Una situación sindical estancada

Tras el fracaso de una solución consensuada para la reforma de la negociación colectiva, prometida como una contrapartida del pacto de las pensiones públicas, y la aprobación gubernamental y parlamentaria de una nueva normativa regresiva, el sindicalismo ha quedado en una situación de bloqueo, sin estrategia operativa clara: ni la de pacto social, ni la de protesta y conflicto social. Veamos este proceso para analizar el escenario probable de los próximos meses y debatir sobre las oportunidades y los riesgos para la acción sindical y sociopolítica en una situación que se avecina difícil.

Visto en perspectiva, este primer semestre de 2011 deja un balance desolador para el movimiento sindical, aun con el espaldarazo institucional y mediático, frágil, efímero y contraproducente, que les proporcionó su colaboración con el recorte de las pensiones públicas y la consolidación de la paz social. Los resultados de la ofensiva neoliberal son negativos no sólo para los derechos sociales y condiciones laborales de la población trabajadora sino para la propia influencia y la dimensión social y representativa de las estructuras sindicales. No obstante, comparado con los riesgos y las oportunidades del semestre anterior, el giro de la estrategia sindical de pacto social, expresado con el cambio de año, ha conducido a una situación peor y no mejor para el conjunto del movimiento sindical, en las dos vertientes, externa e interna. Esa política sindical ha fracasado, tanto por la ausencia de resultados en la rectificación significativa de la reforma regresiva de las pensiones o en mejoras significativas para las clases trabajadoras cuanto por las dificultades de legitimación social de esa actuación. Pero tampoco ganan estabilidad y prestigio para sus aparatos negociadores, sino lo contrario.

Por otro lado, además de los recortes de las pensiones con el aval sindical, se imponen la reforma laboral –a pesar de la huelga general y del importante esfuerzo de la ILP- y la de la negociación colectiva, con mayor poder empresarial en los centros de trabajo y un debilitamiento de las funciones de las estructuras sindicales, particularmente las intermedias y de base; el efecto, desde el punto de vista ‘interno’, es menor capacidad contractual, mayor incertidumbre para las estructuras sindicales.
En el ámbito sindical, se produce un vacío interpretativo y de alternativas, en una nueva coyuntura más difícil y defensiva que en el comienzo de este ciclo en otoño de 2009. No obstante, existe el problema adicional de que una parte de la responsabilidad de esta situación obedece a los propios errores de orientación sindical, lo cual dada la poca inclinación autocrítica de parte de los dirigentes sindicales -particularmente los más burocráticos, los próximos al poder institucional y los fundamentalistas del pacto-, dificulta todavía más su definición de las respuestas adecuadas y la mejora de la cohesión interna.

El último eslabón, por ahora, de esa política conservadora y neoliberal dominante en la UE y los Estados miembros, es la reforma constitucional, compartida en España por el partido socialista y el partido popular, para restringir el déficit público y la deuda pública, contentar a los mercados financieros y condicionar mayores recortes sociales por las nuevas dificultades de financiación. Y se ejecuta en pleno verano, sin debate público ni consulta ciudadana en referéndum. Las prestaciones públicas y los derechos sociales dejarían ya de tener un carácter subjetivo y universal y estarían sometidos a los criterios de estabilidad presupuestaria asumidos en la norma constitucional  y determinados, en cada momento, por la mayoría parlamentaria de turno. Ello sin garantizar una presión fiscal necesaria para asegurar la suficiencia financiera del Estado de bienestar y la sostenibilidad de las políticas sociales. Es una decisión que perjudica especialmente a países como España, con una presión fiscal inferior a la media europea, un Estado de bienestar más débil e importantes necesidades de apoyo público para impulsar la modernización económica, la reactivación de la economía y el desarrollo de la educación y los servicios públicos. Se profundiza la reestructuración regresiva el Estado de bienestar, se recorta el modelo social europeo poniendo por encima los intereses de los mercados financieros y una redistribución regresiva de la riqueza, se constitucionaliza el paradigma neoliberal frente a las garantías de la seguridad y el bienestar sociales de la sociedad. Además, se acompaña con medidas de ampliación de la temporalidad y la precariedad en el empleo.

A corto y medio plazo, incluido todo el año 2012, no existen indicios de reactivación económica significativa; todavía estaremos, probablemente, en medio de la crisis económica y de empleo. Incluso se puede ampliar la dimensión y la  gravedad de los problemas sociales, particularmente la prolongación del paro masivo, nuevas políticas de recortes sociolaborales y medidas antisindicales con mayores presiones desde las derechas gobernantes, la propia UE y los mercados.
Ante la nueva situación, las direcciones de los grandes sindicatos tratan de superar su perplejidad consiguiente, adecuar su acción sindical y reelaborar su imagen y su perfil reivindicativo. En ese sentido, es positivo su esfuerzo movilizador contra la reforma constitucional. Sin embargo, el problema es más profundo, no es sólo de comunicación o de una respuesta puntual, sino, sobre todo, de reorientación estratégica, firmeza en la acción práctica y renovación organizativa y de discursos. A las debilidades estructurales de su capacidad contractual se añaden las graves consecuencias de su error estratégico de este proceso de pacto social: incapacidad de conseguir resultados sustantivos para las capas populares, y su dificultad para legitimar socialmente sus decisiones más problemáticas (aval al recorte de las pensiones). Ello significa que la gran confianza representativa alcanzada anteriormente por las estructuras y las direcciones sindicales no es incondicional ni permanente, no cuentan con una base social disciplinada tras un fuerte liderazgo, y no pueden utilizar esa delegación para asuntos no expresamente deseados por sus bases trabajadoras y menos para los que se opone la mayoría ciudadana. Así, la gestión de su dimensión social es delicada y sometida al escrutinio de una ciudadanía más crítica, con un fuerte sentido de la justicia social y más consciente de sus intereses inmediatos.


Una reflexión interesante pero insuficiente

Se ha iniciado, particularmente en CCOO, una reflexión para elaborar unas propuestas que definan la acción sindical próxima, cohesionen a ese sindicato y refuercen su dirección, y que todo ello sea refrendado en un acto multitudinario (veinte mil personas en la plaza de Vistalegre, el 24 de septiembre). El documento firmado por sus máximos dirigentes -Toxo y Lezcano- expresa dos ideas fundamentales: ‘reivindicarnos’ y ‘repensarnos’. Tiene un talante abierto y reflexivo, y sus interrogantes son de interés para el debate público. La iniciativa trata de autoafirmar a ese sindicato como la principal organización sindical y sociopolítica y adecuarla a las nuevas realidades y exigencias. Los temas a repensar se pueden agrupar en tres tipos: 1) cambios productivos y en la estructura social; 2) reajustes internos; 3) prioridades de la acción sindical.

Ese reivindicarnos es positivo frente a las presiones externas, particularmente de la derecha y el poder económico, que pretenden dejar al sindicalismo en la irrelevancia. No obstante, ese proceso reivindicativo del papel propio de ese sindicato debe distinguir lo positivo de lo negativo de su práctica y sus estrategias. Así, ese texto sí explicita algunos puntos débiles y deficiencias que hay que cambiar, pero no entra en profundidad a diferenciar entre los aciertos y potencialidades positivas que habría que reivindicar y fortalecer, y los errores estratégicos y de orientación a superar. En ese sentido, el simple ‘reivindicarnos’ –tanto lo bueno como lo malo- no facilitaría la reflexión realista de los puntos fuertes y, sobre todo, de cómo superar los fallos, así como la correspondiente renovación. En consecuencia, el ‘repensarnos’ estaría condicionado por el deseo conservador de no valorar y superar las deficiencias propias, y sería limitado.

Aquí se realiza una contribución analítica con espíritu crítico, unitario y constructivo, valorando las enseñanzas de la experiencia de estos dos años para aportar algunas reflexiones que permitan definir mejor las propuestas de reforzamiento y de cambio de la dinámica sindical, así como un punto de partida para exponer y debatir las oportunidades y desafíos inmediatos que conlleva esta situación difícil y compleja para el movimiento sindical y ciudadano y el conjunto de las izquierdas.

Respecto del primer bloque, las reflexiones expuestas son realistas y apuntan bien las importantes transformaciones a las que dar respuesta adecuada, desde la descentralización productiva, un tejido económico de pymes y la segmentación del mercado de trabajo, hasta las dinámicas de la globalización, la desregulación e individualización de las relaciones laborales y la importancia de la dimensión europea. Algunas ideas son ya antiguas pero hay que profundizar en ellas a la luz del impacto de la reciente crisis socioeconómica y las políticas neoliberales. Dos aspectos cabría destacar con incidencia directa en el tipo de acción sindical. Uno, dada la diversidad y la estratificación de las clases trabajadoras, la mayor vinculación con los jóvenes y las capas precarias y en paro (sin desconsiderar a otras capas cualificadas o profesionales); ello permitiría el aumento de arraigo sindical y su capacidad representativa, unitaria e integradora. Dos, la relevancia de la regulación colectiva, el papel de lo público, y la solidaridad, incluido el ámbito europeo.

El segundo tipo de interrogantes y propuestas de ese documento de CCOO hace referencia a la necesidad de algunos reajustes internos. Es positiva la alusión a superar inercias organizativas, aumentar la sensibilidad social, mejorar el uso de los recursos y afinar con la comunicación. En comparación con el otro gran sindicato –UGT- supone un tratamiento más abierto y autocrítico, y la posibilidad de una mejor adecuación a los retos futuros. Sin embargo, se queda corto. El aspecto principal en este campo es promover un amplio proceso democrático de participación, de articulación del debate, la renovación de ideas y prácticas organizativas y la integración desde la pluralidad de posiciones que permitan mayor unidad y cohesión interna. Los grandes retos vienen del exterior, de un contexto más difícil, y para afrontarlos se debe conseguir unos cambios y el fortalecimiento internos más profundos: mecanismos más democráticos y solidarios, al mismo tiempo que medios adecuados y dirigidos al fin colectivo de la mejora sociolaboral de las clases trabajadoras; la interrelación de influencia sustantiva y dimensión social y representativa también fortalecerá la afiliación sindical y la legitimación de las estructuras sindicales, no al revés. Hacer frente a las inercias organizativas y los intereses creados de las distintas estructuras sindicales necesita un fuerte liderazgo, una importante representatividad y, al mismo tiempo, una profundización democrática e integradora de puntos de vista diversos.

En relación con el tercer bloque, las prioridades de la acción sindical, los autores avanzan elementos de interés, como la importancia clave de la acción sindical frente al exceso, en ocasiones, de la simple acción institucional o la conveniencia de la autonomía sindical del poder político al mismo tiempo que cumplir una función sociopolítica general. Pero, la reflexión es insuficiente y apuntan dos propuestas limitadas y ambivalentes: el refuerzo de las comisiones paritarias sectoriales, y el desplazamiento de las funciones representativas y negociadoras de los comités de empresa hacia las estructuras de los sindicatos. Son aspectos problemáticos, ya expresados en el preacuerdo de la reforma de la negociación colectiva.

Veamos, primero, algunas aportaciones sobre la acción sindical. La actividad sindical en la negociación colectiva y su orientación son vitales para defender las reivindicaciones laborales de las clase trabajadoras; su dinamización, el apoyo en los centros de trabajo y la capacidad de presión a los empresarios son fundamentales para conseguir mejoras sociolaborales e incrementar la capacidad negociadora del sindicalismo. La legitimidad social y el reconocimiento institucional de los aparatos sindicales se basan en los resultados de esta influencia sustantiva y, en ese sentido, son fundamentales frente a la presión por dejarlos en la irrelevancia. No obstante, priorizar la seguridad de los recursos de las comisiones paritarias es una salida en falso a las dificultades de la capacidad contractual en la negociación colectiva. Éstas dependen más de la falta de dinamismo de las bases sindicales, la heterogeneidad y debilidad estructural de las clases trabajadoras y una acción sindical firme. Y mejorándolas vendría por añadidura la mayor capacidad negociadora y contractual. Si se sitúa este problema en primer plano, puede aparecer la distorsión de privilegiar el medio institucional –un mecanismo compartido con los representantes empresariales-, como garantía de la estabilidad de la función negociadora de una élite sindical, sin que el fin –defender y mejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras- quede claro o signifique avances sustantivos hacia él.

Pero, además, la normativa recientemente aprobada ha impuesto el carácter secundario de esas comisiones paritarias en beneficio de los mecanismos de arbitraje y la arbitrariedad empresarial y tiende a eliminar multitud de ellas (las de muchos convenios provinciales). No cabe duda que esas funciones de esos aparatos negociadoras, constituyen aspectos importantes para los sindicatos. Tras los retrocesos de derechos laborales y sociales y la inseguridad por la amplia precariedad laboral y el paro masivo, los grandes esfuerzos de los procesos de movilización durante el año 2010 pretendían frenarlos y, al mismo tiempo, conseguir el objetivo específico de garantizar la capacidad contractual de los sindicatos. El intercambio desproporcionado del acuerdo social y económico también buscaba obtener el deseado equilibrio en las relaciones laborales que garantizase la capacidad contractual de los sindicatos, en su versión más pragmática y operativa, la estabilidad y las competencias negociadoras de las comisiones paritarias sectoriales. Con la reforma de la negociación colectiva el Ejecutivo las debilita todavía más. Gobierno y patronal están imponiendo un mayor desequilibrio en las relaciones laborales, especialmente en la operatividad y recursos de esas comisiones y la participación sindical en la regulación laboral.

Por tanto, este énfasis en recuperar mayores funciones para esas comisiones paritarias denota la preocupación por la estabilidad de esos interlocutores sindicales, sobre todo, responsables sectoriales, legítima pero que puede estar asociada sólo al miedo por el estatus incierto de un sector de dirigentes. Ese objetivo se queda corto, es selectivo al señalar como central un instrumento organizativo de la dirección y, sobre todo, tiene poca credibilidad su recuperación y es poco movilizador.


¿Mayor moderación salarial?

La paradoja es que toda la acción sindical de estos casi dos años, desde la huelga general hasta el pacto social no ha evitado un retroceso en este campo específico de debilitamiento de la negociación colectiva. En particular, el acuerdo confederal para la negociación colectiva –ANC- con las organizaciones empresariales, de primeros del año 2010 y por tres años (2010-2012), abogaba por la moderación salarial en una situación defensiva, con las consecuencias de una bajísima conflictividad laboral y la pérdida de poder adquisitivo de las personas asalariadas durante 2010: 1,4 puntos, ya que la tasa interanual del índice de precios está en el 3% y el aumento pactado de los salarios en los convenios colectivos nuevos ha sido del 1,6%. Igualmente, los trabajadores y trabajadoras con renovación salarial también han perdido poder adquisitivo, ya que aunque algunos convenios tenían cláusulas de garantía, el incremento medio de esas renovaciones ha sido del 2.2%, es decir, con una pérdida de 0,8 puntos. Por otra parte, y según datos del Ministerio de Trabajo, para los primeros siete meses del año 2011, el incremento salarial medio ha sido del 2,65%, con una inflación interanual del 3,1%, es decir, ha habido una pérdida de capacidad adquisitiva de cerca de medio punto. No obstante, los convenios colectivos firmados son una minoría en ese periodo y siguen bloqueados unos tres mil, precisamente en los que la patronal mantiene una mayor intransigencia con los incrementos salariales; por tanto, es previsible también para este año una reducción significativa de poder adquisitivo de los salarios.

Ese acuerdo social y económico no impidió la regresiva reforma laboral a pesar de las expectativas negociadoras generadas previamente, y no ha favorecido una negociación colectiva más firme e incisiva, una acción sindical más reivindicativa y mayor capacidad de presión y movilización para lograr mejoras sustantivas. Todo ello también ha perjudicado el fortalecimiento de la estabilidad y la legitimidad de los aparatos negociadores, aspecto que subyace en la citada reflexión y que ahora vuelve a aparecer como prioridad sindical. Sin embargo, la interpretación de qué es esa capacidad contractual del sindicalismo y cómo reforzarla debe ser más amplia; está asociada a la defensa de los intereses de las capas populares, a la influencia sustantiva en la regulación de las condiciones sociolaborales y al fortalecimiento de la dimensión social y representativa del conjunto del movimiento sindical.
Además, ante las voces institucionales y empresariales que insisten en un nuevo pacto social de rentas, basado en la profundización de la moderación salarial, sería imprescindible expresar su claro rechazo. No sólo para evitar hacer recaer sobre los trabajadores y las trabajadoras un mayor sacrificio adicional y ser claramente injusta, sino porque esa medida, a su vez, retrasaría la salida de la crisis e iría en contra de la necesaria reactivación económica al retraer la demanda de consumo. Supondría, eso sí, mayores beneficios empresariales, pero frente a los deseos retóricos de su limitación y la generación de mayores inversiones empresariales, éstas seguirían congeladas por las pocas expectativas de crecimiento económico.

Así, esa reedición del pacto de moderación salarial (y otras reivindicaciones) o la aceptación de su prolongación y profundización serían negativas para las condiciones laborales y de empleo, y tampoco supondría una ventaja para el prestigio de los sindicatos o la estabilidad de sus interlocutores. Esos retrocesos salariales tampoco parece que puedan ser compensados por las nebulosas contrapartidas gubernamentales o empresariales en otros campos (por ejemplo, en materia de creación de empleo o de mejor protección social y al desempleo), cuando su apuesta clara no es un nuevo acuerdo equilibrado sino imponer otro reajuste salarial y laboral y reducir el gasto público social, con  el viejo pretexto de calmar los mercados de la deuda –incluso incluyéndolo en la Constitución-. Y esa propuesta gubernamental de pacto con concesiones salariales estaría menos justificada todavía por los supuestos beneficios institucionales para los aparatos sindicales. Frente a los problemáticos augurios de mayores ajustes económicos y fiscales, esa estrategia, al igual que en la primavera de 2010 con el ANC, no los detendría y tampoco garantizaría el incremento de la capacidad contractual de las estructuras sindicales o las comisiones paritarias.

Por tanto, es imprescindible esa reflexión sobre la estrategia de la acción sindical y la negociación colectiva para promover su reorientación y no repetir los errores pasados. Si no, este debate puede quedar en la superficie, en mera retórica y con poca relevancia práctica, un deseo de defensa corporativa de las altas estructuras de los grandes sindicatos y en un callejón sin salida sin encarar los problemas de fondo del estancamiento de los convenios colectivos y el retroceso de las condiciones sociolaborales y salariales.

La otra propuesta de ese documento para el debate sindical, relacionada con las prioridades sindicales y la normativa de la libertad sindical, es disminuir las funciones de los organismos más legítimos y cercanos a las clases trabajadoras, los comités de empresa y representantes elegidos y traspasarla a las organizaciones sindicales. Es una vía abierta en la reforma de la negociación colectiva y, como se ha explicado antes, es abiertamente negativa. Aunque es importante la dimensión general y sociopolítica de las estructuras de los sindicatos, ese desplazamiento es contraproducente con su tarea fundamental de aumentar la vinculación con las propias bases sociales e impulsar su mayor dinamismo y actividad. Refleja una dinámica más jerárquica y centralizadora, cuando la legitimidad y la credibilidad social de los órganos superiores de las organizaciones sindicales se deberían reforzar con la consolidación de esos organismos de base, no con su debilitamiento. Es otra salida en falso al problema de la consolidación de los sindicatos, con la apariencia de mayores ‘competencias’ para sus estructuras, cuando el problema de su debilidad está en otra parte, en el poder empresarial, y para resolverlo deben apoyarse en la acción de base y la legitimidad de sus electores y representantes directos. Precisamente, en la reforma gubernamental de la negociación colectiva ya está aprobada la primera parte, debilitar las funciones negociadoras de los comités de empresa y delegados sindicales, aunque en beneficio no tanto de las secciones sindicales o las estructuras sectoriales de los sindicatos cuanto de la discrecionalidad del propio empresario. Por tanto, esa idea no presenta una solución sino que profundiza el problema, cuando se necesita mayor arraigo y dinamismo por la base trabajadora.

En definitiva, la dinámica que suscita esta iniciativa reflexiva y de debate de CCOO puede ser positiva y constituir un buen comienzo para el fortalecimiento y la reorientación estratégica de su acción sindical y organizativa, referencia fundamental del sindicalismo en España. Sin embargo, los citados interrogantes y propuestas son insuficientes para impulsar una renovación profunda y encarar con claridad y firmeza sus retos inmediatos. En particular, se hacen eco de esta coyuntura de bloqueo sindical, pero se deberían abordar sus causas: el fracaso de su estrategia de pacto social. Ello evitaría caer otra vez en un error similar. La primera parte puede sugerir una puesta a punto del análisis de las transformaciones productivas, socioeconómicas y laborales, siempre necesarias para ajustar la estrategia sindical. Igualmente, con la segunda parte se puede iniciar una reflexión estimulante sobre las dinámicas internas, normalmente muy cerradas y presas de los condicionamientos de los equilibrios de las diferentes familias y lealtades sindicales y las necesidades de legitimación de la dirección. La calidad de su liderazgo interno se medirá por el alcance de esa reflexión y los cambios del clima y la disponibilidad del conjunto del sindicalismo. En ese sentido, son preocupantes las limitaciones señaladas del tercer bloque, sobre la estrategia sindical y las prioridades de la acción sindical. Así, en ese sentido de ampliar y mejorar ese debate, se aportan estas reflexiones.


Oportunidades de la acción sindical en una difícil situación

Ante esta situación de persistencia de la crisis y las políticas de ajuste y austeridad, los retos externos para el sindicalismo pueden incluso crecer, y hacer más imperiosos los desafíos internos de renovación, integración y fortalecimiento internos. El riesgo es que sólo (o principalmente) se contemplen parámetros cuantitativos –por ejemplo, de afiliación sindical o los recursos humanos, financieros y logísticos de las estructuras- para evaluar la capacidad representativa y de influencia del sindicalismo. Ello podría impedir la necesaria evaluación de factores más complejos y frenar la regeneración y la renovación práctica, organizativa y de cultura sindical. Junto con el bagaje histórico, el arraigo social y la tradición sociopolítica del sindicalismo, el análisis de las dinámicas actuales y la valoración crítica de su experiencia de estos dos últimos años deben permitir encarar, al menos, la adecuación de la acción sindical de los dos próximos. Este tiempo es fundamental para conformar el tipo de salida a la crisis, la consolidación del modelo social y laboral más o menos regresivo, junto con los (des)equilibrios en las relaciones laborales, las desigualdades económicas, la convivencia intercultural e integración social. Y son clave para la configuración del sindicalismo, los movimientos sociales y las izquierdas sociales y políticas.

El debate sindical sería fallido si se queda sólo en ‘cerrar filas’ internas ante el evidente acoso exterior, principalmente desde campos de la derecha y el poder económico, tapando los errores estratégicos propios y las insuficiencias de legitimación. E, igualmente, sería contraproducente el no recoger las ideas críticas o discordantes y no integrarlas en un nuevo proyecto renovador y unitario. Son necesarias respuestas claras y la vinculación con el resto de fuerzas sociales progresistas y el movimiento 15-M para hacer frente a las graves consecuencias de la persistencia de la crisis y la política de recortes sociales. La cuestión es que hay una responsabilidad colectiva en dar una respuesta estratégica 'creíble', no sólo de propuestas sino de disponibilidad para defenderlas ante el poder (ante la previsible victoria del PP, la situación de precariedad y los nuevos ajustes venideros). El movimiento sindical debe demostrar determinación y claridad en ello, y esa percepción debe llegar a las capas populares, recobrando mayor legitimación social. Si no, la simple inercia no permite salir de la parálisis sindical, en una dinámica de debilitamiento de su capacidad representativa y contractual, y esta iniciativa de adaptación sindical puede quedarse en una superficial retórica y los problemas y el desconcierto, entre parte de sus bases y sus estructuras, agravarse en el futuro inmediato. Y el objetivo de fortalecer el sindicato e incrementar la legitimidad de su dirección quedaría sin cubrir.

Otra cuestión añadida es si la 'resistencia popular y sindical' concreta va a ir a más allá de la promovida por las direcciones sindicales mayoritarias (15 de octubre, movilizaciones contra recortes...) o mantenerse floja y fragmentada. En ese sentido, el devenir del movimiento 15-M es fundamental para configurar el clima social y la pugna frente a la crisis socioeconómica.

Por último, también cabe que los sindicatos sólo actúen de forma reactiva, en cada momento, frente a agresiones graves e inmediatas y/o a expectativas de acuerdos generales. La dinámica ordinaria es actuar de forma reactiva y ante hechos e intereses inmediatos. La insuficiencia tiene que ver con los límites del liderazgo global y el proyecto de conjunto: primero, la interpretación de las tendencias y perspectivas y la elaboración de las estrategias, particularmente complejo en las coyunturas críticas, con nuevas circunstancias o equilibrios que posibilitan diversos caminos y perspectivas; segundo, generar el impulso transformador e incrementar la influencia sustantiva y la capacidad contractual. Es lo que, en el caso de las direcciones sindicales, se ha resuelto medianamente bien -aún con lagunas como la del propio ANC-, en el año 2010, en su dimensión social y representativa, mientras que en el año 2011 se debilitó ese componente expresivo sin avanzar en mejoras reivindicativas, capacidad contractual, credibilidad social o estabilidad institucional, que podrían ser las contrapartidas esperadas y, al mismo tiempo, no conseguidas y en retroceso.

No obstante, ante las posibilidades y, al mismo tiempo, los riesgos y las complejidades aparecidos con la huelga general del 29-S, y con el escaso debate público, en vez de apostar firmemente por la continuidad de la exigencia de rectificación y porfiar en la acción representativa de la ciudadanía y la pugna democrática, venció el miedo a un conflicto prolongado con el poder y se quiso ver la solución en el cambio de estrategia sindical hacia la colaboración institucional, confiando en suavizar los recortes y garantizar la estabilidad contractual de los sindicatos. Como se ha analizado, fue un doble error, analítico y sobre todo de orientación.

El error analítico ha sido doble. Por un lado, ha consistido en infravalorar la profundidad de una política, institucional y de los poderosos, de recortes sociales y laborales con la determinación de la ruptura del diálogo social (o bien la incorporación sindical a acuerdos regresivos) y el desequilibrio en las relaciones laborales.  Y, por otro lado, ha desconsiderado la actitud de gran parte de las capas populares y la ciudadanía que manifestaban su descontento frente a esa dinámica, generando una importante deslegitimación social a sus gestores políticos y económicos.

El error de orientación ha traído como resultado no haber conseguido ninguna mejora sustantiva para la población trabajadora, sin suavizar el fuerte recorte global de las pensiones públicas futuras –repartiendo de forma distinta al plan inicial gubernamental sus efectos entre diversos colectivos de trabajadores-, ni frenar la reforma unilateral de la negociación colectiva y el debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo. Pero, además, ha generado una mayor impotencia sindical para hacer frente a la última agresión gubernamental –la reforma impuesta de la negociación colectiva-, ha sumido a los sindicatos en el bloqueo y la perplejidad actual y ha disminuido la legitimidad social de sus dirigentes.

Esta nueva coyuntura requiere una reflexión de conjunto y una reorientación de la acción sindical. Es otra encrucijada histórica de la que se puede salir mejor o peor, y hay que intentar acertar con una buena orientación.

Los aciertos de la actuación sindical han venido cuando, admitiendo con realismo esa situación general y desprendiéndose de inercias organizativas y dependencias institucionales, los sindicatos han decidido afrontarla en consecuencia con sus principales recursos: la activación de sus bases sociales y de la ciudadanía. Ante la caída en la trampa del pacto regresivo de las pensiones, junto con el desconcierto por la ruptura de una solución consensuada y la consiguiente imposición de una reforma de la negociación colectiva desequilibrada, no ha habido capacidad de reacción ni contestación relevante de las organizaciones sindicales. La alternativa, no obstante, es salir de la impotencia, encarar la aplicación de estas políticas y continuar exigiendo su reversibilidad.
Por otro lado, ante el vacío producido por esta estrategia sindical errónea, con su pacto social, la corresponsabilidad con los recortes de las pensiones públicas, la desmovilización consiguiente y la disminución de la credibilidad social de sus dirigentes, otra élite representativa (movimiento 15-M) ha sido capaz de canalizar la indignación popular y transformarla en acción  colectiva. Ese hecho hace explícito, por simple comparación, otro problema adicional para las direcciones de los grandes sindicatos: la impugnación pública a su actuación, la demostración de que se podía hacer otra cosa, con amplio apoyo social, y la pérdida de la hegemonía representativa de las capas populares en materia sociolaboral.

En otros momentos y temas (por ejemplo, contra la guerra de Irak) se han constituido diversas plataformas y foros de organizaciones sociales y políticas, junto con los sindicatos. Éstos, sin embargo, tenían prácticamente la exclusiva de la representación del malestar socioeconómico de las clases trabajadoras y la canalización de las reivindicaciones sociolaborales. La percepción por una amplia ciudadanía de esa actuación negativa de la estrategia sindical de sumarse a los recortes de los derechos de las pensiones, sin articular una firme dinámica defensiva ante el agravamiento de las consecuencias de la crisis, ha permitido el desplazamiento o la combinación, en parte de la ciudadanía, de su delegación representativa hacia otra élite y el apoyo a otras formas expresivas para cumplir esa función. Las fisuras no son profundas e irreversibles pero expresan un poso de desconfianza entre parte de esa gente activa, muchos huelguistas el 29-S o afiliados a los sindicatos, respecto de las direcciones sindicales mayoritarias.

En definitiva, han transcurrido ya cuatro años de crisis socioeconómica, desde finales del año 2007. Los dos primeros con un impacto demoledor en paro masivo, contracción económica y malestar social, seguidos de otros dos años de predominio de políticas de ajuste, particularmente en la UE, y el inicio de una contestación colectiva significativa. La experiencia de estos casi dos años de descontento, incertidumbre y pugna social frente a la crisis ya ha demostrado un cambio social significativo: la existencia de un rechazo popular, una ciudadanía activa que no se deja someter al dictado de los poderosos y los mercados. El problema de credibilidad y legitimación social que tiene ese poder establecido condiciona, al menos, la amplitud, la profundidad y el ritmo de sus medidas impopulares. La gravedad de la crisis, particularmente en los países periféricos como España, puede persistir, al menos, unos cuatro años más y sus efectos sociales y de empleo condicionar toda esta década. Estamos a principios del camino hacia la salida de la crisis, horizonte todavía difuso y visto con escepticismo, y todavía está lejana, aunque ya se ve condicionada, la configuración de los equilibrios en el nuevo ciclo histórico, el modelo social y el aparato productivo. El alcance y el sentido de esas tendencias sociales, la cristalización expresiva de esa izquierda social, esa ciudadanía activa, junto con la calidad ética, el talante democrático y el pensamiento crítico de sus élites van a condicionar el próximo devenir sociopolítico.

Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid