Artículo extraído de Mientras Tanto
Podemos empezar por la crítica más conocida. La recuperación económica no ha recuperado los niveles de empleo y, además, el nuevo empleo creado es peor que el destruido en términos de condiciones laborales, salarios etc.
Basta tomar unas pocas variables para constatar que esta evaluación es cierta.
La Encuesta de Población Activa ofrece unos datos contundentes: entre el segundo semestre de 2008 y el segundo de 2017 la población activa (la que esta empleada o busca empleo) se ha reducido en 305.000 personas, se han destruido 1,83 millones de empleo y el número de personas desempleadas ha aumentado en más de un millón y medio. Es decir, más paro, menos empleo y más personas desanimadas que han dejado de buscar.
La destrucción de empleo se ha producido tanto en el empleo asalariado como en el no asalariado en proporciones parecidas. Al final del período, la tasa de asalarización ha crecido ligeramente, menos de un 1 por ciento (pasando de 82,5 a 83,4%). O sea que en conjunto hay una ligera mayor proporción de asalariados que de no asalariados, algo que no se corresponde con la percepción extendida que estamos asistiendo a la explosión del empleo autónomo.
Si de la cantidad pasamos a la calidad, las dos medidas que podemos utilizar son el peso del empleo a tiempo parcial y el del empleo temporal. Aunque puede haber muchas razones por las que una persona decida trabajar pocas horas, en general el empleo a tiempo parcial va asociado a niveles de ingresos bajos y a empleos situados en la parte inferior de la pirámide ocupacional (en términos de salarios, reconocimiento, posibilidades de carrera etc.). El empleo a tiempo parcial ha crecido, pasando del 11,7% de todos los empleos al 15,2%. Pero aquí las diferencias se agudizan si se considera tanto el estatus profesional como el género. Mientras que, en conjunto, el empleo a tiempo parcial de los asalariados ha pasado del 12,1% al 16,5% del total, el de los no asalariados se ha reducido del 10% al 8,5%. El empleo a tiempo parcial representa el 26% del empleo asalariado femenino frente a solo el 7,8% para los hombres, aunque en ambos casos se experimentan aumentos porcentuales parecidos.
Solo los datos del empleo temporal podrían indicar una mejoría en la calidad del empleo. El porcentaje de empleo temporal se ha reducido en 2,5 puntos entre los dos períodos estudiados (del 29,3% al 26,8%), pero hay que ser cautos con esta evaluación. Al principio de la crisis había mucho empleo en la construcción, el sector donde el empleo temporal es siempre más elevado. Más bien lo que muestran estos datos que el empleo temporal está enquistado en el mercado laboral español, y esto a pesar de las diversas reformas laborales que ha debilitado de forma sustancial la protección al empleo, que para los economistas y políticos neoliberales es la razón que explica el crecimiento del empleo temporal.
Analizar el impacto de estos cambios en los salarios es más complicado por las propias limitaciones de las estadísticas salariales. Ya me ocupé de ello en una nota anterior («Empleo y condiciones de trabajo en la recuperación», mientrastanto, febrero de 2017). Hay evidencias que indican no sólo que los salarios se han moderado sino que esta moderación se ha centrado fundamentalmente en los niveles salariales más bajos. Las huelgas de las subcontratas de los aeropuertos, el movimiento de las kellys o de los autónomos de Deliveroo es una respuesta combativa a esta degradación laboral que las estadísticas recogen sólo parcialmente.
Con todo, algunos datos son contundentes. El peso de las rentas salariales en el PIB ha decrecido en casi 3 puntos (pasando del 49,8% al 46,9% entre 2008 y 2017). Es notorio poner en relación este dato con la tasa de asalarización a la que me he referido anteriormente, y que indica un aumento del peso de los asalariados de 1%. Es decir, que una proporción mayor de personas activas se reparten una proporción sustancialmente inferior de la renta total.
La Encuesta de Condiciones de Vida, por su parte, es un buen indicador de esta degradación de los ingresos y las condiciones de vida de una parte de la población, con el aumento a lo largo del período del porcentaje de población en riesgo de pobreza (del 19,8% al 22,5%) y del que está en riesgo de pobreza y exclusión (que pasa del 23,8% al 27,9%). Este último indicador suma a la pobreza monetaria la exclusión del mercado laboral. Quizás tan significativo como estos datos resulta el análisis de la distribución de la renta que incluye la encuesta. La población se clasifica por deciles, el primer decil lo forman el 10% de personas con menores ingresos, mientras que el 10º decil lo forman el 10% de los que ganan más. Una cuestión interesante es analizar en qué cantidad de ingresos se producen los cortes. Cuando se consulta este dato se observa que para los 8 primeros deciles (80% de la población) el punto de corte se produce a un nivel de ingresos sustancialmente inferior al de hace 8 años. Por ejemplo en 2008 el 10% más pobre eran personas cuyos ingresos no alcanzaban los 6255 € al año; en la última entrega (2016) el corte se sitúa en 5297 €, o sea casi mil euros menos que hace ocho años. El porcentaje de reducción es mayor en los deciles inferiores, pero sólo en el 9 y el 10 el punto de corte es superior. Más pobreza y más desigualdad. La recuperación sólo funciona para unos pocos.
III
El impacto social negativo de las políticas aplicadas en la crisis es evidente. Y justifica las críticas a las políticas de austeridad. Pero sus autores mantienen una posición que los hace inmunes a las mismas: gracias a estas políticas se ha producido la recuperación y se han sentado unas bases sólidas para seguir creciendo y recuperar también empleo de calidad. Por eso conviene ver si realmente esta recuperación es realmente tan sólida, si se han aplicado reformas que han reforzado las estructuras productivas del país. Cuando empezó la crisis, la economía española mostraba enormes problemas que en el plano macroeconómico se concretaban en un tremendo déficit exterior y en un consiguiente endeudamiento externo.
El déficit exterior es un reflejo en parte de la estructura productiva de un país y de su estructura de consumo. Un país autárquico equilibrado permitiría satisfacer todas sus necesidades sin intercambio con el exterior. No hay evidencias de que tales países existan, pues la mayoría de países tienen relaciones con el exterior y el equilibrio refleja que el país produce una serie de bienes y servicios que vende en parte fuera para comprar en cambio aquello que no produce. En la práctica, muchos países no logran este equilibrio, y aquí nacen problemas para ellos mismos y para el conjunto de la economía mundial. Cuando empezó la crisis, España tenía un enorme déficit exterior, del orden del 6% del PIB (básicamente debido al enorme desequilibrio en la balanza de bienes). En cambio, en los últimos trimestres existe un superávit superior al 2%. Esto parece justificar a los que han defendido que el ajuste salarial era imprescindible para ganar competitividad y que el sacrificio salarial es la base de la recuperación.
Analizadas al detalle, las cosas son bastante más complejas. De una parte, el superávit se ha producido fundamentalmente por dos cuestiones: la enorme caída del precio del petróleo —el elemento más importante en la creación del déficit comercial—, y el fuerte aumento de los ingresos por turismo. Es cierto que se han producido mejoras en todos los sectores de especialización, y que ha aumentado el volumen de exportaciones. Pero esto puede deberse a múltiples causas: desde una reducción de importaciones de productos extranjeros más caros por la crisis al simple relanzamiento del mercado automovilístico, que constituye el principal producto de exportación, y cuya dinámica depende de las lógicas productivas de las grandes multinacionales del sector (y donde los costes salariales españoles ya eran sustancialmente inferiores antes de la crisis). Cuando se analiza la evolución de la estructura del PIB y del empleo no se advierte que se haya producido un cambio estructural profundo en el área productiva. El sector manufacturero ha seguido perdiendo empleo y peso. El turismo se ha reforzado en cambio como la gran “industria” nacional que nos convierte en un exportador de “materias primas” particular. Que la situación no ha cambiado mucho lo expresan los datos de la estructura del PIB: en los últimos trimestres, a medida que la recuperación se acelera, se está debilitando el superávit exterior y crece el déficit comercial. Cualquier aumento serio de los precios de los combustibles puede volver a generar enormes dificultades.
El otro gran problema era el elevado grado de endeudamiento de la economía española. Al inicio de la crisis, éste era fundamentalmente privado, de las familias y sobre todo de las empresas. Parte del ajuste, especialmente el plan de salvamento del sector financiero, consistió en transformar deuda privada en pública. Las cifras de deuda exterior (pública y privada) y de deuda pública ofrecen un panorama peligroso. Las cifras del segundo semestre de 2017 indican que la deuda exterior de España ha alcanzado un record en términos absolutos (1,91 billones de euros) y se sitúa ligeramente por debajo de su máximo histórico en términos relativos (un 170% del PIB frente a un 174,6% de máximo en 2010). Aún en términos netos (descontando los activos financieros españoles en el exterior) se sitúa en el 86,5%, lo que supone un nivel de endeudamiento elevado. Si esta situación no se traduce en una grave tensión es fundamentalmente por la política monetaria del Banco Central Europeo, que ha generado una enorme liquidez y ha comprado ingentes cantidades de deuda. Pero un cambio en las políticas del BCE por cualquier tipo de razón puede poner a España en una situación de alta presión y en nuevas exigencias de ajustes insoportables. Por su parte, la deuda pública, tras los generosos planes de ayuda al sector privado, se sitúa en el torno del 100% del PIB, sólo soportable en el contexto de bajos tipos de interés. Las políticas de austeridad no se han traducido en una reducción sustancial de la deuda, como se ha propuggnado, sino todo lo contrario. El endeudamiento es endémico en el capitalismo actual por los desajustes que genera el modelo y por la enorme proliferación de mecanismos financieros que promueven su expansión.
No hay por tanto ninguna evidencia sólida que indique que realmente se ha producido un cambio en profundidad en el modelo productivo que justifique la promesa de una recuperación sólida que acabe con la pobreza y la precariedad. Son sólo circunstancias favorables —como el bajo precio de los combustibles, la política monetaria expansiva o el hiperdesarrollo turístico— las que han permitido generar una sensación de mejoría que, cuando menos, se presenta potencialmente inestable.
IV
La crisis económica de 2007 ha tenido graves costes sociales en nuestro país. Toda crisis los tiene, y las políticas aplicadas (en parte impuestas por los organismos internacionales, en parte promovidas gustosamente por las clases dirigentes locales) no han hecho más que agravar sus costes. Y han provocado cambios estructurales (como la reforma laboral, la liquidación de un sistema financiero para-público, los ajustes en servicios públicos básicos, la reforma inconclusa del sistema de pensiones…) que conducen a un modelo social de elevadas desigualdades y problemas recurrentes para enormes masas de población. No sorprende que, para algunos, la crisis sea vista como una cortina de humo para justificar estas políticas. Aunque sea un razonamiento inadecuado: la crisis es un producto normal del funcionamiento de una economía capitalista con tendencias al caos. Lo que ocurre es que una vez planteado el problema y el desastre, ha sido fácil para las élites aplicar las políticas más adecuadas a sus intereses (y más próximas al “sentido común” de sus intelectuales orgánicos).
La crisis, en gran parte resultado por el modelo de globalización neoliberal, curiosamente ha provocado un reforzamiento (con variantes) de la misma. En parte porque las élites no se han tenido que confrontar con una oposición que tuviera tanto fuerza social como ideas y proyectos mínimamente sólidos y estructurados. Veníamos de un largo período de derrotas y debilitamiento de los movimientos sociales, de las clases subalternas, y hemos sido incapaces de reconstruir a corto plazo una alternativa.
Lo más dramático es que, además de imponer medidas de un coste social brutal, no parece que las mismas hayan permitido superar los problemas macro y microeconómicos que están en la base de los problemas económicos convencionales de la economía española (desempleo, precariedad, déficit exterior, etc.). Y, por eso, las demandas de ajuste volverán a reaparecer en cuanto cambien los factores coyunturales que ahora dan un cierto respiro.
Cambiar el modelo productivo es más fácil de decir que de hacer en economías capitalistas, donde existen poderes económicos muy consolidados, donde las grandes empresas tienen dificultades para transformarse, donde las instituciones y poderes internacionales ejercen una presión desmesurada sobre las políticas locales… Y también en sociedades que han tratado de salir de la lógica capitalista y que tienen enormes dificultades para salir de sus viejas líneas de especialización, no sólo por la presión de los bloqueos externos. Y esta dificultad de cambio choca con la persistencia de problemas económicos de todo tipo: desequilibrios macroeconómicos, endeudamiento insoportable, paro, pobreza, desigualdad, degradación ambiental… Problemas que exigen transformaciones radicales. Transformaciones que demandan políticas bien pensadas, ideas y fuerzas sociales capaces de salir del marasmo en el que, digan lo que digan los voceros del poder, seguimos atrapados.
8/2017
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