Continúa la protesta popular
Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
La Marcha de la Dignidad del pasado sábado, 22 de marzo, ha culminado con una manifestación ciudadana masiva y pacífica. Fuentes oficiales y mediáticas han tenido que reconocer la participación multitudinaria, aunque la han infravalorado al dejarla en varias decenas de miles de personas. Para expresar la realidad hay que hablar de varias centenas de miles. Ha sido una de las grandes protestas progresistas, similar o cercana a las más amplias realizadas en Madrid en los últimos años.
Es evidente la persistencia de una ciudadanía activa con un fuerte carácter social y democratizador, con gran legitimación ciudadana. El 23 de noviembre se expresó una participación popular masiva en las principales ciudades, como pulso contra los planes antisociales del Gobierno del PP. Ahora, con esta gran manifestación pacífica, se demuestra que en este curso, junto con distintas movilizaciones locales, sectoriales o más específicas, continúa el actual ciclo de la movilización social progresista y democrática, iniciado hace cuatro años, con una dimensión global o sistémica.
Por tanto, la protesta popular continúa y está lejos de desaparecer como vienen vaticinando, casi desde su principio, distintos agoreros institucionales y mediáticos; hay motivos y agentes que la posibilitan y refuerzan. Veamos estos dos aspectos para calibrar su impacto sociopolítico.
En primer lugar, tres rasgos se pueden destacar sobre su orientación y su sentido: apunta contra las políticas de austeridad y recortes sociales, contra la clase gobernante y por la democratización del sistema político, y supone un empoderamiento de la ciudadanía, una autoafirmación en la dignidad popular, en los valores de justicia social y la participación democrática.
Estos contenidos están claros en los objetivos expresos de esta manifestación: “No al pago de la deuda”, “Ni un recorte más”, “Fuera los Gobiernos de la Troika”; acompañados de otros como la defensa de un empleo o una vivienda dignos. Se definen los responsables y gestores de la estrategia liberal-conservadora, basada en la austeridad y el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar, particularmente para los países del sur europeo. Y señalan los aspectos concretos más relevantes del sufrimiento popular y el cuestionamiento del discurso gubernamental de la (falsa) recuperación económica y de empleo como intento, de momento fallido, para legitimar socialmente su gestión regresiva de la crisis socioeconómica y su autoritarismo político.
Esa desconfianza popular de la gestión antisocial de la derecha se refuerza con una alternativa sociopolítica y moral: la dignidad ciudadana. Es clave la pugna por la legitimidad de la mayoría de la sociedad. La ciudadanía indignada muestra una superioridad ética y democrática, frente a la clase gobernante que manifiesta el carácter antisocial de su política socioeconómica, su subordinación a los intereses oligárquicos del sector financiero, su talante autoritario y, además, está salpicada de corrupción. Los líderes políticos tienen escasa credibilidad social; el rechazo ciudadano, a su política de recortes y ajustes y a su déficit democrático, mantiene un gran aval de la mayoría de la sociedad.
Ese empoderamiento cívico que refleja la idea de que solución viene de abajo, de la capacidad, la participación, la consulta y el respeto a las demandas del pueblo, con el refuerzo de valores igualitarios y democráticos de la ciudadanía, es imprescindible para derrotar a la derecha. Es fundamental para garantizar una reorientación social de las políticas públicas, los derechos sociales y laborales y un reequilibrio del poder político e institucional que respete la voluntad de la mayoría social.
El fuerte carácter democrático y pacífico de esta manifestación es una necesidad y garantía para seguir obteniendo un amplio apoyo y legitimidad popular. No ha podido ser tergiversado o diluido por los responsables institucionales y su aparato mediático, a pesar de los contraproducentes incidentes minoritarios de violencia y represión policial.
En segundo lugar, se mantiene una articulación asociativa diversa y autónoma, pero capaz de encauzar distintos procesos expresivos de indignación popular. Existe una continuidad de las características centrales de este movimiento de protesta social progresista, sus objetivos sociales y democráticos y sus formas expresivas participativas.
En otros momentos han tenido un mayor protagonismo los grandes sindicatos (en particular en las tres huelgas generales) o los grupos de activistas conocidos como movimiento 15-M. Sucesivamente, se han desarrollado dinámicas plurales, mixtas o intermedias, con una compleja articulación asociativa que han culminado en distintos conflictos sociales, las mareas ciudadanas y también en grandes manifestaciones populares. Ahora, con el retraimiento movilizador de los primeros y la apuesta de sus direcciones por el diálogo social, y las dificultades de cohesión, continuidad y capacidad de liderazgo de los segundos, existen distintas iniciativas y coordinaciones de grupos sociales. Sirven, en cada momento, para encauzar las formas, momentos y particularidades de cada campaña de movilización.
Lo destacable es la persistencia del ‘movimiento’, junto con una fragmentación de las élites asociativas, grupos de activistas o promotores sociales. Esa relativa fragilidad de la estabilidad representativa se ha ido resolviendo poniendo en primer plano el carácter unitario de los procesos deliberativos y de decisión; se trata de evitar el ‘liderismo’ de sus portavoces públicos, así como garantizar el respeto a su pluralismo interno y la autonomía frente al campo político-electoral. Estos rasgos son importantes para asegurar la unidad y la continuidad de este movimiento social diverso, particularmente, ante los nuevos desafíos para su consolidación y desarrollo y los inminentes procesos electorales. Se juntan dos dinámicas. Por un lado, unos perfiles sociopolíticos y democráticos precisos de esta ciudadanía activa, una reafirmación de un campo social de la protesta y el empoderamiento cívico, una crítica a los gestores políticos de la austeridad y los recortes, una aspiración a derrotar a las derechas y por el cambio político e institucional. Por otro lado, una posición más abierta o neutra en la identificación política (partidaria), un apego a la acción concreta y local junto a la participación en procesos más generales, y una dinámica deliberativa, decisoria y representativa, plural y democrática.
Según distintas encuestas de opinión, baja el electorado del PP, pero apenas suben los votantes del PSOE. Es un signo evidente del incremento de la desconfianza popular en el bipartidismo gobernante (anterior y actual) y el deseo de abrir nuevas dinámicas en la representación institucional. El discurso de la dirección socialista no es capaz de distanciarse de sus responsabilidades en la acción gubernamental anterior, de carácter antisocial y con su incumplimiento de sus compromisos democráticos con su electorado. Hasta ahora, su falta de renovación de liderazgo, la ausencia de autocrítica y la débil credibilidad de su nuevo discurso no aventuran que sea capaz de ampliar mucho su capacidad representativa del malestar ciudadano. Mucha gente sigue sin fiarse, con fundamento, de su proyecto difuso.
Es ineludible abordar los procesos de conformación y ampliación de una alternativa política unitaria, progresista y de izquierdas. Pero su plasmación es más específica y exige más finura en la articulación de intereses y propuestas. Las próximas elecciones europeas son el comienzo de este ciclo electoral. Supone un ejercicio también de renovación y aprendizaje para superar sus límites actuales. No es fácil; se arrastran dificultades de diverso tipo, para cuya superación habrá que desarrollar las mejores cualidades democráticas y éticas de esos aspirantes a la nueva representación política.
Pero el factor decisivo para garantizar un proceso de cambio social y, también, político institucional será la continuidad de un poderoso movimiento popular, con un carácter social y democratizador y gran legitimidad ciudadana, con una fuerte ‘dignidad’ cívica, frente a la indignidad de los poderosos. Es la apuesta más difícil, pero más segura para caminar hacia una Europa más justa, solidaria y democrática. La protesta social progresista tiene motivos y condiciones para continuar. La participación activa de la ciudadanía también es un factor democratizador imprescindible.
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