Artículo extraído de Cristianisme i Justícia
ENTRE LA CRECIENTE PRECARIZACIÓN
Y LA INELUDIBLE NECESIDAD DE REPENSARLO
Cristianisme i Justícia
Teresa Crespo (ed.)
1. Introducción .....................................................................................................
2. ¿Qué modelo de trabajo tenemos y qué podemos esperar? ......................
2.1. El paro, principal factor de exclusión social .....................................
2.2. Condiciones del mercado laboral ......................................................
2.3. Reforma laboral en España:
¿la precarización como salida de la crisis? .......................................
2.4. ¿Qué papel tienen los sindicatos? ......................................................
2.5. ¿Un modelo de trabajo que ha llegado para quedarse?
El precariado como nuevo sujeto político .........................................
3. Repensar el trabajo: un debate ineludible .................................................
3.1. Luchar contra la crisis del trabajo:
¿de qué políticas sociales e instrumentos disponemos? ....................
3.2. Debate sobre el «mínimo vital»: el estado de la cuestión .................
3.3. ¿Hacia nuevas formas de trabajo? Aterrizando y entendiendo
las nuevas (y no tan nuevas) experiencias .......................................
3.4. A título de conclusión,
¿podemos ir más allá del trabajo asalariado? .....................................
El tema del trabajo ha ocupado y preocupado desde los inicios al equipo
de Cristianisme i Justícia. Ya en 1985 en el Cuaderno nº 8 Paro, trabajo,
planificación de futuro, Eduardo Rojo y Joan García-Nieto ofrecieron una
perspectiva de la situación en un momento de un paro muy elevado pero
en un contexto socioeconómico muy diferente al actual, que en muchos
puntos sigue resonando en el presente. Después, y durante estos más de
30 años, el tema ha continuado en publicaciones, en cursos y seminarios,
en el blog…
Este cuaderno ha sido fruto del seminario interno que el área social de CJ
dedicó el curso 2014-2015 al presente y al futuro del trabajo. Es, por lo
tanto, un cuaderno coral que pretende ofrecer una panorámica de aquellas
cuestiones más a debate desde una perspectiva de derechos y justicia
social dando claves de lectura y vías de salida al callejón sin salida actual.
La redacción principal ha ido a cargo de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes
d’Acció Social-ECAS, con la colaboración de Oscar Mateos, Xavier Casanovas,
Sonia Herrera y Santi Torres. Durante el seminario contamos también con las ponencias
de Eduardo Rojo, Diosdado Toledano, Desiree García, Cristina Cobo, Miquel
Palau, Joan Coscubiela, David Casassas y Pepa Muñoz. Y con la participación de
los miembros del Área Social: Alfons Calderón, Carles Comas, Carla Márquez, Joan
Travé, Josep Miralles, Josetxo Ordóñez, Julia López, Luis Sols, Mari Carmen de la
Fuente, Roser Solà, Ivan López, Nani Vall-llossera, Oriol Prado, Pepe Rodado, Toni
Comín y Vicent Martínez-Guzman.
INTRODUCCIÓN
Uno de los argumentos para defender la solidez de la denominada
recuperación económica durante estos últimos años ha sido el incremento
de puestos de trabajo en nuestro país. Ciertamente, el caso
español ha puesto en evidencia un cambio de tendencia notable, si
bien el número de personas sin ocupación sigue siendo de los más
elevados de Europa, registrando el paro juvenil una de las cifras más
estremecedoras de nuestro entorno. Esta terrible realidad es uno de
los principales factores que explican a su vez la grave y creciente desigualdad
social a la que nos estamos enfrentando. El contrato social se
ha roto y el presente y el futuro del trabajo serán vitales para entender
de qué manera podemos reconstruir un barco que hace aguas por
todas partes.
Aun así, las siguientes páginas quieren incidir especialmente en un
hecho esencial: más allá de las coyunturas de crisis o de recuperación,
los cambios que desde hace años —incluso, décadas— está sufriendo
el ámbito del trabajo, están sujetos a transformaciones muy de fondo,
de carácter global, que nos obligan a repensar de forma profunda qué
modelo se está configurando y cuáles son sus causas. Transformaciones
que indican que la competencia por el trabajo también se ha hecho
global, que los procesos de producción hoy en día buscan la mano de
obra más barata en este constante fenómeno de la «deslocalización»,
o bien que el irreversible proceso de tecnificación de la producción va
haciendo de la mano de obra un factor cada vez menos necesario. Así
pues, esta crisis estructural del trabajo, parte intrínseca de este «cambio
de época» que estamos atravesando, nos obliga a dar respuestas
de una complejidad totalmente extraordinaria.
Sin embargo, las consecuencias de este modelo no se están haciendo
esperar. La emergencia del precariado, concepto utilizado por diversos
sociólogos estos últimos años, indica la consolidación de una clase
social que a nivel global, tanto en el norte como en el sur del planeta,
se caracteriza por una creciente precariedad laboral y una aplastante
incertidumbre vital. Esta falta de perspectivas, este vivir a la intemperie
que afecta a tantas y tantas vidas, es también parte explicativa de este malestar social que afecta hoy en día a tantas sociedades.
El presente cuaderno quiere incidir sobre los interrogantes que plantea este escenario. En la primera parte se analizarán las características del modelo de trabajo que se está configurando y las perspectivas que existen al respecto. ¿Qué escenario del trabajo ha quedado después de la crisis tanto en España como en el conjunto de Europa? ¿Cómo ha afectado, en particular, la reforma laboral aprobada por el gobierno hace unos años a la realidad española? ¿Qué papel juegan los sindicatos en este nuevo contexto? ¿Qué caracteriza, en definitiva, el modelo global de trabajo que se está gestando?
Este primer ejercicio de diagnóstico nos conduce a una segunda parte mucho más prospectiva: la necesidad de pensar y debatir respecto a las respuestas y alternativas que nos plantea este modelo de trabajo. ¿De qué políticas sociales e instrumentos disponemos desde los estamentos públicos para hacer frente a las causas y consecuencias de esta crisis? Ante esta realidad, ¿tiene sentido empezar a plantearse la posibilidad de establecer un «mínimo vital» que garantice el derecho a la existencia? ¿Qué nuevas formas (y no tan nuevas) de trabajo se están configurando en el seno de nuestra sociedad? Ante la escasez y la crisis del trabajo, ¿nos podemos imaginar nuestra vida y existencia sin el trabajo asalariado?
Preguntas, todas ellas, fundamentales y que plantean la necesidad de entender la profundidad de los cambios que estamos viviendo y la urgencia de empezar a reflexionar y a debatir sobre alternativas al respecto.
Oscar Mateos
Responsable del área social de CJ
¿QUÉ MODELO DE TRABAJO TENEMOS Y QUÉ PODEMOS ESPERAR?
Los cambios que han provocado la última crisis económica nos obligan a hablar más bien de un cambio de época que de una crisis cíclica del sistema capitalista. Todo apunta a que en el futuro ya nada será igual, pero nos resulta difícil dibujar claramente el significado y la profundidad que tiene la transformación de nuestro contexto social y económico. De momento nos tenemos que conformar con ofrecer unas pinceladas sobre este nuevo escenario y sobre el papel que de-sempeñará el trabajo.
2.1. El paro, principal factor de exclusión social
Sin querer cargar con datos estadísticos, sí que tenemos que recuperar algunos, ya que nos ayudan a dibujar el panorama actual. La tasa de ocupación en España el IV trimestre de 2015 se situaba en torno al 47%, con una tasa de paro del 20,9%1. A pesar de la mejora relativa experimentada durante el año 2015, el paro sigue siendo una de las principales causas de la pobreza y la exclusión social de la población.
Además, nos encontramos con que los puestos de trabajo existentes se reparten entre menos personas, porque ha aumentado el número de trabajadores que ya no buscan una ocupación. En 2015 la población activa ha sido de 22.873.000 personas, la cifra más baja desde 2012, y las horas trabajadas no han aumentado, lo que nos indica que la debilidad del mercado laboral no ha desaparecido, sino todo lo contrario.
La perspectiva se agrava si nos fijamos en la franja de edad más joven, la de los 16 a 24 años, ya que el porcentaje de parados se eleva a un 46,24%, el doble del que hay en la Unión Europea. Por lo tanto, hay evidentes dificultades para una incorporación normal y efectiva al mercado de trabajo. También es
grave la situación de los mayores de 55 años. Aunque el porcentaje de paro no sea tan elevado, las características de esta población la hacen especialmente problemática a la hora de poder incorporarse de nuevo a un trabajo, y es en consecuencia la franja de edad en la que hay más parados de larga duración.
Precisamente si ponemos la lupa sobre los datos del paro de larga duración2, nos encontramos también con un panorama muy poco esperanzador. En el año 2015 había unos 3,1 millones de parados de larga duración, de los cuales 2,3 millones llevaban más de dos años en el paro. Sólo un 25% de estos parados recibe prestación, lo que significa que hay un volumen importantísimo de personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Esto lo corroboran los datos sobre el número de familias sin ningún ingreso periódico asegurado. En toda España, en 2014, el número de hogares con todos los activos desocupados era de 1.842.200, lo que suponía el 15,7% del total de los hogares. Seguramente este sea el dato más alarmante por las consecuencias que tiene sobre el incremento del número de niños que no tienen cubiertas sus necesidades básicas3 y que dependen totalmente de las ayudas de los servicios sociales.
2.2. Condiciones del mercado laboral
Pero no es únicamente la tasa de paro el indicador principal que ayuda a explicar el cambio que estos últimos años se ha producido en el mundo laboral. De hecho, con el argumento de la «recuperación económica» y la disminución del paro, el relato oficial se ha querido imponer intentando legitimar toda una serie de medidas que han puesto patas arriba las condiciones de las personas trabajadoras, por lo que respecta a temporalidad, tipo de jornada, nivel salarial… A continuación, se presentan algunas de estas nuevas condiciones.
Sobre el tipo de contratación, hay que destacar el porcentaje de población con contrato temporal respecto al total de asalariados. Ya ha llegado a casi el 20% y en el caso de los jóvenes llega hasta el 50%. Mucha de esta ocupación temporal tiene un carácter estacional. El carácter temporal y estacional de esta nueva ocupación ha provocado una notable brecha salarial entre personas que llevan tiempo trabajando en un mismo puesto y los jóvenes recientemente incorporados con las nuevas condiciones de contratación. Esta situación, que ya ha sido asumida como normal e irreversible, tiene efectos de precarización en los más jóvenes pero también en las personas de más de 50 años que a menudo acaban en el paro al ser sustituidas por personas con condiciones y niveles salariales inferiores.
No es extraño, por lo tanto, que nos encontremos también con una drástica reducción de los ingresos por el trabajo, de manera que crece progresivamente el colectivo de los llamados «trabajadores pobres». Hoy en día la ocupación ya no garantiza salir de la pobreza. Según Eurostat, el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza en España en 2014 era del 12,5%4, uno de los más altos de Europa. Esta problemática se agrava en el caso de las mujeres, ya que el género es desde hace tiempo una variable discrimina.
toria por culpa de la llamada brecha salarial5, y en el caso de las personas extranjeras que cobran 1,5 veces menos que las de nacionalidad española6.
En resumen, podemos decir que los datos indican que se ha producido un fuerte deterioro del mercado laboral, y esta pérdida de calidad ha dado lugar a diferencias contractuales y salariales que recaen fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y una gran parte de las personas migradas, que son quienes están sufriendo con más fuerza estas nuevas condiciones.
2.3. Reforma laboral en España: ¿la precarización como salidaa la crisis?
Desde Cristianisme i Justícia ya dedicamos dos «Cuadernos Virtuales» a la historia de las reformas laborales en España durante las últimas décadas7. Sin embargo, aquí sólo nos centraremos en la última reforma, la que impulsó el gobierno del Partido Popular en 2012. Mariano Rajoy, en su discurso de investidura de diciembre del 2011, proponía «facilitar la contratación, haciendo especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración; potenciar los contratos indefinidos por delante de los temporales, haciendo que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis». De la misma manera, el discurso insistía en «acabar con la rigidez del mercado de trabajo para poner las bases a la creación de trabajo estable». Todo ello, «llevando a cabo una profunda modernización de la legislación laboral al servicio de la creación de ocupación, que apueste por una mayor estabilidad, una mayor flexibilidad interna en las empresas y que considere la formación como un derecho del trabajador».
No hace falta decir que con la reforma de 2012 se dio la vuelta a aquellas promesas e intenciones como a un calcetín, con unas consecuencias devastadoras para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
La reforma, aprobada por el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero y continuada por la Ley 3/2012 de 6 de julio, resultado de la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley como proyecto de ley, lo hacía amparada por un discurso implacable: se tenían que seguir las directrices que el mercado reclamaba para conseguir una mayor productividad y mejorar así la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, su implantación ha tenido unas consecuencias colaterales que han cambiado de arriba abajo las relaciones laborales. Durante estos últimos años se ha potenciado una contratación precaria que valora poco o nada el nivel de formación y el capital humano de las organizaciones, debilitando los derechos y la protección social de los trabajadores. En estas condiciones no es extraño que crezca cada vez más la desafección, en especial de los jóvenes, hacia la actividad que lleva a cabo su empresa, debilitando el valor del trabajo y de la formación, y poniendo en grave peligro la cohesión social y la solidaridad entre los miembros de un mismo colectivo de trabajadores. Se ha querido primar la cantidad de la ocupación pero no que esta ocupación fuese digna, estable, segura y con un salario justo. De repente nos hemos encontra8
do con una parte importante de la población trabajadora subocupada, un ingente «ejército de reserva» al servicio de un sistema productivo que no garantiza su ocupación, y que por culpa de la precariedad laboral, se encuentra con muchas dificultades para articular un proyecto vital con garantías.8
2.4. ¿Qué papel tienen los sindicatos?
2.4.1. La reforma y el papel de los agentes sociales
Siguiendo con las consecuencias de la reforma hemos querido dedicar un apartado a hablar sólo de hasta qué punto ha quedado afectado el papel de los sindicatos por la nueva legislación laboral. Creemos que esta afectación ha sido sobre todo en tres aspectos:
a) La reforma ha ampliado de un modo muy exagerado el poder del empleador y ha debilitado la posición de los trabajadores y de sus representantes a la hora de establecer las relaciones laborales tanto individuales como colectivas.
b) La vía colectiva de regular el mundo del trabajo, a través de acuerdos y pactos, se va debilitando en favor de una relación mucho más individualista entre empresario y trabajador.
c) La precarización, como ya hemos visto, más que suponer una adaptación de la estructura productiva española, sólo ha logrado debilitar la posición del trabajador, cada vez más dispuesto a aceptar peores condiciones laborales.
Debido a todo esto, los sindicatos están sufriendo una fuerte deslegitimación con dificultades de adaptación y un cierto descrédito ante los cambios del mercado laboral. Su función de defensa de los trabajadores y el rol de interlocutor ante la empresa está siendo cuestionado desde muchos frentes, a veces incluso desde los mismos trabajadores, sobretodo por parte de aquellos con condiciones más precarias que los perciben como el refugio de un determinado perfil de trabajador que ha desconectado de las nuevas realidades laborales y defiende unos derechos que son vistos ahora paradójicamente como «privilegios».
2.4.2. Más allá de la reforma…
De todos modos, hay que decir que no toda la crisis de representación y legitimidad de los agentes sociales se ha debido a la crisis y a la reforma de 2012, puesto que también ha sido provocada por una revolución en el modelo organizativo de producción, que ha acabado afectando a las formas de participación y actuación de los trabajadores. Si antes una buena parte de los trabajadores se encontraba concentrada en polígonos industriales que facilitaban el encuentro, la asamblea y la posibilidad de concertar estrategias, hoy en día el hábitat del movimiento obrero ha desaparecido en buena parte por culpa de un capitalismo fortalecido y fundamentado en una economía globalizada, financiera y deslocalizada. La desintegración de la empresa tal y como la habíamos conocido ha conducido también a una desintegración del trabajo.
Las empresas se instalan en un país o en otro en razón de los beneficios salariales y fiscales o de las bonificaciones que reciben de los gobiernos. Esta dinámica, volátil y cambiante, dificulta la presencia efectiva de los sindicatos que por lo general no han sido capaces de agilizar sus estrategias.
Además, con la dificultad de acceso al mercado de trabajo, o con su precariedad e intermitencia, mucha gente no tiene experiencia laboral, y tampoco una conciencia de clase trabajadora que les lleve primero a una identidad compartida con otros y, más tarde, a la necesidad de articularse y organizarse en la defensa de sus intereses. Entonces los trabajadores se encuentran dispersos, sin ningún tipo de vínculo que los fortalezca.
Esta dispersión favorece también la aparición de un capitalismo popular, que tiene como objetivo captar la ciudadanía para convertirla en cliente o comprador del sistema capitalista. Crece entonces entre la población la aspiración de formar parte de los que disfrutan de las ventajas del modelo, participando de la propiedad del capital, de los bienes de producción y de otros privilegios, para escapar precisamente de unos ingresos que sólo dependan del salario.
Parece evidente la necesidad de reconstruir la identidad de la clase trabajadora, y de hacerlo ya no sólo en el marco estatal sino en el que nos viene dado por la Unión Europea. Una nueva identidad generadora de otras formas nuevas de organización que permita rehacer las relaciones sociales y laborales a través de nuevas formas de participación, comunicación y actuación. El sindicalismo tendría que repensarse para ser capaz de configurar un nuevo modelo que se adapte a la situación actual del trabajo atomizado y precarizado, siempre con la misma premisa de no renunciar a la defensa de los derechos y los valores fundamentales de la persona. Pensamos que tanto por el número de afiliados y afiliadas, como por su implicación en medianas y grandes empresas, continúan teniendo una importancia central a la hora de entender las relaciones laborales.
2.5. ¿Un modelo de trabajo que ha llegado para quedarse?
El precariado como nuevo sujeto político
En este contexto de falta de recursos interactúan muchos factores que determinan que cada vez sea más difícil que la persona pueda salir de la situación multiproblemática en la que se encuentra inmersa. Para entender este escenario reproducimos un fragmento del Informe FOESSA9.
«La población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis. La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud. En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las que se han visto más afectadas…».
El informe se pregunta: «¿cómo es posible que este mundo de marginación y pobreza, de hambre física y de exclusión social, se vaya instalando de forma permanente a nuestro lado y de una manera mucho más agresiva y masiva que hace pocos años? ¿Tiene que ser necesariamente así?»
Estas preguntas nos cuestionan claramente el modelo socioeconómico que
estamos viviendo y piden respuestas. A continuación enumeramos algunas de las realidades que definen este nuevo panorama socioeconómico marcado por las desigualdades y la exclusión social.
2.5.1. Nuevos perfiles de pobreza, más extensa, más y más cronificada
Nuestra sociedad capitalista ha priorizado el beneficio particular por encima de los intereses comunes. Si en tiempo de bonanza económica no fuimos capaces de reducir la pobreza, mucho menos cuando el terremoto de la crisis la ha consolidado y aumentado. Así pues, nos encontramos con una pobreza estructural que ya existía pero que actualmente se ha vuelto mucho más severa, profunda y duradera. Se dan situaciones y experiencias que hace unos años eran impensables, como la existencia de muchas familias que no tienen ningún ingreso, que han perdi-
do o están en riesgo de perder la vivienda o que no pueden garantizar la cobertura de sus necesidades más elementales.
Junto con la pobreza «de siempre» ha aparecido la nueva pobreza que se corresponde a un nuevo grupo de población que no tiene trabajo durante un largo periodo de tiempo, y a pesar de tener las competencias laborales y personales, se ha visto excluido del mercado laboral. Son personas que han entrado en una espiral de pobreza y precariedad de la cual cada vez les resulta más difícil salir. A partir de 2007 en España ha aumentado el número de personas a las cuales les faltan los recursos mínimos para vivir una vida digna. De repente personas que se consideraban miembros de las clases medias se ven incapaces de hacer frente a los posibles gastos extraordinarios o imprevistos. Tengamos presente que si el coste de alquiler o de compra (con la hipoteca) significaba antes de la crisis un 12 o 15% del presupuesto familiar, hoy en día se ha disparado a porcentajes insostenibles que llegan al 60% de la economía familiar. Este hecho provoca que el riesgo de exclusión residencial aumente como nunca había pasado antes.
Como ya hemos dicho más arriba, aparece un nuevo perfil de pobreza, el de los trabajadores pobres. Personas que no llegan a cobrar ni el salario mínimo interprofesional (648,60€ al mes o 9.080€ al año) y que en muchos casos no superan el umbral de la pobreza situado en 7.961€/año. Y esto, a pesar de llevar a cabo jornadas laborales de ocho horas o más. Hay que recordar que en el año 2008 había un 4,76% de hombres y un 14,12% de mujeres en esta situación, pero después de la reforma laboral de 2012, y en datos de Eurostat de 2014 llegaba ya casi al 12,5% del total de los trabajadores y trabajadoras españoles.
2.5.2. Incremento de las desigualdades
Aunque parezca un tópico es una realidad: cada día los pobres son más pobres y los ricos, más ricos. La diferencia entre los unos y los otros aumenta significativamente. El último informe de Oxfam Intermón prevé que si no cambian las cosas, en el año 2016 el 1% de la población mundial controlará el 99% de las riquezas del planeta. Y respecto a España este mismo informe nos aporta el dato de que las 20 personas más ricas ganaron 15.450 millones de dólares en 2013, y disponen, ellas solas, de tanto dinero como el 30% de la población española más pobre junta, formada por unos 14 millones de personas.
Igualmente la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)10 nos proporciona unos datos preocupantes. Desde el inicio de la crisis (2007) el grupo de renta más baja ha pasado de concentrar del 32% al 40% de la población, y el grupo de renta media ha pasado del 60% al 52% de la población. Una tendencia que los últimos estudios rea-firman al indicarnos que este dato se ha desplomado hasta el 44%. Hay que repetirlo las veces que haga falta: la crisis no ha afectado de igual manera a todas las clases sociales: cuanto más pobre es una persona, sufre mayor vulnerabilidad y tiene más dificultades para superar las situaciones adversas en que se encuentra. Por desgracia, los gobiernos han tenido muy poco en cuenta esta premisa en sus políticas fiscales y de protección social.
2.5.3. Una nueva clase social llamada precariado
Algunos estudios e investigaciones llevados a cabo en universidades del Reino Unido han popularizado una nueva concepción de la estructura de clases: siete clases sociales que se distribuirían desde la elite en la parte superior de la escala social hasta el precariado en la parte inferior. Esta última clase se define como «la clase de los más desfavorecidos, con bajos niveles de capital económico, cultural y social». Las personas de esta nueva clase denominada precariado tienen todo tipo de capacidades potenciales que les gustaría desarrollar, pero no pueden porque no tienen dinero, sus vidas son inseguras y sin sentido, y sólo pueden acceder a un trabajo precario que no les permite escoger. Así se ven forzadas a aceptar aquello que el mercado laboral les ofrece, porque les faltan las condiciones más elementales, como es el reconocimiento de los derechos sociales y laborales.
Este precariado constituiría una clase muy heterogénea (cada vez se incorporan más y más titulados universitarios) que tendría en común la inseguridad laboral, una inseguridad que los amenaza y que los hace sentir continuamente en el borde del abismo y el fracaso. La presencia de este precariado, por el volumen que va adquiriendo y por las posturas extremistas y reivindicativas de sus componentes en defensa de unos derechos que no tienen, constituye una potencial fuerza social que permitiría la construcción de una nueva política colectiva hasta el momento inexistente.
Su presencia nos lleva a afirmar, como veremos en la segunda parte de este cuaderno, que estamos ante nuevas formas de trabajo y otros modelos de regulación laboral que comportan nuevas ideologías y nuevas estrategias de organización.
2.5.4. Incremento continuado de los ninis
España tiene un 18% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son los llamados ninis, expresión que no consideramos acertada porqué conlleva una carga peyorativa. Este dato está directamente relacionado con el abandono educativo prematuro que se encuentra a niveles altísimos (en España, el 24,9%), prácticamente el doble que el conjunto de la Unión Europea (12,8%), siendo un factor sangrante para el futuro de los jóvenes y que exige mayor atención para encontrar vías de solución.
Una de las características de este colectivo es la dificultad de inserirse en la vida adulta. Según las valoraciones que hacen algunos autores, su vulnerabilidad depende del nivel de estudios que llegaron a terminar, y también está relacionada con el nivel de formación de los padres. Entre los jóvenes, que son hijos de padres con estudios postobligatorios, el 3,6% son ninis con vulnerabilidad severa, mientras que los jóvenes ninis que son hijos de padres sin estudios postobligatorios, sufren una vulnerabilidad severa del 13,8%.
La evaluación que hizo la OCDE12 del sistema de formación profesional español considera que el número de alumnos matriculados en la llamada FP es totalmente insuficiente. A pesar de que en estos últimos años ha aumentado un 22%, aún no tiene el prestigio necesario entre los jóvenes, lo que provoca que un 70% de los jóvenes opte por los estudios del bachillerato, unos estudios que no siempre finalizan con todo lo que esto supone de proceso formativo interrumpido. La OCDE valora positivamente el aumento de la oferta de FP dual que considera como una alternativa para superar este rasgo negativo diferencial que estamos sufriendo desde hace tiempo, a la vez que valora también los beneficios del aprendizaje en el puesto de trabajo especialmente adecuado en el momento de la formación postsecundaria.
Un informe realizado por la Unión General de Trabajadores (2011)13 sobre esta problemática alertaba que «si la gente sin formación no se forma, no habrá nunca un cambio de modelo productivo», y se quejaba de que los programas existentes dirigidos exclusivamente a jóvenes que combinan formación y práctica laboral son insuficientes, ya que sólo cubren el 8,7% del total de este grupo de población. Por otro lado, señalaba que las plazas de formación profesional siguen siendo insuficientes, subrayando que el problema de este colectivo no es sólo económico, ya que «el primer paso hacia la exclusión social es la exclusión laboral». Así pues, hay que tener en cuenta que existe una responsabilidad política, pero también de toda la sociedad a la hora de crear ocupación digna para los jóvenes. En definitiva, según este sindicato la baja cualificación formativa es el auténtico problema del mercado laboral actual, y destaca que el gobierno no ha actuado para erradicar esta problemática, sino que contrariamente a lo que sería necesario ha suprimido escuelas taller y casas de oficio, y no ha potenciado programas de cualificación profesional inicial (PCPI) dirigidos a los jóvenes con un nivel bajo de estudios para conseguir un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado laboral y la planificación de la formación ocupacional.
2.5.5. Cambio de signo en el movimiento migratorio
Nos encontramos con un nuevo escenario, en el cual la emigración de la ciudadanía autóctona ya ha sobrepasado el nivel de entrada de inmigrantes. A pesar de considerar que la movilidad en un contexto de globalización es ine-
vitable, lo cierto es que desde el año 2008 la tendencia migratoria es claramente negativa, por un lado a causa de la crisis que no ofrece oportunidades laborales a esta población de fuera de nuestras fronteras, y por otro, a un gran volumen de población autóctona joven que se ve obligada a buscar una oportunidad laboral en el extranjero.
Pero a pesar del actual desequilibrio entre oferta y demanda de la fuerza de trabajo, se prevé que en un futuro este flujo migratorio volverá a revertir su signo, ya que se producirá un nuevo crecimiento económico que provocará que nuestro país vuelva a necesitar una mayor cantidad de mano de obra que no será cubierta por la población autóctona. Así pues, nos encontramos en una situación transitoria que por razones demográficas volverá a cambiar. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de adaptar nuestras políticas migratorias, últimamente demasiado centradas en la impermeabilidad de las fronteras y en los mecanismos de expulsión.
2.5.6. Mayor número de enfermedades mentales
Últimamente se constata que la crisis ha provocado un empeoramiento de la salud de la ciudadanía. El incremento del paro, la precariedad laboral y la pobreza están condicionando la salud de la población que se encuentra en estas circunstancias, dándose una mayor presencia de depresiones o de otros desequilibrios psicológicos, y un mayor número de ingresos hospitalarios por intentos de suicidio o por enfermedades de larga duración. Así pues, tenemos claro que la pobreza genera una brecha social, que provoca desigualdades en la salud y condiciona directamente la esperanza de vida de la población de un mismo territorio, donde puede darse un diferencial de hasta once años, según el nivel de bienestar o de privaciones en que se encuentre la persona.
3.1. Luchar contra la crisis del trabajo: ¿de qué políticas sociales e instrumentos disponemos?
La pobreza severa y la mayor desigualdad actual contrastan con unas políticas públicas restrictivas que no pretenden resolver las causas de esta situación, sino que sólo buscan paliar los efectos más urgentes y negativos. El objetivo prioritario a la hora de elaborar los presupuestos ha sido durante los últimos años el del ahorro y el gasto mínimo, provocando así que las prestaciones se agotasen en especial para las personas más vulnerables, porque los plazos son más reducidos y el acceso a cualquier ayuda es cada vez más difícil con la exigencia de nuevas condiciones más restrictivas.
Esta dinámica entra en flagrante contradicción con el compromiso adquirido por el Estado español dentro de la Estrategia 2020 de la UE que obliga a los estados miembros a buscar «altos niveles de ocupabilidad, productividad y cohesión social»14, objetivos que a estas alturas están lejos de ser logrados.
A continuación echamos un vistazo a algunos de los instrumentos políticos
3. REPENSAR EL TRABAJO: UN DEBATE INELUDIBLE
Por ahora, nuestro sistema de protección social no es capaz de dar cobertura a todas las demandas sociales derivadas de la crisis. En gran medida, porque esta protección queda condicionada por el hecho de haber cotizado en la seguridad social. Tanto los trabajadores intermitentes como aquellos que nunca han llegado a cotizar quedan expuestos a la pérdida progresiva de derechos sociales y a la falta de garantías de cobertura. De esta realidad se derivan situaciones con un alto riesgo de exclusión.
de los cuales disponemos, con la intención de valorar su capacidad transformadora en relación con el paro y con sus consecuencias. Fijémonos también en aquello que nos propone Europa y cómo se aplica en el Estado español.
3.1.1. Sistema de pensiones
La carga sobre el sistema de pensiones se ha incrementado ostensiblemente
durante el periodo 2008-2014, no tanto porque haya aumentado la cuantía de
estas pensiones, sino por el fuerte incremento del número de pensionistas.
En el año 2014 había casi un millón más de pensionistas que en 2008, y esto
ha sido fruto del envejecimiento de la población, pero también del efecto
de la crisis que ha llevado a muchos trabajadores a jubilarse de manera anticipada
ante la imposibilidad de seguir ocupados. Por otro lado, desde 2008
han disminuido en un 7,7% el número de cotizaciones que sostienen las pensiones.
El riesgo de sostenibilidad del sistema ha sido precisamente una de las justificaciones de la reforma laboral y la incentivación de los llamados planes de pensiones de carácter privado.
Así pues, aunque aumente la ocupación, difícilmente la contribución de
los trabajadores en activo será suficiente para hacer frente al gasto de las pensiones
generada por el envejecimiento de la población. Además, los salarios
son cada vez más bajos, y en consecuencia la aportación proporcional
del trabajador es inferior. Por lo tanto, hará falta a corto plazo buscar formas
de salvaguardar la correcta cobertura de la denominada «población pasiva»,
tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Algunos autores proponen modelos alternativos de protección, como los que
se han empezado a implementar en algunos países europeos con un modelo
mixto, donde una parte de la cobertura de las pensiones se integra dentro de
los servicios públicos con cargo en los presupuestos del Estado.
Actualmente nos encontramos con jóvenes que llegan a los 30 o 40 años
sin haber cotizado, y con parados de larga duración que ya han agotado
todo tipo de prestaciones. Se va dibujando, pues, para muchas personas, un
futuro oscuro si se mantiene el sistema actual. Pero al mismo tiempo crece la
necesidad de reconocer a toda la ciudadanía el derecho a tener unos mínimos
ingresos en su futura jubilación. Todos aquellos que no han cotizado
lo suficiente tendrían que percibir una pensión no contributiva (PNC), o en
el marco del sistema de bienestar una renta garantizada que asegurase los
mínimos de subsistencia para vivir dignamente con independencia de la cotización
realizada a lo largo de la vida.
3.1.2. Prestaciones y subsidios estatales en el paro
El incremento del paro ha exigido un
mayor gasto público para cubrir la
prestación a los parados que han cotizado
como mínimo 360 días en 6 años,
y el subsidio de paro de aquellos que
no tienen una cotización suficiente o
que han agotado el tiempo de la prestación15.
Esta realidad ha generado un
cambio en la distribución de los recursos
con un incremento del gasto en
prestaciones (77,5%), disminuyendo
la inversión dedicada a la promoción
de políticas activas (22,5%), con gra16
ves consecuencias por lo que respecta
al impulso de la ocupación. A título de
ejemplo ofrecemos algunos datos. En
Cataluña desde el año 2011 la inversión
en políticas activas de ocupación
ha sufrido una reducción del 65%, y en
todo el Estado español el presupuesto
por este concepto en 2011 era de
7.322M€ y en 2013 era de 3.803M€.
La tasa de prestaciones por desocupación
en estos años se ha reducido
en 19 puntos y el número de parados
con prestación, en 663.459 personas,
lo que representa que aproximadamente
en España hay 1.840.260 personas
paradas que están excluidas del
sistema de protección para el paro. Si
actualizamos los datos a diciembre de
2015 nos encontramos con que de los
2.134.099 parados que cobran alguna
prestación, el 38% reciben prestaciones
contributivas y el 62 %, prestaciones
asistenciales.
Este baile de cifras nos lleva sólo
hacia una única dirección: la evidencia
de una debilidad creciente por parte de
un sistema protector de prestaciones
que ya no puede garantizar la dignidad
de millones y millones de personas
abocadas a un riesgo evidente de exclusión
social.
3.1.3. Políticas para la mejora
del mercado laboral
Todo ello nos obliga a preguntarnos
cuáles tendrían que ser las políticas a
impulsar para la mejora del mercado
laboral. El proyecto sobre la ocupación
en Europa16 enumera las líneas maestras
que los países de la Unión Europea
tendrían que adoptar para luchar contra
el paro. Estas tienen una perspectiva
global y abordan temas ocupacionales
específicos, formativos y de protección
e integración social.
Encontramos medidas para reforzar
las políticas activas del mercado
de trabajo incrementando la capacidad
de ocupación de los servicios públicos
mejorando la eficacia, aumentando
el número de ofertas de formación o
contratando más asesores laborales.
También se propone introducir medidas
específicas para acercar el mercado
laboral a los parados de grupos más
desfavorecidos (personas con discapacidades,
parados de larga duración y
personas migrantes). Se introduce también
el «programa de garantía juvenil»
para ayudar a los jóvenes que no se
encuentran en el mercado de trabajo,
impulsando medidas para el incremento
de las tasas de ocupación femenina
(introduciendo cambios en los servicios
de educación y atención a la primera
infancia o revisando la normativa
sobre permiso parental de cara a mejoras
de conciliación laboral-familiar y
el fomento de la corresponsabilidad).
Otras medidas relacionadas directamente
con la ocupabilidad pasan por
el aumento de los salarios mínimos, la
mejora de los procesos de negociación
colectiva, la aplicación de medidas fiscales
para fomentar la creación de ocupación,
el estudio de los sectores generadores
de ocupación, el hacer frente a
la problemática del mercado de trabajo
informal o sumergido, etc.
Otro pilar de las políticas públicas
que permite incidir en el mercado laboral
tiene relación con la mejora de
los sistemas educativos. Las propuestas
en este ámbito pasan por el fomento
del aprendizaje de adultos, las medidas
que faciliten la transición de la escuela
lados al trabajo, tendría que obligar
a replantearnos la cuestión de cómo
garantizar un mínimo vital. De hecho,
así lo reconocen tanto la Constitución
Española17 como algunos estatutos de
autonomía, como es el caso del Estatuto
de Cataluña18. Ofreceremos aquí
una pequeña síntesis sobre las diferentes
propuestas que existen o que se
están valorando. Nos centraremos sobre
todo en el caso catalán, pero que
creemos que ejemplifica una serie de
propuestas que tendrían que estar hoy
por hoy en un lugar preferente de la
agenda de las políticas sociales.19
3.2.1. La Renta Mínima de Inserción
(RMI)
La Renta Mínima de Inserción, que
data de 199720, se diseñó con carácter
universal para la ciudadanía con graves
dificultades económicas y sociales,
con el propósito de atender sus necesidades
básicas y favorecer la inserción
social y laboral.
Reconoce el derecho a unos ingresos
garantizados por los servicios sociales
del sistema público y es complementario
con las demás prestaciones
de este sistema o con otros ingresos
que la persona pueda percibir. En función
de las características de las personas
y de las unidades familiares que
se encuentran en situación de pobreza
se elabora un Plan Individual de Inserción,
entendido como un instrumento
educativo que la persona beneficiaria
se compromete a seguir. El objetivo
es ayudar y hacer seguimiento de las
personas receptoras para conseguir
que puedan «insertarse socialmente y
laboralmente» a través de un proceso
personal de mejora de sus competen-
17
a la vida laboral, la mejora de los sistemas
de educación y formación profesional
o el establecimiento de marcos
normativos para mejorar la transparencia
de las cualificaciones a través de
las fronteras de la UE.
Finalmente se reconoce la necesidad
de políticas de inclusión social y
de lucha contra la pobreza que tendrían
un impacto directo sobre la ocupación.
En concreto, hablamos de la lucha
contra la pobreza infantil potenciando,
entre otros, el acceso a la atención y
la educación de la primera infancia, la
mejora de los derechos de jubilación
en personas que prolonguen su vida
laboral o la revisión de los sistemas de
atención sanitaria y protección social
para asegurar unos mínimos controlando
los costes.
Creemos que la concreción de estas
medidas tendría que permitir superar
la situación de falta de cohesión y de
riesgo de exclusión que hoy en día una
parte importante de nuestra sociedad
está sufriendo. Sin embargo, por desgracia
los datos de los últimos años,
por lo que respecta a la inversión pública
en políticas sociales y ocupacionales,
es bastante preocupante, ya que
no han existido unas políticas activas
de ocupación adecuadas, ni políticas
de protección compensatorias, ni una
cobertura universal que garantice un
mínimo vital a la ciudadanía.
3.2. El debate sobre el ‘mínimo
vital’: estado de la cuestión
Una clara falta de perspectiva a medio
y largo plazo por lo que respecta a la
ocupación, y la desaparición de buena
parte de los derechos sociales vincucias
profesionales y transversales. Por
lo tanto, se trata de un acuerdo con la
persona a la cual, siempre que sea posible,
se le pide una contraprestación.
Curiosamente, en Cataluña este
programa sufrió importantes restricciones
en plena crisis21 cuando ante el
incremento de la demanda se decidió
reducir este gasto restringiendo los derechos
de las personas e introduciendo
unas medidas bastante más restrictivas
en relación con la duración, los ingresos
y las condiciones personales y familiares
exigidas. Como resultado de
aquel decreto muchas personas fueron
expulsadas del programa, y hoy en día
aún estamos a la espera de una reforma
que corrija los errores.
3.2.2. La Renta Garantizada
de Ciudadanía (RGC)
Por ahora, la Renta Garantizada de
Ciudadanía es sólo una reivindicación
que toma como base jurídica para su
aplicación el artículo ya citado 24.3
del Estatuto de autonomía de Cataluña22.
Su concreción, definición y articulación
como proyecto de ley es una
propuesta de la sociedad civil que se
impulsó en forma de Iniciativa Legislativa
Popular (ILP). Se presentó en el
Parlamento de Cataluña con 121.000
firmas durante la legislatura 2012-
2015 y actualmente se encuentra en
proceso de tramitación parlamentaria.
Tanto a nivel práctico como de concepto
supone avances importantes respecto
a la RMI y es mucho más favorable
hacia las personas beneficiarias.
En esta nueva prestación se propone
el reconocimiento de un derecho
individual para asegurar una vida digna,
se baja la edad para poder acceder
18
a los 18 años, se da derecho a recibir
esta renta a toda persona que tenga 12
meses de residencia legalizada, tiene
un carácter suplementario con otros
ingresos, no obliga a ninguna contraprestación
y el importe es superior a la
RMI23. La prestación tiene un carácter
indefinido siempre que se cumplan algunas
condiciones, como mantenerse
inscrito como demandante de ocupación
y no rechazar una oferta de trabajo
adecuada a la profesión y a las titulaciones
académicas o profesionales
del titular.
En definitiva este modelo representa
un paso más en las políticas de
garantía de rentas, y dibuja una capacidad
más grande del Estado para dar
mayor cobertura a un mayor número
de ciudadanos. Comporta también el
cambio del sistema de protección, la
modificación de leyes sociales y prestaciones
con la eliminación de diferentes
ayudas que se tendrían que unificar
para dar mayor coherencia a las prestaciones
existentes. Los más críticos con
esta nueva prestación cuestionan su
viabilidad económica y su futura sostenibilidad,
y se plantean la necesidad
de seleccionar y priorizar su concesión
a aquellos colectivos con un nivel de
ingresos que no les permita hacer frente
a los gastos más básicos de la vida
cotidiana.
3.2.3. La Renta Básica Universal (RBU)
Esta sería la tercera de las rentas garantizadas
a debate. Es una renta que
ya no se entiende como una prestación,
sino como una asignación básica ciudadana
que va mucho más lejos que
las otras dos propuestas contemplando
un nuevo modelo de distribución de la
libertad de negociación y de decisión
sobre aquello que quiere hacer en la
vida: si quiere una ocupación o quiere
desarrollar su actividad fuera del mercado
laboral.
A la pregunta de si esto se está llevando
a cabo en algún sitio tenemos
que decir que a nivel internacional y
en una escala estatal no, a excepción
de Alaska, y este es uno de los argumentos
principales de sus detractores,
que ven la RBU como inviable y económicamente
insostenible.
3.2.4. A título de conclusión.
El modelo triangular de voz,
salida y lealtad
En toda relación laboral se identifican
tres elementos clave (voz-salida-lealtad)
que se articulan y retroalimentan
de forma triangular definiendo la evolución
de las relaciones laborales según
la relación de fuerza de cada uno
de los elementos. En la medida en que
se disponga de una cierta seguridad
personal y económica, la voz del trabajador
tendrá más fuerza, e inmediatamente
variará la capacidad de salida.
Es decir, si me explotan, puedo irme,
porque mis mínimos vitales no están
ligados a un puesto de trabajo que me
explota, pero si me tratan bien, me
quedaré y contribuiré con mi trabajo al
enriquecimiento del proyecto: lealtad.
No hace falta decir la importancia que
tienen los derechos sociales para reforzar
la opción de salida, ya que si la
persona tiene derechos de ciudadanía
reconocidos, tiene una serie de seguridades
garantizadas y puede plantear
las opciones laborales y ocupacionales
con mucha más libertad. En cambio, si
esta se ve condicionada por una situarenta
y del reparto del trabajo para toda
la población.
La Renta Básica es un ingreso de
pleno derecho pagado por el Estado
a cada ciudadano o residente, con independencia
de si quiere o no trabajar
de forma remunerada. Es decir, la
RBU permite una diversificación del
concepto de trabajo: remunerado en
el mercado, doméstico o de cuidado,
y voluntario. Es la persona la que en
función de sus necesidades o expectativas
decide participar o no en uno u
otro tipo de trabajo.
Esta renta no tiene en consideración
el nivel económico de la persona,
es decir, no contempla cuáles puedan
ser sus otras fuentes de renta, y no importa
con quién conviva la persona beneficiaria.
Tiene un carácter universal
y todo ciudadano tiene derecho a ella,
sin condiciones. El importe de la renta
es el mismo para todo el mundo, aunque
no significa que todos ganen igual,
porque por la vía de la fiscalidad se
compensa la cantidad recibida, consiguiendo
como resultado que el 70% de
la población con rentas más bajas salga
beneficiada, mientras que el 15% más
rico pierda en relación con los tramos
fiscales actuales, y otro 15% se mantenga
igual24.
El objetivo prioritario es garantizar
un reparto más equitativo de la renta
con un carácter preventivo que luche
contra las desigualdades, aumente la
libertad e independencia económica de
la población, e incremente la capacidad
negociadora de las condiciones de
todo contrato laboral. Cuando la persona
tiene asegurados unos ingresos, no
se ve obligada a malvender su trabajo
y dispondrá, por lo tanto, de una mayor
19
ción de pobreza, aparece la dependencia
como única alternativa para sobrevivir
debilitándose estos elementos del
triángulo y condicionando la capacidad
de negociación.
Así, la Renta Básica podría ser una
de las claves para conseguir un buen
funcionamiento del modelo triangular,
ya que una renta incondicional con un
Estado del bienestar potente significaría
el reconocimiento de los derechos
sociales y la mejora de las condiciones
de toda la ciudadanía. La persona estaría
capacitada para decidir la opción
de salida que desea, si entra a trabajar
como asalariado con unas condiciones
dignas, o si opta por no entrar a trabajar
y valora el tiempo libre para hacer
otras cosas, o si se dedica a hacerse
cargo de los familiares dependientes…
Así pues, tendríamos que pensar en
una sociedad en la que todo el mundo
dispusiera de unos recursos incondicionales
que serían la palanca más real
y efectiva para acceder a una actividad
humana libremente elegida. La renta
básica nos permitiría desmercantilizar
la fuerza del trabajo e impulsar nuevas
palancas de activación de otras formas
de vida que ahora nos parecen irrealizables.
25
3.3. ¿Hacia nuevas formas
de trabajo? Aterrizando
y entendiendo las nuevas
(y no tan nuevas) experiencias
En el mundo laboral existen experiencias
alternativas que ponen en práctica
una forma diferente de entender
el trabajo. Tanto por lo que respecta
a su objetivo último, crear ocupación
para colectivos en riesgo de exclusión
20
o buscar vías de financiación alternativas,
como por lo que respecta a su
forma, articulando criterios de democracia
económica para que los trabajadores
participen de las decisiones
organizativas o de la propiedad de los
medios de producción. Algunas de estas
experiencias son nuevas, otras más
antiguas, todas ellas minoritarias, son
germen de nuevas formas de entender
las relaciones laborales que creemos
que hay que explorar.
3.3.1. Sector no lucrativo
y economía social
Hoy en día se apunta que el tercer sector
y la sociedad de base buscan vías para
la reconstrucción de nuestras comunidades,
con nuevas formas de relación,
a pequeña escala, como el trueque o el
intercambio de saberes y de cualquier
otro tipo de bienes. Estas vías pueden
llegar a ser alternativas a la producción
del mercado que hasta ahora hemos estado
viviendo, y podrían ser el inicio
de una sociedad diferente, más equitativa,
donde la economía social debería
tener mucha más fuerza y las lógicas
del mercado no invadieran espacios
hasta ahora liberados del intercambio
comercial.
En la base de todo esto hay unos
valores en común que definen buena
parte de los principios de la economía
social. Un estudio llevado a cabo por
CEPES26 destaca las características siguientes:
— La utilidad social, es decir, poder
obtener un servicio o un producto
a menor coste con el objetivo
prioritario de reducir las desigualdades,
trabajar para los más desfavorecidos
y mejorar la organización
gracias a dinámicas participativas
de sus miembros.
— La mejora de la cohesión social
y territorial, en la medida en que
permite redistribuir los recursos
económicos con criterios de justicia
equitativa.
— La rentabilidad social gracias
a prestar un servicio, ayudar o dar
atención a la persona buscando su
bienestar y autonomía.
— La generación de ocupación,
en especial en servicios de cuidado
que implican mucha mano de obra
y una atención individualizada a la
persona.
— La política de recursos humanos
ya que las carreras profesionales,
la formación y la participación
son valores que dan coherencia a
las organizaciones.
— La presencia del voluntariado
que permite la colaboración desinteresada,
siendo un factor de crecimiento
y de visualización de la
organización.
Así pues, existe una clara identificación
del tercer sector social o sector
no lucrativo con la economía social,
compartiendo una misma concepción
que ha sido causa y efecto de su reciente
evolución definida por el servicio a
las personas.
En la economía productiva, cabe
destacar los siguientes proyectos sociales:
— Las empresas de inserción (EI),
la empresa de inserción es una vía
para la inserción laboral de los colectivos
más vulnerables. Tiene la
doble función de crear actividad
21
económica al mismo tiempo que
genera espacios específicos para
capacitar a aquellas personas que
tienen mayores dificultades para
incorporarse al mercado laboral ordinario
de una manera estable.
— Los centros ocupacionales de
trabajo, en el marco de las políticas
de creación de ocupación para
colectivos con dificultad se crearon
estos centros en los que la población
con alguna discapacidad física
o psíquica pueden desarrollar y
mejorar sus competencias, llevando
a cabo un trabajo adaptado a sus
capacidades. Así, la persona llega a
sentirse útil en la sociedad, al mismo
tiempo que se consigue un nivel
de producción con productos reconocidos
en el mercado.
3.3.2. La experiencia
de las cooperativas
El cooperativismo ha estado muy vinculado
a la autoocupación y ha representado
una salida en momentos de
dificultades económicas. Aunque no
siempre han tenido éxito, por lo general
las cooperativas han soportado mejor
que la empresa privada mercantil
los ataques de la crisis, y en el futuro
pueden ser una buena alternativa económica.
Las cooperativas se caracterizan
por ser una asociación autónoma
de personas que crean una empresa de
autogestión democrática que se define
por la participación, la toma de decisión
colectiva, la corresponsabilidad
de todos los socios, un trabajo compartido
en beneficio de los trabajadores y
de la organización, y una regulación
laboral consensuada que proteja y vela
por el bienestar de sus socios.
El movimiento cooperativo en España,
si exceptuamos algunas zonas,
es débil. En la década de 1980 tuvo
un fuerte tirón, precisamente en un
momento en el que cerraban muchas
empresas. Sus trabajadores buscaban
una salida laboral y esto los llevó a
crear cooperativas. Ciertamente, de
aquellas, muy pocas sobreviven en la
actualidad. En los años de bonanza
económica casi nadie se planteó crear
cooperativas porque su modelo significaba
no poder disponer de beneficios
particulares, tener que gobernar desde
el consenso y la participación, y disponer
de un número de socios suficiente
que con sus aportaciones económicas
permitieran una organización que diese
sostenibilidad.
Últimamente desde el sector social
se han impulsado nuevas cooperativas
y hoy en día existe un avivamiento en
el sector. Algunas de las cooperativas
nuevas son cooperativas de servicios o
de crédito, en las cuales compradores y
productores son socios de la cooperativa
y tienen como objetivo común contribuir
al desarrollo de un determinado
territorio o ámbito profesional.
3.3.3. Nuevos modelos de financiación.
La economía colaborativa
La dificultad de acceso a la financiación
a través de la banca tradicional,
muy criticada por sus implicaciones en
la crisis financiera global y que hoy en
día sólo da crédito a un precio muy alto,
ha obligado a la ciudadanía a buscar
nuevas vías de acceso a recursos para
aquellas iniciativas que tienen funcionamiento
y lógicas alternativas.27
Experiencias del llamado crowfunding
como Verkami o Goteo buscan fi-
22
nanciar iniciativas empresariales, culturales
o artísticas. Lo hacen, atrayendo
a través de internet, públicos o
usuarios potenciales que aportan dinero
o saberes previos al desarrollo de
la idea. Así se dota al emprendedor
de capacidad financiera previa y de
una estimación del éxito potencial
de la propuesta. Habrá que estar atentos
a estas nuevas modalidades económicas
que están creciendo.
La otra cara de la moneda son experiencias,
de signo más conservador,
que buscan utilizar las nuevas herramientas
digitales para ofrecer productos
o servicios habituales eludiendo la
regulación actual y el impacto fiscal de
su actividad económica gracias a la ingeniería
financiera y a la tecnología de
las redes sociales. Quieren compartir
servicios e introducirse en el mercado,
y, si bien son cada vez más habituales
y siempre bajo el principio positivo
de la libertad y el bajo coste (compartir
coche o casa), son muy cuestionables
ya que compiten con el mercado tradicional
con el agravio añadido de que
algunos de ellos no contribuyen al erario
público.
Una alternativa de economia colaborativa
de carácter financiero la encontramos
en la banca ética, que tiene
por objetivo la gestión del ahorro y la
oferta de productos financieros con un
carácter puramente social, entre ellas
las cooperativas de servicios financieros
(como COOP57), en las que sus
clientes no priorizan la rentabilidad
económica sino social, financiando
proyectos que fortalezcan nuevas experiencias
de ayuda mutua, como son
los avales mancomunados personales
sin necesidad de notarios, con sólo la
garantía de la confianza personal.
ticia social, promoción de la dignidad
humana… conformando así un «balance
del bien común» como herramienta
legalmente vinculante. Entre otras medidas,
pretende cambiar la estructura
salarial con mayor igualdad entre los
diferentes niveles dentro de una misma
empresa, para ganar más equidad y reducir
las diferencias que tenemos hoy
en día. Diferencias crecientes que no
se pueden justificar ni por el nivel de
responsabilidad en las organizaciones,
ni por el tiempo de dedicación y trabajo.
En este tipo de economía se defiende
que las desigualdades de ingresos y
de la riqueza han de limitarse mediante
el debate y por decisión democrática,
considerando aceptable, como máximo,
diez veces el salario mínimo legal.
También valora la utilidad social
de los productos o servicios ofrecidos,
la participación y democracia interna
dentro de la organización, y el reparto
justo de las cargas de trabajo.
Ya existen bastantes experiencias
en marcha en nuestro país, y dentro del
marco de la pequeña y mediana empresa
que aplican los criterios de la economía
del bien común. También han
aparecido otras alternativas cercanas y
similares como son la economía civil
(Zamagni) o la economía de comunión
(Focolares).
Minijobs o el reparto del trabajo
como excusa
En un momento en el que no hay trabajo
para toda la población, algunos
proponen repartir el trabajo existente.
Este reparto entronca con la cuestión
de las alternativas. El mismo Serge
Latouche, uno de los padres de la idea
del decrecimiento, sitúa este reparto en
Tampoco olvidemos las Asociaciones
de Comunidades Autofinanciadas
(ACAF), formadas por grupos de 10 a
30 personas que ahorran conjuntamente,
y con el dinero que recogen ofrecen
un acceso rápido y sencillo a pequeños
créditos. Estimulan el ahorro, potencian
la colaboración comunitaria e
impulsan el retorno de los créditos que
los reparten de nuevo entre los socios.
Las ACAF son un programa de educación
financiera learning by doing
(aprendemos mientras hacemos), que
permite crear redes de apoyo entre sus
socios, fomenta la confianza y el liderazgo,
y facilita el acceso a otros servicios
como aseguradoras, vivienda,
etc., consiguiendo su sostenibilidad sin
fondos externos.
3.3.4. Otras propuestas
Economía del bien común
Esta opción defendida por el economista
austríaco Christian Felber28 propugna,
sin romper con la lógica económica
de mercado actual, unos valores
que aseguren el éxito de las relaciones
y la felicidad de las personas. Propone
aplicar incentivos que potencien la
búsqueda del bien colectivo: confianza,
cooperación, solidaridad y voluntad
de compartir, buscando unos intereses
no tan económicos sino de utilidad y
de participación en el bienestar de toda
la sociedad.
Promueve una economía al servicio
de las personas y tiene por objetivo redistribuir
la riqueza y evitar las desigualdades.
Para conseguirlo crea una
serie de indicadores a aplicar en la empresa
y que se refieren a su sostenibilidad
ecológica, participación en la jus-
23
este paradigma y en la necesidad de
revisar nuestras vidas hiperproductivas.
Es una cuestión a tener en cuenta,
y más cuando se consolida la idea de
un desempleo amplio que llegará a ser
estructural.
Ahora bien, esta cuestión del reparto
acostumbra a mezclarse con la
propuesta de los minijobs, de carácter
totalmente neoliberal y que no es
ninguna alternativa. Aparentemente,
ambas soluciones tienen el mismo objetivo:
compartir la ocupación sin incrementar
este bien escaso, pero a la
hora de la verdad, los minijobs, lo único
que hacen es sustituir unos puestos
de trabajo por otros y mantener permanentemente
la rotación de la mano
de obra sin consolidar estos contratos
laborales ni incrementar las plantillas
existentes. Hoy en día nos encontramos
con que el 80% de los trabajadores
de estos minijobs no consiguen
pasar a una ocupación estable y con
jornada completa.
El ejemplo más conocido y pionero
de la experiencia de los minijobs
ha sido Alemania. Se trata de jornadas
de pocas horas y salarios reducidos
(unos 400€ al mes). Este tipo
de contratación está complementada
por un subsidio estatal que garantiza
unos mínimos ingresos a cada persona
trabajadora, hecho que facilita la
expansión de esta práctica dentro del
mercado laboral, ya que significa una
reducción de gastos para el empresario
que ve indirectamente financiados los
costes de producción. Las condiciones
de estos contratos son precarias y no
está claro que el resultado final sea la
dinamización del mercado laboral tal
y como se pretende, puesto que estos
24
puestos de trabajo se caracterizan por
la más absoluta flexibilidad y temporalidad,
y por jornadas parciales y salarios
bajos, y no mejoran la calidad y
la seguridad de la contratación. En un
momento coyuntural puede llegar a ser
una solución transitoria o provisional,
pero no se tendría que aceptar como
modelo permanente, ya que a la larga
genera una nueva dualidad dentro del
mercado laboral.
Esta modalidad ha dado lugar a una
praxis indeseable: muchos trabajadores
tienen contratos de jornada parcial
por los cuales cotizan en la seguridad
social y declaran impuestos, pero llevan
a cabo jornadas completas el complemento
de las cuales cobran de forma
irregular. Así se agrava de nuevo
la discriminación y la vulneración de
los derechos entre la población más
pobre, obligada a aceptar esta modalidad
contractual con las consecuencias
que comporta sobre todo pensando en
cómo les quedará la jubilación a causa
de la baja cotización de hoy en día.
Emprendimiento o el peligro
de la autoexplotación
En estos últimos años han aparecido
políticas públicas que incentivan que
las personas en el paro, gracias a la
capitalización de su prestación o con
otras ayudas, inicien un negocio propio.
Creemos que es necesaria una
cierta prudencia sobre esta opción. Es
verdad que en más de una ocasión puede
representar una oportunidad para
salir de una situación difícil, pero no
siempre los resultados acaban siendo
positivos. En el mejor de los casos son
una simple autoocupación, ya que no
realizan ninguna contratación, y en
25
el peor, una pura autoexplotación, ya
que la persona autónoma trabaja más
de ocho horas de la jornada habitual y
su situación como emprendedor nunca
llega a regularizarse totalmente. La
persona se esfuerza durante tiempo esperando
los resultados positivos de la
inversión y trabajando sin ningún tipo
de garantía ni red de protección. Añadiendo
aún la dificultad de conseguir
los créditos necesarios para impulsar
cualquier negocio en un momento en
el que la política bancaria es muy restrictiva.
En el conjunto de las iniciativas
de emprendimiento destaca un gran
número de mujeres (38% del total de
emprendedores). La razón principal no
es la conciliación familiar como tantas
veces hemos oído, sino que es la dificultad
que éstas tienen para encontrar
un trabajo, y después de un periodo de
paro optan, como única alternativa, por
hacerse autónomas, aunque pocos proyectos
llegan a ser verdaderas empresas
con contratación de personal.
Bajo el discurso el imperativo del
emprendimiento, potenciado tanto por
el Estado como por el mismo mercado,
se esconde muchas veces la incapacidad
de revertir un modelo social que
individualiza los riesgos y responsabilidades,
haciendo a la persona no más
autónoma (en el sentido amplio de la
palabra) sino esclava de un modelo de
éxito difícilmente alcanzable.
3.4. A título de conclusión,
¿podemos ir más allá del trabajo
asalariado?
Todos los cambios socioeconómicos
de estos últimos años nos llevan a
constatar una progresiva transformación
del concepto del trabajo que evidencia
que éste ya no tiene capacidad
para evitar el riesgo de caer en la exclusión,
dejando de ser el medio que
asegura los recursos necesarios para
una vida digna. El sueño de la plena
ocupación ya no es posible y se está
configurando otro modelo en el cual
encontramos nuevos actores (nuevas
clases sociales) que se relacionan de
una manera completamente diferente.
Se nos plantea una nueva dualidad
definida por un lado por la noción de
trabajo ligado a un salario (labour), y,
por otro lado, la concepción del trabajo
(work) entendido en un sentido genérico
que no implica una relación contractual
ni un intercambio monetario.
Según la primera concepción tendríamos
que defender la plena ocupación,
pero por ahora quizá hay que repensar
y revalorizar otro tipo de trabajo centrado
en el cuidado, la producción artística,
cultural… No queda claro cuáles
de estos dos modelos pueden ser
más viables en la economía futura.
Algunos autores29 afirman que al
confundir el reparto del trabajo con el
de la ocupación no hay posibilidad de
justificar democráticamente que el único
acceso a la seguridad y al bienestar
de la ciudadanía sea por medio de la
ocupación. No podemos condicionar el
derecho a una renta que cubra los mínimos
vitales al derecho a la ocupación,
cuando el sistema capitalista no puede
garantizarla a todo el mundo ni puede
crear las condiciones que alejen la precariedad.
La ocupación es un concepto dinámico
y variable según el proceso personal
y el entorno social y territorial en
el que se desarrolla, y por eso no puede
ser la vía para la integración de toda la
ciudadanía. En consecuencia, estamos
obligados a repensar muchas de las cosas
que hasta hoy han sido elementos
que han sustentado nuestro estado del
bienestar. La falta de ocupación nos
obliga a buscar alternativas al trabajo
que ha sido durante años el eje estructurante
de nuestro modelo socioeconómico.
Es urgente innovar en la búsqueda
de nuevas vías de participación, de
creación de redes, de espacios relacionales,
de hacer y de actuar por el bienestar
de la comunidad. En definitiva,
estamos pensando en nuevas opciones
para la integración de las personas en
una sociedad que ha de ser más inclusiva,
que ha de potenciar la capacidad
de crear actividad y que ha de priorizar
a las personas, y no el consumo ni el
beneficio propio, para la mejora de la
cohesión social.
La dicotomía entre los intereses del
capital y el trabajo asalariado ha sido
una constante histórica y muchos pensadores
lo han puesto de manifiesto.
Aristóteles hablaba del trabajo asalariado
como una esclavitud a tiempo
parcial, porque las personas que aceptaban
este contrato quedaban desposeídas
y se veían forzadas a aceptar la
propuesta que se les hacía. El derecho
romano citaba el contrato por obra y
decía que una persona que sabe hacer
cosas llega a un acuerdo con otra a
quien entregará un bien a cambio de un
precio, diferenciándolo del contrato en
el mercado de trabajo en el que la persona
vende su propia capacidad de trabajo.
Marx, uno de los grandes teóricos
del capital, se reafirmó en esta idea
del trabajo asalariado como esclavitud
26
a tiempo parcial. Por otro lado, desde
las opciones liberales, Adam Smith
enaltece la figura del productor libre,
del artesano que iba a vender sus bienes
en el mercado. Y al mismo tiempo
desde la libertad republicana, en el
trabajo asalariado del mercado capitalista
se considera que la persona ha
sido desposeída previamente, y se ve
obligada a agachar la cabeza y a aceptar
las condiciones que el empresario
determina. Este hecho presente a lo
largo de la historia, a pesar de suponer
limitaciones a los derechos de la persona
y una sumisión a la arbitrariedad
de quien contrata, ha generado en épocas
de bonanza económica el bienestar
de la clase trabajadora. En definitiva,
el problema no es la realización de un
contrato, que en principio podría ser la
garantía de un acuerdo a cumplir ambas
partes, sino que la cuestión radica
en las condiciones en que se cierra este
contrato y en las circunstancias y situación
de la persona que se ve obligada a
aceptar unas determinadas condiciones
a veces muy injustas.
Es necesario pensar en otras opciones
de trabajo que no sea productivo,
como es la participación de la ciudadanía
en la cosa pública, la acción solidaria,
o el trabajo en la comunidad que
pueden ser motores de cambio, factores
de cohesión social, generadores
de competencias, de nuevos modelos
de actividad que lleguen a convertirse
en nuevas vías de subsistencia y verdaderas
alternativas al trabajo remunerado.
La existencia de esta realidad
fundamentada en la ciudadanía activa
implica la necesidad de que el Estado
garantice a todo ciudadano el derecho
a la cobertura de los mínimos vitales.
cado laboral y ha sometido a una gran
parte de la población a situaciones de
pérdida de los derechos más elementales,
con la falta de los recursos necesarios
para vivir dignamente y la más
gran desigualdad de todos los tiempos.
Ante este escenario de precarización,
vulnerabilidad y empobrecimiento
de las clases medias, lleno de
contradicciones que hace unos años
nadie se podía imaginar, se nos plantean
unos retos difíciles, algunos de
los cuales hemos apuntado en este cuaderno,
para transformar el mundo del
trabajo en el horizonte de la justicia
social. Tenemos el convencimiento de
que sólo con un cambio profundo del
modelo socioeconómico que priorice
el bien colectivo, un estado del bienestar
potente que invierta para garantizar
los derechos de la ciudadanía y el desarrollo
integral de cada persona, y unas
políticas fiscales que promuevan una
sociedad más corresponsable y equitativa,
podremos vencer los obstáculos
que hoy por hoy marginan a una buena
parte de la población.
A lo largo de estas páginas hemos
hablado de otra economía colaborativa,
solidaria, participativa, social, ética,
del bien común… y en este sentido
hemos apuntado experiencias que han
cambiado determinadas realidades. Pero
hace falta dar un paso más que haga
posible que estas iniciativas, llevadas
a cabo a pequeña escala, con grupos
reducidos, en territorios delimitados y
con escasos recursos, den un salto para
tener la capacidad de modificar las relaciones
sociales y conducirnos a una
sociedad nueva en la que el trabajo, entendido
de un modo mucho más amplio
con las diferentes modalidades que se
También desde el precariado, como
nueva clase emergente y sujeto político,
se puede empezar a promover la
transformación social con cinco principios
de justicia social según propone
G. Standing30: unas políticas diferenciadas
a favor de los grupos más vulnerables
—siguiendo la lógica de justicia
de Rawls—; no regular sólo a los trabajadores
sino también a los «ricos ociosos
»; fortalecer los derechos y reducir
el poder de la discrecionalidad y de
la beneficencia; trabajo digno y satisfactorio
en todos los sentidos, no sólo
remunerado, y contención ecológica.31
Otros autores ya han vaticinado el
paso a una nueva economía, que cualifican
como social, entendiéndola como
aquella que está al servicio de las
personas. Así, Jeremy Rifkin32 pronosticó,
a partir de los procesos de tecnificación
y robotización, el paso a una
nueva etapa de la historia humana con
un contingente de parados e infraocupados
cada día más alto, y en la cual
el trabajo ya no existiría para una amplia
mayoría de la población. Hablaba
de la era del postmercado donde sería
necesario pensar en formas alternativas
al trabajo tradicional y con nuevas
formas de disponer de los recursos y
repartirlos.
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Llegamos al final de este documento
en el cual hemos intentado ofrecer una
visión de las grandes transformaciones
que a lo largo de los últimos años hemos
sufrido a causa de la crisis, pero
sobre todo, a causa del modelo económico,
de un capitalismo financiero y
globalizado que ha desmontado el mer-
mos que ir descubriendo estas alternativas que nos conducirán a la sociedad que deseamos. Ignacio Ellacuría nos instaba a «revertir la historia, subvertirla y arrojarla en otra dirección», a «superar la civilización del capital»,
a «curar la civilización enferma»… Por este motivo, aferrándonos a sus palabras, creemos que este texto no apunta a la utopía, sino más bien a una eutopia justa y realizable que pasa por la reconstrucción de la cohesión social y la edificación de una nueva identidad de clase adaptada a los tiempos —infaustos, quizás— que nos ha tocado vivir.
han citado, sea patrimonio de todo el mundo, y cada ciudadano y ciudadana se sienta miembro activo y agente de cambio en la comunidad a la que pertenece, permitiéndole al mismo tiempo desarrollarse y compartir la riqueza de los valores personales y sociales, fruto de la cooperación, la participación y el esfuerzo de todos y de todas.
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