Implicaciones del error de Krugman 


Krugman se equivoca en su apuesta por rebajar los costes laborales en los países periféricos. Aquí se analizan sus implicaciones sociopolíticas, así como se valoran las condiciones para la aplicación de una propuesta alternativa.

1.    La crítica a los errores de Krugman

Krugman (¡Acabad ya con esta crisis!) critica con acierto la política europea hegemónica de austeridad y sus nefastas consecuencias. Pero destaca la relevancia de la pérdida de competitividad de los países del sur por el mayor crecimiento de costes laborales respecto de Alemania. De acuerdo con esos dos supuestos,  Krugman plantea su doble solución “posibilista” para la salida de la crisis: expansión del gasto público y privado, con moderada inflación, en el norte, y austeridad salarial (costes laborales) en el sur. Por un lado, critica la política de austeridad del conjunto de la UE y defiende las políticas de expansión económica (o crecimiento). Pero, por otro lado, sólo las ve factibles en el norte, y mantiene la conveniencia de las políticas de austeridad en el sur. Dada su lúcida visión de la intransigencia de las élites alemanas (y europeas) con la austeridad, ve posible y necesario (o razonable) un giro parcial hacia esa expansión de la demanda en los países centrales, pero con límites, combinado con la continuidad del ajuste y la austeridad en el sur; es decir, no ve ‘realista’ (o deseable) otra alternativa modernizadora como la comentada posteriormente. 

En Krugman hay un error de diagnóstico tal como detalla G. Flores en su crítica a sus errores sobre la austeridad salarial (¿Por qué se equivoca Krugman? en http://econonuestra.org/ -una versión inicial se publica en Nueva Tribuna, 23-5-2012-). Así, todavía hay gran distancia en los costes laborales industriales (manufactura exportadora), en torno al 50% más en Alemania que en España. El problema no es de los costes laborales unitarios, en todo caso, sería la resistencia de los precios (en sectores sin competencia) a bajar. Una idea similar expone A. Laborda, Director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros, nada sospechoso de radicalismo, en su artículo El mito de los salarios y la productividad (El País, 17-6-2012).

La cuestión a analizar es que esa equivocación le lleva a un error de orientación. O al revés, ese diagnóstico erróneo es funcional con su prejuicio sobre los eventuales resultados beneficiosos de esa contención salarial, partiendo de la dificultad de imprimir un giro más completo a la política liberal dominante, dada la oposición de las élites europeas. Por tanto, converge con el supuesto liberal del excesivo bienestar comparativo de las capas populares del sur. Su opción consiste en inclinarse por lo más fácil en términos de los actuales equilibrios de poder hacia la posición dominante en las instituciones europeas: imponer a las clases trabajadoras del sur unas mayores transferencias de rentas hacia los empresarios, más subordinación, menos derechos y un empeoramiento de su calidad de vida. Todo ello en aras de recuperar parte del diferencial de competitividad y que los beneficios empresariales adicionales se conviertan en inversión productiva, cosa dudosa e insuficiente a la vista de la historia reciente.

Con esa orientación de austeridad para las clases trabajadoras de los países periféricos, la discusión se desplaza al campo social: la ‘normalización’ o capacidad de gestión institucional del orden social que puede ser alterado por la gravedad y las consecuencias de la descohesión social, el paro, la frustración… Y llega al campo sociopolítico: nuevas tendencias sociales o reequilibrios de fuerzas, cambios en la conciencia y los comportamiento ciudadanos, con procesos de deslegitimación e indignación contra las políticas antisociales y las élites gestoras, así como sus efectos en la configuración de los movimientos sociales, las izquierdas y el mapa electoral…

La crítica a esa idea de Krugman tiene dos vertientes.

1) Su propuesta sobre la austeridad en el sur es errónea, es decir, no permite conseguir los fines propuestos. No va a facilitar una salida corta de la crisis y modernizar sus economías; al contrario, genera estancamiento, una mayor dependencia respecto del norte y mayor empobrecimiento para sus mayorías sociales. Es acertada y argumentada la crítica central que le hace G. Flores. Si, de acuerdo con lo planteado recientemente en la UE (Hollande…) y el G-20, se aplica parcialmente el otro componente de la expansión económica en el norte y se establecen algunas correcciones de ‘flexibilidad’ en el sur respecto de los planes de ajuste fiscal y estabilidad financiera y macroeconómica aprobados y en vigor, los efectos de la continuidad de los planes de estabilización y austeridad serían menos duros (o sea, practicables). Krugman, incluso va más lejos que esta propuesta de la socialdemocracia europea, admitida por Merkel, y apuesta, acertadamente, por un cambio más sustancial de la política de austeridad por la de crecimiento –en el norte- (junto con otras medidas de regulación institucional); pero aún así es insuficiente y aparte de esa orientación errónea, el horizonte para el sur seguiría siendo muy gravoso, impuesto e injusto. 

2) De acuerdo con G. Flores en que hay otra política modernizadora más justa y adecuada para los fines de una salida más adelantada y equilibrada de la crisis para España (y el sur). Aparte del impulso a la demanda económica y las garantías de los derechos sociales y laborales, apunta tres elementos clave de sus características: a) una modernización de la estructura y las especializaciones productivas; b) una reforma fiscal progresiva para acceder a los fondos necesarios para su financiación; c) junto con ello, la solidaridad europea, en forma de financiación barata a largo plazo, mutualización de la deuda soberana y regulación de los flujos financieros.

Es decir, hay dificultad para una salida de la crisis económica en un “sólo país” o fuera del euro, y es imprescindible la colaboración de los países europeos centrales y sus élites respectivas en resolver los problemas de desendeudamiento, sobre todo privado, y modernización productiva. El poder económico y político europeo no está por ese giro, imprescindible para los países periféricos. No obstante, la formulación de otra política alternativa ayuda también a transformar la conciencia social y generar nuevas fuerzas y condiciones que la hagan posible. En ese sentido, además de ser justa y adecuada es realista en su doble plano: expresión reivindicativa de amplios sectores sociales, y  su aplicabilidad futura en el medio plazo. Se trata de ver también sus obstáculos políticos e institucionales, o sea, las condiciones sociopolíticas necesarias para su aplicación.

2.    El realismo de una política alternativa y las condiciones sociopolíticas

Como dice Krugman y reitera G. Flores, la mayoría de las élites de los países centrales, y especialmente Alemania, se oponen a un cambio sustancial de la política de austeridad, se reafirman en sus planes de estabilidad, y sólo se abre camino una vía colateral para flexibilizarla o ‘complementarla’. Los riesgos para la construcción europea y, particularmente, para su modelo social son evidentes. La crisis es utilizada por los poderosos para ampliar su poder, redistribuir la riqueza y las rentas a su favor, debilitar el Estado de bienestar y reducir los derechos sociales y laborales. Como dice V. Navarro en su artículo El problema no son los mercados financieros (Nueva Tribuna, 12-6-2012), es una política de ‘clase’, una dinámica favorecedora de las élites privilegiadas, pero con nefastas consecuencias para la mayoría de la ciudadanía europea, particularmente del sur e incluyendo las de Italia y Francia.

Esas políticas liberales de ajuste llevan a la subordinación económica del sur y el sufrimiento de sus mayorías sociales. Caben algunos interrogantes. En el texto de G. Flores se mencionan los “nefastos efectos sociopolíticos”: ¿cuáles son?; también advierte sobre la “destrucción y el dislocamiento de un tejido social y político”, es decir, mayores dificultades con el tiempo para renovar y reconstruir ese tejido. Por otra parte, ¿quién y cómo va a impulsar una nueva modernización económica y el reequilibrio de poder con las élites alemanas y el poder económico y financiero europeo?. El factor sociopolítico y social, particularmente, el papel de las izquierdas sociales y políticas, se convierte en clave para definir la viabilidad de una política socioeconómica diferenciada. Existe una amplia indignación popular, diversas dinámicas de resistencias ciudadanas, pero todavía muy insuficientes para forzar un cambio sustancial de esas políticas socioeconómicas y esas hegemonías políticas e institucionales. En ese sentido, se pueden mencionar dos hechos de la reciente experiencia, cuya inercia añade nuevas dificultades para llevar a cabo una política alternativa.

Uno, es el relativo fracaso de la modernización económica y productiva en la más de una década de crecimiento (burbuja inmobiliaria) por las actuales élites españolas, políticas (PP-PSOE-CIU) y económicas (empresarial y capital financiero: acreedores alemanes y anglosajones, etc. en búsqueda de una rápida y alta rentabilidad, y sistema bancario español tras pingües beneficios). Son corresponsables de la inadaptación competitiva y modernizadora de nuestra economía real (salvo unas pocas empresas): excesivo endeudamiento privado (hipotecas), transferencia fácil de rentas (ampliando la riqueza especulativa –acreedores financieros, sistema bancario, propietarios inmobiliarios…- desde la economía real y el poder adquisitivo de las familias), débil protección social pública, insuficiente capital social y productivo, deficiencias educativas con alto fracaso escolar y destrucción de capacidades humanas. Esa pérdida de oportunidades y recursos no es fácilmente sustituible, supone una responsabilidad histórica y ‘nacional’ de esas élites, y junto con su gestión antisocial de la crisis y la ausencia de una regulación adecuada, es fuente de desconfianza popular hacia ellas. Exigiría una profunda autocrítica y renovación de la clase empresarial y la clase política, particularmente del aparato socialista, difícil de prever hoy día. Hay pues un cierto vacío de agentes institucionales ‘modernizadores’ y con un talante progresista.

Dos, es la necesaria e imprescindible Reforma fiscal progresista, para acceder a los recursos necesarios y asegurar un reparto más justo. No obstante, hemos topado con la imprescindible redistribución de las rentas frente a los intereses de las capas privilegiadas. Y en ese sentido, con el rechazo del PSOE, pegado a su particular interés por defender fiscalmente a las clases medias y medias-altas (y al poder económico), como forma de retener su electorado centrista frente a las derechas. Es probable el aumento de la presión fiscal indirecta y regresiva, pero hay un fuerte bloqueo institucional para un reequilibrio impositivo suficiente y progresivo según la renta y los beneficios.
En definitiva, una política alternativa como la comentada es realista y adecuada a los intereses y expectativas de amplios sectores de la sociedad (y del conjunto del país). Su aplicación en España y en el sur, contando con los actuales equilibrios europeos, no puede ser inmediata, o sea, no es practicable a corto plazo. No cuenta hoy con fuerzas sociales y políticas suficientemente organizadas y definidas. Pero, junto con la evidencia de las consecuencias negativas de las políticas oficiales, su asimilación y su defensa por sectores significativos de la ciudadanía, es un buen instrumento para favorecer las condiciones sociopolíticas que permitan avanzar en su aplicación.