Es agresiÃ³n y hay violencia

Resulta difÃcil compartir las 371 pÃ¡ginas que conforman la sentencia de la SecciÃ³n Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra hecha pÃºblica hoy, sin perjuicio de su acatamiento, porque no aprecia violencia e intimidaciÃ³n en la calificaciÃ³n jurÃdica de los hechos probados. Este aspecto es clave para que el tribunal colija que no hubo agresiÃ³n sino abuso sexual. La indignaciÃ³n (y alarma) social â€“en lÃneas generalesâ€“ que ha generado la sentencia no es para menos; mÃ¡xime porque no se discuten los hechos probados ni se pone en duda la credibilidad de la vÃctima, sino porque la subsunciÃ³n de los hechos (cuya lectura resulta dÃficil) y su posterior calificaciÃ³n como abusos sexuales pone de manifiesto la necesidad, cada vez mÃ¡s imperiosa, de la formaciÃ³n de las y los operadores jurÃdicos en perspectiva de gÃ©nero. Pero no sÃ³lo eso: obliga a repensar el Derecho (y su aplicaciÃ³n e interpretaciÃ³n) en esa misma clave si de lo que se trata es de tutelar los derechos de las mujeres, y mÃ¡s en el Ã¡mbito de la libertad y autonomÃa sexuales. Descendiendo al caso concreto, la lectura de la sentencia obliga a detenerse crÃticamente en los siguientes Ãtems:

En relaciÃ³n con la no apreciaciÃ³n de violencia e intimidaciÃ³n en los hechos probados para poder hablar de agresiÃ³n sexual, cabe significar que se hace una interpretaciÃ³n cortoplacista y desde una perspectiva no acorde con la realidad actual. Y es que ignora la realidad socio/sexual del sistema sexo/gÃ©nero que posiciona a las mujeres en una situaciÃ³n de vulnerabilidad social en contextos de claro contenido sexual.
La sentencia â€“como sacada de otra Ã©pocaâ€“ exige violencia fÃsica para poder calificar los hechos como agresiÃ³n sexual, olvidÃ¡ndose de la asimetrÃa socio/sexual que se describe en hechos probados como los que siguen: â€œ(â€¦) las relaciones de contenido sexual se mantuvieron en un contexto subjetivo y objetivo de superioridad, configurado voluntariamente por los procesados, del que se prevalieron, de modo que las prÃ¡cticas sexuales se realizaron, sin la aquiescencia de la denunciante en el ejercicio de su libre voluntad autodeterminada, quien se vio asÃ sometida a la actuaciÃ³n de aquellos.â€ (pÃ¡g. 34).
La sentencia obvia la violencia sexual ambiental que se desprende de pÃ¡rrafos como el que sigue en relaciÃ³n a la descripciÃ³n de uno de los vÃdeos aportados como prueba de cargo en el juicio oral: â€œ(â€¦) Este vÃdeo ilustra, en nuestra consideraciÃ³n, bien a las claras la realidad de la situaciÃ³n (â€¦) la denunciante estÃ¡ sometida a la voluntad de los procesados, quienes la utilizan como un mero objeto, para satisfacer sobre ella sus instintos sexualesâ€.
La sentencia, en suma, alude a criterios cuantitativos y no cualitativos para apreciar la violencia y, por ende, para doblegar la voluntad de la vÃctima, apreciando Ãºnica y exclusivamente prevalimiento.
Las mismas consideraciones crÃticas cabrÃa realizar con respecto a la no apreciaciÃ³n por el tribunal de la intimidaciÃ³n, no vislumbrÃ¡ndose Ã©sta en contextos claramente asimÃ©tricos de poder como el que se describe en el relato de hechos probados; y lo que es mÃ¡s inquietante si cabe, exigiÃ©ndose â€“siguiendo una lÃnea jurisprudencial marcada por el Tribunal Supremoâ€“ que la intimidaciÃ³n deba apreciarse desde la valoraciÃ³n de la actuaciÃ³n de los procesados y no desde la propia vÃctima.

Lo expuesto â€“a vuela plumaâ€“ evidencia los riesgos de ser mujer y obliga a apuntar tres aspectos que resultan claves en estos momentos:

La necesidad de reflexionar crÃticamente sobre en quiÃ©n pensÃ³ el legislador â€“modelo normativo de lo humanoâ€“ cuando en 1995 dio contenido textual a los tipos penales en materia de indemnidad y libertad sexual. Y es que constituye una clara muestra de ello la exigencia de violencia fÃsica y la no apreciaciÃ³n de violencia psicolÃ³gica derivada de una previa situaciÃ³n de violencia sexual ambiental â€“ en el caso concreto â€“ para no calificar los hechos como delito de agresiÃ³n sexual. CabrÃa apuntar en la misma lÃnea crÃtica respecto a la no apreciaciÃ³n de la intimidaciÃ³n.
La necesidad de formaciÃ³n en perspectiva de gÃ©nero a los operadores jurÃdicos. En este punto, la lectura del voto particular que pide la absoluciÃ³n de los procesados constituye un claro ejemplo de ceguera de gÃ©nero ante la asimetrÃa de poder que se desprende de unos hechos que se consideran probados en el texto de la sentencia y que resultan muy difÃciles de reproducir.
La necesidad de revisar, en clave de gÃ©nero, los tipos del TÃtulo VIII del CÃ³digo Penal, lo que obliga a redefinir el bien jurÃdico a proteger desde el reconocimiento previo de la condiciÃ³n sexual de los sujetos de derechos y sus implicaciones para las mujeres en contextos de desigualdad y violencia ambiental.

Para finalizar â€“y sin agotar todas las cuestiones susceptibles de anÃ¡lisisâ€“, la realidad pone de manifiesto lo lesivo de un discurso jurÃdico en el que las mujeres somos (o nos hacen ser) sÃ³lo cuerpos con narrativas articuladas desde la periferia del reconocimiento de una verdadera subjetividad jurÃdica y polÃtica.