¿Qué sucedió en 2010 y qué puede pasar en 2011?
Gabriel Flores
14-02-2011
Artículo extraído de www.pensamientocritico.org
Artículo extraído de www.pensamientocritico.org
¿Qué sucedió en 2010 y qué puede pasar en 2011?
Doy por supuesto que ni las personas más crédulas, si es que queda alguna, confían demasiado en la capacidad del análisis económico para conocer lo que está sucediendo e iluminar lo que está por venir. Me parece que a estas alturas de la película se puede dar por descontado que cualquier examen de la situación económica y del impacto de la crisis global sobre la economía española incorporará insuficiencias varias. ¿Quién habría pronosticado hace un año el papel clave de la crisis de la deuda soberana de los países periféricos de la eurozona en la formulación de las duras políticas de ajuste fiscal impulsadas por los órganos de poder de la UE y los Estados miembros? ¿Quién podría haber apreciado a comienzos de 2010 hasta qué punto la crisis de la deuda pública iba a desbaratar los planes y perspectivas que hasta aquel momento mantenía Zapatero y la aparentemente sólida alianza tejida entre su Gobierno y los sindicatos mayoritarios?
Sigue siendo imprescindible tratar de comprender, aún de forma limitada e incompleta, lo que pasa, captar las tendencias que van a actuar en un futuro próximo predecible y no contentarse con las simplezas, prejuicios y baratijas que tanto abundan en el mercado de las explicaciones y soluciones de la crisis económica. Para ello, resulta necesario examinar los datos que están a nuestra disposición y su grado de fiabilidad, distinguir las tendencias dominantes, examinar las contradicciones que se observen, valorar qué escenarios pueden darse y presentar ese análisis de forma que se pueda discutir y sea posible detectar sus insuficiencias o errores.
Es muy probable que al cabo de algún tiempo haya que reconocer que el resultado de este nuevo intento de captar los rasgos principales de la situación económica incluía tantos vacíos y límites como otros anteriores. Confío, pese a todo, en que pueda tener algún interés, ofrezca datos y argumentos que merezcan la pena y se diferencie tanto como sea posible de los análisis que realizan los expertos en vender verdades incuestionables y los especialistas en naderías.
El examen que se va a realizar a continuación tiene como centro de atención la descripción de cómo ha evolucionado la economía española en 2010 y qué problemas y tendencias a largo plazo de carácter económico van a marcar la evolución de la crisis en 2011. Se trata, por tanto, de analizar el contexto económico en el que se inscriben tanto la pugna sociopolítica entre las diferentes fuerzas y clases sociales dispuestas a hacer valer sus intereses en esta coyuntura como las tensiones, tendencias y restricciones económicas de mayor calado y envergadura que acompañarán el discurrir de la economía y la sociedad en 2011.
1. ¿Qué sucedió en 2010?
El acontecimiento que en 2010 ha tenido un mayor impacto sobre la economía española fue la crisis de la deuda soberana de la zona euro. El enorme potencial destructivo de esa crisis ha sido capaz de poner en peligro al euro y la propia supervivencia del proyecto de construcción de la unidad europea que representa la UE.
El año comenzó con la crisis de la deuda soberana griega y, pese a todos los remedios aplicados, acabó con la crisis de la deuda irlandesa y con la rentabilidad de la deuda pública de buena parte de los países de la eurozona situada en máximos histórico. Más allá del muy interesante debate sobre las causas que han llevado a tan delicada situación y de los muchos interrogantes que plantea la cuestión de si son suficientes las medidas de asistencia financiera aprobadas por la UE, lo que está en entredicho es todo el entramado institucional de la zona euro, la capacidad de la UE para superar los problemas que amenazan su futuro y, especialmente, las posibilidades de que las políticas de austeridad puestas en marcha sean compatibles con la reactivación económica y la superación de la crisis por parte de los países periféricos. Por eso se mantiene la discusión sobre qué ficha del dominó caerá la próxima vez (Portugal sigue siendo el primer candidato y detrás España, pero también Italia entra en futuras apuestas e incluso Bélgica) y sobre cuándo se activarán de nuevo los mecanismos de ayuda financiera establecidos por la UE. Pocos dudan de que en 2011 habrá una próxima vez y se producirá un nuevo rescate.
Parte de la gravedad de la crisis financiera que afecta a la eurozona se debe a la torpe y contradictoria gestión realizada por los líderes europeos (encabezados, sin ocultar las tensiones y discrepancias que los separan, por Merkel y Sarkozy) de los muy serios problemas de las cuentas públicas que tuvieron que afrontar Grecia, en primer lugar, e Irlanda, después. Pero la parte fundamental de los riesgos e incertidumbres que amenazan a la eurozona debe ser imputada a las incoherencias e insuficiencias institucionales que la crisis de la deuda pública se ha encargado de remarcar y colocar en el centro de las preocupaciones de los responsables políticos. En un segundo plano se sitúan, aunque no pueden considerarse causas insignificantes, la actuación irresponsable de las autoridades de los países afectados y, por supuesto, el contexto general de crisis del sistema capitalista globalizado y, más específicamente, del modelo de crecimiento que ha predominado desde hace una quincena de años en los países de la OCDE y que fue puesto en cuestión a partir de 2008 por el estallido de la crisis global1.
Ante la crisis de la deuda soberana de los países periféricos del euro, las autoridades políticas, económicas y monetarias de la UE han actuado caso por caso, tratando de apagar cada explosión concreta cuando las llamas alcanzaban una intensidad que podía terminar por alcanzar a otros socios y abrasar al conjunto de la eurozona y, por extensión, generar una nueva recesión en la economía mundial. La acción de los líderes europeos se ha caracterizado por ir siempre muy por detrás de los problemas, permitir con gran displicencia que mercados y especuladores agravaran la situación de la deuda pública de los países periféricos y mostrar una escasa prudencia al manifestar y defender sus particulares interpretaciones de los respectivos intereses nacionales. Los desencuentros y disputas que han protagonizado ante la opinión pública y los mercados han atizado sobremanera los temores de los inversores y alentado la especulación. De este modo, las mejoras logradas con cada acción o medida han sido momentáneas y el mar de fondo de la crisis de la deuda soberana sigue estando igual de vivo, si no más, que en mayo o noviembre de 2010.
No obstante, las respuestas puntuales a cada episodio de crisis han terminado por crear un notable dispositivo de ayuda financiera que está listo para ser solicitado por los socios que sean abandonados por los inversores o atacados por los especuladores. En principio, el mecanismo fundamental de ese dispositivo de asistencia es el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) que tiene un carácter temporal, hasta junio de 2013. A partir de esa fecha, será relevado por un nuevo European Stability Mechanism (ESM) que, por lo que se ha adelantado hasta ahora, se parecerá bastante a un “FMI europeo”, afectará a los títulos de deuda que se emitan a partir de esa fecha y tendrá un carácter permanente2.
El primer paso efectivo de rescate financiero se dio el 2 de mayo de 2010, con los 110.000 millones de euros de ayuda a Grecia que tomó la forma de préstamos bilaterales (80.000 millones provenientes de los otros quince socios de la eurozona y el resto aportados por el FMI). Siguió, apenas una semana después, la creación del FEEF, que podrá obtener unos recursos totales de hasta 440.000 millones de euros emitiendo títulos de deuda pública garantizados por el conjunto de países de la eurozona. Tal hecho, bordea (o rompe, según la opinión de muchos expertos) con la cláusula de no bail-out contemplada en el artículo 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece el principio de no corresponsabilidad financiera e impide el rescate (por parte de la UE o de los Estados miembros) de los socios que presenten problemas en sus cuentas públicas. La cuantía total de la ayuda puede ampliarse hasta los 750.000 millones de euros, gracias a los 60.000 millones que podría aportar la Comisión Europea y a otros 250.000 millones del FMI.
Parte de esos fondos se activaron a finales de noviembre en el caso de Irlanda, que puede disponer de una asistencia financiera de 67.500 millones de euros3. A cambio de esa ayuda, Irlanda al igual que antes Grecia se comprometía a llevar a cabo una dura terapia de choque que se concretaba en fuertes recortes del gasto público, reducción de pensiones y salarios de funcionarios, alzas de impuestos indirectos, capitalización de bancos… y el recetario completo de los planes convencionales de austeridad.
En paralelo a la creación y activación de los fondos de asistencia financiera, el Banco Central Europeo (BCE) intervenía directamente en ayuda del euro, rompiendo con la ortodoxia y bordeando sus estatutos y el principio de no monetización de la deuda. Por una parte, el BCE pasaba a jugar un papel de prestamista de último recurso, adquiriendo en los mercados secundarios pequeñas cuantías de deuda pública de alto riesgo de la que se desprendían los inversores y no encontraban compradores4. El objetivo era sostener los precios de los títulos o, en mayor medida, impedir su hundimiento. Por otra parte, el BCE contribuía a monetizar de forma indirecta la deuda pública aceptando como garantía de nuevos préstamos los títulos de alto riesgo comprados previamente por los bancos5. El objetivo, en este caso, era proporcionar liquidez con unos costes financieros mínimos a un sistema bancario que no podía obtenerla en los mercados financieros.
La persistencia y la gravedad de la crisis de la deuda soberana de la eurozona han marcado las prioridades y el carácter de las medidas de austeridad puestas en acción por todos los países comunitarios y, muy especialmente, por los países periféricos. En España, a partir de mayo de 2010, las duras políticas de ajuste que ha ido aprobando y aplicando el Gobierno han ocupado buena parte del debate económico y político. Las medidas emprendidas por el Gobierno Zapatero, encaminadas a mostrar su compromiso ilimitado con el ajuste fiscal y con los requerimientos de reforma estructural que exigen las instituciones europeas y los inversores privados, se han ido concretando en iniciativas legales que reforman el mercado de trabajo, las cajas de ahorro y el conjunto del sistema bancario, el sistema público de pensiones y la negociación colectiva (éstas dos últimas reformas han sido perfiladas por el Gobierno en sus grandes líneas, pero serán concretadas en los próximos días o semanas), que no han conseguido calmar hasta ahora a los mercados ni han contribuido en nada a solucionar los acuciantes problemas que afectan a nuestras finanzas públicas. Son también reformas inadecuadas para resolver los problemas estructurales que debe afrontar la economía española, a no ser que se considere, como hace la patronal y la derecha, que la recuperación de la competitividad de los productos españoles y la superación del déficit exterior estructural de la economía española pasan por un recorte significativo de los costes laborales y fiscales que permita ganar competitividad a las empresas sin modificar sus especializaciones productivas. Además, las políticas de austeridad y reforma estructural emprendidas ocasionan un daño colateral tan evidente como inevitable: tanto los recortes de gastos e inversión públicos como la disminución de los ingresos tributarios que acarrea la débil actividad económica ocasionan una reducción significativa de la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos que puede ofrecer el Estado.
La justificada relevancia otorgada a la solución del problema de la deuda soberana ha tenido la nefasta consecuencia de relegar la importancia de dos problemas claves de la economía española que también deberían concentrar las preocupaciones de responsables políticos y poderes económicos. El primer problema está relacionado con las inexcusables tareas del Estado de reforzar y extender las redes de protección social y generar a corto plazo tanto empleo como sea posible, porque los mercados van a ser un año más incapaces de generar empleos netos. El segundo problema está vinculado con el impulso de una modernización del aparato productivo que favorezca los imprescindibles cambios de las especializaciones productivas y del modelo de crecimiento. En este caso, hay que remarcar que esa necesaria apuesta por una economía avanzada y sostenible requiere un esfuerzo prolongado en el tiempo que sólo tendrá efectos significativos a largo plazo. No se pueden lograr de la noche a la mañana cambios sustanciales en una economía como la española en la que predominan unas especializaciones productivas basadas en servicios no exportables de baja densidad tecnológica, sectores vinculados a la construcción y una industria manufacturera menguante, escasamente competitiva y centrada en productos de baja y media densidad tecnológica6.
El protagonismo de la crisis de la deuda pública y las políticas de ajuste que se han puesto en acción para tratar de superarla han tenido la mala virtud de que el Gobierno del PSOE acabara desentendiéndose de la búsqueda de soluciones para los dos grandes problemas de la economía española mencionados antes. En sentido contrario, a partir de mayo, el Gobierno aceptó colocar su acción política al servicio de los objetivos, las políticas y los análisis y soluciones que promueven la derecha política, los grandes poderes económicos y las instituciones de gobierno de la UE.
Así, la crisis de la economía española siguió su previsible curso en 2010 y desembocó en un ligero decrecimiento del producto y en destrucción de empleos netos y tejido productivo, aunque la intensidad de las pérdidas fue muy inferior a la que se produjo en los catastróficos últimos meses de 2008 y la primera mitad de 2009.
En el ámbito político, Zapatero rebasó todas las líneas rojas, olvidó sus compromisos con los sindicatos y con su base social y electoral, enterró todo atisbo de política económica progresista para alentar cambios en la estructura productiva y el modelo de crecimiento y encadenó su futuro político, el de su Gobierno y el de su partido al resultado de las políticas económicas conservadoras y ultraliberales que han pasado a ejercer un dominio efectivo y exclusivo en el pensamiento y la acción política de la UE.
Al abandonar toda posibilidad de rectificación, el único afán de Zapatero ha quedado reducido a cumplir con el máximo rigor las políticas impuestas por los poderes políticos y económicos que han pasado a enseñorearse de las instituciones de la UE e intentar desmantelar los obstáculos que dificultan la recuperación de los beneficios empresariales y una competitividad basada en la reducción de costes laborales y fiscales. Con tales objetivos, tras la ligera vacilación que siguió a la Huelga General del 27-S, el Gobierno ha iniciado una huída hacia la nada, en la que ha ido desprendiendo a su política económica de los rasgos de izquierdas que permitían diferenciarla de la que propugnan la derecha y el capital. Cada nueva medida o reforma estructural que impone el Gobierno deteriora el espacio político y social de izquierdas que permitió al PSOE llegar al poder e intentar un nuevo y moderado impulso regeneracionista en su primera legislatura que a lo largo del segundo semestre de 2010 evidenció su completo agotamiento.
No son pocos los que subrayan la debilidad y la inconsistencia de la resistencia puesta en pie por los sindicatos mayoritarios como contestación a las duras políticas antisociales y antieconómicas aprobadas y aplicadas por el Gobierno Zapatero a partir de mayo de 2010. Aceptando con matices parte de esa crítica, considero más interesante resaltar la claridad con la que los sindicatos se han desmarcado y opuesto hasta el día de hoy a buena parte de las medidas gubernamentales y cómo han defendido posiciones sociopolíticas y medidas económicas alternativas a las que propugnan Gobierno, patronal y derecha política. Este distanciamiento resulta más remarcable aún si se considera que el nuevo escenario marcado por el conflicto entre sindicatos mayoritarios y Gobierno se ha producido en un corto espacio de tiempo y en unas condiciones muy desfavorables para los sindicatos, caracterizadas por su aislamiento político, la ausencia de referentes de izquierdas y un ambiente social poco inclinado a reforzar una política de resistencia de incierto futuro y escasas posibilidades de éxito.
Podría argüirse que la firmeza sindical es engañosa y que descansa en menor medida en la voluntad de resistencia de las direcciones sindicales a las políticas aplicadas que en los mínimos márgenes de negociación y acuerdo que el brusco giro político realizado por Zapatero ofrece a los sindicatos. Puede que ese argumento encierre una parte de verdad, pero tal consideración no debería impedir observar los hechos tal y como han ocurrido: el conflicto ha sido el rasgo predominante en las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno desde mayo hasta diciembre de 2010 y la confrontación durante ese tiempo se ha traducido en denuncia abierta de buena parte de las propuestas gubernamentales y en iniciativas de movilización social que han permitido expresar con cierta contundencia un rechazo masivo a las propuestas y políticas aprobadas por el Gobierno. El resultado de las negociaciones que en esta primera quincena de enero de 2011 desarrollan representantes del Gobierno y de las dos grandes centrales sindicales para acordar la reforma del sistema de pensiones se verá en pocos días. Por ahora ninguna de las partes quiere responsabilizarse de la ruptura y las dos delegaciones parecen interesadas en prolongar el diálogo, sea porque perciben alguna posibilidad de acuerdo o porque temen que la opinión pública va a cargar las culpas sobre el primero que se levante de la mesa de negociación.
En todo caso, la valoración positiva de las posiciones mantenidas por CCOO y UGT durante la segunda mitad de 2010 no presupone ninguna previsión sobre la posición que vayan a mantener los sindicatos mayoritarios en el futuro. Lo que resulte de la mesa de negociación sobre la reforma de las pensiones va a marcar el predominio del diálogo o del conflicto en los próximos meses, pero más allá de la forma en que se despeje esa incógnita merece la pena señalar los lastres que siguen pesando sobre una acción sindical que ha estado excesivamente escorada durante años hacia el diálogo social y el logro de pactos institucionales y la necesidad de una rectificación de parte de los análisis y la práctica de los sindicatos mayoritarios si pretenden sostener el pulso a este Gobierno y al que lo sustituya, mantener vivas las posibilidades de llevar a cabo políticas económicas que defiendan los intereses populares y favorecer la construcción de fuerzas progresistas y de izquierdas que las hagan viables, tanto en nuestro país como en las instituciones comunitarias. La crítica constructiva que debe seguir haciendo la izquierda sindical y social para favorecer la superación de esos lastres y reforzar la necesaria rectificación de la acción de CCOO y UGT debe apartarse radicalmente de la crítica injusta, sectaria y destructiva que sólo sirve para debilitar aún más la resistencia popular a las políticas antisociales que defienden en comandita patronal, derecha política, actual Gobierno del PSOE y poderes económicos y políticos globalizados que marcan la actual deriva conservadora de la UE.
2. ¿Qué puede pasar en 2011?
En la eurozona la previsión de crecimiento del producto en 2010 es un escaso 1,6% (media de las últimas previsiones realizadas por el FMI, la OCDE y Consensus Forecast). De ese porcentaje medio se distanciarían Alemania, con un crecimiento que superaría el 3% y, en sentido contrario, los países periféricos, que seguirían experimentando tasas negativas de crecimiento, con la posible excepción del mínimo crecimiento que podría conseguir Portugal.
La inmensa mayoría de las previsiones económicas indican que en 2011 se mantendrá la desaceleración del crecimiento económico mundial que ha caracterizado el segundo semestre del año recién acabado7. Las previsiones para 2011 señalan menores tasas de crecimiento del producto que en 2010 en prácticamente todas las grandes regiones mundiales. En el caso de la economía española, sin embargo, la previsión de crecimiento del PIB en 2011 es algo mejor que la de 2010: rondaría el 0,7% frente al decrecimiento de un par de décimas del año pasado. Puede afirmarse y de hecho ya se repite con cierta insistencia que esa previsión del 0,7% o la mucho más optimista del Gobierno (que sube hasta el 1,3%) reflejarían pese a su baja intensidad una situación mejor que la de 2010 y confirmarían el inicio de una recuperación tantas veces anunciada como incumplida y la eficacia de las medidas de austeridad y reforma estructural aprobadas por el Gobierno. Nada más lejos de la realidad.
De confirmarse la previsión de crecimiento de entre un 0,7% y un 1,3%, la situación de la economía española en 2011 seguiría pintando igual de mal que en 2010. Y peor aún pinta para la mayoría de la población8. Más de 4,5 millones de personas desempleadas (con una tasa de desempleo del 20% que llega al 44% en el caso de los jóvenes menores de 25 años) y una mayoría de hogares en los que entran menos de 1.500 euros mensuales sufrirán nuevos recortes en su capacidad de compra, debido a la acción combinada de una mayor presión sobre rentas salariales y ayudas sociales y nuevas subidas de precios de materias primas y bienes y servicios básicos imprescindibles (como ya ha sucedido en varios casos: luz, gas natural, bombona de butano, transporte público,…). Y ya están barajándose nuevos incrementos en los tipos impositivos del IVA, impuestos especiales sobre el consumo y tasas. Sin que puedan descartarse más ajustes en el empleo público, mayores recortes en las retribuciones de trabajadores de las administraciones públicas y nuevas soluciones imaginativas para reducir gastos y prestaciones de bienes públicos que erosionarán los reducidos niveles de bienestar y protección social que permiten mejorar la vida y las expectativas de los sectores sociales más vulnerables y de menor renta.
Ese previsible deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población es el resultado normal de la propuesta del capital para afrontar la crisis y de la insuficiente fuerza de las clases trabajadoras para impedir un reparto de costes tan desequilibrado e injusto como el que están imponiendo los mercados y el Gobierno.
Lo que ya no es tan normal es que el Gobierno y la dirección del PSOE abandonen la perspectiva de impulsar la modernización de las estructuras productivas y la emergencia de una economía sostenible y acepten sacrificar la protección y la cohesión social en aras de unas políticas de ajuste y austeridad que pretenden objetivos de reducción del déficit público y consolidación fiscal que no pueden conseguirse sin mayores niveles de crecimiento y empleo. Además de ineficaces esa políticas de austeridad son profundamente injustas y perjudican especialmente a los sectores con mayor riesgo de exclusión, menores niveles de renta, formación y cualificación laboral y mínimas posibilidades de interlocución social o política y de expresión mediática.
¿Por qué no cabe esperar que la reactivación económica se produzca en 2011? Las razones son más que abundantes.
El hundimiento del sector de la construcción y, como consecuencia, la fuerte degradación de las actividades vinculadas (bienes intermedios, servicios inmobiliarios y entidades bancarias más comprometidas en la financiación de estos sectores) son en gran parte irreversibles y la primera gran razón para no esperar que la recuperación de la actividad económica se produzca en 2011.
Es imposible imaginar como podría darse una reactivación en un contexto económico doméstico en el que la mayoría de las empresas concentra su atención en disminuir sus altos niveles de deuda, aumentar la autofinanciación y recuperar las tasas de beneficio por la vía de disminuir costes salariales y presionar al poder político para que reduzca las cotizaciones sociales a cargo de las empresas y los tributos que gravan la actividad y los beneficios empresariales. Siguen siendo más abundantes los planes de recorte de plantillas y precarización de los contratos que los de creación de nuevos empleos. Y esto es así porque las empresas siguen adecuando la fuerza de trabajo a la todavía muy baja utilización de sus capacidades productivas (que aún se sitúa por debajo del 75%, pese al pequeño incremento experimentado en 2010) y al estancamiento de la demanda.
La persistencia de altas tasas de paro supone el otro gran obstáculo para la recuperación económica. Por una parte, 4,5 millones de personas desempleadas dificultan la recuperación de la demanda de los hogares y por la otra, refuerza la eficacia de la presión de la patronal en el objetivo de conseguir de la población ocupada contrapartidas salariales y mayor libertad en la gestión de la movilidad interna de sus trabajadores.
Además, ¿en qué actividades podría apoyarse la reactivación de la economía española? Al retroceso de la productividad aparente del trabajo ocurrido en los quince años anteriores a la explosión de la crisis se ha añadido la notable reducción experimentada durante la crisis por la inversión productiva (en los últimos tres años ha retrocedido en algo más del 25% respecto a los niveles alcanzados antes de la crisis). Y por si esto fuera poco, al ya tradicional mínimo esfuerzo innovador del sector privado se suman los recortes que en 2011 experimentará la inversión pública destinada a impulsar la investigación y el desarrollo. ¿De dónde puede surgir la creación de empleo neto si el crecimiento potencial de la economía española está situado en un 2% y seguirá en ese insuficiente nivel en el futuro predecible que conforman los dos próximos años?
Si a ello se suman las dificultades que experimentan bancos y cajas de ahorro y, especialmente, las entidades crediticias que centran su actividad en el mercado doméstico y no cuentan con porcentajes significativos de su negocio en países emergentes o en economías capitalistas desarrolladas con mayores posibilidades de crecimiento, puede concluirse que a las restricciones impuestas por la debilidad de la demanda interna van a sumarse los obstáculos que surgen de las dificultades que experimenta el sector bancario9. El previsible deterioro de los activos del conjunto del sistema bancario (tanto en lo que se refiere a los inmuebles incorporados a sus balances por un valor muy superior a unos precios de mercado que continúan su declive como en el de los créditos afectados por tasas crecientes de morosidad) auguran, en el mejor de los casos, la continuidad de los problemas que han caracterizado al sector durante el año 2010: dificultades de financiación, disminución sustantiva de las cotizaciones bursátiles y una mediocre actuación en su papel esencial de canalizadores de los flujos crediticios hacia el sector privado. El sector bancario, lejos de convertirse en generador de empleo neto, ha iniciado un proceso de reestructuración, concentración y trasvase del negocio bancario desde las cajas de ahorro a los bancos que está siendo financiado con dineros públicos10 y va a dar lugar a un adelgazamiento significativo de su red de oficinas y de sus plantillas. La escasez y encarecimiento del crédito bancario seguirá trabando el despegue de la actividad de autónomos y pequeñas y medianas empresas que encontrarán grandes dificultades para solucionar sus problemas de liquidez y obtener la financiación que les permitiría realizar proyectos viables de inversión.
Tampoco la demanda externa puede jugar un papel fundamental en la reactivación, al menos a corto y medio plazo. La pérdida de competitividad experimentada por buena parte de la industria manufacturera en la última década, el escaso peso de las exportaciones (especialmente insignificantes en las ventas a los países emergentes con mayor potencial de crecimiento y capacidad importadora) y el permanente déficit comercial que ocasiona la fuerte dependencia de bienes industriales importados para mantener el crecimiento de la economía española hacen imposible que el sector exterior pueda jugar en los próximos dos años un papel significativo en el logro de una reactivación económica sostenible. Para llegar a jugar ese papel sería necesaria una modificación de las especializaciones productivas que sólo podría conseguirse, si es que puede lograrse, con un esfuerzo de inversión sostenido e inteligente de muchos años.
Hasta aquí el sucinto relato de los obstáculos que hacen muy improbable la reactivación de la economía española en 2011. Toca ahora completar esa historia con el gran obstáculo levantado por las políticas de austeridad prolongada que aplican de forma generalizada todos los socios de la UE. Las medidas de consolidación fiscal que patrocinan los órganos de poder de la UE y el conjunto de los Estados miembros van a suponer en 2011 un obstáculo añadido a la reactivación de la economía española (y de las otras economías periféricas) y un factor más, quizás el mayor, de incremento de los riesgos e incertidumbres que amenazan a las economías periféricas de la eurozona.
Lo malo es que ni las políticas de austeridad impulsadas por la UE ni las pretendidas soluciones de estabilización o rescate financiero que se han resumido en el epígrafe anterior han resuelto los problemas que afectan a la deuda pública de los países periféricos del euro. Los inversores siguen desconfiando, las agencias de calificación de riesgos siguen bajando las notas soberanas de la deuda11 y los mercados siguen apreciando altos niveles de riesgo y, en consecuencia, exigen altos niveles de rentabilidad a los títulos de deuda. Todo indica que la situación seguirá siendo en 2011 tanto o más grave que en los meses de abril o noviembre del año recién acabado.
La brecha entre los países periféricos y los que conforman el núcleo duro del euro ha aumentado a lo largo de 2010. La nueva fase de la crisis marcada por la gestión de la deuda soberana y las políticas de ajuste puestas en práctica han intensificado las divergencias y han extendido los problemas de la deuda pública a la deuda privada de bancos y grandes empresas y a cada vez más Estados miembros que sufren la reacción de los inversores. El aumento de los costes financieros vinculados a la emisión de los nuevos títulos que permiten la refinanciación de la deuda pública que vence y la emisión de nuevos títulos con los que financiar los déficit que van a seguir generándose en los próximos años afecta a cada vez más socios de la UE, pero pende como una amenaza inminente sobre Portugal. Y la siguiente ficha es España.
El problema de la deuda soberana de los países periféricos tiene difícil solución con el pensamiento económico conservador y ultraliberal que domina en la UE y que ha hecho que los líderes comunitarios hayan ido descartando una por una todas las medidas que implican mayores dosis de integración fiscal o ligeros avances en la coordinación de las políticas presupuestarias. Así, han rechazado las propuestas de sustituir total o parcialmente la emisión que realiza cada uno de los Estados miembros de la eurozona por un sólo emisor de bonos europeos o de mantener la emisión de bonos nacionales con el respaldo de la UE o de los socios de la eurozona. Incluso han descartado la propuesta de aumentar la dotación del FEEF que tenía la intención de no dejar margen de duda de la voluntad de apoyar a los Estados miembros con problemas. Y se han opuesto también a que el BCE aumente la cuantía de sus fondos propios y pueda adoptar una postura más activa en la monetización de la deuda.
En lugar de atacar las causas de la crisis de la deuda soberana de la eurozona, la UE se ha limitado a crear un gran fondo de rescate que actúa en situaciones límite y a subrayar la vigencia de los principios ultraliberales que inspiraron la creación del euro y los objetivos de mantenimiento de estabilidad nominal plasmados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así, la UE ha reforzado el objetivo del equilibrio presupuestario como meta obligada a medio plazo que deben alcanzar todos los socios que, para ello, aplicarán duras políticas de ajuste -que son extremadamente rigurosas para los países periféricos de la eurozona que presentan los mayores desequilibrios- para conseguir en 2013 un déficit público inferior al 3% del PIB que permita estabilizar el monto de la deuda pública acumulada y, a partir de esa fecha, comenzar a reducirla hasta niveles inferiores al 60% del PIB. Las políticas de austeridad siguen su marcha y la única propuesta para alentar su aplicación y reforzar modelos de comportamiento responsables en la gestión de las cuentas públicas ha consistido en anunciar el endurecimiento y la ampliación de las sanciones que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los líderes de la UE no reconocen lo evidente: el Pacto de Estabilidad no funcionó en el pasado y ha perdido su escasa credibilidad.
Mientras tanto, las medidas aprobadas por los líderes europeos lejos de calmar a los inversores han incentivado su huida hacia los títulos de los países más seguros (que consiguen de esta forma financiar su deuda con mínimos costes financieros) y han multiplicado las incertidumbres y la especulación en contra de la deuda soberana de los países periféricos. De este modo, las dificultades para financiar las nuevas emisiones de deuda soberana de los países periféricos fueron aumentado hasta alcanzar unos costes financieros imposibles de asumir en los casos de Grecia e Irlanda y muy próximos a esos niveles en los casos de Portugal y, en menor medida, España12. Paulatinamente, los problemas de financiación y los mayores costes financieros han ido contagiando a países con menores dificultades (los últimos en esa lista creciente son Italia o Bélgica) y se van trasladando a los bancos y empresas privadas.
El único aspecto positivo que aparece en el horizonte de las medidas de rescate diseñadas por la UE es que los socios que soliciten esa ayuda financiera la van a obtener y podrán solucionar sus problemas de liquidez. Hay tres razones esenciales para sostener esta afirmación. En primer lugar, hasta junio de 2013 ese mecanismo de solidaridad y mutualización del riesgo está definido de forma suficientemente clara y está disponible en una cuantía razonable (permitiría atender, en el peor de los casos, las necesidades de financiación de España y del resto de los países periféricos hasta mediados de 2013). En segundo lugar, de no contar con ese sostén financiero se produciría una pérdida generalizada de credibilidad del euro que resultaría muy inconveniente para todos los miembros, ya que incrementaría los costes financieros que soportarían también los países del núcleo duro del euro para financiar su deuda soberana. Y en tercer lugar, podría generar también un problema de solvencia de los grandes bancos europeos que deberían ser salvados con fondos públicos con unos costes muy superiores probablemente a los que hubiera supuesto el rescate del Estado y la deuda pública española.
Dada la dificultad que entrañaría el rescate del Estado español (en términos absolutos, la deuda pública española alcanza una cuantía similar a la suma de las deudas públicas de Grecia, Irlanda y Portugal) y las necesidades de financiación que ese gran tamaño implica, cabría avanzar la hipótesis de que esa situación excepcional de rescate podría generar condiciones más favorables para que algunas de las medidas que a raíz de la crisis irlandesa han sido debatidas y rechazadas por los líderes europeos fuesen en tales circunstancias aceptadas y se produjese un avance significativo en la coordinación de las políticas presupuestarias de los países de la eurozona. Los mecanismos creados de mutualización del riesgo y limitada solidaridad entre los Estados miembros se podrían transformar, a partir de esa complicada situación, en formas más avanzadas de federalismo fiscal y presupuestario. Tal circunstancia sería, en todo caso, difícil de concretar sin la existencia de un mayor grado de movilización popular y de una ciudadanía europea más activa que hasta ahora en la defensa de unas políticas que regulen la actividad de los mercados financieros y superen las debilidades de gobernanza económica que presenta la eurozona.
El posible recurso por parte de España al rescate financiero previsto por la UE solventaría los problemas de liquidez y reduciría los costes financieros que exigen los mercados para financiar la deuda soberana, pero impulsaría un nuevo y estricto plan de ajuste e infligiría un duro castigo político al Gobierno. Además, hay que preguntarse si los problemas de solvencia que probablemente afectan a las cuentas públicas españolas y, pudiera ser, al conjunto de los agentes económicos privados pueden solucionarse con los préstamos de la UE y del FMI. La garantía de una financiación suficiente y a unos costes asumibles, como los que soportan por su rescate Grecia o Irlanda (con unas tasas de interés que rondan el 5,5%), solucionarían los problemas de liquidez pero no permitirían resolver los problemas estructurales de modernización que requiere la economía española para afianzar su solvencia.
Por otra parte, que el rescate financiero del Estado español esté garantizado durante los próximos dos o tres años no significa que los inversores entierren sus dudas sobre la solvencia de España, dejen de ser reticentes a financiar nuestra deuda, mantengan en sus carteras los títulos a largo plazo que actualmente poseen o relajen sus exigencias de mayor rentabilidad13. El sistema de préstamos vigente para rescatar a los Estados miembros con problemas financieros sólo puede solucionar problemas de liquidez durante el periodo de tiempo en el que esos países no puedan financiarse en los mercados financieros a unos tipos de interés asumibles que permitan ser reembolsados y faciliten en un tiempo prudencial la estabilización de las tasas de endeudamiento. Hasta el momento que se logre esa estabilización fiscal, que en el caso de la eurozona está previsto para 2013, la deuda pública va a seguir aumentando y la carga financiera también. Por ello, es imprescindible que se incrementen las tasas de crecimiento del producto para conseguir el objetivo de la estabilización. El problema es que el crecimiento del PIB no está asegurado; antes bien, las políticas de ajuste dificultan que el crecimiento efectivo del producto llegue a alcanzar a un crecimiento potencial que se estima en un también insuficiente 2% anual.
3. ¿Hay una alternativa progresista para salir de la crisis?
El final de la escapada de Zapatero respecto a sus compromisos con los sindicatos y su base electoral y social está previsto para 2012, pero a poco que la situación de la eurozona se complique (y puede complicarse mucho durante los primeros meses de 2011) o, como indican gran parte de las previsiones económicas, el crecimiento de los países emergentes y del comercio internacional continúe desacelerándose y añada nuevas restricciones a la todavía muy débil reactivación económica del mundo capitalista desarrollado la catástrofe electoral del PSOE se puede adelantar a 2011. En todo caso, la probabilidad de que antes o después (en 2011 o en 2012) se concrete esa caída electoral es muy grande y podría desencadenar la remodelación del espacio sociopolítico que hasta ahora se identificaba con el PSOE. Tal y como están las cosas, la fragmentación del PSOE no sería el peor de los escenarios políticos posibles. Éste es uno de los principales puntos de inflexión política que puede producirse en 2011 y que habrá que seguir con atención.
En el terreno económico, mientras los medios de comunicación celebran que el Gobierno haya empezado por fin a tomar las medidas que eran necesarias para salir de la crisis, los efectos de esas medidas extienden la desolación entre la ciudadanía y contribuyen a que la resignación gane terreno en la opinión pública.
Los mercados y las fuerzas económicas, con la inestimable ayuda del poder político, han impuesto su verdad: la solución para el problema de sobreendeudamiento público y privado que padecen los países periféricos de la eurozona pasa por una devaluación interna larga y dolorosa que debe concretarse en al menos dos procesos: primero, una reestructuración y reducción de la deuda actual (los inversores que la detentan deberán aceptar, antes o después, una quita o pérdida de parte de sus derechos de cobro), mayores garantías para la deuda restante por parte de instituciones solventes y una recapitalización inmediata del sector bancario; y segundo, una disminución sustantiva (entre un 10% y un 15%) de salarios, pensiones y gasto público total encaminada a aumentar la competitividad de las exportaciones y a que el consiguiente aumento de las ventas en los mercados internacionales pueda compensar la inevitable caída de la demanda interna. Con matices diversos, esa es la solución que se está imponiendo y que cuenta con el respaldo de la derecha, la patronal y el poder político.
Está claro que esa es la salida a la crisis que propugnan las fuerzas económicas dominantes y que aprueban y aplican los órganos de poder político de la UE y de los Estados miembros. No está claro, sin embargo, que sea una solución eficaz para resolver los muy diferentes problemas que afectan a los Estados miembros de la UE: está por ver si economías con un peso reducido de su sector exportador pueden compensar con ganancias en los mercados exteriores el retroceso de su demanda interna; está por ver hasta qué punto una reducción del 10% de los salarios (que ocasionaría una reducción del coste total y, por tanto, del precio de en torno al 3%) permite ganar mercados frente a los productos procedentes de los países emergentes con costes y precios mucho más bajos de bienes de similar calidad; está por ver hasta qué punto la sociedad acepta esa pérdida generalizada de poder adquisitivo y bienestar; y está por ver, finalmente, cómo se gestiona el difícilmente evitable incremento del conflicto social, la inestabilidad política y la desafección ciudadana resultantes.
En el caso de España, los poderes económicos y los medios de comunicación que sustentan y defienden el brusco giro político realizado por el Gobierno del PSOE intentan dar lustre a una idea: aunque tarde, por fin Zapatero ha cogido el toro de la crisis por los cuernos y está decidido a aplicar las políticas y reformas que hagan falta por muy impopulares que sean.
Se está demostrando con creces que esas políticas y reformas estructurales que ha aprobado o está dispuesto a aprobar el Gobierno son impopulares. Hay que insistir en que también son profundamente injustas y desequilibradas en sus impactos sociales y económicos. Esas políticas ya han empezado a deteriorar el bienestar de una parte importante de la población. Hay que insistir en que ese daño se va a intensificar y extender en el futuro y puede ser irreparable. Ha comenzado a evidenciarse que esas políticas son ineficaces para solucionar los problemas de la deuda soberana y las debilidades estructurales que acumula la economía española. Hay que insistir en que el problema no es que llegan tarde, es que no sirven para lograr los objetivos que dicen pretender.
La denuncia de las políticas de austeridad y reformas estructurales que está imponiendo el Gobierno no sólo es necesaria para frenar sus negativos impactos sobre las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, es más necesaria aún para impulsar la conciencia crítica y la movilización de la ciudadanía a favor de una alternativa progresista de salida de la crisis. Y es también imprescindible para mantener viva la posibilidad de aplicar unas políticas y unas reformas que sintonicen con los intereses de la mayoría y, en consecuencia, vayan encaminadas a reforzar la protección y la cohesión social, generar empleos, emprender una reforma fiscal que haga pagar más a los que tienen mayores patrimonios y obtienen mayores rentas y financiar con recursos públicos la modernización de las estructuras productivas y la puesta en pie de una economía sostenible.
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NOTAS
1 Durante la década que precedió a la crisis global, el crecimiento del mundo capitalista desarrollado fue, merece la pena ser destacado, relativamente débil (la media de crecimiento real durante esa década fue de alrededor del 2,5% anual). Ese relativamente bajo crecimiento fue impulsado por mecanismos de crédito barato y abundante que han terminado revelándose como insostenibles. Al sobreendeudamiento se añadían fuertes incrementos de los niveles de desigualdad en la distribución de la renta y riesgos crecientes que han desembocado de forma recurrente en crisis financieras de gran calado. Y al final, la crisis global en la que aún seguimos inmersos.
2 Al menos, pueden señalarse cinco importantes asuntos sobre el funcionamiento y alcance del ESM y de los planes de rescate financiero a partir de junio de 2013 que están aún por concretar: primero, formas y contenidos de la vigilancia temprana o preventiva sobre la política fiscal y las cuentas públicas de los Estados miembros; segundo, sistema de sanciones para los países que no cumplan las políticas de austeridad y consolidación fiscal aprobadas o superen los límites establecidos de déficit y deuda públicos; tercero, cuándo se realizará y qué contenidos tendrá la mínima reforma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permitirá dotar de carácter permanente al ESM; cuarto, cómo y qué organismos calificarán el carácter insostenible o puntual de los problemas de de solvencia o de liquidez de la deuda soberana de un Estado miembro; y quinto, definición de la participación de los inversores privados concernidos por la insolvencia de un Estado miembro de la eurozona y, por tanto, las modalidades y alcance de la negociación sobre la reestructuración de los pagos, aplazamientos y quitas de la deuda que sufrirían.
3 La aportación financiera a Irlanda se desagrega de la siguiente manera: 22.500 millones de euros provienen del FMI; otros 22.500 millones del FEEF; 17.700 millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera creado con recursos propios de la UE (por un total de 60.000 millones de euros); 4.831 millones provenientes de préstamos bilaterales de Reino Unido, Suecia y Dinamarca; y otros 17.500 millones que aporta la propia Irlanda (12.500 millones del fondo nacional de pensiones y otros 5.000 millones de sus reservas)
4 La compra en el mercado secundario de títulos de deuda pública de los países en dificultades que realiza el BCE fue posible gracias a la puesta en funcionamiento a partir del mes de mayo de 2010 del Security Market Program (SMP) y fue especialmente intensa en los dos primeros meses que siguieron al rescate griego (en los meses de mayo y junio de 2010 esas compras alcanzaron un montante de 60.000 millones de euros, que beneficiaron especialmente a los títulos griegos, irlandeses y portugueses); posteriormente, las compras languidecieron y sólo se volvieron a intensificar como consecuencia de la crisis irlandesa. A finales de diciembre, las compras del BCE habían llegado a una cuantía que rondaba los 72.600 millones de euros. Aunque el BCE ha tenido buen cuidado de aplicar medidas de esterilización para que esas compras no ocasionaran un impacto expansivo sobre la liquidez, el apoyo al SMP no ha sido unánime. Por ejemplo, esa actuación del BCE es considerado ineficaz por el presidente del Bundesbank, Axel Weber, que es también miembro del Consejo de Gobierno del BCE y el favorito de los mercados y de los halcones de la ortodoxia monetarista a sustituir en la presidencia del BCE a Trichet, cuando termine su mandato el próximo 31 de octubre. Aún no está clara qué política de compras en los mercados secundarios seguirá el BCE en los primeros y cruciales meses de 2011, aunque a lo largo de la segunda semana de este mes de enero de 2011 parece haber intervenido activamente para impedir la degradación de la deuda soberana portuguesa y española.
5 La financiación de los bancos españoles por parte del BCE por esta vía llegó al máximo histórico en julio de 2010, cuando alcanzó un montante de 130.200 millones de euros; a partir de entonces esa cuantía disminuyó de forma significativa, situándose en octubre de 2010 en los 67.600 millones. En esta última fecha, la financiación por parte del BCE de los bancos de los otros países periféricos se estimaba en 130.000 millones (Irlanda), 92.800 millones (Grecia) y 40.000 millones (Portugal)
6 Habría que cuestionar, incluso, si ese esfuerzo de reindustrialización es posible, aún respaldado con un sólido e inteligente esfuerzo inversor público y privado. No está nada claro que la pertenencia a la unión monetaria que configura la eurozona favorezca o haga posible la reversibilidad del proceso de desindustrialización experimentado por la economía española en la última década. Ha sido precisamente la pertenencia a la eurozona uno de lo factores que en mayor medida ha alentado la explotación de las ventajas comparativas de la economía española que ha favorecido la pérdida de peso relativo del sector industrial.
7 Tras la recuperación del crecimiento mundial iniciada en la segunda mitad de 2009 y el fuerte ritmo de crecimiento de la actividad económica en el último trimestre de aquel año y el primer semestre de 2010, la reactivación ha perdido intensidad. Las previsiones más recientes señalan que el crecimiento real de la economía mundial en 2010 puede suponer el 3,2%. Al igual que la eurozona (1,7%), Japón y EEUU (rondarían en ambos casos el 2,8%) se situarían por debajo de la media mundial. En cambio, por encima de la media estarían Rusia (3,8%), América Latina (5,6%), Asia (7,8%, sin incluir a China y Japón) y China (10,2%). Estos datos reflejan que el escenario imperante en la segunda mitad de 2009, con una economía mundial creciendo a dos velocidades (los países emergentes a ritmos de crecimiento previos al estallido de la crisis mientras los países desarrollados alcanzaban niveles muy inferiores), ha ganado complejidad a lo largo del año pasado. La crisis de la deuda soberana ha generado un fuerte distanciamiento entre el crecimiento de los países del núcleo duro del euro y el estancamiento o decrecimiento que caracteriza a los países periféricos.
8 Para las personas que engrosen el creciente ejército de reserva formado por los parados de larga duración, que no podrán encontrar empleos que no existen ni se van a generar en 2011 ni contarán con el pobre sostén público que les brindaban los 426 euros de ayuda mensual que el Gobierno no va a mantener. Para los 5,5 millones de jubilados que sufrirán la congelación de las pensiones y la consiguiente pérdida real de ingresos como efecto de la inflación y para los algo más de 3 millones que perciben la pensión mínima y que obtendrán un mezquino incremento del 1% que les garantiza una merma de su poder adquisitivo y peores condiciones de vida. Para una juventud que sufre tasas de paro del 44% y que va a tener que seguir buscándose la vida en la economía sumergida, el empleo precario y mal retribuido o prorrogando estudios y tutelas familiares. Para los funcionarios que tras una reducción media del 5% de sus sueldos en 2010 acumularán un nuevo recorte real en 2011 como consecuencia de la congelación de sus retribuciones. Para los cerca de 500.000 trabajadores afectados por un salario mínimo interprofesional que se incrementa en un mínimo 1,3% en 2011 hasta alcanzar los 641,40 euros mensuales. Para los cientos de miles de trabajadores que verán como la amenaza de perder sus puestos de trabajo se cumple o, en la mayoría de los casos, se convierte en rebajas salariales y peores condiciones de trabajo. Para los inmigrantes que, además de sufrir las mayores tasas de paro, las más bajas retribuciones salariales y las peores condiciones laborales, tendrán que soportar mayores presiones xenófobas atizadas por políticos oportunistas y descerebrados.
9 Aunque de muy difícil estimación, las necesidades de capitalización del sistema bancario español podrían situarse en una horquilla que va de los 70.000 a los 120.000 millones de euros; los créditos de dudoso cobro que forman parte de los activos del conjunto de sistema bancario y que podrían pasar a ser considerados como morosos en 2011 podrían llegar a sumar 180.000 millones, con el consiguiente impacto sobre los balances y las cuentas de resultados del sistema bancario. Piénsese que los fondos propios de los bancos españoles suponían 125.600 millones de euros al acabar el año 2009.
10 El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene por objeto impulsar la reestructuración bancaria y reforzar los recursos propios de las entidades crediticias para aumentar su solvencia. El FROB fue dotado inicialmente con unos recursos propios de 9.000 millones de euros (6.750 millones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y otros 2.250 millones que aportan los Fondos de Garantía de Depósitos de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito). Los recursos ajenos del FROB pueden alcanzar una cuantía de hasta 90.000 millones de euros que obtendría mediante la emisión de deuda o contratando préstamos. En todas sus operaciones financieras el FROB cuenta con el aval del Estado español.
11 Standard & Poor’s bajó la nota de la deuda soberana española de un AA+ a un AA en abril de 2010; Fitch, por su parte, la rebajó de un AAA a un AA+ al mes siguiente; y Moody’s hizo lo mismo hasta en tres ocasiones: junio (del Aaa al Aaa*-), septiembre (del Aaa*- al Aa1) y diciembre (del Aa1 al Aa1*-). Pese a la rebaja generalizada, la calificación de la deuda pública española seguía situada al acabar el año 2010 en niveles que pueden considerarse de buena calidad y bajo riesgo.
12 La rentabilidad de la deuda pública española a 10 años se ha instalado durante los últimos quince días del 2010 y los doce primeros días del 2011 en torno al 5,4%. Muy próxima, por tanto, al máximo del 5,674% que se alcanzó el 30 de noviembre y peligrosamente cercano al borroso límite del 6,5-7,5% que parece marcar el umbral que separa unas tasas de interés a largo plazo encajables (porque permitirían mantener algunas opciones de armonizar los objetivos de reducir el déficit público, estabilizar las tasas de endeudamiento público y obtener financiación en los mercados de deuda) de unos costes financieros inasumibles que obligarían a solicitar la ayuda financiera establecida por la UE y, en su caso, el FMI.
13 En realidad, el rescate financiero supone que el país implicado podrá atender los pagos derivados de la deuda pública con préstamos europeos y, en su caso, del FMI y soportará una menor carga financiera que la que le exigirían los mercados (en el caso de Irlanda, por ejemplo, el tipo medio de interés que debe pagar por el rescate financiero es un 5,8% anual), pero tal asistencia financiera no asegura que las políticas de ajuste que se exigen como contrapartida sean compatibles con el necesario crecimiento económico ni puede resolver los problemas de modernización de estructuras productivas y mejora de las especializaciones productivas que en algunos casos son imprescindibles.
Doy por supuesto que ni las personas más crédulas, si es que queda alguna, confían demasiado en la capacidad del análisis económico para conocer lo que está sucediendo e iluminar lo que está por venir. Me parece que a estas alturas de la película se puede dar por descontado que cualquier examen de la situación económica y del impacto de la crisis global sobre la economía española incorporará insuficiencias varias. ¿Quién habría pronosticado hace un año el papel clave de la crisis de la deuda soberana de los países periféricos de la eurozona en la formulación de las duras políticas de ajuste fiscal impulsadas por los órganos de poder de la UE y los Estados miembros? ¿Quién podría haber apreciado a comienzos de 2010 hasta qué punto la crisis de la deuda pública iba a desbaratar los planes y perspectivas que hasta aquel momento mantenía Zapatero y la aparentemente sólida alianza tejida entre su Gobierno y los sindicatos mayoritarios?
Sigue siendo imprescindible tratar de comprender, aún de forma limitada e incompleta, lo que pasa, captar las tendencias que van a actuar en un futuro próximo predecible y no contentarse con las simplezas, prejuicios y baratijas que tanto abundan en el mercado de las explicaciones y soluciones de la crisis económica. Para ello, resulta necesario examinar los datos que están a nuestra disposición y su grado de fiabilidad, distinguir las tendencias dominantes, examinar las contradicciones que se observen, valorar qué escenarios pueden darse y presentar ese análisis de forma que se pueda discutir y sea posible detectar sus insuficiencias o errores.
Es muy probable que al cabo de algún tiempo haya que reconocer que el resultado de este nuevo intento de captar los rasgos principales de la situación económica incluía tantos vacíos y límites como otros anteriores. Confío, pese a todo, en que pueda tener algún interés, ofrezca datos y argumentos que merezcan la pena y se diferencie tanto como sea posible de los análisis que realizan los expertos en vender verdades incuestionables y los especialistas en naderías.
El examen que se va a realizar a continuación tiene como centro de atención la descripción de cómo ha evolucionado la economía española en 2010 y qué problemas y tendencias a largo plazo de carácter económico van a marcar la evolución de la crisis en 2011. Se trata, por tanto, de analizar el contexto económico en el que se inscriben tanto la pugna sociopolítica entre las diferentes fuerzas y clases sociales dispuestas a hacer valer sus intereses en esta coyuntura como las tensiones, tendencias y restricciones económicas de mayor calado y envergadura que acompañarán el discurrir de la economía y la sociedad en 2011.
1. ¿Qué sucedió en 2010?
El acontecimiento que en 2010 ha tenido un mayor impacto sobre la economía española fue la crisis de la deuda soberana de la zona euro. El enorme potencial destructivo de esa crisis ha sido capaz de poner en peligro al euro y la propia supervivencia del proyecto de construcción de la unidad europea que representa la UE.
El año comenzó con la crisis de la deuda soberana griega y, pese a todos los remedios aplicados, acabó con la crisis de la deuda irlandesa y con la rentabilidad de la deuda pública de buena parte de los países de la eurozona situada en máximos histórico. Más allá del muy interesante debate sobre las causas que han llevado a tan delicada situación y de los muchos interrogantes que plantea la cuestión de si son suficientes las medidas de asistencia financiera aprobadas por la UE, lo que está en entredicho es todo el entramado institucional de la zona euro, la capacidad de la UE para superar los problemas que amenazan su futuro y, especialmente, las posibilidades de que las políticas de austeridad puestas en marcha sean compatibles con la reactivación económica y la superación de la crisis por parte de los países periféricos. Por eso se mantiene la discusión sobre qué ficha del dominó caerá la próxima vez (Portugal sigue siendo el primer candidato y detrás España, pero también Italia entra en futuras apuestas e incluso Bélgica) y sobre cuándo se activarán de nuevo los mecanismos de ayuda financiera establecidos por la UE. Pocos dudan de que en 2011 habrá una próxima vez y se producirá un nuevo rescate.
Parte de la gravedad de la crisis financiera que afecta a la eurozona se debe a la torpe y contradictoria gestión realizada por los líderes europeos (encabezados, sin ocultar las tensiones y discrepancias que los separan, por Merkel y Sarkozy) de los muy serios problemas de las cuentas públicas que tuvieron que afrontar Grecia, en primer lugar, e Irlanda, después. Pero la parte fundamental de los riesgos e incertidumbres que amenazan a la eurozona debe ser imputada a las incoherencias e insuficiencias institucionales que la crisis de la deuda pública se ha encargado de remarcar y colocar en el centro de las preocupaciones de los responsables políticos. En un segundo plano se sitúan, aunque no pueden considerarse causas insignificantes, la actuación irresponsable de las autoridades de los países afectados y, por supuesto, el contexto general de crisis del sistema capitalista globalizado y, más específicamente, del modelo de crecimiento que ha predominado desde hace una quincena de años en los países de la OCDE y que fue puesto en cuestión a partir de 2008 por el estallido de la crisis global1.
Ante la crisis de la deuda soberana de los países periféricos del euro, las autoridades políticas, económicas y monetarias de la UE han actuado caso por caso, tratando de apagar cada explosión concreta cuando las llamas alcanzaban una intensidad que podía terminar por alcanzar a otros socios y abrasar al conjunto de la eurozona y, por extensión, generar una nueva recesión en la economía mundial. La acción de los líderes europeos se ha caracterizado por ir siempre muy por detrás de los problemas, permitir con gran displicencia que mercados y especuladores agravaran la situación de la deuda pública de los países periféricos y mostrar una escasa prudencia al manifestar y defender sus particulares interpretaciones de los respectivos intereses nacionales. Los desencuentros y disputas que han protagonizado ante la opinión pública y los mercados han atizado sobremanera los temores de los inversores y alentado la especulación. De este modo, las mejoras logradas con cada acción o medida han sido momentáneas y el mar de fondo de la crisis de la deuda soberana sigue estando igual de vivo, si no más, que en mayo o noviembre de 2010.
No obstante, las respuestas puntuales a cada episodio de crisis han terminado por crear un notable dispositivo de ayuda financiera que está listo para ser solicitado por los socios que sean abandonados por los inversores o atacados por los especuladores. En principio, el mecanismo fundamental de ese dispositivo de asistencia es el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) que tiene un carácter temporal, hasta junio de 2013. A partir de esa fecha, será relevado por un nuevo European Stability Mechanism (ESM) que, por lo que se ha adelantado hasta ahora, se parecerá bastante a un “FMI europeo”, afectará a los títulos de deuda que se emitan a partir de esa fecha y tendrá un carácter permanente2.
El primer paso efectivo de rescate financiero se dio el 2 de mayo de 2010, con los 110.000 millones de euros de ayuda a Grecia que tomó la forma de préstamos bilaterales (80.000 millones provenientes de los otros quince socios de la eurozona y el resto aportados por el FMI). Siguió, apenas una semana después, la creación del FEEF, que podrá obtener unos recursos totales de hasta 440.000 millones de euros emitiendo títulos de deuda pública garantizados por el conjunto de países de la eurozona. Tal hecho, bordea (o rompe, según la opinión de muchos expertos) con la cláusula de no bail-out contemplada en el artículo 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece el principio de no corresponsabilidad financiera e impide el rescate (por parte de la UE o de los Estados miembros) de los socios que presenten problemas en sus cuentas públicas. La cuantía total de la ayuda puede ampliarse hasta los 750.000 millones de euros, gracias a los 60.000 millones que podría aportar la Comisión Europea y a otros 250.000 millones del FMI.
Parte de esos fondos se activaron a finales de noviembre en el caso de Irlanda, que puede disponer de una asistencia financiera de 67.500 millones de euros3. A cambio de esa ayuda, Irlanda al igual que antes Grecia se comprometía a llevar a cabo una dura terapia de choque que se concretaba en fuertes recortes del gasto público, reducción de pensiones y salarios de funcionarios, alzas de impuestos indirectos, capitalización de bancos… y el recetario completo de los planes convencionales de austeridad.
En paralelo a la creación y activación de los fondos de asistencia financiera, el Banco Central Europeo (BCE) intervenía directamente en ayuda del euro, rompiendo con la ortodoxia y bordeando sus estatutos y el principio de no monetización de la deuda. Por una parte, el BCE pasaba a jugar un papel de prestamista de último recurso, adquiriendo en los mercados secundarios pequeñas cuantías de deuda pública de alto riesgo de la que se desprendían los inversores y no encontraban compradores4. El objetivo era sostener los precios de los títulos o, en mayor medida, impedir su hundimiento. Por otra parte, el BCE contribuía a monetizar de forma indirecta la deuda pública aceptando como garantía de nuevos préstamos los títulos de alto riesgo comprados previamente por los bancos5. El objetivo, en este caso, era proporcionar liquidez con unos costes financieros mínimos a un sistema bancario que no podía obtenerla en los mercados financieros.
La persistencia y la gravedad de la crisis de la deuda soberana de la eurozona han marcado las prioridades y el carácter de las medidas de austeridad puestas en acción por todos los países comunitarios y, muy especialmente, por los países periféricos. En España, a partir de mayo de 2010, las duras políticas de ajuste que ha ido aprobando y aplicando el Gobierno han ocupado buena parte del debate económico y político. Las medidas emprendidas por el Gobierno Zapatero, encaminadas a mostrar su compromiso ilimitado con el ajuste fiscal y con los requerimientos de reforma estructural que exigen las instituciones europeas y los inversores privados, se han ido concretando en iniciativas legales que reforman el mercado de trabajo, las cajas de ahorro y el conjunto del sistema bancario, el sistema público de pensiones y la negociación colectiva (éstas dos últimas reformas han sido perfiladas por el Gobierno en sus grandes líneas, pero serán concretadas en los próximos días o semanas), que no han conseguido calmar hasta ahora a los mercados ni han contribuido en nada a solucionar los acuciantes problemas que afectan a nuestras finanzas públicas. Son también reformas inadecuadas para resolver los problemas estructurales que debe afrontar la economía española, a no ser que se considere, como hace la patronal y la derecha, que la recuperación de la competitividad de los productos españoles y la superación del déficit exterior estructural de la economía española pasan por un recorte significativo de los costes laborales y fiscales que permita ganar competitividad a las empresas sin modificar sus especializaciones productivas. Además, las políticas de austeridad y reforma estructural emprendidas ocasionan un daño colateral tan evidente como inevitable: tanto los recortes de gastos e inversión públicos como la disminución de los ingresos tributarios que acarrea la débil actividad económica ocasionan una reducción significativa de la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos que puede ofrecer el Estado.
La justificada relevancia otorgada a la solución del problema de la deuda soberana ha tenido la nefasta consecuencia de relegar la importancia de dos problemas claves de la economía española que también deberían concentrar las preocupaciones de responsables políticos y poderes económicos. El primer problema está relacionado con las inexcusables tareas del Estado de reforzar y extender las redes de protección social y generar a corto plazo tanto empleo como sea posible, porque los mercados van a ser un año más incapaces de generar empleos netos. El segundo problema está vinculado con el impulso de una modernización del aparato productivo que favorezca los imprescindibles cambios de las especializaciones productivas y del modelo de crecimiento. En este caso, hay que remarcar que esa necesaria apuesta por una economía avanzada y sostenible requiere un esfuerzo prolongado en el tiempo que sólo tendrá efectos significativos a largo plazo. No se pueden lograr de la noche a la mañana cambios sustanciales en una economía como la española en la que predominan unas especializaciones productivas basadas en servicios no exportables de baja densidad tecnológica, sectores vinculados a la construcción y una industria manufacturera menguante, escasamente competitiva y centrada en productos de baja y media densidad tecnológica6.
El protagonismo de la crisis de la deuda pública y las políticas de ajuste que se han puesto en acción para tratar de superarla han tenido la mala virtud de que el Gobierno del PSOE acabara desentendiéndose de la búsqueda de soluciones para los dos grandes problemas de la economía española mencionados antes. En sentido contrario, a partir de mayo, el Gobierno aceptó colocar su acción política al servicio de los objetivos, las políticas y los análisis y soluciones que promueven la derecha política, los grandes poderes económicos y las instituciones de gobierno de la UE.
Así, la crisis de la economía española siguió su previsible curso en 2010 y desembocó en un ligero decrecimiento del producto y en destrucción de empleos netos y tejido productivo, aunque la intensidad de las pérdidas fue muy inferior a la que se produjo en los catastróficos últimos meses de 2008 y la primera mitad de 2009.
En el ámbito político, Zapatero rebasó todas las líneas rojas, olvidó sus compromisos con los sindicatos y con su base social y electoral, enterró todo atisbo de política económica progresista para alentar cambios en la estructura productiva y el modelo de crecimiento y encadenó su futuro político, el de su Gobierno y el de su partido al resultado de las políticas económicas conservadoras y ultraliberales que han pasado a ejercer un dominio efectivo y exclusivo en el pensamiento y la acción política de la UE.
Al abandonar toda posibilidad de rectificación, el único afán de Zapatero ha quedado reducido a cumplir con el máximo rigor las políticas impuestas por los poderes políticos y económicos que han pasado a enseñorearse de las instituciones de la UE e intentar desmantelar los obstáculos que dificultan la recuperación de los beneficios empresariales y una competitividad basada en la reducción de costes laborales y fiscales. Con tales objetivos, tras la ligera vacilación que siguió a la Huelga General del 27-S, el Gobierno ha iniciado una huída hacia la nada, en la que ha ido desprendiendo a su política económica de los rasgos de izquierdas que permitían diferenciarla de la que propugnan la derecha y el capital. Cada nueva medida o reforma estructural que impone el Gobierno deteriora el espacio político y social de izquierdas que permitió al PSOE llegar al poder e intentar un nuevo y moderado impulso regeneracionista en su primera legislatura que a lo largo del segundo semestre de 2010 evidenció su completo agotamiento.
No son pocos los que subrayan la debilidad y la inconsistencia de la resistencia puesta en pie por los sindicatos mayoritarios como contestación a las duras políticas antisociales y antieconómicas aprobadas y aplicadas por el Gobierno Zapatero a partir de mayo de 2010. Aceptando con matices parte de esa crítica, considero más interesante resaltar la claridad con la que los sindicatos se han desmarcado y opuesto hasta el día de hoy a buena parte de las medidas gubernamentales y cómo han defendido posiciones sociopolíticas y medidas económicas alternativas a las que propugnan Gobierno, patronal y derecha política. Este distanciamiento resulta más remarcable aún si se considera que el nuevo escenario marcado por el conflicto entre sindicatos mayoritarios y Gobierno se ha producido en un corto espacio de tiempo y en unas condiciones muy desfavorables para los sindicatos, caracterizadas por su aislamiento político, la ausencia de referentes de izquierdas y un ambiente social poco inclinado a reforzar una política de resistencia de incierto futuro y escasas posibilidades de éxito.
Podría argüirse que la firmeza sindical es engañosa y que descansa en menor medida en la voluntad de resistencia de las direcciones sindicales a las políticas aplicadas que en los mínimos márgenes de negociación y acuerdo que el brusco giro político realizado por Zapatero ofrece a los sindicatos. Puede que ese argumento encierre una parte de verdad, pero tal consideración no debería impedir observar los hechos tal y como han ocurrido: el conflicto ha sido el rasgo predominante en las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno desde mayo hasta diciembre de 2010 y la confrontación durante ese tiempo se ha traducido en denuncia abierta de buena parte de las propuestas gubernamentales y en iniciativas de movilización social que han permitido expresar con cierta contundencia un rechazo masivo a las propuestas y políticas aprobadas por el Gobierno. El resultado de las negociaciones que en esta primera quincena de enero de 2011 desarrollan representantes del Gobierno y de las dos grandes centrales sindicales para acordar la reforma del sistema de pensiones se verá en pocos días. Por ahora ninguna de las partes quiere responsabilizarse de la ruptura y las dos delegaciones parecen interesadas en prolongar el diálogo, sea porque perciben alguna posibilidad de acuerdo o porque temen que la opinión pública va a cargar las culpas sobre el primero que se levante de la mesa de negociación.
En todo caso, la valoración positiva de las posiciones mantenidas por CCOO y UGT durante la segunda mitad de 2010 no presupone ninguna previsión sobre la posición que vayan a mantener los sindicatos mayoritarios en el futuro. Lo que resulte de la mesa de negociación sobre la reforma de las pensiones va a marcar el predominio del diálogo o del conflicto en los próximos meses, pero más allá de la forma en que se despeje esa incógnita merece la pena señalar los lastres que siguen pesando sobre una acción sindical que ha estado excesivamente escorada durante años hacia el diálogo social y el logro de pactos institucionales y la necesidad de una rectificación de parte de los análisis y la práctica de los sindicatos mayoritarios si pretenden sostener el pulso a este Gobierno y al que lo sustituya, mantener vivas las posibilidades de llevar a cabo políticas económicas que defiendan los intereses populares y favorecer la construcción de fuerzas progresistas y de izquierdas que las hagan viables, tanto en nuestro país como en las instituciones comunitarias. La crítica constructiva que debe seguir haciendo la izquierda sindical y social para favorecer la superación de esos lastres y reforzar la necesaria rectificación de la acción de CCOO y UGT debe apartarse radicalmente de la crítica injusta, sectaria y destructiva que sólo sirve para debilitar aún más la resistencia popular a las políticas antisociales que defienden en comandita patronal, derecha política, actual Gobierno del PSOE y poderes económicos y políticos globalizados que marcan la actual deriva conservadora de la UE.
2. ¿Qué puede pasar en 2011?
En la eurozona la previsión de crecimiento del producto en 2010 es un escaso 1,6% (media de las últimas previsiones realizadas por el FMI, la OCDE y Consensus Forecast). De ese porcentaje medio se distanciarían Alemania, con un crecimiento que superaría el 3% y, en sentido contrario, los países periféricos, que seguirían experimentando tasas negativas de crecimiento, con la posible excepción del mínimo crecimiento que podría conseguir Portugal.
La inmensa mayoría de las previsiones económicas indican que en 2011 se mantendrá la desaceleración del crecimiento económico mundial que ha caracterizado el segundo semestre del año recién acabado7. Las previsiones para 2011 señalan menores tasas de crecimiento del producto que en 2010 en prácticamente todas las grandes regiones mundiales. En el caso de la economía española, sin embargo, la previsión de crecimiento del PIB en 2011 es algo mejor que la de 2010: rondaría el 0,7% frente al decrecimiento de un par de décimas del año pasado. Puede afirmarse y de hecho ya se repite con cierta insistencia que esa previsión del 0,7% o la mucho más optimista del Gobierno (que sube hasta el 1,3%) reflejarían pese a su baja intensidad una situación mejor que la de 2010 y confirmarían el inicio de una recuperación tantas veces anunciada como incumplida y la eficacia de las medidas de austeridad y reforma estructural aprobadas por el Gobierno. Nada más lejos de la realidad.
De confirmarse la previsión de crecimiento de entre un 0,7% y un 1,3%, la situación de la economía española en 2011 seguiría pintando igual de mal que en 2010. Y peor aún pinta para la mayoría de la población8. Más de 4,5 millones de personas desempleadas (con una tasa de desempleo del 20% que llega al 44% en el caso de los jóvenes menores de 25 años) y una mayoría de hogares en los que entran menos de 1.500 euros mensuales sufrirán nuevos recortes en su capacidad de compra, debido a la acción combinada de una mayor presión sobre rentas salariales y ayudas sociales y nuevas subidas de precios de materias primas y bienes y servicios básicos imprescindibles (como ya ha sucedido en varios casos: luz, gas natural, bombona de butano, transporte público,…). Y ya están barajándose nuevos incrementos en los tipos impositivos del IVA, impuestos especiales sobre el consumo y tasas. Sin que puedan descartarse más ajustes en el empleo público, mayores recortes en las retribuciones de trabajadores de las administraciones públicas y nuevas soluciones imaginativas para reducir gastos y prestaciones de bienes públicos que erosionarán los reducidos niveles de bienestar y protección social que permiten mejorar la vida y las expectativas de los sectores sociales más vulnerables y de menor renta.
Ese previsible deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población es el resultado normal de la propuesta del capital para afrontar la crisis y de la insuficiente fuerza de las clases trabajadoras para impedir un reparto de costes tan desequilibrado e injusto como el que están imponiendo los mercados y el Gobierno.
Lo que ya no es tan normal es que el Gobierno y la dirección del PSOE abandonen la perspectiva de impulsar la modernización de las estructuras productivas y la emergencia de una economía sostenible y acepten sacrificar la protección y la cohesión social en aras de unas políticas de ajuste y austeridad que pretenden objetivos de reducción del déficit público y consolidación fiscal que no pueden conseguirse sin mayores niveles de crecimiento y empleo. Además de ineficaces esa políticas de austeridad son profundamente injustas y perjudican especialmente a los sectores con mayor riesgo de exclusión, menores niveles de renta, formación y cualificación laboral y mínimas posibilidades de interlocución social o política y de expresión mediática.
¿Por qué no cabe esperar que la reactivación económica se produzca en 2011? Las razones son más que abundantes.
El hundimiento del sector de la construcción y, como consecuencia, la fuerte degradación de las actividades vinculadas (bienes intermedios, servicios inmobiliarios y entidades bancarias más comprometidas en la financiación de estos sectores) son en gran parte irreversibles y la primera gran razón para no esperar que la recuperación de la actividad económica se produzca en 2011.
Es imposible imaginar como podría darse una reactivación en un contexto económico doméstico en el que la mayoría de las empresas concentra su atención en disminuir sus altos niveles de deuda, aumentar la autofinanciación y recuperar las tasas de beneficio por la vía de disminuir costes salariales y presionar al poder político para que reduzca las cotizaciones sociales a cargo de las empresas y los tributos que gravan la actividad y los beneficios empresariales. Siguen siendo más abundantes los planes de recorte de plantillas y precarización de los contratos que los de creación de nuevos empleos. Y esto es así porque las empresas siguen adecuando la fuerza de trabajo a la todavía muy baja utilización de sus capacidades productivas (que aún se sitúa por debajo del 75%, pese al pequeño incremento experimentado en 2010) y al estancamiento de la demanda.
La persistencia de altas tasas de paro supone el otro gran obstáculo para la recuperación económica. Por una parte, 4,5 millones de personas desempleadas dificultan la recuperación de la demanda de los hogares y por la otra, refuerza la eficacia de la presión de la patronal en el objetivo de conseguir de la población ocupada contrapartidas salariales y mayor libertad en la gestión de la movilidad interna de sus trabajadores.
Además, ¿en qué actividades podría apoyarse la reactivación de la economía española? Al retroceso de la productividad aparente del trabajo ocurrido en los quince años anteriores a la explosión de la crisis se ha añadido la notable reducción experimentada durante la crisis por la inversión productiva (en los últimos tres años ha retrocedido en algo más del 25% respecto a los niveles alcanzados antes de la crisis). Y por si esto fuera poco, al ya tradicional mínimo esfuerzo innovador del sector privado se suman los recortes que en 2011 experimentará la inversión pública destinada a impulsar la investigación y el desarrollo. ¿De dónde puede surgir la creación de empleo neto si el crecimiento potencial de la economía española está situado en un 2% y seguirá en ese insuficiente nivel en el futuro predecible que conforman los dos próximos años?
Si a ello se suman las dificultades que experimentan bancos y cajas de ahorro y, especialmente, las entidades crediticias que centran su actividad en el mercado doméstico y no cuentan con porcentajes significativos de su negocio en países emergentes o en economías capitalistas desarrolladas con mayores posibilidades de crecimiento, puede concluirse que a las restricciones impuestas por la debilidad de la demanda interna van a sumarse los obstáculos que surgen de las dificultades que experimenta el sector bancario9. El previsible deterioro de los activos del conjunto del sistema bancario (tanto en lo que se refiere a los inmuebles incorporados a sus balances por un valor muy superior a unos precios de mercado que continúan su declive como en el de los créditos afectados por tasas crecientes de morosidad) auguran, en el mejor de los casos, la continuidad de los problemas que han caracterizado al sector durante el año 2010: dificultades de financiación, disminución sustantiva de las cotizaciones bursátiles y una mediocre actuación en su papel esencial de canalizadores de los flujos crediticios hacia el sector privado. El sector bancario, lejos de convertirse en generador de empleo neto, ha iniciado un proceso de reestructuración, concentración y trasvase del negocio bancario desde las cajas de ahorro a los bancos que está siendo financiado con dineros públicos10 y va a dar lugar a un adelgazamiento significativo de su red de oficinas y de sus plantillas. La escasez y encarecimiento del crédito bancario seguirá trabando el despegue de la actividad de autónomos y pequeñas y medianas empresas que encontrarán grandes dificultades para solucionar sus problemas de liquidez y obtener la financiación que les permitiría realizar proyectos viables de inversión.
Tampoco la demanda externa puede jugar un papel fundamental en la reactivación, al menos a corto y medio plazo. La pérdida de competitividad experimentada por buena parte de la industria manufacturera en la última década, el escaso peso de las exportaciones (especialmente insignificantes en las ventas a los países emergentes con mayor potencial de crecimiento y capacidad importadora) y el permanente déficit comercial que ocasiona la fuerte dependencia de bienes industriales importados para mantener el crecimiento de la economía española hacen imposible que el sector exterior pueda jugar en los próximos dos años un papel significativo en el logro de una reactivación económica sostenible. Para llegar a jugar ese papel sería necesaria una modificación de las especializaciones productivas que sólo podría conseguirse, si es que puede lograrse, con un esfuerzo de inversión sostenido e inteligente de muchos años.
Hasta aquí el sucinto relato de los obstáculos que hacen muy improbable la reactivación de la economía española en 2011. Toca ahora completar esa historia con el gran obstáculo levantado por las políticas de austeridad prolongada que aplican de forma generalizada todos los socios de la UE. Las medidas de consolidación fiscal que patrocinan los órganos de poder de la UE y el conjunto de los Estados miembros van a suponer en 2011 un obstáculo añadido a la reactivación de la economía española (y de las otras economías periféricas) y un factor más, quizás el mayor, de incremento de los riesgos e incertidumbres que amenazan a las economías periféricas de la eurozona.
Lo malo es que ni las políticas de austeridad impulsadas por la UE ni las pretendidas soluciones de estabilización o rescate financiero que se han resumido en el epígrafe anterior han resuelto los problemas que afectan a la deuda pública de los países periféricos del euro. Los inversores siguen desconfiando, las agencias de calificación de riesgos siguen bajando las notas soberanas de la deuda11 y los mercados siguen apreciando altos niveles de riesgo y, en consecuencia, exigen altos niveles de rentabilidad a los títulos de deuda. Todo indica que la situación seguirá siendo en 2011 tanto o más grave que en los meses de abril o noviembre del año recién acabado.
La brecha entre los países periféricos y los que conforman el núcleo duro del euro ha aumentado a lo largo de 2010. La nueva fase de la crisis marcada por la gestión de la deuda soberana y las políticas de ajuste puestas en práctica han intensificado las divergencias y han extendido los problemas de la deuda pública a la deuda privada de bancos y grandes empresas y a cada vez más Estados miembros que sufren la reacción de los inversores. El aumento de los costes financieros vinculados a la emisión de los nuevos títulos que permiten la refinanciación de la deuda pública que vence y la emisión de nuevos títulos con los que financiar los déficit que van a seguir generándose en los próximos años afecta a cada vez más socios de la UE, pero pende como una amenaza inminente sobre Portugal. Y la siguiente ficha es España.
El problema de la deuda soberana de los países periféricos tiene difícil solución con el pensamiento económico conservador y ultraliberal que domina en la UE y que ha hecho que los líderes comunitarios hayan ido descartando una por una todas las medidas que implican mayores dosis de integración fiscal o ligeros avances en la coordinación de las políticas presupuestarias. Así, han rechazado las propuestas de sustituir total o parcialmente la emisión que realiza cada uno de los Estados miembros de la eurozona por un sólo emisor de bonos europeos o de mantener la emisión de bonos nacionales con el respaldo de la UE o de los socios de la eurozona. Incluso han descartado la propuesta de aumentar la dotación del FEEF que tenía la intención de no dejar margen de duda de la voluntad de apoyar a los Estados miembros con problemas. Y se han opuesto también a que el BCE aumente la cuantía de sus fondos propios y pueda adoptar una postura más activa en la monetización de la deuda.
En lugar de atacar las causas de la crisis de la deuda soberana de la eurozona, la UE se ha limitado a crear un gran fondo de rescate que actúa en situaciones límite y a subrayar la vigencia de los principios ultraliberales que inspiraron la creación del euro y los objetivos de mantenimiento de estabilidad nominal plasmados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así, la UE ha reforzado el objetivo del equilibrio presupuestario como meta obligada a medio plazo que deben alcanzar todos los socios que, para ello, aplicarán duras políticas de ajuste -que son extremadamente rigurosas para los países periféricos de la eurozona que presentan los mayores desequilibrios- para conseguir en 2013 un déficit público inferior al 3% del PIB que permita estabilizar el monto de la deuda pública acumulada y, a partir de esa fecha, comenzar a reducirla hasta niveles inferiores al 60% del PIB. Las políticas de austeridad siguen su marcha y la única propuesta para alentar su aplicación y reforzar modelos de comportamiento responsables en la gestión de las cuentas públicas ha consistido en anunciar el endurecimiento y la ampliación de las sanciones que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los líderes de la UE no reconocen lo evidente: el Pacto de Estabilidad no funcionó en el pasado y ha perdido su escasa credibilidad.
Mientras tanto, las medidas aprobadas por los líderes europeos lejos de calmar a los inversores han incentivado su huida hacia los títulos de los países más seguros (que consiguen de esta forma financiar su deuda con mínimos costes financieros) y han multiplicado las incertidumbres y la especulación en contra de la deuda soberana de los países periféricos. De este modo, las dificultades para financiar las nuevas emisiones de deuda soberana de los países periféricos fueron aumentado hasta alcanzar unos costes financieros imposibles de asumir en los casos de Grecia e Irlanda y muy próximos a esos niveles en los casos de Portugal y, en menor medida, España12. Paulatinamente, los problemas de financiación y los mayores costes financieros han ido contagiando a países con menores dificultades (los últimos en esa lista creciente son Italia o Bélgica) y se van trasladando a los bancos y empresas privadas.
El único aspecto positivo que aparece en el horizonte de las medidas de rescate diseñadas por la UE es que los socios que soliciten esa ayuda financiera la van a obtener y podrán solucionar sus problemas de liquidez. Hay tres razones esenciales para sostener esta afirmación. En primer lugar, hasta junio de 2013 ese mecanismo de solidaridad y mutualización del riesgo está definido de forma suficientemente clara y está disponible en una cuantía razonable (permitiría atender, en el peor de los casos, las necesidades de financiación de España y del resto de los países periféricos hasta mediados de 2013). En segundo lugar, de no contar con ese sostén financiero se produciría una pérdida generalizada de credibilidad del euro que resultaría muy inconveniente para todos los miembros, ya que incrementaría los costes financieros que soportarían también los países del núcleo duro del euro para financiar su deuda soberana. Y en tercer lugar, podría generar también un problema de solvencia de los grandes bancos europeos que deberían ser salvados con fondos públicos con unos costes muy superiores probablemente a los que hubiera supuesto el rescate del Estado y la deuda pública española.
Dada la dificultad que entrañaría el rescate del Estado español (en términos absolutos, la deuda pública española alcanza una cuantía similar a la suma de las deudas públicas de Grecia, Irlanda y Portugal) y las necesidades de financiación que ese gran tamaño implica, cabría avanzar la hipótesis de que esa situación excepcional de rescate podría generar condiciones más favorables para que algunas de las medidas que a raíz de la crisis irlandesa han sido debatidas y rechazadas por los líderes europeos fuesen en tales circunstancias aceptadas y se produjese un avance significativo en la coordinación de las políticas presupuestarias de los países de la eurozona. Los mecanismos creados de mutualización del riesgo y limitada solidaridad entre los Estados miembros se podrían transformar, a partir de esa complicada situación, en formas más avanzadas de federalismo fiscal y presupuestario. Tal circunstancia sería, en todo caso, difícil de concretar sin la existencia de un mayor grado de movilización popular y de una ciudadanía europea más activa que hasta ahora en la defensa de unas políticas que regulen la actividad de los mercados financieros y superen las debilidades de gobernanza económica que presenta la eurozona.
El posible recurso por parte de España al rescate financiero previsto por la UE solventaría los problemas de liquidez y reduciría los costes financieros que exigen los mercados para financiar la deuda soberana, pero impulsaría un nuevo y estricto plan de ajuste e infligiría un duro castigo político al Gobierno. Además, hay que preguntarse si los problemas de solvencia que probablemente afectan a las cuentas públicas españolas y, pudiera ser, al conjunto de los agentes económicos privados pueden solucionarse con los préstamos de la UE y del FMI. La garantía de una financiación suficiente y a unos costes asumibles, como los que soportan por su rescate Grecia o Irlanda (con unas tasas de interés que rondan el 5,5%), solucionarían los problemas de liquidez pero no permitirían resolver los problemas estructurales de modernización que requiere la economía española para afianzar su solvencia.
Por otra parte, que el rescate financiero del Estado español esté garantizado durante los próximos dos o tres años no significa que los inversores entierren sus dudas sobre la solvencia de España, dejen de ser reticentes a financiar nuestra deuda, mantengan en sus carteras los títulos a largo plazo que actualmente poseen o relajen sus exigencias de mayor rentabilidad13. El sistema de préstamos vigente para rescatar a los Estados miembros con problemas financieros sólo puede solucionar problemas de liquidez durante el periodo de tiempo en el que esos países no puedan financiarse en los mercados financieros a unos tipos de interés asumibles que permitan ser reembolsados y faciliten en un tiempo prudencial la estabilización de las tasas de endeudamiento. Hasta el momento que se logre esa estabilización fiscal, que en el caso de la eurozona está previsto para 2013, la deuda pública va a seguir aumentando y la carga financiera también. Por ello, es imprescindible que se incrementen las tasas de crecimiento del producto para conseguir el objetivo de la estabilización. El problema es que el crecimiento del PIB no está asegurado; antes bien, las políticas de ajuste dificultan que el crecimiento efectivo del producto llegue a alcanzar a un crecimiento potencial que se estima en un también insuficiente 2% anual.
3. ¿Hay una alternativa progresista para salir de la crisis?
El final de la escapada de Zapatero respecto a sus compromisos con los sindicatos y su base electoral y social está previsto para 2012, pero a poco que la situación de la eurozona se complique (y puede complicarse mucho durante los primeros meses de 2011) o, como indican gran parte de las previsiones económicas, el crecimiento de los países emergentes y del comercio internacional continúe desacelerándose y añada nuevas restricciones a la todavía muy débil reactivación económica del mundo capitalista desarrollado la catástrofe electoral del PSOE se puede adelantar a 2011. En todo caso, la probabilidad de que antes o después (en 2011 o en 2012) se concrete esa caída electoral es muy grande y podría desencadenar la remodelación del espacio sociopolítico que hasta ahora se identificaba con el PSOE. Tal y como están las cosas, la fragmentación del PSOE no sería el peor de los escenarios políticos posibles. Éste es uno de los principales puntos de inflexión política que puede producirse en 2011 y que habrá que seguir con atención.
En el terreno económico, mientras los medios de comunicación celebran que el Gobierno haya empezado por fin a tomar las medidas que eran necesarias para salir de la crisis, los efectos de esas medidas extienden la desolación entre la ciudadanía y contribuyen a que la resignación gane terreno en la opinión pública.
Los mercados y las fuerzas económicas, con la inestimable ayuda del poder político, han impuesto su verdad: la solución para el problema de sobreendeudamiento público y privado que padecen los países periféricos de la eurozona pasa por una devaluación interna larga y dolorosa que debe concretarse en al menos dos procesos: primero, una reestructuración y reducción de la deuda actual (los inversores que la detentan deberán aceptar, antes o después, una quita o pérdida de parte de sus derechos de cobro), mayores garantías para la deuda restante por parte de instituciones solventes y una recapitalización inmediata del sector bancario; y segundo, una disminución sustantiva (entre un 10% y un 15%) de salarios, pensiones y gasto público total encaminada a aumentar la competitividad de las exportaciones y a que el consiguiente aumento de las ventas en los mercados internacionales pueda compensar la inevitable caída de la demanda interna. Con matices diversos, esa es la solución que se está imponiendo y que cuenta con el respaldo de la derecha, la patronal y el poder político.
Está claro que esa es la salida a la crisis que propugnan las fuerzas económicas dominantes y que aprueban y aplican los órganos de poder político de la UE y de los Estados miembros. No está claro, sin embargo, que sea una solución eficaz para resolver los muy diferentes problemas que afectan a los Estados miembros de la UE: está por ver si economías con un peso reducido de su sector exportador pueden compensar con ganancias en los mercados exteriores el retroceso de su demanda interna; está por ver hasta qué punto una reducción del 10% de los salarios (que ocasionaría una reducción del coste total y, por tanto, del precio de en torno al 3%) permite ganar mercados frente a los productos procedentes de los países emergentes con costes y precios mucho más bajos de bienes de similar calidad; está por ver hasta qué punto la sociedad acepta esa pérdida generalizada de poder adquisitivo y bienestar; y está por ver, finalmente, cómo se gestiona el difícilmente evitable incremento del conflicto social, la inestabilidad política y la desafección ciudadana resultantes.
En el caso de España, los poderes económicos y los medios de comunicación que sustentan y defienden el brusco giro político realizado por el Gobierno del PSOE intentan dar lustre a una idea: aunque tarde, por fin Zapatero ha cogido el toro de la crisis por los cuernos y está decidido a aplicar las políticas y reformas que hagan falta por muy impopulares que sean.
Se está demostrando con creces que esas políticas y reformas estructurales que ha aprobado o está dispuesto a aprobar el Gobierno son impopulares. Hay que insistir en que también son profundamente injustas y desequilibradas en sus impactos sociales y económicos. Esas políticas ya han empezado a deteriorar el bienestar de una parte importante de la población. Hay que insistir en que ese daño se va a intensificar y extender en el futuro y puede ser irreparable. Ha comenzado a evidenciarse que esas políticas son ineficaces para solucionar los problemas de la deuda soberana y las debilidades estructurales que acumula la economía española. Hay que insistir en que el problema no es que llegan tarde, es que no sirven para lograr los objetivos que dicen pretender.
La denuncia de las políticas de austeridad y reformas estructurales que está imponiendo el Gobierno no sólo es necesaria para frenar sus negativos impactos sobre las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, es más necesaria aún para impulsar la conciencia crítica y la movilización de la ciudadanía a favor de una alternativa progresista de salida de la crisis. Y es también imprescindible para mantener viva la posibilidad de aplicar unas políticas y unas reformas que sintonicen con los intereses de la mayoría y, en consecuencia, vayan encaminadas a reforzar la protección y la cohesión social, generar empleos, emprender una reforma fiscal que haga pagar más a los que tienen mayores patrimonios y obtienen mayores rentas y financiar con recursos públicos la modernización de las estructuras productivas y la puesta en pie de una economía sostenible.
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NOTAS
1 Durante la década que precedió a la crisis global, el crecimiento del mundo capitalista desarrollado fue, merece la pena ser destacado, relativamente débil (la media de crecimiento real durante esa década fue de alrededor del 2,5% anual). Ese relativamente bajo crecimiento fue impulsado por mecanismos de crédito barato y abundante que han terminado revelándose como insostenibles. Al sobreendeudamiento se añadían fuertes incrementos de los niveles de desigualdad en la distribución de la renta y riesgos crecientes que han desembocado de forma recurrente en crisis financieras de gran calado. Y al final, la crisis global en la que aún seguimos inmersos.
2 Al menos, pueden señalarse cinco importantes asuntos sobre el funcionamiento y alcance del ESM y de los planes de rescate financiero a partir de junio de 2013 que están aún por concretar: primero, formas y contenidos de la vigilancia temprana o preventiva sobre la política fiscal y las cuentas públicas de los Estados miembros; segundo, sistema de sanciones para los países que no cumplan las políticas de austeridad y consolidación fiscal aprobadas o superen los límites establecidos de déficit y deuda públicos; tercero, cuándo se realizará y qué contenidos tendrá la mínima reforma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permitirá dotar de carácter permanente al ESM; cuarto, cómo y qué organismos calificarán el carácter insostenible o puntual de los problemas de de solvencia o de liquidez de la deuda soberana de un Estado miembro; y quinto, definición de la participación de los inversores privados concernidos por la insolvencia de un Estado miembro de la eurozona y, por tanto, las modalidades y alcance de la negociación sobre la reestructuración de los pagos, aplazamientos y quitas de la deuda que sufrirían.
3 La aportación financiera a Irlanda se desagrega de la siguiente manera: 22.500 millones de euros provienen del FMI; otros 22.500 millones del FEEF; 17.700 millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera creado con recursos propios de la UE (por un total de 60.000 millones de euros); 4.831 millones provenientes de préstamos bilaterales de Reino Unido, Suecia y Dinamarca; y otros 17.500 millones que aporta la propia Irlanda (12.500 millones del fondo nacional de pensiones y otros 5.000 millones de sus reservas)
4 La compra en el mercado secundario de títulos de deuda pública de los países en dificultades que realiza el BCE fue posible gracias a la puesta en funcionamiento a partir del mes de mayo de 2010 del Security Market Program (SMP) y fue especialmente intensa en los dos primeros meses que siguieron al rescate griego (en los meses de mayo y junio de 2010 esas compras alcanzaron un montante de 60.000 millones de euros, que beneficiaron especialmente a los títulos griegos, irlandeses y portugueses); posteriormente, las compras languidecieron y sólo se volvieron a intensificar como consecuencia de la crisis irlandesa. A finales de diciembre, las compras del BCE habían llegado a una cuantía que rondaba los 72.600 millones de euros. Aunque el BCE ha tenido buen cuidado de aplicar medidas de esterilización para que esas compras no ocasionaran un impacto expansivo sobre la liquidez, el apoyo al SMP no ha sido unánime. Por ejemplo, esa actuación del BCE es considerado ineficaz por el presidente del Bundesbank, Axel Weber, que es también miembro del Consejo de Gobierno del BCE y el favorito de los mercados y de los halcones de la ortodoxia monetarista a sustituir en la presidencia del BCE a Trichet, cuando termine su mandato el próximo 31 de octubre. Aún no está clara qué política de compras en los mercados secundarios seguirá el BCE en los primeros y cruciales meses de 2011, aunque a lo largo de la segunda semana de este mes de enero de 2011 parece haber intervenido activamente para impedir la degradación de la deuda soberana portuguesa y española.
5 La financiación de los bancos españoles por parte del BCE por esta vía llegó al máximo histórico en julio de 2010, cuando alcanzó un montante de 130.200 millones de euros; a partir de entonces esa cuantía disminuyó de forma significativa, situándose en octubre de 2010 en los 67.600 millones. En esta última fecha, la financiación por parte del BCE de los bancos de los otros países periféricos se estimaba en 130.000 millones (Irlanda), 92.800 millones (Grecia) y 40.000 millones (Portugal)
6 Habría que cuestionar, incluso, si ese esfuerzo de reindustrialización es posible, aún respaldado con un sólido e inteligente esfuerzo inversor público y privado. No está nada claro que la pertenencia a la unión monetaria que configura la eurozona favorezca o haga posible la reversibilidad del proceso de desindustrialización experimentado por la economía española en la última década. Ha sido precisamente la pertenencia a la eurozona uno de lo factores que en mayor medida ha alentado la explotación de las ventajas comparativas de la economía española que ha favorecido la pérdida de peso relativo del sector industrial.
7 Tras la recuperación del crecimiento mundial iniciada en la segunda mitad de 2009 y el fuerte ritmo de crecimiento de la actividad económica en el último trimestre de aquel año y el primer semestre de 2010, la reactivación ha perdido intensidad. Las previsiones más recientes señalan que el crecimiento real de la economía mundial en 2010 puede suponer el 3,2%. Al igual que la eurozona (1,7%), Japón y EEUU (rondarían en ambos casos el 2,8%) se situarían por debajo de la media mundial. En cambio, por encima de la media estarían Rusia (3,8%), América Latina (5,6%), Asia (7,8%, sin incluir a China y Japón) y China (10,2%). Estos datos reflejan que el escenario imperante en la segunda mitad de 2009, con una economía mundial creciendo a dos velocidades (los países emergentes a ritmos de crecimiento previos al estallido de la crisis mientras los países desarrollados alcanzaban niveles muy inferiores), ha ganado complejidad a lo largo del año pasado. La crisis de la deuda soberana ha generado un fuerte distanciamiento entre el crecimiento de los países del núcleo duro del euro y el estancamiento o decrecimiento que caracteriza a los países periféricos.
8 Para las personas que engrosen el creciente ejército de reserva formado por los parados de larga duración, que no podrán encontrar empleos que no existen ni se van a generar en 2011 ni contarán con el pobre sostén público que les brindaban los 426 euros de ayuda mensual que el Gobierno no va a mantener. Para los 5,5 millones de jubilados que sufrirán la congelación de las pensiones y la consiguiente pérdida real de ingresos como efecto de la inflación y para los algo más de 3 millones que perciben la pensión mínima y que obtendrán un mezquino incremento del 1% que les garantiza una merma de su poder adquisitivo y peores condiciones de vida. Para una juventud que sufre tasas de paro del 44% y que va a tener que seguir buscándose la vida en la economía sumergida, el empleo precario y mal retribuido o prorrogando estudios y tutelas familiares. Para los funcionarios que tras una reducción media del 5% de sus sueldos en 2010 acumularán un nuevo recorte real en 2011 como consecuencia de la congelación de sus retribuciones. Para los cerca de 500.000 trabajadores afectados por un salario mínimo interprofesional que se incrementa en un mínimo 1,3% en 2011 hasta alcanzar los 641,40 euros mensuales. Para los cientos de miles de trabajadores que verán como la amenaza de perder sus puestos de trabajo se cumple o, en la mayoría de los casos, se convierte en rebajas salariales y peores condiciones de trabajo. Para los inmigrantes que, además de sufrir las mayores tasas de paro, las más bajas retribuciones salariales y las peores condiciones laborales, tendrán que soportar mayores presiones xenófobas atizadas por políticos oportunistas y descerebrados.
9 Aunque de muy difícil estimación, las necesidades de capitalización del sistema bancario español podrían situarse en una horquilla que va de los 70.000 a los 120.000 millones de euros; los créditos de dudoso cobro que forman parte de los activos del conjunto de sistema bancario y que podrían pasar a ser considerados como morosos en 2011 podrían llegar a sumar 180.000 millones, con el consiguiente impacto sobre los balances y las cuentas de resultados del sistema bancario. Piénsese que los fondos propios de los bancos españoles suponían 125.600 millones de euros al acabar el año 2009.
10 El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene por objeto impulsar la reestructuración bancaria y reforzar los recursos propios de las entidades crediticias para aumentar su solvencia. El FROB fue dotado inicialmente con unos recursos propios de 9.000 millones de euros (6.750 millones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y otros 2.250 millones que aportan los Fondos de Garantía de Depósitos de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito). Los recursos ajenos del FROB pueden alcanzar una cuantía de hasta 90.000 millones de euros que obtendría mediante la emisión de deuda o contratando préstamos. En todas sus operaciones financieras el FROB cuenta con el aval del Estado español.
11 Standard & Poor’s bajó la nota de la deuda soberana española de un AA+ a un AA en abril de 2010; Fitch, por su parte, la rebajó de un AAA a un AA+ al mes siguiente; y Moody’s hizo lo mismo hasta en tres ocasiones: junio (del Aaa al Aaa*-), septiembre (del Aaa*- al Aa1) y diciembre (del Aa1 al Aa1*-). Pese a la rebaja generalizada, la calificación de la deuda pública española seguía situada al acabar el año 2010 en niveles que pueden considerarse de buena calidad y bajo riesgo.
12 La rentabilidad de la deuda pública española a 10 años se ha instalado durante los últimos quince días del 2010 y los doce primeros días del 2011 en torno al 5,4%. Muy próxima, por tanto, al máximo del 5,674% que se alcanzó el 30 de noviembre y peligrosamente cercano al borroso límite del 6,5-7,5% que parece marcar el umbral que separa unas tasas de interés a largo plazo encajables (porque permitirían mantener algunas opciones de armonizar los objetivos de reducir el déficit público, estabilizar las tasas de endeudamiento público y obtener financiación en los mercados de deuda) de unos costes financieros inasumibles que obligarían a solicitar la ayuda financiera establecida por la UE y, en su caso, el FMI.
13 En realidad, el rescate financiero supone que el país implicado podrá atender los pagos derivados de la deuda pública con préstamos europeos y, en su caso, del FMI y soportará una menor carga financiera que la que le exigirían los mercados (en el caso de Irlanda, por ejemplo, el tipo medio de interés que debe pagar por el rescate financiero es un 5,8% anual), pero tal asistencia financiera no asegura que las políticas de ajuste que se exigen como contrapartida sean compatibles con el necesario crecimiento económico ni puede resolver los problemas de modernización de estructuras productivas y mejora de las especializaciones productivas que en algunos casos son imprescindibles.
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