Albert Recio Andreu
La avalancha de dinero no nos sacará del paro masivo
I
No pasa un solo día sin declaraciones eufóricas sobre el fin de la crisis. Destacan las del empresario español por excelencia, Emilio Botín, asegurando que el dinero llega ahora a raudales. Si su afirmación es cierta, este dinero permitirá activar la economía, generar empleo, reducir el paro. Estaríamos en el inicio de la recuperación y de la vuelta a la senda anterior a 2008. Es difícil saber si las palabras del banquero responden a un conocimiento profundo de los flujos monetarios, son mera propaganda a favor del gobierno o constituyen una añagaza propagandística para atraer inversores. Lo que es claramente más dudoso es que esta llegada de dinero vaya a servir por sí misma para recomponer la situación de millones de personas.
Que en un país entre dinero no significa automáticamente que se cree empleo. Lo aprendimos hace años de los keynesianos, y la lección sigue siendo válida. Para un financiero o un economista vulgar, cualquier entrada de dinero es vista como una inversión. Pero esta es una visión superficial que no distingue entre movimientos monetarios, que simplemente reflejan transacciones de propiedad, e inversiones reales. Si alguien compra una empresa y paga por ello, no se genera ni actividad ni empleo; simplemente, la propiedad cambia de manos. Lo que haga el vendedor con este dinero recibido puede variar mucho, y solo generará empleo si lo dedica a promover una nueva actividad o lo gasta en el país en la compra de bienes de consumo. Pero si lo reinvierte en la adquisición de otros activos ya existentes o se lo lleva al exterior, el impacto sobre el empleo será nulo. Más que empleo, lo que sí pueden generar una sucesión de compras y ventas de activos es una simple revalorización de los mismos y el peligro de crear una nueva burbuja especulativa. No hace falta ser un experto para comprenderlo. Cualquier aficionado al fútbol bien informado sabe que la compra de un jugador a un elevado precio genera un movimiento de compras y ventas en diversos clubs; el precio de los “cracks” se encarece sin que a cambio aumenten las plantillas. Para que se generen empleos directos e indirectos, la entrada de dinero debe invertirse efectivamente en nuevas actividades que a su vez generen nuevas demandas de consumo. No basta, por tanto, con que llegue dinero, sino que hay que ver cuál es su comportamiento.
II
Ciertamente, en España entra dinero. Pero mucho va dirigido a actividades que es dudoso que generen empleo. Una parte de esta entrada de dinero se destina a las bolsas, una inversión especulativa por excelencia y donde la producción de burbujas es endémica. En los últimos tiempos se ha tratado de presentar la crisis de 2008 como un episodio excepcional (el poder siempre tilda de “caso excepcional” sus fallos, tratando de minimizar la evidencia de lo que son fallas sistémicas, algo que vale tanto para el tratamiento de la crisis como para Fukushima), ignorando que antes de esa debacle se habían producido otras siete grandes crisis entre 1987 y 2008, más o menos una cada dos años y medio. Ahora hay mucho dinero especulativo dando vueltas por el mundo, puesto que no ha habido una regulación efectiva del mismo y la política monetaria anticíclica de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo que ha garantizado liquidez a los grandes grupos financieros, ha ayudado a incrementar la circulación. Y no es extraño que parte del mismo recale en nuestras bolsas. En segundo lugar, se advierte también una mayor inversión inmobiliaria, pero no en nuevas promociones sino en la adquisición de activos antiguos, especialmente de edificios (oficinas, hoteles) con inquilinos asegurados. Sin duda es una buena noticia para los propietarios, pero no es evidente que esto se traduzca en la creación de nuevas actividades.
Hay también cierta adquisición de participaciones en grandes empresas locales, como la conocida entrada de inversores mexicanos y colombianos en Banc Sabadell o la más reciente de Bill Gates en el capital de FCC, pero se trata casi siempre de compras financieras, seguramente del aprovechamiento de “gangas”. Lo que no se percibe es una entrada importante en nuevos sectores y actividades, en inversiones reales. Vale la pena subrayar que a menudo la compra de empresas establecidas es solo el primer paso para una posterior reorganización (y a menudo desmantelamiento), porque lo que de verdad se compra es cuota de mercado o algún conocimiento particular, no el desarrollo de una actividad productiva local. Una buena parte del largo proceso de desindustrialización de la economía española ha tenido como origen la venta de empresas a multinacionales foráneas. No se trata de una política conspirativa, sino fundamentalmente el resultado de combinar los intereses de estas grandes empresas y las condiciones estructurales de las plantas locales (tamaño, especialización, tecnología). El dinero que entra invita más bien a temer nuevas burbujas y nuevos desmantelamientos empresariales antes que a pensar que es el preámbulo de una nueva fase de desarrollo productivo.
III
Hay otro factor preocupante en muchas de estas nuevas inversiones. En muchos casos se trata de fondos de inversión, algunos claramente especializados en la compra de empresas en crisis o activos dudosos; empresas que en su comportamiento y estructura combinan características poco deseables. Por una parte, su orientación a la rentabilidad a corto y al máximo retorno monetario. De ello se derivan acciones a menudo más cercanas al saqueo que a la configuración de un proyecto viable a largo plazo. Los escrúpulos y las consideraciones estratégicas a largo plazo suelen escasear. Es bastante probable que esto forme parte, por ejemplo, de la actual crisis de Panrico (sin negar otros problemas que afectan indudablemente a esta empresa, a su ciclo de producto).
Por otra, su invisibilidad. De hecho, uno de los factores que permiten presionar a las grandes empresas es la capacidad de incidir en su imagen corporativa. Cualquier campaña que dañe efectivamente a su imagen es una amenaza para su rentabilidad futura. Y por ello algunas luchas sociales concluyen con éxito, como bien saben los activistas de la PAH que han conseguido negociar daciones hipotecarias y frenar desahucios con sus acciones ante las oficinas bancarias.
En cambio, estos fondos financieros son evanescentes, no tienen imagen ni esta se asocia a un producto o línea de actividades. Su estructura, al basarse solo en activos financieros, les permite salir más fácilmente de los mercados. Su imagen de marca, inexistente, no sale perjudicada por la mala imagen de alguna de las empresas en las que tienen presencia. Si por ejemplo Panrico se hunde, es la marca la que lo hace, no el fondo Oaktree, que es su propietario. De hecho, todas las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y de acción desde el consumo se basan en el coste que tiene para las empresas (en forma de caída de ventas) su mala imagen. Si esta no tiene importancia, la empresa está en unas condiciones mucho mejores para desarrollar políticas agresivas, antisociales, irresponsables. En cierta medida, la creciente sustitución de propietarios conocidos por fondos de inversión y otro tipo de empresas parecidas tiene mucho que ver con la tendencia general del capitalismo actual a desentenderse de los costes sociales que generan sus acciones. A eludir su responsabilidad.
Estos fondos están hoy invirtiendo en la compra de paquetes de deuda e hipotecas de los bancos, así como en empresas privadas donde no queda claro quién es el propietario real. Mientras que, hasta el momento, alguien que iba a ser desahuciado o era perseguido por una deuda impagable podía tener éxito en conseguir una movilización de apoyo contra el banco, en adelante lo tendrá más difícil cuando el acreedor sea una financiera que no tiene establecimientos públicos abiertos ni clientes a quien atraer. Para estas empresas, con una diversificada cartera de participaciones, tiene además un coste menor el decretar una suspensión de pagos de alguna de sus muchas participadas. Lo ejemplifico con un caso que viví de cerca en 2007, cuando estaba realizando un estudio sobre el sector de componentes para automóviles. Entrevisté a los trabajadores de Delphi de Puerto Real. Delphi era originariamente la división de componentes de General Motors, y se había establecido en la bahía de Cádiz como parte de las contraprestaciones por las ayudas concedidas por el gobierno a la planta Opel de Figueruelas. La empresa había experimentado diversos conflictos, y los trabajadores siempre habían conseguido algún apoyo de la Administración regional que solía incluir presiones a la matriz. Delphi había acabado siendo externalizada y comprada por fondos de inversión, las responsabilidades de GM se habían acotado en el tiempo y, una vez concluidas, la matriz había quebrado e iniciado una drástica reestructuración. A la semana de haber realizado la entrevista, Delphi Puerto Real anunció el cierre a partir de una orden llegada directamente del cuartel general. No hubo posibilidad de negociación para salvar parte de la empresa; GM ya no tenía ninguna relación formal y, por tanto, no podía ser presionada. Al fondo le importaba un pito su imagen. Podríamos encontrar cientos de ejemplos parecidos en todo el mundo. El capitalismo irresponsable es una parte constituyente de este nuevo modelo de gestión. No parece que de este podamos esperar la salida del desempleo, la precariedad y la pobreza masiva.
Capitalismo fullero
Un fullero es alguien que juega con las cartas marcadas para evitar perder. Algunos teóricos defensores del capitalismo justifican la ganancia privada como un premio al riesgo. El capitalismo fullero es el que sabe que, haga lo que haga, de las pérdidas más importantes se hará cargo el resto de la sociedad mediante la intervención pública. Es, por ejemplo, lo que han aprendido los directivos de los mayores bancos del mundo: sus empresas son tan grandes que no pueden quebrar, y siempre serán rescatadas (al menos mientras persista el marco actual).
El gran capital español es un maestro en este campo. La estrecha relación entre Estado y gran capital viene de lejos. Toda la historia de las nacionalizaciones y privatizaciones de empresas está plagada de grandes ejemplos (empresas que se nacionalizan cuando dan pérdidas y que se privatizan cuando están saneadas). Uno paradigmático es el de la eléctrica Endesa.
El pretendido capitalismo liberal, de la competitividad y el empequeñecimiento del Estado, no ha roto con estas prácticas. Más bien parece que las políticas neoliberales son, en todas partes, una clara simbiosis entre grandes grupos empresariales y dirigentes políticos. El desmontaje de la sanidad pública es un buen ejemplo.
Hoy se acumulan las situaciones en las que unas políticas públicas diseñadas para garantizar el beneficio a determinados grupos privados se van a convertir en otra costosa factura a pagar por todos, parecida a la que ya hemos soportado para la banca. Los casos, por desgracia, se multiplican:
•Déficit de tarifa eléctrica, generado en gran parte por un inadecuado sistema de gestión eléctrica, con mercados en los que el proveedor (los generadores de electricidad) y el comprador (las empresas de distribución) son los mismos y en que, por tanto, hay dudas razonables sobre los precios reales. Como las pérdidas se imputan a la comercializadora, hay que compensarla sin analizar si el precio que paga por la electricidad es correcto. Con todo, la solución dada por el gobierno les ha parecido a las grandes compañías demasiado poco amable y plantean nuevas reivindicaciones.
•Autopistas de peaje. El gobierno Aznar promovió una serie de autopistas de pago (la mayoría en las cercanías de Madrid) que satisfacían las demandas de las grandes constructoras. Al final el proceso fue un fiasco. En parte porque los jueces reconocieron que los propietarios de los terrenos expropiados tenían derecho a cobrar más que la miseria que les pagaron las promotoras, y en buena medida también porque se trata de infraestructuras innecesarias de muy baja utilización. Bajo la amenaza de una quiebra en cadena de grandes constructoras, el gobierno ha decidido crear una nueva (la anterior se privatizó) empresa pública de autopistas. Aún están negociando las compensaciones a las constructoras.
•Depósito Castor de gas. Una insensatez: construir un gran depósito de gas subterráneo en la costa tarraco-castellonense. El principal promotor del proyecto es ACS (el gran grupo empresarial de los March, Florentino Pérez, los Albertos y el BBVA). Innecesario, ya que estaba asociado a otro sobredimensionado plan de construcción de plantas eléctricas de gas. La sucesión de movimientos sísmicos ha mostrado lo peligroso del proyecto. Pero la empresa responsable del mismo es la única que está cubierta, pues el gobierno acordó que si el proyecto tenía que ser clausurado, el Estado se haría cargo del 100% del coste (1.700 millones de euros); o sea que le aseguraba a la empresa toda la inversión y la ganancia. Parece ser, aunque no lo he podido confirmar, que si bien el proyecto recibió el “plácet” del ministro Sebastián (PSOE), la garantía del rescate completo fue cosa de Soria, quizá cuando la empresa ya había constatado las dificultades económicas y los riesgos de la obra.
Y, last but not least, Catalonia is not different:
•ATLL (Aigües Ter-Llobregat), empresa que gestiona el suministro de aguas al área metropolitana de Barcelona. Una empresa eficiente. Privatizada a todo correr a finales de 2012 por el gobierno Mas, tras garantizarle la rentabilidad mediante una política tarifaria generosa. Tanto corrieron en adjudicar la empresa al grupo Acciona (de la familia Entrecanales) que un organismo de la Generalitat consideró que la resolución del concurso no se adecuaba a derecho (no está claro si se trata de una verdadera chapuza en la privatización o si es que un sector del propio govern tiene fuertes vínculos con el rival de Acciona, el grupo Agbar (filial del coloso francés GDF Suez y con participación de la Caixa). La cosa está en los tribunales y hay serias posibilidades de que deba rehacerse el proceso. Todo parece indicar que, solo con que se hubieran esperado unos días, la privatización se habría podido evitar el embrollo, pero había urgencia en la venta. El pasado 8 de octubre, la Generalitat se comprometió por escrito a indemnizar a Acciona si la cosa acaba mal. Así cualquiera asume riesgos.
Irresponsabilidad, complicidad. En todo caso, formas de generar deuda pública indigna y de garantizar beneficios a un puñado de grandes empresas. Hay que tipificar como crimen lo que no es más que una transferencia de fondos públicos y un acicate a promover inversiones insensatas.
Fagor, ¿el fin del modelo cooperativo?
Cuando el cooperativismo y la economía social están en ascenso, como parte de la búsqueda de alternativas al capitalismo, la crisis de la empresa de electrodomésticos que fue el origen del grupo Mondragón ha generado titulares que hablan de fin del modelo.
Vale la pena indicar algunas cuestiones. La primera y más básica, que la quiebra de una cooperativa no cuestiona ningún modelo, aunque por el tamaño de la afectada sí puede tener impacto en el conjunto del grupo. Esto es de Perogrullo.
Otra cosa es que la crisis permite pensar la naturaleza de los problemas que han llevado a esta situación. Y nos debe preocupar por una razón fundamental: aunque hay muchos aspectos controvertidos, el modelo de las cooperativas vascas (y de muchas otras) apunta mucho más a un modelo de sociedad autogestionada, igualitaria, que cualquiera de los modelos empresariales normales. Forma parte de la necesaria prehistoria con la que pensar algún tipo de sociedad poscapitalista. Por su magnitud, Fagor —y Mondragón— reviste además el interés de tratarse de una experiencia que sale de la habitual dimensión intersticial, marginal, de gran parte del cooperativismo de reciente creación. Esto último me parece en sí mismo valioso por todo aquello a lo que apunta —autogestión, implicación, conciencia ambiental, conciencia social—, pero un cambio social radical debe experimentar con diversas escalas, y en esto Fagor ha sido pionera.
Puede que haya habido fallos de gestión. Desconozco a fondo el intríngulis, y en este caso me centraré en lo que creo que constituye el meollo del problema. Como empresa, Fagor Electrodomésticos está centrada en una sola línea de actividad. Su capacidad de supervivencia depende de lo que pase en este segmento particular de actividad. Y en este caso se trataba de un segmento afectado por un ciclo específico del producto (cuando un electrodoméstico nuevo se implanta en la sociedad, su demanda es creciente durante un tiempo y requiere aumentar la producción, pero cuando todo el mundo ya lo posee, el mercado se reduce a la sustitución y la demanda decae). Se trata, además, de bienes de consumo duraderos, de coste relativamente alto y, por tanto, más afectados por los vaivenes de la renta. Y se trataba de una demanda en parte asociada a la propia ola inmobiliaria. Cuando las tres dinámicas coinciden —saturación, caída de la renta y fin del ciclo inmobiliario—, el resultado es una radical caída de la demanda, un exceso de capacidad y pérdidas. En este sentido, una empresa cooperativa está igual de expuesta que una privada, y por ello el modelo cooperativo no está exento de algunos de los mismos defectos de la empresa capitalista, como el de tratar de combatir el ciclo del producto con mecanismos de obsolescencia programada que promueven un mayor consumismo y despilfarro ambiental.
Es por ello que pensar en un modelo autogestionario viable exige hacerlo en una organización social que vaya más allá de plantear una empresa autogestionaria como alternativa al capitalismo autoritario dominante. Cualquier organización productiva especializada está sujeta a un ciclo vital: sus productos pueden dejar de ser necesarios por múltiples razones, desde fallos de la propia organización hasta el reconocimiento de su indeseabilidad social. Pero esta muerte no debe llevar aparejada la defunción social de sus trabajadores. Por esto hay que diseñar formas de organización social que faciliten el tránsito hacia alternativas cuando una actividad “fracasa”. Formas que no pueden dejarse en manos de la propia empresa, sino que atañen al conjunto del modelo social.
La cooperativa clásica no ha resuelto el problema. Los socios-trabajadores de Fagor Electrodomésticos pueden perder a la vez el empleo y el patrimonio. El coste personal puede ser muy alto. Creo que el diseño propuesto por Schweickart de un modelo de cooperativismo autogestionario en el que el capital es de propiedad pública y se presta a las cooperativas, permite solventar parte de la cuestión. Aunque, eso sí, requiere, como deja claro, expropiar de raíz la propiedad capitalista, algo que no se consigue solo con buena voluntad y espíritu positivo. Y requiere de otras mediaciones sociales en campos diversos.
Esta crisis sí que es una oportunidad de reflexión y aprendizaje, aunque se realiza en un contexto muy desfavorable. De cómo el Grupo Mondragón maneje esta crisis se pueden extraer muchos aprendizajes. De cómo lo analicemos se pueden extraer experiencias que ayuden a lo que es urgente: el esbozo de un modelo social poscapitalista, autogestionario, democrático, igualitario, sostenible y reproducible.
Apunte final: ¿por qué ha bajado el desempleo en el tercer trimestre?
Ya lo he repetido muchas veces, pero la indignación por cómo se dan las noticias me lleva a reiterar una explicación escolar. El paro descendió en el último trimestre en unas 73.000 personas, pero el empleo —precario, ligado al turismo— solo creció en 40.000 (ciertamente mejor que el año anterior, cuando en pleno apogeo de los recortes se destruyeron 97.000). La diferencia de 33.000 se explica por la gente que ha dejado de buscar empleo. Cotejando la cifra con el volumen de población en edad de trabajar, Todo indica que, en su mayor parte, es gente que se ha ido del país (85.000 personas menos en un trimestre), ya sean personas que han retornado al suyo de origen o que han ido a otros a buscar empleo. Sin estas salidas el paro sería mayor, pero ya sabemos que el desempleo masivo genera mecanismos de autocontención. Hemos vuelto a ser un país de emigrantes
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