Artículo extraído de Pensamiento Crítico
ACAI pronosticó que la derogación de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y su sustitución por una nueva norma que vendrá a eliminar el derecho básico de la mujer a decidir sobre su gestación, sería la única promesa electoral que cumpliría el PP. Una vez cumplido y superado el pronóstico, resulta difícil creer que nuestro país “europeo” esté a punto de convertirse en uno de esos territorios experimentales en los que se sacrifican derechos y libertades de las mujeres para afianzar electoralmente a los votantes de la derecha más conservadora.
Estrategias electorales al margen, lo que resulta evidente es que una vez más se ha decidido que llegado el momento de las concesiones ¿quién mejor que la mujer para hacerlas?, ¿encuentran en estos momentos un recurso más fácil qué negar el derecho al aborto para contentar a los extremismos, a los radicales? No, probablemente no.
Dicho lo cual, ¿qué se esconde detrás de una concesión que imprudentemente buscan convertir en rango de ley? Detrás de esa estrategia electoral, se esconden las vidas de 112.390 mujeres que han abortado en el último año en nuestro país. Poniendo rostro a esas vidas y a las causas de sus decisiones, podemos afirmar que en España más de 100.000 mujeres abortan por razones íntimas, laborales o económicas. Mujeres que de aprobarse esta ley, tendrán que renunciar a su decisión madura, legítima e informada, ya que todas estas mujeres se acogen a la voluntariedad para interrumpir su gestación hasta la semana 14, circunstancia que no está contemplada en la norma del Gobierno Popular.
Como profesionales con más de 30 años de experiencia, podemos decir que el acompañamiento que necesitan estas mujeres durante todo el proceso, nada tiene que ver con destapar, para someter a valoración, su intimidad, sus condiciones personales y familiares, sino con la capacidad de respetar y entender sin prejuzgar su decisión, ayudándolas a que esta voluntad se cumpla en las mejores condiciones sanitarias. El Anteproyecto del Gobierno por el contrario, exige a las mujeres que abran su vida, su trayectoria íntima, su situación personal al juicio de dos psiquiatras y un asistente social; profesionales a los que muy probablemente se les exigirá una evaluación y diagnóstico preceptivo acordes con la ideología que ha inspirado esta ley; so pena de “dejar caer” sobre ellos/as todo el peso de la inseguridad jurídica si el informe previo no se ajusta a lo esperado. Una inseguridad que, sin duda alguna, también habrá de caer sobre los profesionales que realicen definitivamente la interrupción, si esta llega a producirse.
Independientemente del estrés psicosocial, e incluso físico que desencadena en una mujer un embarazo no deseado (calificado como tal por la Sociedad Americana de Psiquiatría), como médicos, sanitarios y trabajadores sociales que acompañamos a estas mujeres, no nos cabe la menor duda de que impedir a estas mujeres hacer efectiva su decisión, alargar el proceso con trámites jurídicos, legales, médicos, tiempos de espera…no solo las situará en semanas de gestación elevadas, lo cual nunca resulta deseable porque un aborto temprano siempre será más beneficioso para la mujer desde cualquier punto de vista; sino que además alterará “de manera perdurable” el bienestar físico, social y psíquico de estas mujeres sometidas a un periplo médico y vital insostenible.
¿Quiénes somos para juzgar, para sopesar lo que una mujer, su compañero, su familia es capaz de soportar vitalmente? ¿Quiénes somos para establecer el grado de sufrimiento que una mujer puede sobrellevar frente a la discapacidad grave de su hijo o hija enfermo/a? La pregunta podría parecer retórica y contestarse con un simple: nadie, no somos nadie para juzgar a esas mujeres; pero desgraciadamente el Gobierno ha decidido contestar por todas ellas anunciando que la mujer tendrá que demostrar (mediante informe psiquiátrico y dictamen preceptivo relativo a la patología fetal que habrá de ser incompatible con la vida) que la enfermedad extremadamente grave que padece su hijo o hija le provoca tal desequilibrio que su salud psíquica se ve irremediablemente afectada y que en consecuencia desea interrumpir su embarazo. El resto, las más de 3.000 mujeres que abortan en nuestro país por diversas malformaciones, pero todas ellas compatibles con la vida, ni siquiera tendrán esta oportunidad ya que su situación no es contemplada por la ley.
Contrariamente a lo que sostiene el Titular de Justicia: “la ley de 2010 quitaba a las menores de edad el derecho de ir acompañadas de sus progenitores” casi el 90% de las mujeres de 16 y 17 años informaron a sus padres de su situación y vinieron acompañadas por estos a los centros acreditados. Y eso es así, Sr. Gallardón, porque la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo no abandona a las menores, de la misma forma que no obliga a las mujeres a abortar.
Al margen de la situación general de esas menores, unas 500 adolescentes de 16 y 17 años abortan en nuestro país sin poder comunicárselo a sus padres. Sin embargo, todas esas mujeres jóvenes son invisibles para nuestro Gobierno, pero están ahí, son mujeres que provienen de familias desestructuradas, menores que han sido violadas en el seno familiar, inmigrantes que viven solas en el país o mujeres que simplemente serían maltratadas por su situación. De la misma manera aventuramos que el Ejecutivo no habrá pensado en el periplo jurídico que habrán de transitar las menores y sus familias en caso de desacuerdo entre los tutores y la menor. Entendemos que no habrán valorado que el embarazo es un proceso gestacional creciente y que para cuando llegue esa resolución judicial, es posible que la menor se encuentre en un avanzado estado de gestación. Pero claro, la realidad médica tampoco parece ser un elemento a considerar para estos legisladores.
Hace unos días, el Titular de Justicia afirmaba que “el aborto es contrario al juramento que todos los médicos hacen sobre la defensa de la vida", no defender la salud y la vida de más de 100.000 mujeres no solo es contrario al juramento de la profesión médica sino contrario a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar de las mujeres, derechos no solo constitucionalmente amparados sino respaldados en Pactos Civiles y Convenios Internacionales de los que el Estado Español es parte.
Más de 100.000 concesiones vitales es el precio de la apuesta de los populares. Podríamos entrar en un bucle sobre oportunidades estratégicas, pero no es el caso, porque frente al precio de una arriesgada jugada electoral, hay vidas, la vida y la salud de mujeres abocadas al éxodo abortivo o a la clandestinidad. La evidencia, Señor Gallardón, es que el problema no es el aborto, sino el embarazo no deseado, y que en consecuencia una mujer que está decidida a abortar, lo hará con ley o sin ella.
Francisca García Gallego es presidenta de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo).
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