Democracia social
La democracia social es la alternativa frente a la desigualdad y la gestión de la crisis, regresiva y autoritaria, del poder liberal-conservador. Debe ser la base para la construcción de una Europa más justa y solidaria. Veamos sus características, sus dos componentes básicos, de más igualdad o justicia social y mayor democracia, así como su significado sociopolítico como alternativa al capitalismo regresivo.
Carácter de la democracia social
La democracia social, como propuesta normativa, está basada en dos pilares fundamentales y entrelazados: a) Democracia plena: derechos y libertades garantizados, sistema representativo y participación cívica; b) igualdad sustantiva: justicia social y giro socioeconómico igualitario, Estado de bienestar avanzado con un fuerte sector público y capacidad regulatoria de la economía.
La democracia es un sistema de gobierno mediante representantes elegidos por el pueblo (soberano). Hay una ligazón y legitimidad entre gobernantes y gobernados a través de su gestión del ‘interés general’ o ‘bien común’, bajo el ‘consenso’ constitucional, normativo o político.
La exigencia de más y mejor democracia (deliberativa, participativa, relacional…), expresa la necesidad de mayor respeto de los gobernantes a los gobernados y la ampliación de la participación de la base popular. La desconfianza ‘creativa’ de la ciudadanía activa y crítica respecto de la élite política dominante es un factor democratizador. Puede generar desafección hacia la clase gobernante y, al mismo tiempo, reforzar los procesos participativos y los mecanismos democráticos. La indignación social en España está derivada de la virtud cívica democrática-igualitaria como oposición al retroceso socioeconómico (recortes, subordinación, segregación), político-institucional (prepotencia, dominación) y moral (disgregación, insolidaridad). Está basada en la ética de justicia social y la cultura democrática: cumplimiento del contrato social y político con la ciudadanía. El movimiento de protesta social, crítico con las élites gubernamentales, no es antipolítico. Todo lo contrario, renueva y refuerza la política: ha supuesto una mayor preocupación y participación ciudadana en los asuntos públicos, ha obligado a regenerar las instituciones políticas y, finalmente, ha configurado un nuevo electorado indignado y una nueva representación política, especialmente articulada en torno a Podemos y sus aliados.
La tarea de la democracia social es doble y combinada: a) Poner coto a la desigualdad, las ventajas y los privilegios de unos pocos, y favorecer a las capas populares y al conjunto de la sociedad; b) incrementar la participación cívica, garantizar el respeto de las instituciones y élites políticas a los compromisos sociales y democráticos con la ciudadanía y llevar a cabo una profunda democratización del sistema político.
No se trata solo de un recambio de élites, debido a su corrupción, afianzando la honestidad democrática de los representantes públicos, sino, además, de la transformación profunda de su papel sustantivo, su gestión prepotente y regresiva.
El simple continuismo, representado por el PP, está desacreditado. Existe un significativo aval representativo a PSOE y Ciudadanos, con el riesgo de que se consolide un cambio superficial y limitado o, bien, un continuismo de fondo con algo de renovación de élites y políticas. No obstante, hay una amplia demanda de cambio sustancial, cuyo cauce ha hegemonizado Podemos pero que va más allá incluso de sus aliados directos y de IU-Unidad Popular. Todo ello afecta a la profundidad del cambio en los dos aspectos básicos: giro socioeconómico igualitario y democratización, incluida la problemática territorial (Cataluña).
En todo caso, hay que evitar una doble unilateralidad en la orientación política al centrar el cambio solo en el factor de democracia o solo en la igualdad social (o en la superficialidad de uno de ellos o de ambos). Algunos planteamientos deducen que con más y mejor democracia (igualdad política) se podrían adoptar políticas igualitarias (económicas y de relaciones sociales). El problema es que no es automático y el cambio se puede quedar en el recambio de élites. Además, sin igualdad socioeconómica hoy no se puede fortalecer la democracia: el sistema político, las élites gobernantes (con la correspondiente renovación), deben aceptar y recomponer un nuevo contrato social y político-democrático, en favor de las clases populares, así como el control y la restricción de los privilegios de los poderosos. Es decir, es ineludible avanzar en mayor igualdad social y mayor igualdad política, junto con más participación y libertades individuales y colectivas. En sentido contrario, hay posiciones, más o menos economicistas, que solo ponen el acento en las mejoras sociales y económicas desdeñando la gran tarea democratizadora y de recomposición institucional y representativa. La democracia no se puede separar de su contenido social.
Democracia social, palanca del cambio
El capitalismo financiero y ‘extractivo’ de las actuales élites dominantes impone la regresión socioeconómica y política y acentúa la crisis social y moral. Lo hace desde la coerción del llamado mercado (la propiedad privada de los grandes poderes económicos y financieros) y los aparatos estatales. Se avala por el Estado de derecho y los valores conservadores. La opción dominante de la gestión de la crisis es la autoritaria y regresiva, con la hegemonía del poder liberal-conservador.
Ese plan intenta la integración (conflictiva y globalizadora) de las élites dominantes de los países periféricos (incluido Francia), la contención de reacciones nacionalistas para salvar las instituciones comunitarias y una mínima cohesión social y legitimidad democrática. No obstante, caben los siguientes interrogantes: ¿Es posible una Europa liberal-conservadora alemana, con readaptación subordinada de las demás élites estatales-nacionales? ¿Es capaz de contener, por una parte, las dinámicas xenófobas y etno-nacionalistas excluyentes y, por otra parte, la marginación y discriminación de amplias capas populares -muchas de origen inmigrante- de sus propios países, del sur europeo y mundial?. ¿Es compatible un nuevo equilibrio entre, por un lado, la hegemonía del poder liberal-conservador, con democracia limitada, mayor subordinación popular y de países débiles y un fuerte control social con capacidad extractiva de riquezas y competitividad mundial –productos avanzados y mano de obra barata-, y por otro lado, mantener la neutralización del descontento popular, los procesos de deslegitimación ciudadana hacia el poder establecido y las tendencias progresivas, alternativas y de izquierda?
Uno de los aspectos de esta transición en la conformación de fuerzas progresistas es el papel contradictorio de la socialdemocracia europea y su articulación en distintos países por su doble carácter: por una parte, gestor del poder establecido, con el consenso con las derechas, liberales y conservadoras, y leve diferenciación; por otra parte, función representativa de un segmento de capas populares sobre las que tiene que seguir legitimándose, con unas políticas más justas y democráticas. La dinámica mayoritaria de sus dirigentes, especialmente desde las responsabilidades gubernamentales, se sitúa en la primera tendencia social-liberal (Alemania, Grecia, Francia, Italia, España, Holanda…), cogestora de la estrategia de austeridad, más o menos flexible, con fuertes déficit democráticos y solidarios en la construcción europea. No obstante, existen en esos mismos países sectores internos significativos e incluso otros, como Reino Unido y Portugal, donde alcanzan una dimensión mayoritaria que, ante los riesgos de la creciente pérdida de legitimidad ciudadana y representatividad electoral, son más sensibles a la segunda tendencia: una gestión basada en la justicia social y el respeto a las demandas populares; más integradora entre países y en su interior, y más democrática y participativa en sus Estados y, particularmente, en su relación con las instituciones comunitarias.
A corto plazo, no se vislumbran suficientes fuerzas sociales y políticas para forzar un cambio sustancial en el poder dominante europeo, económico-financiero y político-institucional. No obstante, por otro lado, en distintos países, sobre todo del sur y empezando por España, gran parte de la ciudadanía muestra su rechazo a una orientación regresiva y a la involución social y democrática y se ha generado una oposición activa de carácter progresivo. Específicamente, fuerzas progresistas y alternativas han experimentado avances relevantes en su expresión electoral, su representación política, incluso su acceso significativo a instituciones gubernamentales, locales o regionales. El proceso transformador, así como la constitución de suficientes fuerzas sociales y políticas con un horizonte emancipador, igualitario y de progreso, es difícil y complejo.
A nivel más general, cabe un interrogante sobre el futuro del cambio político a medio plazo. ¿Existe una ventana de oportunidad en Europa del sur para frenar, al menos, la fuerte hegemonía liberal-conservadora, favorecer una reorientación de la socialdemocracia –o en su caso, que profundice su declive representativo- y consolidar una dinámica alternativa de progreso?. Hemos visto las lecciones griegas, con las dificultades del gobierno de Syriza y los problemas para la reforma europea; igualmente, el compromiso liberal y hegemónico de la socialdemocracia alemana y los límites de la francesa e italiana. Sin un cambio significativo de la articulación social y política en esos países centrales de la UE, es difícil el avance hacia una Europa más justa, más social y más democrática. Pero ese es el desafío: una construcción europea a través de la justicia social, la solidaridad y la integración, así como la participación democrática y popular frente al poder establecido.
Por tanto, están interrelacionados los dos aspectos: un proyecto de cambio progresista basado en el camino hacia una democracia social avanzada, y la conformación de nuevas dinámicas populares y fuerzas políticas críticas y alternativas que impulsen el avance hacia ese horizonte. Ante la crisis sistémica y la pretensión hegemónica y reaccionaria del poder liberal-conservador, la opción más adecuada de las fuerzas alternativas es una respuesta democratizadora (emancipadora y participativa), progresista en lo social y económico (igualitaria) y europea-integradora (solidaria). Expresa la oposición al continuismo estratégico de las élites dominantes y sus estructuras de poder y la ruptura de su hegemonía político-cultural y su legitimidad social, evitando su recomposición renovada. Supone conseguir un nuevo equilibrio sociopolítico e institucional, con nuevas fuerzas progresivas y dinámicas populares emancipadoras. Precisa una renovación de la teoría social y los viejos discursos del cambio: socialdemócrata o social-liberal de tercera vía, marxistas-revolucionarios, populistas y nacionalistas.
Estamos ante una nueva época, con una nueva configuración del bloque de poder, las tendencias socioculturales y los actores sociales y políticos. Exige la elaboración de nuevos proyectos de cambio y nuevas estrategias transformadoras, con otros conceptos y nuevo lenguaje. Por una parte, para conectar con la experiencia sociopolítica y la conciencia social de los sectores populares más críticos y avanzados; por otra parte, para definir mejor el diagnóstico de la compleja realidad y la perspectiva de cambio desde una óptica igualitaria, solidaria y emancipadora. En ese sentido, los ejes normativos propuestos se reúnen mejor bajo este concepto de democracia social. Recoge la experiencia institucional, política y moral de las mejores tradiciones cívicas europeas, apuesta por un contenido claro democrático y democratizador y de giro social y económico favorable a las capas populares y subordinadas; así mismo alude a una oposición rotunda del actual orden económico y político y una apuesta firme por su profunda transformación.
En definitiva, frente a una gestión regresiva y autoritaria de la crisis la apuesta de progreso es una Europa más justa, social, solidaria y democrática. Se puede abrir un periodo de cambio profundo, democratizador en lo político y progresista en lo social y económico. Pero no hay que descartar un retroceso, una derrota impuesta por el poder liberal-conservador y la imposición del poder económico y financiero, con la consolidación de la involución social e institucional para las fuerzas progresistas y las condiciones vitales de las mayorías sociales. En el próximo lustro, ligado al tipo de salida de la crisis socioeconómica, al conflicto sociopolítico existente y a los procesos de legitimidad ciudadana de los distintos actores e instituciones, se van a ventilar los nuevos equilibrios políticos y la orientación del nuevo modelo social, económico, institucional y europeo. La perspectiva de una democracia social avanzada ofrece una alternativa de progreso, susceptible de suficiente apoyo popular para influir en la solución positiva a ese dilema.
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