Koldo Unceta
Hablemos de economía, no de negocios
(Galde, 5, negua 2014).
Si el comienzo y la posterior evolución de la crisis suscitaron un vivo debate sobre las causas de la misma, así como sobre sus efectos más inmediatos, la pretendida recuperación que algunos señalan constituye un claro ejemplo de cómo una misma realidad puede ser interpretada de maneras absolutamente contrapuestas.
El pasado 3 de marzo se celebraba en Bilbao una reunión de responsables políticos, económicos y empresariales bajo el nombre de Global Forum Spain, la cual sirvió para lanzar a los cuatro vientos dos mensajes muy concretos: 1) Que estamos saliendo de la crisis ya que la economía ha empezado a crecer; y 2) Que para avanzar con paso firme en ese camino es preciso incrementar la competitividad de nuestra economía, para lo cual será necesario acometer nuevas reformas. Se trata de dos afirmaciones que, más allá de su intención propagandística, representan claramente una peculiar forma de entender la economía que, con matices, es compartida por la gran mayoría del establishment y que, además, ha logrado calar hondo en los medios de comunicación y, por consiguiente, en buena parte de la opinión pública.
Vayamos por partes. La primera idea que se plantea es que la crisis es sinónimo de recesión, de caída del PIB. En consecuencia –se nos dice– si hay crecimiento, por pequeño que sea, ya no estamos en crisis. Sin embargo, hoy sabemos que una sociedad, que un país, puede incrementar su producción en términos monetarios y, sin embargo, vivir peor. Vivir con menores salarios; vivir con peores servicios públicos; vivir con menos derechos laborales; vivir con mayor desigualdad entre hombres y mujeres; vivir con menos oportunidades para los jóvenes; vivir con mayor desprotección hacia los más necesitados; vivir con mayor incertidumbre y miedo al futuro. Hoy, todo ello es compatible con el crecimiento del PIB. Todo ello es compatible con lo que algunos consideran superación de la crisis.
Hoy sabemos también que un país puede aumentar el empleo y, al mismo tiempo, ver como las personas empleadas se empobrecen y ven recortados sus derechos. En los últimas décadas, la parte del PIB correspondiente a las rentas salariales ha disminuido de forma alarmante y el empleo se ha hecho más precario, al tiempo que las sucesivas reformas han mermado una y otra vez los derechos laborales. Hoy, tener un trabajo puede ser mejor que no tenerlo, pero en modo alguno garantiza salir de la pobreza o pensar en un proyecto de vida.
Todas estas contradicciones no hacen sino mostrar el reduccionismo que supone identificar crisis con recesión, con caída del PIB. En primer lugar, porque el PIB no es sino el valor monetario de la producción, y no contabiliza nada que no sea eso, pudiendo tener muy distintas repercusiones sobre el empleo, sobre el reparto de la riqueza, sobre el medio ambiente, y sobre otros asuntos, dependiendo de cómo y en base a qué se genere el incremento o la caída de la producción. Y en segundo término, porque la crisis es, ante todo, un brusco deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población y una quiebra muy importante del marco de convivencia social preexistente. Por lo tanto, no debería hablarse de superación de la crisis mientras no se resarzan los daños causados.
Si la función del sistema económico es proveer de manera eficiente los bienes y servicios que necesita la sociedad para vivir y reproducirse en condiciones dignas, está claro que, en la actualidad, dicho sistema no está cumpliendo con esa función, más allá de los pequeños avances que se puedan registrar en términos de PIB. Basta con mirar alrededor para percibir el desamparo, el desánimo, la incertidumbre, y hasta el temor; es decir, la crisis. Todo esto produce perplejidad en buena parte de la ciudadanía, que no acaba de entender muy bien donde está el truco, cómo es posible que lo que algunos llaman la economía, esté mejorando y en cambio su situación esté empeorando. Mucha gente no entiende que le digan que la crisis se ha superado, que se vuelve a crecer, al tiempo que le advierten de que la precariedad seguirá aumentando, que la desigualdad será mayor, y que el desempleo será más de dos dígitos para los próximos 15 ó 20 años.
La segunda cuestión planteada en el Foro de Bilbao fue la relativa a la necesidad de aumentar la competitividad de la economía para asegurar el crecimiento. Un aumento que, según las prescripciones de la directora del FMI y las del responsable del eurogrupo, debería venir de la mano de nuevas reformas en el mercado laboral.
Bien, detengámonos brevemente en la cuestión de la competitividad. En los últimos años, ser más competitivos parece haberse asociado a producir más barato por lo que, en nombre de la competitividad, se limitan derechos laborales, se relajan las políticas medioambientales y, por supuesto, se deja de lado cualquier consideración en el ámbito reproductivo, incluidas las políticas de conciliación familiar. Llevando el razonamiento al extremo, una sociedad esclavista sería lógicamente más competitiva, al igual que lo sería una sociedad sin ninguna legislación medioambiental en la que pudieran destruirse sin obstáculos los recursos de las futuras generaciones, pues todo ello podría redundar en menores costes de producción.
La cuestión es que una economía de ese tipo podría ser rentable a corto plazo para algunas empresas pero no sería eficiente, ni en términos sociales, ni en términos medioambientales. Además, el uso y abuso de la bandera de la competitividad de unos países respecto a otros, oculta una realidad cada vez más lacerante: el rápido incremento de la desigualdad dentro de todos los países. Esta constatación muestra a las claras que pertenecer al bando de los territorios «vencedores», dentro de esta batalla por vender más barato y ganar mayores cuotas de mercado, no garantiza en absoluto una mejora para la mayoría de la sociedad. Por ello, la destrucción del tejido productivo y del tejido social que se están derivando de las reformas llevadas a cabo en nombre de la competitividad –destrucción paralela al arrinconamiento de los valores de solidaridad y justicia social– constituyen no sólo una inmoralidad, sino también una amenaza para la estabilidad social y económica.
Cuando se habla de reformas es evidente que no se piensa en los necesarios cambios que pudieran redundar en unos mejores servicios públicos, en leyes que permitan avanzar en la conciliación familiar, o en medidas orientadas a acabar con un fraude fiscal que, en la actualidad, representa la friolera de 70.000 millones de euros, lo que equivale al coste del sistema sanitario español en su conjunto. Todas estas reformas podrían contribuir sin duda a tener un sistema económico más eficiente. Pero no, cuando se habla de reformas, se refieren siempre a cambios en las condiciones de trabajo que disminuyan los costes laborales.
Detrás de todo esto se esconden distintas formas de entender la economía y la función del sistema económico. Para unos, el objetivo es, sin duda, lograr mayores tasas de rentabilidad, favorecer el desarrollo de los negocios, con la promesa de que eso acabará generando puestos de trabajo y, por ente, mayores oportunidades para la sociedad. Para otros, sin embargo, los negocios deben realizarse dentro de un marco sustentado en la defensa de la equidad, la democracia, y la cohesión social. Esto último es lo que se reclama en el pronunciamiento suscrito por varios centenares de profesores/as de economía y dado a conocer en vísperas del mencionado Foro de Bilbao. Un pronunciamiento (http://www.pertsonenekonomia.info/) que, sin duda, representa un soplo de aire fresco en medio del dogmatismo y la ausencia de rigor que caracteriza al debate económico oficial.
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