INICIADA ya la precampaña electoral, el Gobierno de Zapatero anuncia su intención de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) con el fin de mejorar la recaudación fiscal (podría llegar a 2.000 millones de euros) y aliviar los dañinos efectos de los importantes recortes sociales que se han venido practicando a lo largo de los últimos meses. Conviene recordar, no obstante, que fue el propio Zapatero quien, a finales de 2007, anunció la eliminación del IP con el argumento de que bajar impuestos era de izquierdas.

No tengo nada en contra del restablecimiento del impuesto, todo lo contrario. Incluso me pronuncié públicamente (ver DIARIO DE NOTICIAS 31-12-2007) en contra de su desaparición argumentando que la pérdida en la recaudación aceleraría el deterioro de servicios sociales básicos, disminuiría la cohesión social y acentuaría la brecha social. No ha hecho falta ser profeta para comprobar, para desgracia nuestra, que la realidad ha superado a los peores augurios. Pero lo que se echa de menos en la propuesta gubernamental es algún tipo de autocrítica, reconocer que algo se hizo mal y pedir disculpas por el enorme daño causado, valorado en más de 6.000 millones de euros que han dejado de recaudarse, y que han obstaculizado a lo largo de estos tres últimos ejercicios la realización de políticas públicas encaminadas a la creación de empleo, a la mejora de la sanidad y educación y a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

La reticencia con que el consejero Miranda ha recibido la iniciativa, sembrando dudas sobre la recuperación del IP en Navarra ("depende de lo que hagan el resto de comunidades limítrofes", nos dice), habla poco a favor de la autonomía e independencia del titular de una de las carteras más importantes del Gobierno de Navarra. Cuando el propio consejero avanzó, hace tan solo unos días, las líneas generales del presupuesto de Navarra para 2012, anunció recortes (sí, sí, todavía más recortes) que afectarían a todos los departamentos, no parece lógico renunciar a una figura impositiva que proporciona a las arcas navarras en torno a 50 millones de euros anuales. No son solamente razones de equidad (ya de por sí argumento suficiente) las que aconsejan recuperar una figura impositiva que nunca debió suprimirse, sino también razones de pura eficiencia económica. Como de manera insistente vienen criticando diversos expertos al referirse a nuestro país (entre ellos los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman), las políticas de recortes de gasto público son contraproducentes, ya que reducen la demanda de bienes y servicios contribuyendo todavía más al estancamiento y a la atonía de la economía española. Con un sistema tributario más equitativo, y para ello haría falta que los ingresos fiscales garantizaran la suficiencia presupuestaria, se podrían evitar los recortes sociales practicados y los que se anuncian para el futuro.

En mi opinión, la recuperación del IP sería tan solo una pieza de la necesaria reforma fiscal que pusiera orden en el actual sistema impositivo que permita alumbrar un nuevo escenario que reduzca el déficit fiscal para reducir el déficit social. La otra pieza que completaría el puzzle pasaría por combatir el elevado fraude fiscal cifrado, según los inspectores del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en 50.000 millones de euros anuales. Pero no se trata de gravar todavía más las rentas medias y bajas. Se trata de exigir una fiscalidad equitativa que corrija la regresividad del vigente modelo fiscal. Un modelo fiscal que permite que un trabador medio tribute por encima de lo que lo hacen la mayoría de las empresas que, con base en deducciones y exenciones, tributan por debajo del 18% de sus beneficios. Algunas (ver Diario de Noticias de 22 de agosto de 2010), ni siquiera eso.

Por lo tanto, no está mal empezar por recuperar una figura impositiva que grava la riqueza de los grandes patrimonios y que podría contribuir a diseñar una política social más activa. Recientemente hemos conocido las dudas de la consejera de Sanidad del Gobierno de Navarra de poner en marcha el programa de detección del cáncer de colon, alegando insuficiencia presupuestaria. No olvidemos que el presupuesto se compone de dos partes: ingresos y gastos. Por eso, cuando estamos ante gastos inaplazables (y la detección de un cáncer de colon lo es), no hay que recortar gastos, sino que hay que procurar ingresos. Sin duda, las personas con recursos acudirán a la sanidad privada a hacerse las pruebas de detección del cáncer, mientras que los que carezcan de recursos se encontrarán con una enfermedad sin remedio de curación. Ésta es la desigualdad que hay que combatir. Porque como nos vienen alertando sociólogos y analistas, la desigualdad es el mayor problema de las sociedades del siglo XXI. "No importa lo rico que sea un país, -señala Tony Judt (Algo va mal, Taurus 2010)-, sino lo desigual que sea". La supresión de programas sociales esenciales argumentando carencia de recursos económicos, cuando por otra parte se elude gravar los grandes patrimonios, es una grave irresponsabilidad. Por lo visto, nuestros consejeros no parecen entenderlo así.

Pablo archel domench, Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pública de Navarra