La gravedad del paro es persistente, genera sufrimiento a millones de personas y refuerza las brechas sociales. Las deficiencias de la protección al desempleo producen fuerte desamparo a las personas paradas. El riesgo de pobreza y la desigualdad socioeconómica crecen.  Todo ello tiene graves consecuencias sociales y políticas. Veámoslo en detalle.

El número de personas desempleadas se acerca a seis millones (5,78 según la EPA 3º trimestre). Si añadimos el creciente número de personas ‘desanimadas’ y con ‘subempleo’ (más cercanos al desempleo que a la ocupación donde se integran los que han trabajado al menos una hora en la semana de referencia), habría que añadir cerca de otro millón más de personas básicamente desempleadas. Estamos cerca de los siete millones de personas paradas o infra-empleadas.

La situación del alto desempleo no es coyuntural o transitoria. La trayectoria del paro es muy pronunciada y ascendente: el total de parados (EPAs 3º trimestre) ha pasado de 1,79 millones en el año 2007, a 2,60 en 2008, 4,12 en 2009, 4,57 en 2010, 4,98 en 2011, y el citado 5,78 de 2012. En el último año ha aumentado el paro en 800.000 personas desempleadas, habiéndose destruido 836.000 puestos de trabajo (230.000 en el sector público), con cerca de un millón de asalariados menos (946.000) y 108.000 autónomos más. Con la crisis han desaparecido 3,2 millones de empleos; de ellos 2,2 millones relacionados con la explosión de la burbuja inmobiliaria (construcción y de industrias y servicios afines), imposibles de recuperar a medio plazo. Además, la reciente reforma laboral ha demostrado que no elimina los despidos sino que los abarata y favorece: el último trimestre se han destruido 179.400 puestos de trabajo indefinidos. Desde el inicio de la crisis se han eliminado cerca de dos millones de empleos temporales y más de seiscientos mil con contrato indefinido.

La tasa de paro ha llegado al 25,02%, la más alta de las últimas décadas. Hay pocas distancias por sexo (24,68%, la masculina, y 25,41%, la femenina), aunque persisten la desigualdad en las tasas de actividad (67,18% la de los hombres, y 53,41% la de las mujeres). Las diferencias de la tasa de desempleo son muy pronunciadas por origen nacional: 34,84% para la población extranjera, y 23,32% la de las personas con nacionalidad española. E igualmente, por edad, ya que los menores de 25 años tiene el 52,34% de paro. A ello hay que añadir que unos dos millones de jóvenes (hasta 29 años) ni estudian ni trabajan.

La distribución territorial también es muy desigual. De más del 30% de paro en zonas del sur (Andalucía, 35,42%; Extremadura, 32,66%; Canarias, 33,63%), a la mitad, en torno al 15%, en algunas del norte más industrializadas (Navarra, 14,95%; País Vasco, 15,48%), pasando otras por una situación intermedia (Madrid, 18,56%; Catalunya, 22,56%; Comunidad valenciana, 28,10%).

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro alcanza a 1,74 millones, y sin una persona activa son 4,47 millones. Los parados de larga duración (más de un año en desempleo) superan los tres millones, casi medio millón más que hace un año.

Por otro lado, según los últimos datos del Ministerio de Empleo, de los 4,7 millones de personas registradas como paradas, reciben una prestación unos tres millones, con una tasa de cobertura del 63,8 %. Reciben una prestación contributiva sólo 1,4 millones y el resto los subsidios no contributivos. Pero si lo comparamos con los 5,7 millones del total de desempleados según la EPA, la cobertura de la protección al desempleo apenas alcanza a la mitad. Se quedan fuera una gran parte de jóvenes parados, con poca o ninguna cotización previa, dependientes cada vez más del apoyo familiar y con dificultades para su emancipación y sus proyectos vitales, y en un proceso de desvalorización de sus capacidades formativas.

El grado de desigualdad de la renta en España es de los mayores de la Unión Europea, con los últimos y recientes datos disponibles de Eurostat. Según el índice Gini, desde el 31,3 del año 2007 ha pasado al 34 en el año 2011, mientras en la UE-15 se ha mantenido casi estable (30,2 en 2007 y 30,5 en 2010). Con la referencia del ratio s80/s20 (relación entre los ingresos del 20% superior respecto del 20% inferior) España ha pasado del 5,3 en el año 2007 al 6,8 en el año 2011; la UE-15 del 4,7 al 5,8, y la UE-27 del 4,9 al 5,3. España no sólo es uno de los países europeos más desiguales, sino que es en el que más ha crecido la desigualdad de rentas con la crisis (aunque hay que advertir que en la Unión Europea existe la menor desigualdad del mundo, en particular comparada con los países emergentes o con EE.UU.). Si añadimos otros indicadores como el nivel de pobreza (más del 21%) o el de mayor tasa de paro (25%) y más fracaso escolar y abandono escolar prematuro (cerca del 30%), tenemos una radiografía de la gravedad de las brechas sociales existentes y el cuestionamiento de la integración social característica del modelo social europeo.

Las variables económicas aventuran un estancamiento prolongado de la economía e incluso otra recesión. Las perspectivas del empleo indican su no mejoría a corto y medio plazo, y esos altos niveles de paro pueden persistir varios años.

Están claras las causas: un aparato productivo ineficiente y un sistema financiero altamente especulativo, cimentados en la burbuja inmobiliaria, junto con unas políticas económicas basadas en la austeridad y los recortes laborales y sociales, bajo el chantaje de los mercados financieros y amparadas en las instituciones europeas con hegemonía liberal-conservadora. La gestión de la crisis y las políticas de ajuste, dominantes desde hace dos años y medio, no han permitido la reactivación económica y del empleo, sino que han profundizado los efectos sociales negativos.

Esa gestión de la clase política con su política de ajustes regresivos constituye un callejón sin salida. No es de extrañar el alto grado de desconfianza ciudadana en esos gestores políticos, junto con el descrédito de banqueros y élite económica. Según diversas encuestas de opinión, en la sociedad existe una significativa deslegitimación de la clase política y la élite empresarial y financiera, que aparecen como un problema en vez de una solución. El grado de desconfianza en la gestión de Rajoy o de Rubalcaba alcanza el 80% de la población.

El Gobierno del PP intenta justificar esa política dura de recortes como medio para (mañana) generar la reactivación económica y (pasado mañana) crear empleo. La realidad y el propio FMI se han encargado de desmentirlo. El estancamiento económico y del empleo, es decir, el persistente desempleo, puede durar cinco años más, hasta el año 2017, y los factores de empobrecimiento y desigualdad hacerse más lacerantes. Se pueden generar importantes problemas de cohesión social, desequilibrios territoriales, destrucción de tejido productivo y capacidades humanas, conflictos interétnicos...

El horizonte socioeconómico, particularmente en los países periféricos del sur de Europa, es sombrío. Se está demostrando el fracaso de las políticas de austeridad, su carácter injusto pero también su incapacidad para reactivar la economía y ofrecer un horizonte de salida rápida y equitativa de la crisis. Supone un gran lastre  para la credibilidad de las élites gestoras. Hace que los actuales sacrificios populares pierdan sentido al no asegurar los representantes institucionales las supuestas contrapartidas para la mayoría social. No se vislumbra una solución equilibrada, y esta política de ajuste aparece, cada vez más, como un pretexto para asegurar las ganancias económicas y de poder de las élites, empresariales e institucionales, causantes de la crisis y subordinadas a los intereses de los acreedores financieros internacionales.

Se produce, por tanto, un déficit de legitimidad de la clase política y económica por la deficiente modernización económica española, la injusta gestión de la crisis, el alejamiento de los intereses y demandas de la mayoría ciudadana. Y afecta no sólo al gobierno del PP, sino también al aparato socialista, con dificultades para distanciarse de esa orientación y con el reto de su renovación.

Constituyen retos para el sistema político y el conjunto de la ciudadanía y, en particular, para las izquierdas y sectores progresistas, para promover un horizonte de cambio social, equidad y convivencia. Es momento de abordar un cambio de aparato productivo, eficiente y sostenible, y del sistema fiscal, protector y redistributivo, más equitativo.

En el plano cultural y sociopolítico se están generando tendencias ambivalentes. Por un lado, la desesperanza, el miedo, la resignación y la adaptación o supervivencia competitiva individual y grupal o bien síntomas populistas. Por otro lado, indignación y rechazo a esta dinámica regresiva, defensa de mayor empleo decente y derechos sociales y laborales, exigencia de regeneración democrática y mejor protección social. En sectores sociales relevantes se produce no la desafección por los asuntos públicos sino la reafirmación de la política como freno y regulación de los mercados y la participación democrática como opción para reorientar la acción institucional y acercarla a la ciudadanía.

Son, pues, elementos complejos, algunos problemáticos y otros positivos y de esperanza, en particular la articulación de una ciudadanía activa, de importantes sectores juveniles, preocupada por estimular otra dinámica más justa y más democrática. Es el sentido de la próxima huelga general del 14 de noviembre, convocada por los sindicatos y apoyada por la cumbre social, con multitud de organizaciones y grupos sociales progresistas. Muestra el camino y que hay soluciones.