La evolución del empleo y del trabajo en un mundo globalizado. Cambios
culturales y alternativas.
Begoña Pérez Eransus. Profesora Titular de Universidad
Begonia.perez@unavarra.es
Resumen
Desempleo y precariedad laboral son dos fenómenos presentes en los mercados
laborales de nuestro entorno. Sin embargo, su incidencia está determinada por la forma
en la que los modelos de bienestar gestionan la crisis de empleo y por tanto en función
de la capacidad presión de los actores sociales. En nuestro país el impacto de estos
procesos recae en las generaciones más jóvenes y en las partes más bajas de la
estructura social en forma de inactividad o explotación laboral. En un contexto de
renovación política y agitación social se retoma el debate sobre el futuro del empleo y
se renuevan las propuestas de reparto del empleo, establecimiento de rentas ciudadanas
o reconocimiento social de actividades como el cuidado, la educación o la acción
voluntaria. No obstante, la cultura del esfuerzo a través del empleo sigue estando muy
presente, no sólo en los grandes grupos electorales, sino también en la definición de
nuestros políticas sociales y muy especialmente en la cultura institucional de los
servicios sociales. No parece justo dejar el peso de la transformación a los más débiles
de nuestra sociedad. El cambio cultural debe venir de la mano de amplias alianzas
sociales que defiendan la sustitución del empleo como valor central por una nueva ética
social anticapitalista.
Palabras clave: empleo, trabajo, desempleo, precariedad, exclusión, servicios sociales.
Abstract
Unemployment and precarious work are common trends in our labour markets.
Nevertheless their impact is defined by the way welfare states face employment crisis
and so the level of pressure made by social agents. In our country most impact of both
processes address young generations and lower levels of social structure taking shape of
inactivity and labour exploitation. Nowadays context of political renewal and social
boiling favours reconsidering debates about the future of employment and old proposals
are renewed: time work reduction, guaranteed basic income or social recognition of
activities other than work: as care, education or voluntary work. But effort through
employment culture is still rooted in our society. Not only is an important valour for
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electoral majorities but also it defines our social policies, especially those concerning
personal social services. It doesn’t look fair leaving social transformation to the most
vulnerable. Cultural change should be built over wide social alliances in defence of
substituting employment as core value by a new anticapitalist ethic.
Key words: employment, work, unemployment, precarious job, social exclusion,
personal social services.
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Destrucción y polarización del empleo la economía global
El incremento de desempleo de larga duración y la progresiva precarización de una
parte del empleo son tendencias presentes en la evolución actual de los mercados
laborales occidentales. El origen de ambas tendencias se encuentra, más allá del actual
contexto de crisis, en los procesos de transformación que se inician en la década de los
setenta en el paso a una economía globalizada: las innovaciones tecnológicas liberan
mano de obra de los procesos productivos, el abaratamiento de los intercambios
comerciales internacionales favorece la exportación de procesos productivos a países en
vías de desarrollo con mano de obra más barata, la economía financiera, con mayores
posibilidad de beneficio y menor demanda de empleo, aumenta su protagonismo en
detrimento de la economía productiva.
Por este motivo, la crisis actual no ha hecho sino acelerar un proceso previo de
expulsión de mano de obra de los sectores tradicionales de empleo y un consiguiente
aumento del desempleo de larga duración que afecta tanto a trabajadores de sectores
obsoletos como a las nuevas generaciones de jóvenes que esperan su entrada al mercado
laboral. Paralelamente se produce una demanda de flexibilidad por parte de las
empresas a los gobiernos nacionales con el fin de mejorar sus posibilidades de
competencia en los mercados internacionales. Por tanto, aunque también se traduce en
necesidades de inversión o investigación y desarrollo, en muchos contextos adopta la
forma de desregulaciones que favorecen el abaratamiento de la contratación (facilidad
para la temporalidad de los contratos, abaratamiento de despidos y disminución de los
salarios y las cotizaciones). En definitiva, la demanda de flexibilidad de las empresas en
algunos mercados laborales como el nuestro se ha traducido en un deterioro de las
condiciones laborales.
El incremento del desempleo sitúa en una posición de debilidad a las asociaciones
sindicales cada vez más fragmentadas, por ello el desequilibrio de las fuerzas de los
actores firmantes del pacto social que dio lugar a la mejora de la calidad del empleo y
las políticas sociales, propicia ahora un contexto proclive al avance de las demandas
empresariales.
Por todo ello, desempleo y precariedad, aunque con impactos diferenciados en cada
región, constituyen dos fenómenos presentes de manera estructural en los mercados
laborales de los países europeos.
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La generación de nuevo empleo se está limitando, casi exclusivamente, al sector
servicios y parece no satisfacer, ni en volumen ni en perfil, al conjunto de la demanda
desplazada de otros sectores. Este nuevo empleo se ubica, por un lado, en el sector de
servicios a las empresas: servicios financieros, informáticos, publicitarios, logísticos.
Puestos caracterizados por demandar un nivel de cualificación y especialización
creciente que somete a la demanda laboral a una intensa competencia meritocrática. Por
otro lado, se desarrolla el sector de servicios destinados a las personas: servicios de
restauración, ocio, cuidados y domésticos. Aunque este ámbito es diverso, en general
destacan por encima del resto los puestos que requieren escasa cualificación. Estamos
por tanto, ante una progresiva polarización del nuevo empleo creado. En contexto de
desregulación laboral, queda en manos de los empleadores el establecimiento de los
niveles de recompensa salarial y estabilidad de cada puesto y por tanto muy ligados al
nivel de cualificación y desempeño del trabajador/a. Como resultado se producen
recompensas altas asociadas a puestos que requieren elevada cualificación y en el otro
extremo los puestos poco cualificados se caracterizan por su inestabilidad y baja
remuneración.
La vinculación entre desempleo y pobreza es estrecha y ampliamente analizada por las
ciencias sociales. Sin embargo, el nuevo fenómeno emergente en la dinámica actual del
empleo lo constituyen los/as pobres que trabajan (working poor). El acceso al empleo
constituía desde hace un siglo uno de los lazos más estables de integración y el
mecanismo de acceso al bienestar para las clases bajas en Europa. Sin embargo, el
declive de los salarios y las condiciones provocan que éste no sea ya una garantía de
integración. La existencia de este colectivo no encuentra encaje en las formas de
protección europeas construidas sobre la cultura del merecimiento y la recompensa del
trabajador/a.
Frente a la homogeneidad que caracterizaba a la clase trabajadora en las economías
domésticas, en el actual contexto, se produce un alto grado de diferenciación de las
condiciones laborales y por tanto de sus intereses. Los intereses de los/as trabajadores/as
antiguos/as están ligados al mantenimiento de los logros conseguidos: reconocimiento
de antigüedad, promoción y protección en la jubilación; los/as trabajadores/as nuevos/as
cualificados/as buscan la mejor remuneración y la conciliación; los/as no cualificados/as
la estabilidad; los/as trabajadores/as pobres, la supervivencia; y los/as desempleados/as
oportunidades de acceso al mercado laboral.
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Los modelos de bienestar dan distintas respuestas a la crisis de empleo en función
de la capacidad de presión de los actores sociales
La capacidad de algunos Estados para intervenir en el mercado laboral, está siendo
decisiva a la hora de gestionar la actual crisis económica, al igual que lo fue en la crisis
de los setenta. También ahora el papel de los agentes sociales, patronal y sindicatos
sigue siendo clave a la hora de gestionar las demandas de flexibilidad y mantenimiento
de la protección laboral. Como resultado, la incidencia del desempleo y la precariedad
es muy distinta en la tradicional clasificación de escenarios de bienestar acuñada por G.
Esping-Andersen (1993, 2000).
Los países del llamado modelo socialdemócrata cuentan con economías acostumbradas
a cambios frecuentes en sus sistemas productivos, por lo que ya anteriormente les ha
compensado combinar flexibilidad en la contratación con niveles salariales altos y una
garantía de protección generosa en el desempleo. En el cambio a una economía
globalizada y, en respuesta al aumento del desempleo, se opta por la renovación de los
pactos entre gobiernos socialdemócratas, patronal y fuerzas sindicales, que gozan de un
elevado nivel de afiliación. Mediante un nuevo proceso de negociación se buscó
responder a la demanda de flexibilidad de las empresas (facilidad en los despidos,
aumento de los contratos a tiempo parcial). A cambio, las empresas se comprometían a
mantener niveles salariales elevados para el conjunto del empleo, también el empleo a
tiempo parcial y temporal. El Estado, como mediador, se comprometía a actuar como
empleador directo mediante el desarrollo de un amplio sector de servicios sociales en
los ámbitos de atención a personas mayores, educación infantil, etc., a promover
procesos de innovación y desarrollo para las empresas y a mantener una protección
social generosa y opciones de formación y reciclaje para los desempleados. Es en este
escenario en el que originalmente se acuña el concepto de flexi-seguridad para hacer
referencia al resultado del compromiso adquirido a tres bandas, empresa, sindicato y
Estado. Posteriormente este término ha sido utilizado en otros países de la Unión
Europea para designar prácticas diversas en las que la parte “seguridad” pierde valor.
Además de la importancia del rol de los actores sociales en este modelo, tampoco es
desdeñable el peso de las características de su tejido productivo que integra industria de
alta tecnificación y unos servicios a empresas y personas también caracterizados por la
calidad y la especialización. En ambos casos. la demanda un elevado nivel de
cualificación de buena parte de la fuerza de trabajo hace que la temporalidad de los
trabajadores no resulte beneficiosa y por tanto, la utilización de la temporalidad y los
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bajos salarios no haya sido tan extendida. Este modelo ha sabido responder de una
manera más eficaz a la destrucción de empleo y ha trasladado el riesgo que conlleva la
flexibilidad laboral al conjunto de la clase trabajadora. En este escenario los procesos de
precarización y desempleo están teniendo menor impacto en la cohesión social (Gallie y
Paugam, 2000).
En los países del modelo de bienestar liberal la superación de la crisis de empleo de los
setenta y también de la iniciada en 2008, se produce a través de una nueva apuesta por
modelo de crecimiento económico mediante estímulos a las empresas. En el caso
específico de Estados Unidos la respuesta a la progresiva destrucción de empleo
industrial se produce gracias a un importante desarrollo del sector servicios: servicios
cualificados a empresas y servicios personales y de ocio (lo que han denominado como
la industria del entertainment). La gran capacidad de presión política de las empresas a
través de los lobbies y una mayor debilidad de las organizaciones sindicales favorecen
un contexto proclive a la extensión de la flexibilidad en todas sus formas: el fomento de
investigación y desarrollo, pero también a través de las formas que externalizan el
riesgo al trabajador en forma temporalidad y bajos salarios. El progresivo aumento en
este contexto del colectivo de trabajadores pobres explica por qué, en este país, elevadas
tasas de pobreza conviven con tasas muy bajas de desempleo.
El régimen de bienestar corporatista, al que responden la mayor parte de países
europeos, es el que mayores dificultades está encontrando a la hora de hacer frente a la
destrucción de empleo y competencia a escala global. El retraso de la incorporación de
los jóvenes a través de la apuesta por la formación o la utilización de fórmulas de
prejubilación, han logrado contener el crecimiento del desempleo sin tener impacto real
en la creación de empleo. En estos países existe una amplia trayectoria de regulación del
empleo basada en la concertación entre patronal y sindicatos vinculados a la industria.
Como resultado de ello, la regulación de empleo es considerada rígida por parte de las
empresas. Desde el punto de vista del trabajador el mantenimiento de un nivel elevado
de regulación ha permitido frenar la destrucción de empleo fruto del descenso de
demanda económica y buscar otras alternativas vía flexibilidad interna (reducción de
horas, salarios, formación, innovación). En países como Alemania se añade el hecho de
que el perfil del sistema productivo requiera un mayor esfuerzo formativo por parte de
la empresa y no haga atractiva para los empresarios la sustitución continua de mano de
obra (Düll y Düll, 2002). En los últimos años, la fuerza sindical se ha debilitado debido
a la fragmentación de las organizaciones por motivos, políticos, identitarios o religiosos
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y por un proceso de descentralización de las negociaciones a niveles de sector y
empresa. Ambos procesos explicarían que, en los años más recientes, también en estos
países comience a extenderse la precariedad laboral afectando mayoritariamente a
mujeres, jóvenes y minorías étnicas. Por ello en la actualidad estos mercados laborales
se caracterizan por una fuerte diferenciación entre los que se encuentran dentro del
mercado de trabajo primario cualificado y altamente protegido y los que quedan fuera
de él.
La especificidad del modelo de bienestar mediterráneo también puede ser identificada
en referencia a las dinámicas de cambio de su mercado laboral. En estos países una
mayor debilidad sindical y tejidos productivos menos competitivos están dado lugar a
procesos de destrucción de empleo y desregulación laboral más intensos.
En estos países, la flexibilidad que permiten las contrataciones temporales frente a los
fuertes constreñimientos de las contrataciones estables ha llevado a los empresarios a
optar de manera generalizada por la temporalidad. Esto da lugar a un modelo de
regulación laboral muy dualizado, que incluye fuertes dificultades para el despido de los
antiguos con una creciente proporción de empleo temporal y de baja retribución
(Polavieja, 2003).
Fruto de un desarrollo económico tardío y limitado existe un menor grado de afiliación
sindical que en el resto de los países europeos y también aquí se ha producido una
pérdida de capacidad de presión debido a una mayor sectorización y descentralización
de la estructura sindical.
En el caso de España, el desarrollo económico que se produjo en las décadas anteriores
a la crisis vino de la mano de atraer la implantación de industria de montaje europea
mediante una mano de obra más barata. Junto a ella, hostelería, industria
agroalimentaria y construcción forman parte del núcleo fuerte de un mercado laboral
que, en términos generales, favorece la fácil sustitución de los/as trabajadores y por
tanto la utilización de contratos temporales. Ello explicaría porqué, ya antes de la crisis
iniciada en España la extensión de la precariedad laboral afectaba a un tercio de la
fuerza laboral, en gran medida de manera estructural. A partir de 2008, el descenso de
actividad económica se ha traducido en una destrucción masiva de este tipo de empleo
afectando principalmente a jóvenes y extranjeros.
Precisamente el intenso impacto de la crisis económica en la sociedad española en
términos de desempleo y precariedad es clara muestra de la importancia de la influencia
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de los actores sociales en el comportamiento del mercado laboral. La apuesta por
distintas formas de competitividad en la economía global, el modelo de flexibilidad
empresarial adoptado, la forma en la que se distribuyen los riesgos del descenso de
actividad económica entre los distintos grupos de la clase trabajadora son algunas de las
cuestiones que marcan diferentes formas de afrontar las consecuencias comunes de la
globalización.
Una lectura intergeneracional de los costes de las transformaciones del mercado
laboral en España
Europa ha comenzado a elaborar una lectura intergeneracional de los efectos de la
destrucción de empleo a la luz de la elevadas tasas de paro juvenil. En nuestro país el
fenómeno adquiere tintes dramáticos, 49,6% de los menores de 25 años se encuentran
en desempleo, 30 puntos por encima de la media europea 20% (EPA-Eurostat, 2015).
Resulta también específica de nuestro país la combinación perversa de dos tendencias:
precariedad-desempleo y burbuja inmobiliaria. Ambas cuestiones obstaculizan los
procesos de autonomía de la juventud española. Los costes de este modelo social
incapaz de ofrecer oportunidades laborales a las nuevas generaciones se manifiestan de
distintas formas y con distintas intensidades.
Una de ellas es la realidad de miles de jóvenes en España que continúan en circuitos
formativos de estudios de postgrado, idiomas y prácticas, siendo conscientes de la falta
de oportunidades laborales por un lado y de su nivel de sobrecualificación para aquellas
a las que acceden de manera intermitente. Una parte de este colectivo acaba viendo en
la emigración a países europeos la salida a años de frustración en la búsqueda de
empleo.
Se encuentran también entre las personas afectadas las “expulsadas” del mercado
laboral en la crisis (García Serrano, Malo, 2015). Jóvenes que habían accedido al
empleo en contexto de crecimiento, en sectores no cualificados como construcción,
manufactura, o servicios y que ahora se encuentran en desempleo cuentan con pocas
opciones de que la experiencia laboral desempeñada sea valorada en nuevos posibles
nichos de empleo.
Compartiendo espacio y escasas expectativas con el anterior grupo se encuentra la
situación de los denominados “ni-nis” jóvenes que ni estudian ni trabajan. Algunos, ya
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han trabajado, pero muchos de ellos nunca han accedido a su primer empleo y, o bien
han abandonado los estudios de forma prematura, o bien no han continuado estudios
post-obligatorios por falta de recursos económicos en sus familias. Conviene recordar
aquí que ha sido ampliamente evidenciada la influencia de la herencia social familiar en
el rendimiento educativo de los menores y los jóvenes (Esping-Andersen, Palier, 2010).
En nuestro país, la ausencia de apoyos económicos en período postobligatorio
incrementa la importancia de la protección familiar y el capital social en las
posibilidades de cualificación y determina las opciones de inserción laboral en este
contexto de competencia extrema por puestos de trabajo escasos. Por tanto la clase
social familiar determina de manera contundente el futuro de estas generaciones.
Probablemente sea el devenir de estos grupos de jóvenes y menores de familias en
situación de pobreza y exclusión el que determine su condición de generación
“perdida”.
Una lectura de clase social sobre los costes de las transformaciones del mercado
laboral en España
Ni el desempleo ni la precariedad reparten democráticamente sus efectos nocivos sobre
el conjunto de la sociedad, por el contrario, se concentran de manera dramática en las
partes más débiles. Tanto la incorporación de la mujer al empleo, como las
posibilidades de los jóvenes, están fuertemente influenciadas por la clase social del
hogar. Esto incluye el nivel del empleo de la persona principal y los niveles de
cualificación de sus miembros. De este modo, encontramos hogares en los que todos
los miembros del hogar acceden al empleo, incluso con niveles parejos de cualificación.
Mientras que en el polo opuesto, hogares a los que al desempleo y escaso nivel de
cualificación de la persona principal se suman también el desempleo y/o la inactividad
del resto de sus miembros (Gregg y Wadsworth, 1996; Sarasa, 2001; Cantillon, Marx,
et al, 2000).
En España los Informes Foessa VI y VII (2011, 2014) que analizan el impacto social de
la crisis demuestran el acusado efecto de estos procesos en nuestro país. Los hogares en
los que ninguna persona en edad activa tiene empleo suponen uno de los hogares con
mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza severa y exclusión.
También se ubican con más probabilidad en el espacio social de exclusión el colectivo
de trabajadores pobres: en cuatro de cada diez hogares en situación de exclusión hay
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alguna persona ocupada (VII Informe FOESSA, 2014). Este grupo, además ha visto
empeorar considerablemente sus condiciones laborales y de vida a lo largo de la crisis.
Dentro de este empeoramiento se evidencia una clara intensificación de la explotación
laboral, trabajar más horas por menos salario en el mismo puesto, o combinar diversos
empleos, precarios o irregulares como estrategia de supervivencia (Cap 3, VII Informe
Foessa, 2014).
Los debates sobre la pérdida de centralidad del empleo en la sociedad
La crisis del empleo iniciada en los años setenta propició el inicio de un debate sobre el
futuro del empleo. En dicho debate se encuentran por un lado, quienes cuestionan el
diagnóstico y defienden la capacidad del sistema de recuperarse de las crisis
económicas y favorecer la generación de empleo. Por otro lado, están quienes defienden
que nos encontramos ante un escenario real de pérdida de centralidad del empleo tal y
como lo hemos conocido en décadas pasadas. Entre ellos, algunos ponen el énfasis en
advertir sobre los riesgos y otros apuestan por desarrollar más la parte propositiva,
viendo en este contexto negativo, la oportunidad de un cambio de modelo hacia el
reconocimiento social de las personas más allá de su participación en el empleo.
Repasemos con más detalle algunas de estas posiciones.
El paradigma liberal y la confianza en el crecimiento económico como generador de
empleo
El paradigma neoliberal ocupa un espacio creciente en la toma de decisiones gracias a la
capacidad de presión que tienen las grandes empresas sobre los gobiernos nacionales.
Esta postura sigue defendiendo que el apoyo del Estado a las empresas generará
crecimiento económico y por tanto nuevo empleo. En ese sentido se presiona para que
los gobiernos apoyen a las empresas en mejorar su competitividad. Sus demandas
toman forma de ayuda económica directa, incentivos al consumo, promoción de I+D,
disminución de impuestos y costes salariales o de la desregulación del empleo. En este
argumentario también se incluye una critica al gasto en la protección económica del
desempleado por su ineficacia y por su efecto disuasorio apelando a la responsabilidad
individual de los desempleados a adaptarse a un escenario más competitivo. Para ello se
fomentan políticas destinadas a promover el emprendimiento, se anima a la emigración
a lugares donde se demande mano de obra o se pide adaptar las cualificaciones a la
especialización progresiva del mercado laboral.
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Las recientes reformas laborales en nuestro país nos sirven de evidencia de la debilidad
de la tesis liberal como solución al problema del desempleo y la precariedad. La
desregulación laboral no conlleva, por sí sola, la generación de empleo. La disminución
de costes laborales es una forma de flexibilidad que ayuda a la mejora de la
competitividad de aquellas empresas que pretenden hacerlo a través del ahorro de costes
del proceso de trabajo. Sin embargo, la persecución continua de este ahorro también les
lleva a optar por trasladar procesos de producción a países en vías de desarrollo con
mano de obra más barata. Por otro lado, los inversores persiguen maximizar el beneficio
y esto cada vez es más fácil en ámbitos que no siempre están ligados a la economía
productiva.
En última instancia, tampoco las recetas neoliberales hacen frente a la cuestión del
incremento de la precariedad laboral. Si los países fueran capaces de generar empleo, la
elevada cualificación de una parte del mismo haría que el empleo no vaya a parar a
aquellos hogares que más lo necesiten (hogares pobres en empleo), sino a aquellos que
más cualificación tengan, probablemente personas que forman parte de hogares en los
que ya hay algún empleo (hogares ricos en empleo). Queda para los hogares de menor
cualificación la alternancia entre inactividad y precariedad.
El paradigma de la inversión social como renovación del pacto entre capital y trabajo
Entidades como la OIT, OCDE, o la propia UE, se han sumado en la defensa de este
paradigma que defiende la adecuación de las políticas sociales al nuevo contexto de
economía global. Esto supone adaptarse a un escenario de aumento de las
cualificaciones necesarias para una economía cada vez más competitiva. Se aboga por la
inversión en políticas de activación que vayan, desde la educación temprana y la
cualificación de los más jóvenes para evitar así la transmisión intergeneracional de la
pobreza; hasta la adaptación constante de los desempleados a los requerimientos de
nuevos escenarios de empleo mediante dispositivos de cualificación a lo largo de la
vida. También se plantea la activación como principal herramienta de lucha contra la
exclusión social (N. Morel, B. Palier & J. Palme (eds.), 2012).
Este paradigma plantea renovar el pacto que dio lugar a la extensión de los llamados
estados de bienestar conciliando los intereses del capital y del trabajo. Precisamente por
ello, es objeto de críticas que van al núcleo mismo de su planteamiento por su
inviabilidad. Por el contrario, quienes defienden que la acumulación de riqueza por
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parte del capital es un fenómeno imparable, no confían en que la cualificación de la
mano de obra sea suficiente para evitar el empobrecimiento progresivo de una parte de
la población.
Paradigmas que asumen la pérdida de centralidad del empleo
El propio Keynes publicó ya en 1930 una obra bajo el título “Las posibilidades
económicas de nuestros nietos” vislumbrando un futuro en el que el crecimiento
económico constante y las nuevas tecnologías permitirían prescindir de mano de obra y
conseguir iguales o mejores beneficios. Desde una perspectiva que ahora se nos hace
ingenua, Keynes interpretaba que en este escenario podrían reducirse las jornadas de
trabajo hasta 15 horas por semana, liberando el resto de horas para el tiempo de ocio,
relaciones sociales y familiares. No se equivocó en la predicción sobre los avances
tecnológicos, sin embargo, sí lo hizo al no prever la constante búsqueda de incremento
del beneficio del capital. Tampoco vaticinó el aumento de necesidades de consumo de
bienes y servicios mercantiles que sólo pueden ser cubiertas mediante jornadas elevadas
de trabajo. La mejora de las nuevas tecnologías no ha supuesto un descenso de las horas
para los trabajadores, sin embargo, sí ha conllevado la destrucción de puestos en
determinados sectores y mercados laborales nacionales.
La previsión marxista de la evolución del capitalismo sí se acerca más a lo acontecido.
El capital busca la inversión en nuevos nichos de negocio y cuando éstos dejan de
aportar un elevado margen de beneficio (porque suben los precios del trabajo o porque
se incrementa la competencia) abandonan el sector, expulsando mano de obra y
buscando la inversión en uno nuevo. De este modo, la presencia de una bolsa de
desempleados permanente (ejercito de reserva) permite mantener siempre el precio del
trabajo a la baja y favorecer la obtención de mayores beneficio en el nuevo sector
(K.Marx, 1946). Precisamente el éxito actual del analista social Thomas Pikkety (2014)
radica en dimensionar la acumulación progresiva del capital y sus efectos en la
desigualad social creciente. El espejismo de unas décadas en las que las rentas de
trabajo ascendieron permitió a la sociedad europea alcanzar ciertas cotas de igualdad.
Sin embargo, el capitalismo patrimonial en la economía global muestra una capacidad
vertiginosa de acumulación en pocas manos en detrimento de las clases trabajadoras,
que pierden su tradicional forma de acceso a la riqueza: el empleo.
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Ante los efectos tan devastadores del actual cambio de ciclo capitalista han cobrado
fuerza las posiciones que defienden la urgencia del cambio de modelo económico
capitalista para hacer frente a la problemática del desempleo y la precariedad laboral.
Muchas de estas alternativas resultan complementarias entre sí ya que abordan distintos
aspectos de lo que podría ser un modelo social distinto al capitalista: formas más justas
de reparto del empleo, redistribución de la riqueza y reconocimiento social de otras
actividades más allá del empleo.
A continuación vamos a detenernos a describir algunas de ellas.
Propuestas de reparto del empleo
Andre Gorz en su obra “Metamorfosis del trabajo” (1991) prevé un futuro en el que el
trabajo escaso sea repartido entre todas las personas y éstas puedan tener acceso a una
parte de la riqueza pero también más tiempo libre para el ocio y las relaciones sociales.
Como requisito establece repartir además del trabajo, la protección y un cambio cultural
sobre la forma de entender el tiempo libre. Gorz propone liberar a la sociedad del yugo
del consumismo capitalista y enfocar el potencial del tiempo libre hacia actividades
voluntarias destinadas al bien colectivo. Plantea construir un nuevo valor social en torno
al reconocimiento de tareas cualificadas que sean socialmente útiles.
También Rifkin en su obra “El fin del trabajo” (1996) defiende la necesidad de apostar
por un espacio no mercantil de intercambio de bienes y servicios en el que las personas
que quedan fuera del empleo remunerado puedan sentirse socialmente útiles.
Complementa su propuesta la necesidad del establecimiento de una renta mínima que
garantizara la subsistencia de toda la ciudadanía.
En la actualidad diversas redes sociales y políticas asumen la defensa del reparto de
empleo con argumentos de lucha contra el desempleo y la precariedad; con el fin de
poner freno a la producción y consumo de masas que destruye los recursos naturales,
favorecer la igualdad en el desempeño de tareas de cuidado y domésticas; potenciar la
participación política y mejorar las relaciones sociales y la salud mental de la población
(NEF, 2015). Tal y como señalan sus propios defensores estas propuestas deben superar
resistencias, no sólo las cercanas al capital, sino las de los propios trabajadores y sus
representantes. En países como el nuestro, los bajos salarios impedirían comenzar por
opciones de reparto sin enfrentar primero la cuestión de una protección económica
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decente. También se han forjado críticas a esta propuesta por el hecho de que el reparto
del empleo pueda reforzar las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado
laboral.
Propuestas de establecimiento de una renta ciudadana universal
También en la década de los años ochenta se ubica el origen de las diversas propuestas
que defienden la creación de rentas para toda la población independientemente de su
condición, edad o vinculación con el mercado laboral. Entre los pioneros, Van der Veen
y Van Parijs (1988) plantearon un modelo de renta mínima garantizada para toda la
ciudadanía, de carácter individual y que no estuviera sujeta a la comprobación de
medios económicos, ni a la realización de ningún tipo de contrapartida. Según su
propuesta, esta renta podría sustituir a muchas de las prestaciones asistenciales
existentes (de jubilación, discapacidad, desempleo) unificarlas, facilitar su gestión y
dignificarlas. De tal manera que todo el mundo tendría un mínimo garantizado, por
encima del cual podría elevar sus ingresos en función de su trabajo, cotizaciones o
seguros privados. Son muchos los debates asociados a esta propuesta. En relación con la
financiación, se encuentran las opciones más ambiciosas que la vinculan a una tasa
impuesta a las transacciones financieras internacionales (también llamada tasa Tobin),
así como quienes la vinculan a reformas de los impuestos progresivos de renta, o a
nuevos impuestos especiales. A pesar de que la mayor parte de las propuestas no
conllevan condicionamientos, Atkinson (1991 planteaba que ésta estuviera
condicionada al deseo de participar activamente en algún tipo de actividad socialmente
útil (voluntariado).
Con este propósito de defender la instauración en Europa de una red mínima de garantía
de ingresos basada en el concepto de ciudadanía, surgió la red Basic Income European
Network formada a nivel europeo por redes nacionales. En nuestro país la Red Renta
Básica desarrolla una intensa actividad intelectual, política y social.
Propuestas para la superación de la separación entre trabajo y empleo: revalorización
de actividades socialmente útiles
El movimiento feminista ocupa un lugar esencial en la crítica al sistema capitalista por
haber devaluado el trabajo reproductivo y doméstico. El trabajo es mucho más que lo
que está definido como empleo. La asalarización de una parte de la población en el paso
a una la sociedad industrial dio valor únicamente al trabajo fabril, mientras que el resto
de los trabajos desempeñados por las mujeres quedó sin recompensa económica y
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también sin reconocimiento social. La evolución de esta desvalorización del trabajo
reproductivo y doméstico ha dado lugar a una situación de desprotección de las mujeres,
no sólo desde el punto de vista del reconocimiento social, sino también en el acceso
desigual a las políticas sociales definidas por la contribución previa. Posteriormente la
paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral no ha supuesto un reparto
equitativo de las funciones reproductivas y domésticas. Este hecho ha originado nuevas
situaciones de desigualdad caracterizadas en este caso, por las sobrecarga de trabajo y
las dificultades de conciliación, promoción, etc. Además, la incorporación de las
mujeres al mercado laboral coincide en el tiempo con las aquí descritas tendencias de
destrucción y polarización del empleo, por ello la precariedad laboral tiene una clara
lectura de género.
Entre las alternativas defendidas desde este movimiento se encuentran el
establecimiento de mecanismos de protección ciudadana más allá de la participación en
el mercado laboral, o la promoción de un salario por el desempeño de las tareas de
cuidados.
Al igual que el movimiento feminista, Przeworski (1988) proponía el establecimiento de
un reconocimiento social (y de protección social) de actividades no remuneradas pero
socialmente útiles, tales como el trabajo doméstico o el cuidado de personas mayores.
En esta misma línea Chapon y Euzéby (2003) proponen la instauración de un status
profesional a nivel europeo que equipare en derechos y protección (seguridad social) a
las personas activas en el mercado laboral ordinario con aquellas que realizan
actividades domésticas, de atención a personas dependientes, de formación o de
voluntariado. Cantillon y Van den Bosch (2000) definen la propuesta originada por un
volumen importante de actores del tejido social que plantean construir una nueva
concepción de ciudadanía que trascienda el ámbito productivo y tenga en cuenta el
reconocimiento de derechos individuales y sociales a las personas que se encuentran al
margen del mismo.
De este repaso se deriva que hay un cierto recorrido académico y también social en
torno al debate sobre el futuro del empleo. No se ambiciona en este trabajo describir la
diversidad de propuestas políticas y sociales que defienden la necesidad de
transformación de un modelo económico que somete a explotación laboral a una parte
de la población y a la inactividad al resto. Tan sólo destacar que muchas de ellas tienen
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en común la defensa de formas de organización social y económica que favorezcan la
mejor redistribución de la riqueza. Algunas de ellas están tomando forma en el plano
local y regional a través de iniciativas de producción cooperativa, comercio justo,
empresas sociales, banca ética, propiedad común y otros.
El actual contexto de agitación política, social e intelectual provocado por la intensidad
de la crisis puede ser un buen contexto para la generación de alianzas sociales y
políticas que, en distintos niveles, local, regional, global lleguen a multiplicar el efecto
de estas propuestas.
La persistencia de la cultura del empleo
Quizás sean buenos tiempos para el inicio de una transformación cultural que permita
concebir la pérdida del centralidad del empleo en nuestra sociedad. Sin embargo, los
cambios culturales son lentos y las resistencias muy fuertes. El empleo remunerado
sigue siendo altamente valorado en una sociedad en la que las generaciones
demográficamente más numerosas se han forjado en la cultura del empleo.
Esta cultura se originó en un contexto de crecimiento económico y bajas tasas de
desempleo favorecido por el desarrollo de la industria de producción en serie. En él, el
nivel de presión ejercido por la clase trabajadora industrial propició una mejora de los
salarios y los niveles de protección social. Las patronales nacionales vieron la
conveniencia de suscribir dicho pacto, no sólo por la favorecer un clima de orden que
favoreciese la producción, sino porque las mejoras salariales mantenían los niveles de
consumo de masas. De este modo, el desarrollo económico y social y la estabilidad de
las economías domésticas favorecían que el empleo ininterrumpido desde la juventud
hasta la jubilación del cabeza de familia varón proporcionara protección y bienestar de
la mayor parte de familias en Europa. Es por ello que el empleo se ubica en el centro de
una cultura en la que la participación en el mercado ha favorecido el ascenso social, el
consumo y por tanto se ha convertido en fuente de reconocimiento social y autoestima.
La importancia de la centralidad del empleo es asumida también como valor en la
definición de las políticas sociales. Pensiones, prestaciones de desempleo y sistemas
sanitarios son concebidos como recompensa al esfuerzo de los trabajadores y son
orientadas a los trabajadores y sus familias bajo una lógica de contribución previa.
El valor del empleo como mecanismo de integración se manifiesta de forma clara en las
situaciones de pérdida o no acceso al mismo. El desempleo, no sólo supone la falta de
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ingresos económicos, sino también la falta de reconocimiento de derechos de protección
social, representación. Impide el acceso o mantenimiento de la vivienda y dificultades
para participar del ocio y la sociedad del consumo. A ello se une también de manera
frecuente la pérdida de autoestima y el deterioro de las relaciones sociales y familiares.
En esta crisis tenemos evidencias de cómo la pérdida del empleo puede suponer el
inicio de un proceso de caída vertiginosa hacia la exclusión social (Martínez Virto, L.;
Lasheras, R. (2013). De hecho, muchos de estos procesos interrelacionan entre sí de
manera perniciosa: la falta de ingresos empeora la alimentación y la autoestima; ambos
tienen impacto en la salud física y mental y todo ello, en las relaciones sociales y
familiares.
Los/as jóvenes que no han accedido a su primer empleo han sido socializados en esta
cultura del empleo. La inserción laboral continuamente pospuesta origina en ellos/as un
sentimiento de frustración y expectativa familiar no cumplida. El nivel creciente de
polarización del empleo genera sentimientos paralelos de frustración al no alcanzar
nunca el nivel preciso para los puestos más cualificados, por un lado y estar
sobrecualificado para los puestos precarios. Si a ello unimos los elevados precios de la
vivienda y la imposibilidad de iniciar proyectos autónomos, a la frustración se une la
dependencia familiar no deseada y la incomprensión generacional. “Yo a tu edad ya me
había ido de casa”, “Con mucho menos hemos vivido”, “Ahora queréis todo hecho”.
Son discursos de personas socializadas en un contexto de disponibilidad de empleo,
precios de vivienda mucho más bajos, en los que realmente el esfuerzo laboral, aunque
mal retribuido al principio, sí les llevó a una situación posterior de bienestar. El
escenario de la juventud actual es radicalmente distinto y con pocos visos de volver a un
contexto similar al de décadas pasadas.
Tampoco puede decirse que las personas que se encuentran en la parte más baja de la
pirámide social se encuentren al margen de la cultura dominante del empleo. Frente a
perspectivas conservadoras que asociaban la pobreza a la inactividad o la dependencia,
hemos visto como en la actualidad las personas que integran el espacio social de la
exclusión o bien han perdido el empleo y buscan nuevas oportunidades, o bien su
empleo precario no les permite superar la línea de pobreza (Foessa, 2014).
El empleo también sigue manteniendo un lugar central en el acceso a las políticas
sociales. Paradójicamente, a pesar de la destrucción de empleo y la precarización, las
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reformas laborales van en la línea de promover la responsabilidad individual a través del
emprendimiento o la cualificación. Se refuerza la necesidad de contribución previa en el
acceso a la protección social y se establecen nuevas obligaciones para los
desempleados.
La centralidad del empleo también presente en la cultura de los servicios sociales
Los servicios sociales como parte de las políticas sociales no se encuentran ajenos a la
cultura del empleo. Por el contrario, en este sistema más joven y desarrollado en pleno
proceso de cuestionamiento del gasto social, la controversia en torno a la protección de
las personas que se encuentran al margen del empleo es omnipresente. Frente a la
protección de las personas mayores, los niños o las personas con discapacidad, destinar
fondos públicos a las personas en edad de trabajar siempre ha sido objeto de debates
sociales que se intensifican en contextos de crisis. El miedo a que las personas se hagan
dependientes de las ayudas y no se esfuercen en buscar empleo siempre ha estado
vinculado a los programas de renta mínima e inserción social. Como respuesta a estos
cuestionamientos sociales la mayor parte de los programas de renta mínima incorporan
la lógica de la contrapartida laboral en su funcionamiento. El compromiso de los
perceptores a buscar activamente empleo y a aceptar cualquier oferta laboral o
formativa que se les plantee, es un condicionamiento del cobro de la prestación y por
tanto, su incumplimiento puede dar lugar a un proceso sancionador y/o al cese de la
protección económica.
En paralelo a esta lógica de la contrapartida, también tiene largo recorrido histórico en
la intervención de los servicios sociales un visión del empleo como herramienta para
favorecer la integración social de personas en situación de exclusión social (Pérez
Eransus, 2005) . En este caso, no tanto desde la lógica de la contrapartida, sino del
doble derecho, se plantea que el empleo tiene potencialidades de integración más allá de
la económica. El sentimiento de utilidad, la cualificación, las relaciones sociales, y el
acceso a los derechos sociales y de representación, son algunas de estas potencialidades
que permiten a las personas en situación de exclusión mejorar su autoestima y sus
condiciones de vida. Durante décadas, tanto los servicios sociales de la red pública,
como las entidades de iniciativa social han desarrollado este recurso a través de la
promoción de diversos mecanismos de formación, intermediación laboral y contratación
protegida. En la actualidad, las dinámicas del mercado laboral y los efectos de la
austeridad en la red de servicios sociales han transformado significativamente el
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escenario de trabajo de intervención social con personas excluidas. El elevado volumen
del desempleo hace que la inserción social a través del empleo sea un recurso del que
los servicios sociales no pueden disponer. Por otro lado, una parte significativa del
empleo ha perdido su potencial integrador.
Resulta por tanto sorprendente que, a pesar de la profunda transformación que afecta a
nuestro mercado laboral, no hayamos acometido una transformación de las lógicas de
intervención en los servicios sociales. Se sigue utilizando la lógica de
responsabilización individual en el acceso al mercado laboral. A los perceptores de
ayudas se les pide firmar acuerdos de incorporación social con el compromiso de buscar
activamente empleo (BAE), se les hace demostrar esta búsqueda mediante la
presentación de sellos de empresas que acreditan que el perceptor/a verdaderamente ha
acudido a pedir trabajo y se persigue el fraude de los perceptores que realizan trabajos
informales.
La utilización de los acuerdos de inserción como mecanismo de intervención social
tenía su justificación en otra época, en la que se produjeron experiencias profesionales
exitosas con familias a las que, a cambio de ayuda económica, se les exigía un
compromiso de utilización del sistema educativo y sanitario. La potencialidad en este
caso venía de la capacidad de negociación que otorgaba a las profesionales el hecho de
que hubiera servicios educativos y sanitarios disponibles. No se produce esta misma
capacidad en el terreno laboral. En este caso los perceptores suscriben acuerdos en los
que se comprometen a buscar activamente algo inalcanzable, el empleo. Por otro lado,
aunque lo consigan, no significa que mejoren sus condiciones de vida ni que dejen de
necesitar el apoyo de los servicios sociales. Esta situación genera impotencia tanto en
profesionales como en personas atendidas.
Por ello es preciso un cambio de cultura, en este caso institucional, que nos lleve a un
replanteamiento de la acción de los servicios sociales adaptándolo a la realidad de las
transformaciones del mercado laboral. Un primer paso puede ser separar
definitivamente la lógica de garantía de ingresos de la lógica de la inserción laboral.
Como sociedad no queda claro que seamos capaces de reemplazar el empleo destruido,
y si lo hacemos, el nivel de competencia por el trabajo escaso priorizará a las personas
más cualificadas y dejará fuera a las más débiles. Subordinar el derecho a la protección
de las necesidades básicas a la consecución de un empleo tan escaso no tiene sentido.
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En segundo lugar, si seguimos defendiendo el potencial integrador del empleo, debemos
asegurarnos de que utilizamos como recurso mecanismos de empleo que realmente
permitan superar el umbral de la pobreza. Es decir, diseñemos dispositivos de
formación o empleo que favorezcan la cualificación necesaria para que el acceso al
mercado laboral permita superar la franja de la precariedad.
No es preciso inventar nada, hay décadas de experiencia en el ámbito de los servicios
sociales y la economía social que permiten identificar los recursos más eficaces.
Programas de empleo protegido, cualificación becada, reserva de puestos en la
administración, empresas sociales y clausulas sociales que ayuden a su promoción, son
algunos de estos recursos. Mientras en España muchos de estos dispositivos ven
peligrar su existencia afectados por las estrategias de reducción del gasto público, en
otros países europeos la lógica de colaboración público-privado ha dado lugar a la
extensión de los mismos. En el caso francés se ha construido en torno a este tipo de
empresas sociales un nuevo sector económico de servicios a la dependencia que supone
una parte significativa del PIB y del nuevo empleo creado.
Los debates en torno a la necesidad de desarrollar una renta ciudadana que favorezca la
supervivencia económica de los hogares más pobres, sin duda suponen un avance en la
transformación social. Sin embargo, la mayor parte de nuestra sociedad sigue otorgando
un fuerte valor al empleo. No parece justo dejar la responsabilidad de la transformación
cultural a los más débiles. El empleo sigue teniendo un fuerte peso de reconocimiento
social y en la autoestima de las personas. La mayor parte de los usuarios/as de servicios
sociales acuden allí pidiendo empleo, no ayudas económicas. No podemos pedir a los
más excluidos que sean los primeros en construir su identidad y su forma de
participación social en torno a mecanismos distintos a los del empleo. Tampoco es fácil
que la sociedad vaya a ser más proclive a un cambio de valores comenzando con los
escalafones más bajos de la estructura social. En este sentido podríamos decir que, hoy
por hoy, no es fácil convencer a una parte importante de los/as contribuyentes de que
hay grupos de población que vayan a recibir ayudas económicas estando
permanentemente alejados del empleo.
El cambio social y cultural requerido debe ser profundo y por tanto sólo puede ser
motivado por amplias alianzas sociales configuradas, tanto por los grandes grupos de
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afectados, jóvenes y excluidos, como por actores sociales que sean capaces de liderar y
movilizar el cambio, partidos políticos, movimientos sociales, profesionales, entidades
sociales.
Nueva ética social y el espíritu del anticapitalismo
La experiencia histórica nos muestra que las respuestas más eficaces a los desajustes
originados en la deriva de los mercados laborales son colectivas. Los efectos de los
cambios de ciclo capitalista sólo pueden ser contrarrestados por soluciones respaldadas
por grandes mayorías sociales. Por ello las medidas que responsabilización del
individuo en su salida del desempleo o la precariedad no supondrá un freno al
incremento de las desigualdades.
Se hacen precisas soluciones colectivas frente a los riesgos. Los sistemas nacionales de
seguridad social, sanidad o educación hicieron frente de manera solidaria a los riesgos
que preocupaban a la clase trabajadora en las economías fordistas. Podemos buscar
ahora mecanismos que canalicen también ahora la solidaridad entre distintos grupos
sociales: entre población adulta y joven, entre trabajadores/as estables y precarios/as y
entre trabajadores/as y desempleados/as.
Afortunadamente son muchos los actores sociales en defensa de un cambio de modelo.
Aunque el origen de la crítica al capitalismo provenga de motivaciones e ideas distintas,
la búsqueda de alternativas tiene mucho en común. Desde el feminismo, el ecologismo,
y un enorme entramado de movimientos sociales anticapitalistas se defienden
propuestas alternativas a un modelo de producción y consumo de masas. En torno a
estas alianzas puede estar surgiendo una nueva ética social anticapitalista que defienda
el reconocimiento social de otros valores más allá del empleo retribuido. En este caso,
la pérdida de centralidad del trabajo sí podría dar lugar a un progresivo protagonismo de
otros valores como la igualdad, el reparto, los cuidados, la educación, las relaciones
sociales, el respeto por el medioambiente, el comercio justo, la economía social, la
autonomía, o el cuidado de la salud física y mental.
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Bibliografia
Cantillon, B. y Van den Bosch, K. (2000). «Back to basics: safeguarding an adequate
minimum income in the active welfare state», en Social Security, Helsinki.
Chapon, S. y Euzéby, Ch. (2003), «Vers une convergence des modèles sociaux
européens» en Problèmes économiques(2.801-2.802): 70-80.
Düll, K. y Düll, Nicola, (2004) Country Report, Germany. En Laparra (Coord.)
Managing Labour Market related risks in Europe: policy implications. European
Union DG ResearchV Framework.
Duncan Gallie and Serge Paugam (eds.), Welfare Regimes and the Experience of
Unemployment in Europe, 2000, Oxford University Press, Oxford,
Esping-Andersen, Gøsta (2000), Fundamentos sociales de las economías
postindustriales. Barcelona, Ariel.
Esping-Andersen, Gøsta; Palier, Bruno. Los tres grandes retos del estado del bienestar =
Trois leçons sue l`État-Providence. Barcelona : Ariel, 2010
García Serrano C. y Malo, M.A. (2014). Empleo y cualificación. Capítulo 4, VII
Informe FOESSA, Fundación FOESSA,
Gregg, P. y Wadsworth, J. (1996), «More Work in Fewer Households?» en New
Inequalities: The Changing Distribution of Income and Wealth in the UK. Hills,
J., Le grand, J., Piachaud, D. Cambridge, Cambridge Univertity Press.
Gorz, André (1995), Metamorfosis del trabajo. Búsqueda del sentido. Crítica de la razón
económica. Madrid, Sistema.
Keynes, John Maynard (1988), «Las posibilidades económicas de nuestros nietos
(1930)» en Ensayos de persuasión. Keynes, John Maynard. Barcelona, Crítica.
Laparra, M (2007), La construcción del empleo precario. Dimensiones, causas y
tendencias de la precariedad laboral. Madrid, Fundación Foessa.
Laparra, M. y Pérez, B. (2011) Chances and pitfalls of flexible labour markets: The case
of Spanish strategy of labour market flexibility. en Sigrid Betzelt and Silke
Bothfeld (Ed.) Activation and Labour market Reforms in Europe. Challenges to
Social Citizenship. Palgrave Macmillan.
Laparra, M. y Pérez. B. Coord (2012) Crisis y fractura social en Europa. Obra Social La
Caixa, Colección Estudios Sociales nº 35
Laparra, M; Álvarez, MJ; Anaut, S.; Arza, J.; Azcona, P.; Damonti, P.; García, A.;
Gómez, E.; Lasheras, R.; Martinez Virto, L.; Pérez Eransus, B.; Ramirez, A.;
Ruiz, R.; Trujillo, M.; Zugasti, N. (2014).La fractura Social se ensancha:
Intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años. VII
Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo social. Pp: 153-255. Madrid:
Fundación Foessa. ISBN: 978-84-8440-591-7
Martínez Virto, L. (2014). Sobreviviendo a la crisis: estrategias de los hogares en
dificultad. Barcelona: Ediciones Bellaterra. ISBN-13: 978-84-7290-662-4
Martínez Virto, L.; Lasheras, R. (2013). Crisis concatenadas. Revista Inguruak nº 53-
54, pp.682-693. Bilbao: Asociación Vasca de Sociología y Ciencias Políticas.
ISSN: 0214-7912
Marx, Karl (1946), El capital. Crítica de la Economía Política. México, Fondo de
Cultura Económica.
Medina, J. A., Aguilera, J. C., De la Fuente Sanza, L. et al. (2012): Trabajadores pobres
y empobrecimiento en España, Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako
aldizkaria/Revista de servicios sociales, n.º 52, pp. 119-128.
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Trabajadores_pobres.pdf
23
Morel, N.,Palier B.& J. Palme (eds.) (2012) Towards a social investment welfare state?
Ideas, policies and challenges. Bristol: The Policy Press.
New Economic Foundation (2012) 21 hours Why a shorter working week can help us
all to flourish in the 21stcentury. http://www.neweconomics.org/
Pérez Eransus, B. (2005), Políticas de Activación y Rentas Mínimas. Madrid,
Fundación FOESSA.
Pikkety, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de cultura económica, 2014)
Polavieja, Javier (2003), Estables y precarios. Desregulación laboral y estratificación
social en España. Madrid, CIS.
Przeworski, Adam (1988), «La viabilidad de los subsidios universales en el capitalismo
democrático» en Zona Abierta Enero-Junio 88.
Red Renta Básica. www.redrentabasica.org
Rifkin, Jeremy (1996), El fin del trabajo. Barcelona, Paidós.
Sarasa, Sebastià (2001), «Los hogares sin empleo. Una perspectiva comparada» en
Revista Internacional de Sociología (29).
Van Parijs, Phillipe y Van der Veen, Roger (1988), «Una vía capitalista al comunismo»
T: 948 220 051 NAFARROA@SOLIDARI.ES TUDELA: PRINCIPE DE VIANA, 3-1º T: 948 825 857 TUDELA@SOLIDARI.ES