La reforma del sistema de pensiones: otro paso antisocial
Antonio Antón
15-12-2010
Artículo extraído de www.nuevatribuna.es
Artículo extraído de www.nuevatribuna.es
La reforma del sistema de pensiones: otro paso antisocial
El Gobierno pretende aprobar el día 28 de enero de 2011 un proyecto de Ley de reforma del sistema de pensiones para, con las enmiendas mayoritarias aceptadas en el trámite parlamentario durante los próximos meses, someterlo a aprobación como Ley por el Congreso de Diputados y el Senado. El Gobierno socialista se ratifica en el plan antisocial aprobado el pasado 29 de enero de 2010, remitido a a las instituciones europeas y a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para su debate y que debe presentar sus conclusiones próximamente.
nuevatribuna.es | 10.12.2010
Las medidas más relevantes del plan gubernamental, confirmadas como ejes de su reforma, son dos: alargar la edad legal y obligatoria de jubilación -desde los 65 hasta los 67 años-; ampliar el tiempo de cómputo para el cálculo de la pensión –de 15 a 25 años-. Según diversas investigaciones, la primera medida supone, además de la penosidad para la mayoría de trabajadores por ese alargamiento, un recorte entre el 10% y el 16% del importe total a percibir por los nuevos pensionistas, y la segunda, una reducción media en torno a un 5%, con variaciones según los segmentos, pudiendo alcanzar al 7% para la mayoría -70%- de asalariados, que llegaría al 5% en el caso de una ampliación sólo hasta 20 años. De llevarse a cabo ese plan, el total del recorte medio es sustancial –entre el 15% y el 21%-, aunque su impacto sería gradual y acumulativo, hasta su aplicación completa en el año 2024. Además, se produce con unas pensiones medias bajas y un limitado gasto en pensiones públicas (9% del PIB), con una diferencia de tres puntos -un tercio menos- respecto de la media de la UE-15 (12%).
La evidencia de este retroceso en las pensiones de jubilación, desde su primer anuncio, fue clara para la mayoría de la sociedad de la que salió un clamor contra él, siendo los sindicatos los que encauzaron esa oposición, con las importantes manifestaciones iniciadas el día 23 de febrero pasado. El Gobierno, consciente del carácter impopular de esos recortes, dejó aparcado su plan durante unos meses. Tras la consolidación del giro antisocial de su política socioeconómica, bajo la presión de los mercados financieros y las exigencias de la UE, a través del fuerte ajuste fiscal y la reducción del gasto público, de mayo, y la reforma laboral, aprobada en junio y ratificada en septiembre, el Gobierno volvió a insistir en que esta reforma de las pensiones era urgente e imprescindible. Dada la persistencia de la gran oposición popular y sindical, han existido diversos énfasis en la ‘comunicación’ sobre el alcance y los plazos de su aprobación. Pero, con las nuevas exigencias, durante el mes de noviembre, de los poderes económicos, los mercados financieros y las instituciones europeas e internacionales, decide acelerar y ejecutar ese plan antisocial, no considerando imprescindible el acuerdo con los sindicatos –que lo rechazan- ni un amplio consenso parlamentario, a diferencia de la costumbre del Pacto de Toledo.
Frente a ese viraje contra los derechos socioloborales, para expresar ‘así, no’ y exigir una ‘rectificación’, se realizó la masiva huelga general del 29 de septiembre convocada por los sindicatos, con un amplio respaldo asociativo. La ausencia de cambio de la reforma laboral, las nuevas medidas de ajuste fiscal –incluyendo la suspensión de la prórroga del susbsidio de desempleo-, aprobadas el pasado 3 de diciembre, y la ratificación por el Gobierno de esa reforma de las pensiones, profundizan la orientación liberal e impopular de su politica socieoconomica; se mantiene el conflicto abierto con los sindicatos que han activado nuevamente las movilizaciones del 15 al 18 de diciembre, en el marco de las jornadas convocadas en distintos países por la Confederación Europea de Sindicatos.
Algunas voces del ámbito gubernamental insinúan la existencia de cierto margen para una parcial reconsideración y negociación de su propuesta inicial. Así, hablan de la posibilidad de incrementar el tiempo de cálculo para la base reguladora a 20 años en vez de los 25 del documento oficial inicial, o bien que la decisión sobre el alargamiento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años está abierta. Hay que recordar que el documento gubernamental ya contempla dos posibilidades de aplicación de esa medida. Una, la más divulgada, la obligatoriedad –para conseguir una pensión sin penalización- de prolongar la vida laboral esos dos años más. Otra, junto con esa prolongación legal de la edad de jubilación, ofrecer el derecho a la jubilación anticipada a los 65 (o 66) años, pero con la correspondiente penalización, que podría alcanzar el 16%. Esta segunda opción a la que se verían forzados la mayoría de asalariados es igual o más lesiva que la primera, en términos distributivos, e igualmente rechazable.
No obstante, existen nuevas presiones de distintos ámbitos -dentro y fuera del Ejecutivo, así como en el marco europeo e internacional- para acelerar esa reforma completa, o incluso aumentar el alcance del recorte: limitar el acceso a la pensión contributiva ampliando el mínimo de quince años de cotización; incrementar el máximo de treinta y cinco años –hasta los cuarenta años- para conseguir la pensión completa, lo que supondría una penalización añadida de diez puntos, y ampliar el tiempo de cómputo, para establecer la base reguladora, a treinta años o a toda la vida laboral. También se opta por la reducción del derecho a la jubilación anticipada y parcial o su mayor penalización -particularmente esta última que no tiene penalización-, para aumentar la edad real de jubilación y cobrar menos años la pensión, o reducir su importe mensual. Además, el Gobierno ya ha aprobado, adicionalmente, la congelación de las pensiones para el año 2011 y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial y el cómputo de quince años.
El riesgo de la aprobación, en los proximos meses, de todas o parte de las principales medidas problemáticas, está presente, a pesar del nuevo rechazo expresado por la ciudadanía con la huelga general del 29 de septiembre y la amplia oposición social y sindical. La alternativa del PP ha sido, en esta ocasión en la que comparte la posición de fondo de recortar el sistema público de pensiones y, en general, el gasto público social, dar prioridad a su objetivo político central: dejar que el partido socialista se desgaste socialmente con medidas impopulares para ganar terreno electoral; así, incluso no ha avalado la congelación de las pensiones o el incremento de la edad obligatoria de jubilación. No obstante, con un consenso político amplio –incluyendo el PP y todas las derechas nacionalistas- o bien, escaso -sólo con PNV y CC- el Gobierno socialista y el Parlamento podrían aprobar una ley regresiva frente a la opinión de los sindicatos. Podría configurarse una mayoría parlamentaria frente a una mayoría ciudadana que rechaza una reducción de la protección social y a la exigencia sindical de mejorarla desde el acuerdo social -reafirmada con sus 30 propuestas alternativas para ‘Recuperar derechos y defender el Estado social’-. Esa disociación entre la idea mayoritaria de la población y la de esa mayoría parlamentaria no contribuiría, precisamente, a afianzar las instituciones democráticas y la credibilidad de las élites políticas.
Tras la aplicación de la reforma laboral, esta reforma de las pensiones constituye el próximo e inmediato desafío para la sociedad y los sindicatos. En el actual contexto sociopolitico y para neutralizar las dinámicas más regresivas de la política socioeconómica del Gobierno, CCOO y UGT tratan de impedir este recorte de las pensiones, particularmente, la medida más gravosa de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años, y han reclamado abrir una negociación también con los sindicatos para fortalecer la protección social y el sistema de Seguridad Social. El rechazo sindical a estas propuestas injustas e innecesarias busca garantizar una mínima equidad y evitar nuevos retrocesos sociales. Además, todo ello generaría más dificultades para que, gane quien gane las elecciones generales próximas, se pueda imponer una reforma regresiva del sistema de pensiones y un continuado debilitamiento del Estado de bienestar. Pero, el Gobierno de Zapatero parece que no rectifica tampoco en este tema; significa que apuesta por la continuidad de su política regresiva, el fracaso del diálogo social y la desconsideración de los sindicatos y su amplio apoyo social. Pequeñas correcciones positivas, siempre bienvenidas, tampoco servirían para superar la oposición popular y sindical a unos significativos recortes de derechos sociales y laborales.
Los posibles cambios o rectificaciones en el nuevo proyecto de ley y su discusión parlamentaria están sometidas a diversas variables, entre ellas, por un lado, la opinión ciudadana y la acción sindical, y, por otro lado, las presiones empresariales, financieras e internacionales. Quizá se produzcan diversas expectativas y vaivenes hasta la aprobación definitiva de la ley, probablemente en la segunda mitad del año 2011 –si se produce y no se aplaza a la siguiente legislatura o se convocan elecciones generales anticipadas-. Es el periodo de la iniciativa sindical y la influencia ciudadana que, de mantenerse el grueso de las medidas injustas socialmente e innecesarias económicamente, deberían ser amplias, contundentes y persistentes hasta que se retiren definitivamente.
Antonio Antón | Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Gobierno pretende aprobar el día 28 de enero de 2011 un proyecto de Ley de reforma del sistema de pensiones para, con las enmiendas mayoritarias aceptadas en el trámite parlamentario durante los próximos meses, someterlo a aprobación como Ley por el Congreso de Diputados y el Senado. El Gobierno socialista se ratifica en el plan antisocial aprobado el pasado 29 de enero de 2010, remitido a a las instituciones europeas y a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para su debate y que debe presentar sus conclusiones próximamente.
nuevatribuna.es | 10.12.2010
Las medidas más relevantes del plan gubernamental, confirmadas como ejes de su reforma, son dos: alargar la edad legal y obligatoria de jubilación -desde los 65 hasta los 67 años-; ampliar el tiempo de cómputo para el cálculo de la pensión –de 15 a 25 años-. Según diversas investigaciones, la primera medida supone, además de la penosidad para la mayoría de trabajadores por ese alargamiento, un recorte entre el 10% y el 16% del importe total a percibir por los nuevos pensionistas, y la segunda, una reducción media en torno a un 5%, con variaciones según los segmentos, pudiendo alcanzar al 7% para la mayoría -70%- de asalariados, que llegaría al 5% en el caso de una ampliación sólo hasta 20 años. De llevarse a cabo ese plan, el total del recorte medio es sustancial –entre el 15% y el 21%-, aunque su impacto sería gradual y acumulativo, hasta su aplicación completa en el año 2024. Además, se produce con unas pensiones medias bajas y un limitado gasto en pensiones públicas (9% del PIB), con una diferencia de tres puntos -un tercio menos- respecto de la media de la UE-15 (12%).
La evidencia de este retroceso en las pensiones de jubilación, desde su primer anuncio, fue clara para la mayoría de la sociedad de la que salió un clamor contra él, siendo los sindicatos los que encauzaron esa oposición, con las importantes manifestaciones iniciadas el día 23 de febrero pasado. El Gobierno, consciente del carácter impopular de esos recortes, dejó aparcado su plan durante unos meses. Tras la consolidación del giro antisocial de su política socioeconómica, bajo la presión de los mercados financieros y las exigencias de la UE, a través del fuerte ajuste fiscal y la reducción del gasto público, de mayo, y la reforma laboral, aprobada en junio y ratificada en septiembre, el Gobierno volvió a insistir en que esta reforma de las pensiones era urgente e imprescindible. Dada la persistencia de la gran oposición popular y sindical, han existido diversos énfasis en la ‘comunicación’ sobre el alcance y los plazos de su aprobación. Pero, con las nuevas exigencias, durante el mes de noviembre, de los poderes económicos, los mercados financieros y las instituciones europeas e internacionales, decide acelerar y ejecutar ese plan antisocial, no considerando imprescindible el acuerdo con los sindicatos –que lo rechazan- ni un amplio consenso parlamentario, a diferencia de la costumbre del Pacto de Toledo.
Frente a ese viraje contra los derechos socioloborales, para expresar ‘así, no’ y exigir una ‘rectificación’, se realizó la masiva huelga general del 29 de septiembre convocada por los sindicatos, con un amplio respaldo asociativo. La ausencia de cambio de la reforma laboral, las nuevas medidas de ajuste fiscal –incluyendo la suspensión de la prórroga del susbsidio de desempleo-, aprobadas el pasado 3 de diciembre, y la ratificación por el Gobierno de esa reforma de las pensiones, profundizan la orientación liberal e impopular de su politica socieoconomica; se mantiene el conflicto abierto con los sindicatos que han activado nuevamente las movilizaciones del 15 al 18 de diciembre, en el marco de las jornadas convocadas en distintos países por la Confederación Europea de Sindicatos.
Algunas voces del ámbito gubernamental insinúan la existencia de cierto margen para una parcial reconsideración y negociación de su propuesta inicial. Así, hablan de la posibilidad de incrementar el tiempo de cálculo para la base reguladora a 20 años en vez de los 25 del documento oficial inicial, o bien que la decisión sobre el alargamiento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años está abierta. Hay que recordar que el documento gubernamental ya contempla dos posibilidades de aplicación de esa medida. Una, la más divulgada, la obligatoriedad –para conseguir una pensión sin penalización- de prolongar la vida laboral esos dos años más. Otra, junto con esa prolongación legal de la edad de jubilación, ofrecer el derecho a la jubilación anticipada a los 65 (o 66) años, pero con la correspondiente penalización, que podría alcanzar el 16%. Esta segunda opción a la que se verían forzados la mayoría de asalariados es igual o más lesiva que la primera, en términos distributivos, e igualmente rechazable.
No obstante, existen nuevas presiones de distintos ámbitos -dentro y fuera del Ejecutivo, así como en el marco europeo e internacional- para acelerar esa reforma completa, o incluso aumentar el alcance del recorte: limitar el acceso a la pensión contributiva ampliando el mínimo de quince años de cotización; incrementar el máximo de treinta y cinco años –hasta los cuarenta años- para conseguir la pensión completa, lo que supondría una penalización añadida de diez puntos, y ampliar el tiempo de cómputo, para establecer la base reguladora, a treinta años o a toda la vida laboral. También se opta por la reducción del derecho a la jubilación anticipada y parcial o su mayor penalización -particularmente esta última que no tiene penalización-, para aumentar la edad real de jubilación y cobrar menos años la pensión, o reducir su importe mensual. Además, el Gobierno ya ha aprobado, adicionalmente, la congelación de las pensiones para el año 2011 y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial y el cómputo de quince años.
El riesgo de la aprobación, en los proximos meses, de todas o parte de las principales medidas problemáticas, está presente, a pesar del nuevo rechazo expresado por la ciudadanía con la huelga general del 29 de septiembre y la amplia oposición social y sindical. La alternativa del PP ha sido, en esta ocasión en la que comparte la posición de fondo de recortar el sistema público de pensiones y, en general, el gasto público social, dar prioridad a su objetivo político central: dejar que el partido socialista se desgaste socialmente con medidas impopulares para ganar terreno electoral; así, incluso no ha avalado la congelación de las pensiones o el incremento de la edad obligatoria de jubilación. No obstante, con un consenso político amplio –incluyendo el PP y todas las derechas nacionalistas- o bien, escaso -sólo con PNV y CC- el Gobierno socialista y el Parlamento podrían aprobar una ley regresiva frente a la opinión de los sindicatos. Podría configurarse una mayoría parlamentaria frente a una mayoría ciudadana que rechaza una reducción de la protección social y a la exigencia sindical de mejorarla desde el acuerdo social -reafirmada con sus 30 propuestas alternativas para ‘Recuperar derechos y defender el Estado social’-. Esa disociación entre la idea mayoritaria de la población y la de esa mayoría parlamentaria no contribuiría, precisamente, a afianzar las instituciones democráticas y la credibilidad de las élites políticas.
Tras la aplicación de la reforma laboral, esta reforma de las pensiones constituye el próximo e inmediato desafío para la sociedad y los sindicatos. En el actual contexto sociopolitico y para neutralizar las dinámicas más regresivas de la política socioeconómica del Gobierno, CCOO y UGT tratan de impedir este recorte de las pensiones, particularmente, la medida más gravosa de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años, y han reclamado abrir una negociación también con los sindicatos para fortalecer la protección social y el sistema de Seguridad Social. El rechazo sindical a estas propuestas injustas e innecesarias busca garantizar una mínima equidad y evitar nuevos retrocesos sociales. Además, todo ello generaría más dificultades para que, gane quien gane las elecciones generales próximas, se pueda imponer una reforma regresiva del sistema de pensiones y un continuado debilitamiento del Estado de bienestar. Pero, el Gobierno de Zapatero parece que no rectifica tampoco en este tema; significa que apuesta por la continuidad de su política regresiva, el fracaso del diálogo social y la desconsideración de los sindicatos y su amplio apoyo social. Pequeñas correcciones positivas, siempre bienvenidas, tampoco servirían para superar la oposición popular y sindical a unos significativos recortes de derechos sociales y laborales.
Los posibles cambios o rectificaciones en el nuevo proyecto de ley y su discusión parlamentaria están sometidas a diversas variables, entre ellas, por un lado, la opinión ciudadana y la acción sindical, y, por otro lado, las presiones empresariales, financieras e internacionales. Quizá se produzcan diversas expectativas y vaivenes hasta la aprobación definitiva de la ley, probablemente en la segunda mitad del año 2011 –si se produce y no se aplaza a la siguiente legislatura o se convocan elecciones generales anticipadas-. Es el periodo de la iniciativa sindical y la influencia ciudadana que, de mantenerse el grueso de las medidas injustas socialmente e innecesarias económicamente, deberían ser amplias, contundentes y persistentes hasta que se retiren definitivamente.
Antonio Antón | Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.
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