Este artículo analiza las políticas de austeridad
que se están siguiendo en la mayoría de países de la Eurozona impulsadas
por la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo
Monetario Internacional) y que están creando una enorme resistencia por
parte de las clases populares que deberían coordinarse a nivel europeo.
Según
los datos de la Comisión Europea, la actividad económica en la Eurozona
está descendiendo. Durante el periodo Abril-Junio descendió, como
promedio, un 0,2%, y se espera que el informe de Octubre muestre una
contracción incluso mayor de tal actividad. A estos datos debe añadirse
la información proveída por el Banco Central Europeo, que señala que la
actividad financiera también ha disminuido en la Eurozona, sin que se
espere la reactivación de tal actividad en un futuro próximo. Mírese
como se mire, pues, la situación económica y financiera va mal, en
realidad, muy mal. Las cifras de desempleo en la Eurozona han alcanzado
niveles sin precedentes, 18 millones de parados con un incremento anual
de un millón durante estos años de crisis.
Es obvio que las
políticas de austeridad –que se han estado promoviendo por la troika (la
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional)- no están reavivando la economía de la Eurozona. En
realidad, todos los datos señalan que, al revés, la están hundiendo. Y a
pesar de ello, la troika continúa insistiendo en que la solución pasa
por todavía más austeridad y más recortes. En estos momentos, está
exigiendo en Grecia que se recorten 11.500 millones de euros del
presupuesto nacional. En España también se están exigiendo para 2013
añadir 13.000 millones de euros de recortes a los que han ocurrido
durante cada año de la crisis. En Francia, con un gobierno socialista,
presidido por el Sr. François Hollande, éste está planeando recortar
30.000 millones de euros de su presupuesto. Y la lista puede alargarse
incluyendo más y más países de la Eurozona. Las políticas de recortes
han sido el eje central de las intervenciones públicas en los países de
la Eurozona.
Además de estos recortes, se están aplicando otras
políticas de claro corte neoliberal, como el retraso de la edad de
jubilación, la reducción de los beneficios sociales y laborales, el
descenso del seguro de desempleo, la reducción de salarios, y una larga
lista de intervenciones que están reduciendo el bienestar social de las
clases populares, que constituyen la mayoría de la población en los
países de la Eurozona.
Europa se rebela
Como era de
esperar, tales clases populares de estos países se están rebelando
frente a estas políticas, políticas que en su gran mayoría se están
imponiendo a la ciudadanía sin que hubiera un mandato popular para ello,
ya que tales medidas no estaban en el programa electoral de los
partidos gobernantes. De ahí que la legitimidad de tales gobiernos y de
las instituciones que gobiernan la Eurozona y la Unión Europea esté cada
vez más cuestionada. La atracción de Europa, que era generalizada en
los países del Sur de tal continente (la mayoría habían sufrido
dictaduras fascistas o fascistoides durante muchos años), está
desapareciendo muy rápidamente. Y la conveniencia del euro como moneda
común también se está cuestionando. Varias encuestas han aparecido en
los mayores medios de información europeos diciendo que un porcentaje
cada año mayor, identifica el establecimiento del euro como responsable
de su pérdida de capacidad adquisitiva.
La rebelión de las clases
populares a estas políticas neoliberales impuestas por el establishment
europeo está actualmente generalizada. En Portugal, acaba de realizarse
una huelga general y hay manifestaciones de protesta día tras día. En
Francia, este domingo hubo manifestaciones a lo largo de su territorio
protestando por la propuesta del presidente Hollande de aprobar el Pacto
Fiscal que obligará, en la práctica, a perpetuar las políticas de
austeridad. En Grecia, las protestas laborales y sociales son también el
pan de cada día, alcanzando cada vez más una orientación violenta que
puede afectar la viabilidad de sus instituciones representativas. Un
tanto parecido ocurre en España, donde la represión por parte del
Estado, heredero, en parte, de la dictadura, es especialmente acentuado
en contra de las numerosas manifestaciones que toman lugar a lo largo
del territorio español. Y lo mismo está ocurriendo en Italia, donde los
sindicatos están liderando una oposición cada vez más generalizada
contra las imposiciones del gobierno Monti.
La respuesta del establishment que gobierna la Eurozona
Ni
que decir tiene que esta agitación social está generando respuestas del
establishment que gobierna la Eurozona. Una de ellas, son las medidas
tomadas por el BCE de comprar bonos públicos (de corto periodo, no más
de tres años) en el mercado primario, condicionado a que los países
pidan un rescate del European Stability Mechanism (ESM), al cual se le
ha dotado de 500.000 millones de euros para que compre deuda pública (a
largo plazo, de 10 años) en el mercado secundario, sujeto todo ello a
unas condiciones leoninas que implican todavía más recortes. Estas
medidas de recortes y austeridad, forzando una bajada de los salarios,
supondrán todavía un mayor endeudamiento, junto con una mayor
austeridad, reforzándose así el ciclo vicioso entre endeudamiento,
austeridad y declive de la actividad económica.
Lo que está
pasando en España con el rescate bancario es un claro ejemplo de ello.
Se proveen 100.000 millones de euros, que se prestan al Estado español
(con lo cual el déficit y la deuda pública aumentan), con la condición
de que se reduzca todavía más el gasto público, empeorando así, incluso
más, la situación de la economía española.
¡Hay alternativas a los recortes!
Para
cualquier persona que no esté obcecada con el dogma neoliberal es obvio
que la solución a la crisis económica pasa por romper este círculo
vicioso, que se inicia con un endeudamiento que quiere resolverse a base
de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad
económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado
más dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando
la Eurozona al desastre.
Lo que tiene que hacerse es dejar de
endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus
accionistas, pero a nadie más. No se puede avanzar con un sistema
financiero que funciona para tan pocos a costa del sacrificio de tantos.
La banca privada ya ha perdido su función social, que es la de proveer
crédito. Si no ofrece crédito, no tiene lógica su existencia. El tamaño
del sector financiero en una economía debe por lo tanto reducirse
sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que incluyen desde
una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar los
ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los
grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades
especulativas. Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con
pleno intervencionismo del Estado para garantizar la disponibilidad de
crédito razonable y accesible. No puede permitirse que la banca privada
sea el aparato sanguíneo del cuerpo económico.
Por otra parte,
los Estados deben dejar de depender tanto de los préstamos externos,
observación que es especialmente relevante para los países llamados en
la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se incluye Italia). Cada
uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son excesivamente bajos)
debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si España
tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000
millones de euros más al año. En Italia, según el Banco de Italia, la
riqueza existente en el país, altamente concentrada (que podría y
debería general fondos al Estado), representa 8.600.000 millones de
euros, que es más de cuatro veces los 2.000.000 millones de euros de
deuda pública que tiene su Estado. Si tal riqueza concentrada, como
sugiere Tom Gill en su artículo “Europe is Revolting” (CounterPunch,
Septiembre de 2012) se la gravara con un 2% de la riqueza poseída por el
50% más rico de los propietarios, se generarían 100.000 millones de
euros más al año para las arcas del Estado.
Un tanto semejante en
Portugal, donde el gobierno propuso recientemente unos recortes de
4.900 millones de euros (que tuvo que retirar debido a la oposición de
la ciudadanía). Los sindicatos portugueses propusieron como alternativas
un aumento del gravamen de un 0,25% en las transacciones bancarias
(consiguiendo así 2.000 millones), de un 10% en las ganancias en la
propiedad de los mayores accionistas del país (consiguiendo 1.700
millones de euros), un incremento del impuesto de sociedades para las
empresas que facturan a partir de 1.2 millones de euros al año (1.200
millones de euros), y una disminución del fraude fiscal (1.200 millones
de euros). Todas estas medidas afectarían sólo al 1% de la población:
los súper ricos. Todas estas propuestas son altamente populares.
Otras
propuestas también altamente populares es la reducción del gasto en las
Fuerzas Armadas. Gran parte de tales fuerzas militares hacen funciones
policiales y de represión interna, caso claro en España, donde se asigna
a tales fuerzas armadas la garantía de “la unidad de España”, función
que expresa el carácter policial y de represión interna del país,
defendiendo en la práctica un centralismo que inhibe la expresión de la
riqueza de España que debería basarse en la expresión de su
plurinacionalidad. Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas,
populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los
establishments que gobiernan a los países de la Eurozona, que están
imponiendo políticas opuestas, altamente impopulares. Hoy existen unas
instituciones que no han sido elegidas por la población, que gobiernan e
imponen lo que favorece a sus intereses particulares, a costa de los
intereses generales. Las fuerzas auténticamente democráticas deberían
coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de
toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo
basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los
países al desastre.
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de octubre de 2012