores y el crecimiento.
Las debilidades estructurales que muestra la economía española no permiten sustentar una salida progresista a la crisis basada en programas voluntaristas de impulso del consumo de los hogares. Tales programas, si son llevados a cabo unilateralmente o, lo que es lo mismo, sin contar con el respaldo de las instituciones europeas, podrían tener alguna oportunidad de paliar coyunturalmente algunos de los problemas relacionados con la debilidad de la demanda doméstica, pero al poco tiempo nos devolverían al mismo escenario de crecimiento desequilibrado insostenible, con unos fundamentos económicos aún más frágiles que los existentes en 2008.
Y, entonces, ¿qué? Entonces, hay que buscar otra vez la solución en Europa. Es en Europa donde se han gestado muchos de los problemas económicos y de las múltiples fracturas que padece la eurozona y es en Europa donde hay que encontrar las soluciones.
La crisis de la eurozona y del proyecto de construcción de la unidad europea requiere de respuestas coordinadas de carácter cooperativo. Requiere, por tanto, del deterioro de la hegemonía conservadora y su sustitución por una nueva alianza de fuerzas progresistas capaz de aplicar una estrategia comunitaria de salida de la crisis que revalorice los objetivos de creación de empleo, convergencia real y cohesión económica, social y territorial. Las instituciones y las políticas europeas tienen sentido cuando se responsabilizan ante la ciudadanía en la consecución de esos objetivos compartidos y pierden los apoyos sociales que les dan sentido cuando se desentienden o no se sienten interpelados por las reivindicaciones o las necesidades que expresa la ciudadanía.
En el terreno específico de los salarios, antes que su subida generalizada en un Estado miembro (o en el conjunto de la eurozona), Europa debe acordar una norma salarial compartida capaz de adaptarse a las condiciones específicas de cada economía para lograr varios objetivos parcialmente contradictorios: reducir las disparidades salariales (para lo que habría que empezar por establecer un salario mínimo europeo), mantener la competitividad relativa que ofrecen los diferentes niveles de precios existentes entre los socios y avanzar en una redistribución más equitativa de las ganancias de productividad que impida un reparto injusto e ineficiente a favor de las rentas del capital.
En la situación excepcional que viven la eurozona y el proyecto de construcción de la unidad europea, va a iniciarse oficialmente la campaña electoral de las opciones políticas que pretenden representar a la ciudadanía en el Parlamento Europeo. La representación va a comenzar de mala manera, con un patio de butacas semivacío y unos programas electorales (ojalá fueran programas y no la amalgama de deseos, mensajes publicitarios y lugares comunes que son) que poco o nada dicen sobre lo que debería hacer o no hacer Europa.
A poca gente le interesa lo que dicen los actores políticos. La mayoría desconfía de las promesas y de los actores que las pronuncian. Pocos creen que estas elecciones sirvan para algo o tengan relación con sus preocupaciones y necesidades. Es otra de las nefastas consecuencias de las políticas de austeridad y de la implicación de las dos grandes corrientes políticas europeas con esas políticas. Ya veremos el próximo 25 de mayo el final de la representación y el reparto de aplausos, pitos y silencios.
Pese al escepticismo y la desconfianza reinantes, Europa va a seguir siendo el escenario en el que se dilucidará el futuro de todos, los que vitorean a alguno de los candidatos y sus propuestas, los que patalean a casi todos y los que, hartos de representaciones, dan la espalda a todos los que buscan su apoyo.
Hay mucho futuro en las urnas del próximo 25 de mayo. Y no tanto por la forma en la que distribuirán los votantes los asientos en el próximo Parlamento Europeo o por quién será el futuro presidente de la Comisión Europea, que también, como por la extensión de la abstención y por los beneficiarios de la erosión que experimentarán las grandes opciones políticas responsables, en mayor o menor grado, de las políticas imperantes y de sus terribles consecuencias. Merece la pena darle a estas elecciones la importancia que tienen.
Las posibilidades de impulsar una alternativa progresista a la estrategia de austeridad dependen de que se debilite la hegemonía de la derecha conservadora y se multipliquen los votos a favor de las fuerzas progresistas y de izquierdas que critican consecuentemente las políticas de austeridad y plantean otra Europa, otras políticas europeas y otras prioridades comprometidas con las necesidades y reivindicaciones de la mayoría social.
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