AMPLIOS sectores de la población sufren la expansión descontrolada de graves dificultades económicas y sociales; especialmente aquellos que han perdido el empleo y con ello, la posibilidad de iniciar o de dar continuidad a sus proyectos de vida. Estas personas tienen nombre y apellido, rostro y se relacionan con los de servicios sociales para recibir apoyo en su camino hacia la inclusión sociolaboral.

En este contexto de precariedad e inseguridad social, la política gobernante traslada a las administraciones la exclusiva receta de reducir el gasto. En Navarra, el Gobierno foral y la propia Alcaldía de Pamplona han querido presentarse ante la opinión pública con el bisturí en la mano como herramienta de corte fino y selectivo asegurando de forma reiterada que la reducción presupuestaria no afectaría a las partidas sociales en un momento en que son imprescindibles para mitigar los dramáticos efectos de una crisis que sigue en caída libre.

Sin embargo, asistimos a decisiones que contradicen lo manifestado ya que contribuyen a que los recursos económicos para las políticas sociales, se vean reducidos de forma notoria.

En Servicios Sociales tenemos ejemplos muy recientes. La llamada eufemísticamente Renta de Inclusión solo es el resultante del endurecimiento de la anterior Renta Básica, mostrándose desde sus principios, excluyente. La inexplicable falta de urgencia en la elaboración del demorado Plan de Inclusión Social. La reducción de subvenciones a las entidades de iniciativa social que asfixia su capacidad de actividad e incluso su propia existencia. La amortización de trabajadores/as en las plantillas de las administraciones públicas mientras crecen los puestos de fidelidad política que, sin la profesionalidad acreditada, no tienen problema alguno en dar cobertura pseudotécnica al desplome de los programas de gestión pública.

A todo ello, recientemente sumamos una nueva pérdida. El Departamento de Política Social del Gobierno de Navarra prevé aplicar una disminución de un 34% efectivo en la subvención anual a los programas de Empleo Social Protegido (programa instalado en la estructura social y municipal de Navarra desde hace casi 25 años). En el caso concreto de Pamplona, a este recorte trasladado podría sumarse otro de carácter local, por lo que la reducción respecto a la partida disponible el pasado año, será aún mayor.

En Pamplona, el programa ha seguido en estos tres últimos años un proceso inverso a la evolución de la crisis puesto que su capacidad de respuesta ha ido en retroceso, en tanto aumentaba el desempleo en la ciudad. En paralelo a la regresión del Gobierno, el Ayuntamiento también reduce su actuación. Así para este año 2012, si no hay una medida correctora que lo remedie, la disponibilidad de plazas será la mitad de las ofertadas en 2010.

Este incomprensible descenso impacta negativamente en el potencial de ESP como alternativa dinámica a las prestaciones concedidas a las personas con dificultades de acceso al empleo. Entretanto, desde el Departamento de Política Social se criminaliza a quienes tienen que solicitar apoyo económico, se dice a quienes reclaman su derecho básico a la subsistencia que trabajen o vuelvan a sus países. Y lo están haciendo, con descaro, cuando el bien del trabajo no existe ni siquiera para jóvenes capacitados.

Hay que incidir en el hecho de que quienes participan en el programa de ESP contribuyen con su quehacer al bien común con unos costes bajos que generan ahorro en el balance de gasto público. En Pamplona, mantienen jardines y márgenes del río Arga, acondicionan locales de uso público, confeccionan vestuario, tapizan mobiliario, encuadernan, estampan serigrafías, cubren conserjerías, transportan materiales, realizan estructuras metálicas, limpian instalaciones municipales y atienden el comedor social. Aparte de un salario básico para atender sus necesidades vitales, el programa les aporta un elemento diferencial de gran rentabilidad: la experimentación laboral. Pero además las personas contratadas pueden sentirse parte activa de la ciudad en la que habitan y devuelven a la ciudadanía una oportunidad social que está siendo financiada por sus impuestos. Por lo que se amplía el marco de una respuesta que debe ser global para contrarrestar las causas de la exclusión.

Limitar los presupuestos destinados a los programas de Empleo Social en Navarra solo puede hacerse aplicando una fría aritmética de recorte simplista que no pueden, ni deberían soportar quienes carecen de otra alternativa.

Desde Axola queremos trasladar a la opinión pública el rechazo existente en los colectivos profesionales a cómo están tratando las administraciones estos programas básicos. La excusa de la crisis no debe socavar el sistema de protección social, muy alejado de la media europea; no al menos desde el más mínimo sentido de la justicia y la sostenibilidad social.

Exigimos al Gobierno de Navarra que cumpla su palabra respecto a su interés por fomentar el empleo para los colectivos más vulnerables, (según lo manifestado para justificar la aprobación de la nueva Ley de Inclusión Social), incrementando la partida presupuestaria destinada a la convocatoria de empleo social. Y solicitamos al Gobierno municipal del Ayuntamiento de Pamplona generosidad con la ciudadanía de Pamplona que se encuentra en situaciones de precariedad.

Axola (Asociación Navarra para la Promoción del Bienestar Social y los Servicios Sociales), por  - Jueves, 2 de Febrero de 2012