La estrategia liberal-conservadora del nuevo gobierno del PP pretende consolidar la desigualdad educativa y debilitar la función formativa, igualitaria e integradora de la educación. Además de los recortes presupuestarios, la nueva reforma anunciada por el ministro Wert adelanta la separación de itinerarios escolares, segmentando más temprano al alumnado y bloqueando el futuro de los sectores desfavorecidos académicamente, refuerza el componente memorístico y el viejo sistema de reválidas, apoya la segregación por sexo, y desconsidera un auténtico proceso participativo de la comunidad educativa y los sindicatos, dando más poder a la dirección unipersonal en los centros educativos en detrimento de claustros y consejos escolares; además, incrementa la centralización de la ordenación de los contenidos educativos en detrimento de las actuales competencias autonómicas.

La reciente propuesta de reforma educativa del PP consolida un segmento inferior, renunciando a que consigan las capacidades y habilidades del nivel de la enseñanza obligatoria (y sin el título de la ESO) y con un itinerario cortado (desde los 15 años y la repetición de segundo de la ESO) de un deseable progreso posterior, que les condena de por vida a un empleo precario y con escasa cualificación; eso sí, con una supuesta formación profesional básica y su título devaluado correspondiente. La prioridad de la derecha es la calidad para las élites y la segmentación escolar, como garantía del mantenimiento de las distancias de los sectores privilegiados. La consecuencia es una mayor segregación escolar, con el deterioro de una enseñanza obligatoria de calidad para las capas populares y nuevas dificultades para el acceso a la enseñanza superior.

Ante los fuertes embates de los responsables institucionales de las derechas contra la escuela pública, abandonándola a un deterioro progresivo, y en ausencia de una adecuada política educativa, los distintos sectores sociales perciben esa realidad y la afrontan como pueden, en el ámbito individual y familiar. Así, existe una diferenciación fragmentada de las ‘oportunidades’, especialmente entre los tres tercios sociales y entre autóctonos y diversos grupos de inmigrantes. El riesgo adicional en las grandes ciudades, con mayor estratificación y diversidad, es que parte de las capas trabajadoras –autóctonas- vayan abandonando la escuela pública, convertida en una institución sobre todo para el tercio inferior, la mitad de él de origen inmigrante. Las escuelas-gueto, en barrios populares, empiezan a constituirse.

De consolidarse esa disociación respecto de las necesidades educativas y de integración social de la mayoría social, se puede desencadenar la desafección popular por la escuela, la desmotivación del profesorado y el incremento de las deficiencias educativas. Se reforzaría la segmentación escolar de los tres niveles educativos –ESO o menos, medio y superior- con un horizonte de bloqueo (cierre) social y frustración, especialmente, para el casi tercio inferior, con riesgos de abandono escolar prematuro y fracaso escolar. La tendencia institucional dominante, aún con la simple inercia, tendería a resaltar la función de control social para unos –tercio inferior-, la separación y tentativa de éxito escolar para otros –tercio superior-, y la inseguridad sobre perspectivas ascendentes para el resto -sector intermedio-. Por tanto, existe el riesgo de que se configure este nuevo ciclo socioeducativo en un sentido regresivo, que agrave las brechas sociales, desactive la función integradora e igualitaria de la escuela pública, todavía legitimada en la mayoría de la sociedad y la comunidad educativa, y desaproveche las capacidades intelectuales del alumnado de origen popular, con efectos perniciosos para el cambio del modelo productivo y el desarrollo económico.

Un aspecto fundamental de la desigualdad educativa es la diferenciación por redes escolares: pública y privada –concertada y no concertada-. La media estatal está en torno a dos tercios de alumnos en la escuela pública y un tercio en la privada –mayoritariamente concertada y gestionada por la jerarquía católica-. En la primera, la gran mayoría procede de las clases subordinadas –incluidos inmigrantes- y en la segunda de las clases medias urbanas. Pero en los municipios de más de cien mil habitantes se distribuyen casi a la mitad, y en los grandes centros metropolitanos, como Madrid y Barcelona, la escuela pública es minoritaria, con poco más de un tercio de alumnos. Ello significa que, en las zonas de mayor dinamismo económico, segmentación sociolaboral y de rentas y diversidad étnica, se está consolidando el trasvase de una parte del alumnado de clases trabajadoras a los centros privados-concertados, quedando los centros públicos para el tercio social inferior, con más heterogeneidad cultural y mayores dificultades educativas.

Este proceso, en territorios como Madrid, está reforzado por el apoyo institucional y financiero y el amparo ideológico del Gobierno autónomo del PP. Esa tendencia supone que en las zonas de mayor desigualdad socioeconómica y diversidad cultural se deteriora la escuela pública, tiene una sobrecarga educativa y se debilita su función de integración social. Deja de ser vertebradora de la igualdad de oportunidades de la sociedad y se le presiona para acentuar la función de control social, con mayor disciplina y segregación, y como adaptación de su alumnado a un empleo precario y poco cualificado o a la resignación ante una experiencia prolongada en el paro y la precariedad laboral. Se abre una brecha más entre las propias clases trabajadoras dejando aislado al sector más vulnerable o ‘diferente’. Hay más desventajas comparativas para los sectores populares precarios e inmigrantes, riesgos de descenso para el sector intermedio de clases trabajadoras autóctonas y estables y mayores oportunidades y privilegios para las capas acomodadas. Es una dinámica socioeducativa de fondo que no se reconoce oficialmente.

Impulsado y reforzado por los gobiernos de derechas –estatal y autonómicos-, se va conformando un proceso de institucionalización y consolidación de un nuevo reequilibrio entre la redes escolares, con deterioro de la escuela pública y hegemonía de la escuela privada en las zonas más pobladas, estratificadas y diversas. Ello significa segregación respecto de las capas precarias y la mayoría inmigrante, consolidación de la desigualdad social y la incertidumbre de sus perspectivas sociolaborales y, al mismo tiempo, riesgos para la integración social y la convivencia intercultural.
Las perspectivas para los próximos años son la contención del gasto social y la calidad de los servicios públicos, con mayores dificultades para la inserción laboral de los jóvenes, particularmente, de las capas populares, origen inmigrante y bajo nivel educativo. Esa dinámica añade especial importancia a la tarea progresista de frenar la involución del sistema educativo y garantizar una educación a la altura de las necesidades, actuales y futuras, de formación (cívica y para el empleo), igualdad de oportunidades e integración social y cultural. El refuerzo de la calidad y el carácter inclusivo de la escuela pública, precisamente en las zonas y barrios más segmentados, es clave para la igualdad, la cohesión social y la convivencia democrática.

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid