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El 10 de enero, en una entrevista publicada en El Diario Vasco, el Lehendakari Iñigo Urkullu decía

que necesitaremos lo que resta de década para volver a la situación previa a la crisis. Es decir, trece

años, en lo que muy probablemente es, a pesar de todo, una perspectiva optimista. ¿Y cuanto tiempo

más para arreglar y remodelar el deterioro causado durante todo ese tiempo, y para hacer frente a

los nuevos grandes retos laborales, fiscales, demográficos, tecnológicos?

Y es que todavía el paro ronda el 20% en el conjunto del Estado y el 12,5% en la CAPV. En

Gipuzkoa, que es el territorio de todo el Estado con menor tasa de paro, andamos por el 10,5%.

Aunque se esté creciendo a algo más del 3% anual, comprobamos que los efectos sobre el empleo

son limitados, que el 45% de las personas en paro está sin protección, dado el gran peso del paro de

larga duración. Aunque en diversos estudios se vaticina que en el año 2016 se crearán entre 400 mil

y 500 mil empleos, su calidad es muy baja, la tasa de temporalidad es altísima, así como el número

de contratos a tiempo parcial. Los salarios son muy bajos, hasta el punto en que la condición de

mileurista es ya casi un chollo, al tiempo que aumenta el número de personas que trabaja sin

protección efectiva de un convenio colectivo. Empezamos el año 2016 con 541 convenios

colectivos pendientes de renovación en la CAPV, que afectaban a 252.728 personas. Los convenios

de empresa, por importantes que sean, siguen afectando a una minoría de trabajadores y

trabajadoras, a unos 16.000 al finalizar el año 2015. En la CAPV, se ha empezado 2016 con el

59,5% de los convenios colectivos prorrogados, con el 19,5% decaídos y con el 21.5% en vigor. En

Gipuzkoa empezamos el año con el 36,6% de los convenios prorrogados, el 46,8% decaídos y el

16,6% en vigor.

Hay recuperación de algunas de las grandes magnitudes económicas, pero ello no está implicando

que haya una equivalente y paralela recuperación social. Hay un importante deterioro de las

condiciones de vida de muchas personas, con un tercio de la población del Estado en riesgo de

pobreza, el 22,1%, con datos de ingresos de 2014, que sube hasta el 33,3% en el caso de la

población extranjera comunitaria y al 55,3% en el caso de la población extranjera extracomunitaria;

con el hecho de que un 12,5% de los trabajadores con empleo son pobres; con que los trabajadores

y trabajadoras que están por debajo del umbral de pobreza crecen más rápidamente desde que se

implantó la reforma laboral; con que hay 3 millones y medio de niños en riesgo de pobreza; con que

todavía el 13,7% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad; con

3

que todavía el 39,4% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; con que

todavía el 9,4% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados

con la vivienda (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, gastos de comunidad);con que un

tercio de las personas que trabajan perciben un salario mensual inferior al salario mínimo

interprofesional, menos de 650 euros mensuales. Por otro lado, un organismo como la OIT, señalaba

el 21 de enero, que se podía aumentar el salario mínimo en un 10% sin perjudicar la competitividad

de la economía española, aunque el Gobierno hace mutis por el foro a este tipo de recomendaciones.

Comparativamente, la CAPV y Navarra son las dos comunidades Autónomas que presentan

menores tasas de riesgo de pobreza y mejor situación en cuanto a las dificultades económicas de los

hogares, así como unos mayores ingresos medios netos anuales por persona, 13.836 euros en el País

Vasco y 13.300 en Navarra. La media del Estado es de 10.419.

Se calcula que para volver a la situación previa a la crisis, a la situación del año 2007, se tendrán

que crear del orden de 2,5 millones de empleos en el conjunto del Estado. Pero, el problema es que,

además del número, si se quieren reducir las desigualdades, hay que crearlos de calidad, con

salarios decentes y decentes condiciones de trabajo. Y eso se sigue sin ver. Y no se verá mientras

persista el marco construido a partir de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular.

No es serio echar las campanas al vuelo de la recuperación, si no se rebaja muchísimo la tasa de

paro, se le da la vuelta a la precariedad laboral, a los bajos salarios y a la pérdida de derechos

laborales de los trabajadores y trabajadoras. En el año 2015, se firmaron en la CAPV 867.255

contratos de trabajo y el número de personas afiliadas a la Seguridad Social creció en 20.730

personas. En definitiva, que para que hubiere una persona más afiliada estable, hicieron falta 42

contratos de trabajo.

Los y las trabajadoras jóvenes están sufriendo particularmente las consecuencias de la precariedad

laboral. El 68% de los y las jóvenes con empleo de la CAPV, comprendidos en la franja de edad de

25 a 29años, trabajan con contratos por tiempo cierto, a tiempo parcial o de forma discontinua. Y

eso tiene efectos en el conjunto de condiciones de vida de esas personas jóvenes. Así, según el

Gobierno Vasco, la inseguridad y la precariedad laboral desalienta a 35.000 parejas jóvenes a tener

hijos, o les obliga a retrasar esa decisión hasta tener algo más de estabilidad. También tienen

grandes dificultades para independizarse y poder alquilar viviendas donde poder vivir. El 56% de

los y las jóvenes gipuzkoanas se ven trabajando en el extranjero, tienen plenamente interiorizado

que muy probablemente tendrán que emigrar.

Durante el primer semestre del año 2016, en la CAPV se han firmado 441.462 contratos de trabajo,

de los que 32.526 fueron indefinidos, el 7,4%, y 408.942 fueron temporales, el 92,6%

Y el futuro inmediato, más allá de la coyuntura política, de los dos procesos electorales ocurridos en

los últimos seis meses, no es especialmente halagüeño, a pesar de la creación de empleo que se

viene produciendo. Y no lo es por la mala calidad del mismo, por su precariedad.

Bruselas insiste en que hay que hacer más recortes, un recorte extra de 8.600 millones, y blande el

espadón de la multa por el exceso de déficit. Al mismo tiempo, la Seguridad Social cerró el año

2015 con el mismo volumen de reservas que había en el año 2011, con 32.485 millones. Durante el

año 2015 se detrajeron 13.250 millones. Lo que añade un nubarrón más a la situación general.

El trabajo precario, además de bajos salarios y malas condiciones de vida generales, implica un

volumen de cotizaciones precario, con la repercusión que ello tiene en la recuperación de la hucha

de la Seguridad Social. Los trabajos y los salarios precarios implican futuras prestaciones precarias,

tanto en materia de bajas por enfermedad, invalideces, viudedades y jubilaciones. Es una cadena.

4

Así, vemos que, por ejemplo en Gipuzkoa, aumenta el número de personas comprendidas entre 40 y

59 años que necesitan de la RGI como complemento de sus salarios.

A lo anterior habría que añadir los fraudes que se cometen contra la Seguridad Social. Durante el

año 2015, la Inspección de Trabajo descubrió a 800.000 personas trabajando sin que los

empleadores les hubiesen dado de alta en la Seguridad Social, en el conjunto del Estado.

Los especialistas en seguir la coyuntura económica y la evolución del desempleo, dicen que es

necesario apostar firmemente por empleos de calidad, sobre todo para las personas jóvenes. Que es

necesario apoyar que 10.000 trabajadores y trabajadoras jóvenes de la CAPV accedan a empleos

cualificados. Lo que no está tan claro es hasta qué punto coincidirán los deseos con la realidad.

En el ámbito de la CAPV, y afectando muy especialmente a Gipuzkoa, en este semestre ha sido muy

significativo el anuncio del cierre de Acelor en Zumarraga. Y no solo por el impacto en el paro en la

localidad y la comarca, sino como muestra de las dificultades de hacer frente a las decisiones que

adopta una multinacional que no tiene ninguna relación con el lugar donde se realiza la producción

de los bienes, y no toma en consideración los efectos sociales que sus decisiones conllevan. Los

trabajadores han recurrido a las administraciones públicas para recabar su apoyo, pero las

decisiones se adoptan lejos, en despachos donde Zumarraga es solo un nombre.

1º trimestre 2º trimestre

Nº de personas en paro 4.791.400 4.574.700

Tasa de paro 21,00% 20,00%

Tasa de actividad 59,29% 59,41%

1º trimestre 2º trimestre

Nº de personas en paro 3.979.600 3.829.900

Tasa de paro 19,81% 19,01%

Tasa de actividad 57,76% 57,90%

1º trimestre 2º trimestre

Nº de personas en paro 811.800 744.700

Tasa de paro 29,72% 27,31%

Tasa de actividad 73,58% 73,54%

1º trimestre 2º trimestre

Nº de personas en paro 131.600 128.700

Tasa de paro 12,80% 12,50%

Tasa de actividad 53,83% 56,86%

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1º trimestre 2º trimestre

Nº de personas en paro 35.200 34.700

Tasa de paro 10,5% 10,23%

Tasa de actividad 57,06% 57,63%

CAPV Conjunto del Estado

Tasa media total 12,80 21,00

Nacionalidad española 11,61 19,81

Extranjeros en general 30,01 29,72

Extranjeros comunitarios 16,98 23,85

Extranjeros extracomunitarios 37,00 33,18

Fuente INE

CAPV Conjunto del Estado

Tasa media total 12,50 20,00

Nacionalidad española 11,03 19,01

Extranjeros en general 33,18 27,31

Extranjeros comunitarios 25,38 23,57

Extranjeros extracomunitarios 37,64 29,49

Total Extranjeros

Estado 3.767.054 441.270

CAPV 144.425 22.925

Araba 23.678 5.703

Bizkaia 81.672 10.541

Gipuzkoa 39.075 6.681

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Total beneficiarios de prestaciones 209.595

Contributivas 93.012

Subsidio 84.360

Subsidio eventuales agrarios 1.504

Renta agraria 1.752

Renta activa de inserción 24.737

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Programa activación para el empleo 4.230

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

CAPV Araba Bizkaia Gipuzkoa

Total 4.725 1.077 2.002 1.646

Por lo tanto, de las personas extranjeras registradas en el paro, solamente algo más del 20% percibe

alguna prestación en el ámbito de la CAPV, alrededor del 19% en Araba, el 19% en Bizkaia y algo

más del 24% en Gipuzkoa.

País % Cantidad

Bélgica ..8,7 429.000

Bulgaria 7,1 236.000

Rep. Checa 4,1 220.000

Dinamarca 6,0 180.000

Alemania 4,2 1.778.000

Estonia --- -----

Irlanda 8,4 184.000

Grecia 24,2 1.159.000

Francia 9,9 2.910.000

Croacia 14,6 282.000

Italia 11,7 2.986.000

Chipre 11,6 47.000

Letonia 9,6 96.000

Lituania 8,2 121.000

Luxemburgo 6,2 17.000

Hungría 5,6 258.000

Malta 4,3 9.000

Holanda 6,4 572.000

Austria 5,8 258.000

Polonia 6,3 1.083.000

Portugal 12,0 610.000

Rumanía 6,4 573.000

Eslovenia 7,8 78.000

Eslovaquia 10,2 282.000

Finlandia 9,1 244.000

Suecia 6,9 366.000

Reino Unido 4,9 1.620.000

Fuente: Eurostat

Como se ve en el cuadro, Grecia y España son los dos países de la Unión Europea con mayor tasa

de paro. Y lo mismo ocurre con la tasa de paro de jóvenes menores de 25 años: España 45% y

Grecia 51,4%. En abril de 2016, 21.224.000 personas se encontraban en paro en el conjunto de la

Unión Europea, de las 16.420.000 correspondían a la zona euro. Aunque son cantidades inferiores a

las de 2014, siguen siendo muy grandes, especialmente en algunos países, Grecia, España, Croacia,

7

Portugal, Italia, Chipre y Eslovaquia, todos ellos con tasas superiores a la media de la Unión. Y lo

mismo ocurre con las tasas de paro de los menores de 25 años.

CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia

Enero 49.650 8.596 16.915 24.099

Febrero 49.596 8.348 17.118 24.130

Marzo 50.145 8.402 17.394 24.349

Abril 51.050 8.520 17.826 24.704

Mayo 52.229 8.554 17.948 24.724

Junio 51.773 8.998 18.129 24.646

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La crisis del sistema de asilo de la Unión Europea ha continuado manifestándose con toda su

crudeza durante este primer semestre del año 2016. Resaltaríamos:

se encontraban en Grecia e Italia, adoptado el 25 de septiembre de 2015, y que

comprometía a la totalidad de los países de la Unión.

año 2003, no sirve para regular las situaciones de solicitud de asilo cuando estas

adquieren un cierto volumen y se producen en espacios de tiempo relativamente cortos.

Es más, la confirmación de que en ese tipo de circunstancias, que son las que han

existido durante 2015 y el primer trimestre de 2016, el mismo reglamento es parte del

problema.

merezca tal nombre. Las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE, aplicables en su

totalidad desde el 21-7-2015, aunque son importantes, no cubren ese papel.

más fuerte que la solidaridad entre ellos. Esa insolidaridad ha llevado a la adopción de

decisiones restrictivas pensadas hacia dentro de los Estados, sin reparar en los efectos

que las mismas tenían en los Estados vecinos y en el conjunto de la Unión: vallas,

alambradas, cuotas diarias de entrada, boicot activo a lo acordado en Bruselas, pasividad

en la aplicación de las decisiones, etc.

entre ellos, que adoptan decisiones para no respetar y cargarse los acuerdos de la propia

Unión. Es el caso del denominado grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República

Checa, Eslovaquia), formado para boicotear los acuerdos sobre el reasentamiento de

refugiados y que presiona a favor de políticas más restrictivas.

de virtuosos en materia de defensa de los derechos humanos, ni respetan los propios

textos, de los que todos son cosignatarios, que conforman el sistema de asilo moderno:

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Convención de Ginebra de

1951, Protocolo de Nueva York de 1967 y Carta de Derechos Fundamentales de la

Unión Europea.

8

El Consejo Europeo celebrado los día 18-19 de febrero de 2016 marcó el inicio del gran giro

de carácter humanitario.

Por lo tanto, nada sobre las recolocaciones o reasentamientos acordados desde septiembre de 2015.

Nada sobre cómo mejorar los sistemas de acogida. Nada sobre la protección de las personas, primer

imperativo de una política de asilo que merezca tal nombre. Según los dirigentes del Consejo, es

decir, los primeros ministros de los veintiocho países, el objetivo de la política de asilo es la

contención, la protección y la salvaguarda de las fronteras de la Unión. A los solicitantes de asilo, a

las personas que se agolpaban en las fronteras, que les den dos duros. El asilo, la protección

internacional de las personas, que es la esencia de cualquier política de asilo, no formaba parte de

las prioridades políticas de la Unión.

El giro autoritario, que atenta contra el derecho de asilo entendido como un derecho fundamental de

las personas, se da, de forma definitiva, en el Consejo Europeo de 18-19 de febrero de 2016. Es este

Consejo el que marca la pauta de lo que en marzo se acordó con Turquía.

En efecto, lo que un mes después se pactó con Turquía está en muy buena medida, delimitado por lo

acordado en el Consejo de febrero de 2016. Este Consejo marca el fin de una política que, con

contradicciones y retrocesos, había permitido que en el año 2015 hubiese habido 1.255.640 primo

solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión Europea.

Se pone de manifiesto que los veintiocho Estados que componen la Unión Europea no van a

impulsar una política que ponga en primer plano el acogimiento de personas que sufren

persecución, el derecho que esas personas tienen de pedir ser protegidas por ello. Aunque las

necesidades reales de acogimiento son evidentes, y están delante de nuestras narices, se dice que no,

y se opta abiertamente por lo contrario, por la restricción.

Así, el 7 de marzo, después de negociaciones y viajes diversos, se llegó a un preacuerdo con

Turquía, que se acabaría de pergeñar en el Consejo Europeo que se celebró los días 17 y 18 de

marzo. En resumen, ese acuerdo implica:

reducir la inmigración ilegal.

Oriental.

eximirá a sus ciudadanos y ciudadanas de la obligación de disponer de un visado de

estancia para entrar en el espacio de la Unión Europea y que se reanudarán las

conversaciones para una futura integración de Turquía en la Unión Europea.

Las consecuencias de semejante acuerdo, de un acuerdo tan vergonzoso, son demoledoras para la

propia credibilidad de la Unión Europea como zona defensora de los derechos humanos y del

derecho de asilo:

9

implicados los veintiocho Estados y que pueda hacer frente a las necesidades realmente

existentes en estos tiempos convulsos.

directamente implicado en el conflicto sirio, de donde procede el mayor número de

solicitantes de asilo en la Unión Europea, el 29% en el año 2015.

devoluciones y expulsiones colectivas a Turquía.

Grecia, despreocupándose de sus condiciones de vida en los asentamientos a los que se

les ha obligado a trasladarse.

impelidas a permanecer en Turquía, país de 78 millones de habitantes atravesado por

conflictos internos de envergadura, y que tiene ya en su suelo 2,7 millones de

refugiados.

respeta nada de lo anterior, y se le dice que lo haga para que los dirigentes europeos se

queden moralmente tranquilos. Nuestros dirigentes se han portado como auténticos

mercaderes y, para quedarse tranquilos, le dicen a los turcos que sean buenos y que se

porten como es debido. En definitiva, que hagan lo que ellos no han hecho.

ser devueltas a Turquía, abre la puerta al hecho de que llegar a un país europeo no es

suficiente para tener derecho a demandar el asilo.

La Unión Europea se ha hipotecado en el largo plazo con Turquía, concediéndole una especie de

conveniencia. Hará lo mismo o parecido a lo que hace Marruecos, o a lo que en su día hizo la Libia

gobernada por Gadafi.

País Solicitudes % Por millón de habitantes

Bélgica 38.900 3,1 3.463

Bulgaria 20.165 1,6 2.800

Rep. Checa 1.235 0,1 117

Dinamarca 20.825 1,7 3.679

Alemania 441.800 35,2 5.441

Estonia 225 0,0 172

Irlanda 3.270 0,3 707

Grecia 11.370 0,9 1.047

España 14.600 1,2 314

Francia 70.570 5,6 1.063

Croacia 140 0,0 34

Italia 83.245 6,6 1.369

Chipre 2.105 0,2 2.486

Letonia 330 0,0 165

10

Lituania 275 0,0 93

Luxemburgo 2.360 0,2 4.191

Hungría 174.435 13,9 17.699

Malta 1.695 0,1 3.984

Holanda 43.035 3,4 2.546

Austria 85.505 6,8 9.970

Polonia 10.255 0,8 270

Portugal 830 0,1 80

Rumanía 1.225 0,1 62

Eslovenia 260 0,0 126

Eslovaquia 270 0,0 50

Finlandia 32.150 2,6 5.876

Suecia 156.110 12,4 16.016

Reino Unido 38.370 3,1 591

Noruega 30.470 5.898

Suiza 38.060 4.620

Fuente: Eurostat

Las cifras muestran que hay grandes diferencias entre países de la Unión Europea. En Alemania se

han formulado el 35,2% de las primo solicitudes de asilo, en Hungría el 23,9%, en Suecia el 12,4%,

en Austria el 6,8%. Y en España solo el 1,2%. En cuatro países de la Unión, de los 28 que la

componen, se han recibido algo más del 68% de las primo solicitudes de asilo.

En términos relativos, en número de solicitudes por cada millón de habitantes, Hungría ha recibido

17.699 peticiones, Suecia 16.016, Austria 9.970, Noruega 5.898, Finlandia 5.876, Alemania 5.441.

Y España solo 314, muy lejos de los antes citados.

En el primer trimestre de 2016 se ve una tendencia global a la baja en el número de primo

solicitudes de asilo, si lo comparamos con el cuarto trimestre del año 2015.

En el cuarto trimestre de 2015 se formularon 426.025 primo solicitudes de asilo en el conjunto de la

Unión. En el primer trimestre de 2016 se han depositado 287.085 primo solicitudes, un 33% menos

que el trimestre anterior. Alemania, Hungría y la Rep. Checa son los únicos en los que aumentan las

solicitudes. En Alemania, de 162.540 solicitudes en el cuarto trimestre de 2015, a 174.965 en el

primer trimestre de 2016. En Hungría, de 865 solicitudes en el cuarto trimestre de 2015 a 6.830 en

el primero de 2016. En la Rep. Checa, de un mísero 335 solicitudes en el cuarto trimestre de 2015 a

360 en el primero de 2016. En el resto de países de la Unión Europea y del Espacio Económico

Europeo las solicitudes han bajado, y en algunos de forma espectacular, como en Suecia, que de

87.885 solicitudes en el cuarto trimestre de 2015 ha pasado a 7.700 en el primero de 2016, un 91%

menos.

En cuanto a la distribución por orígenes de las personas primo solicitantes, las procedentes de Siria

siguen ocupando, con el 36%, la primera plaza, seguidos de las procedentes de Irak, 12%, y de

Afganistán, 12%.

Después de las decisiones adoptadas en marzo, y que las hemos comentado más arriba, lo previsible

es que en el segundo trimestre el descenso sea todavía mayor. Lo comentaremos en el informe

correspondiente al segundo semestre de 2016.

11

Durante el año 2015 ha habido 592.845 resoluciones, de las que 307.620 fueron positivas en

primera instancia, el 52%. Además, se hicieron 182.705 reclamaciones, de las que se resolvieron

positivamente 26.730, el 14%. Por tanto, el número total de concesiones durante 2015 asciende a

333.350, el 56% del total.

País Total decisiones Positivas %

Bélgica 19.420 10.475 54

Bulgaria 6.175 5.595 91

Rep. Checa 1.335 460 34

Dinamarca 12.225 9.920 81

Alemania 249.280 140.910 57

Estonia 180 80 44

Irlanda 1.150 485 42

Grecia 9.640 4.030 42

España 3.240 1.020 31

Francia 77.910 20.630 26

Croacia 185 40 22

Italia 71.345 29.615 42

Chipre 2.065 1.585 77

Letonia 170 20 13

Lituania 180 80 46

Luxemburgo 775 185 24

Hungría 3.420 505 15

Malta 1.490 1.250 84

Holanda 20.465 16.450 80

Austria 21.095 15.045 71

Polonia 3.510 640 18

Portugal 370 195 52

Rumanía 1.320 480 36

Eslovenia 130 45 34

Eslovaquia 130 85 60

Finlandia 2.960 1.680 57

Suecia 44.590 32.215 72

Reino Unido 38.080 13.905 37

Islandia 235 50 22

Liecchtenstein 30 5 14

Noruega 9.475 6.250 66

Suiza 21.840 14.000 64

Fuente: Eurostat

El número total de resoluciones positivas, en primera instancia más en apelación fue de 333.350, de

las que 246.175 con Estatuto de refugiado, 60.680 con Protección subsidiaria y 26.500 por Razones

humanitarias (las cifras están redondeadas al múltiplo de cinco más próximo)

Durante el año 2015 se han efectuado 8.155 reinstalaciones de refugiados en la Unión Europea. Se

entiende por reinstalación la transferencia de una persona de un tercer país a otro de la U.E, de

acuerdo con ACNUR. Los países que han efectuado esas reinstalaciones son: Bélgica 275,

12

Dinamarca 450, Alemania 510, Estonia 175, Francia 620, Italia 95, Lituania 5, Luxemburgo 45,

Hungría 5, Holanda 450, Austria 760, Portugal 40, Finlandia 1.005, Suecia 1.850, Reino Unido

1.865, Islandia 15, Liechtenstein 20, Noruega 2.375, Suiza 610.

En España no se ha hecho ninguna reinstalación

Durante el año 2015, han solicitado asilo en el conjunto de la Unión Europea 88.155 menores no

acompañados, cantidad cuatro veces superior a la del año 2014.

Los solicitantes de asilo menores no acompañados han representado en 2015 el 23% del total de

solicitantes menores de 18 años.

Bélgica 2.650

Bulgaria 1.815

Rep. Checa 15

Dinamarca 2.125

Alemania 14.440

Irlanda 35

Grecia 420

España 25

Francia 320

Croacia 5

Italia 4.070

Chipre 105

Letonia 10

Lituania 5

Luxemburgo 105

Hungría 8.805

Malta 35

Holanda 3.855

Austria 8.275

Polonia 150

Portugal 75

Rumanía 55

Eslovenia 40

Eslovaquia 5

Finlandia 2.535

Suecia 35.250

Reino Unido 3.045

Islandia 5

Liechtenstein 5

Noruega 5.050

Suiza 2.670

De estos menores no acompañados solicitantes de asilo, el 51% provenían de Afganistán (45.205),

el 16% de Siria (14.345), el 6% de Eritrea (5.465), el 5% de Iraq (4.695), el 4% de Somalia (3.589),

el 2% de Gambia (1.459)

13

El 1 de febrero se hace pública la noticia de que unos 10.000 niños y niñas habían desaparecido de

Europa en los 18-24 meses anteriores. Era un dato proporcionado por la Oficina Europea de

Policía. Según esa Oficina, la pista de la mitad de los niños se perdía en Italia, donde cerca de 5.000

habían escapado de la supervisión de las autoridades. En Suecia se dan por desaparecidos unos

1.000, y en Alemania cerca de 5.000, según la Oficina Federal de Investigación Criminal. Esta

última Oficina calculaba que a 1 de enero de 2016 se encontraban desaparecidos 4.749 niños y

jóvenes refugiados, de los que 431 tendrían menos de 13 años, 4.287 estarían comprendidos entre

14 y 17 años y 31 habrían cumplido ya 18 años.

¿Qué ha pasado con esos menores? No se sabe con claridad, pero sí muestra que el control de las

autoridades de diversos países de la Unión Europea tiene demasiados agujeros. Los menores suelen

ser sujetos de especial protección y, por lo que se ve, esa especial protección ha fallado. ¿Cuantos

de esos menores han demandado protección? ¿Cuantos han visto rechazada su petición? Nadie sabe

con exactitud, ni se dan cifras aproximadas. ¿Cuanto tiene que ver su “desaparición” con el mal

funcionamiento de los sistema de protección de menores no acompañados de diversos países de la

Unión Europea?

El 4 de enero, el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen anunciaba que su país

establecería controles reforzados en la frontera con Alemania, para impedir la entrada de refugiados

sin visado de tránsito. Unas horas antes era el Gobierno sueco quien anunciaba que se efectuarían

controles sistemáticos en la frontera de ese país con Dinamarca. A partir del 4 de enero, para entrar

en Suecia por tren o en autocar por el puente de Oresund, se exigiría la posesión de una pieza de

identidad. De hecho se reforzaban las medidas que se venían aplicando desde mediados del mes de

noviembre de 2015.

Aunque a primeros de enero de 2016 Ángela Merkel seguía defendiendo que fue justo suspender la

aplicación del reglamento de Dublín en agosto de 2015, las críticas en su país y en otros de la Unión

Europea subían de tono e intensidad (sobre esta cuestión, sobre la actuación del Gobierno alemán y

de su Canciller, sobre los aspectos positivos que tuvo esa actuación, ver el informe correspondiente

al segundo semestre de 2015).

Por otro lado, según la Oficina de Investigación Criminal, en el año 2015 se produjeron 1.005

ataques a centros de acogida de refugiados en Alemania, de los cuales 92 fueron incendios. La

mayoría de los ataques causaron daños materiales. Supusieron el doble de los habidos durante 2014.

El 15 de enero, en rueda de prensa celebrada en Bruselas, el presidente de la Comisión Europea

¿Sirvió lo que decía el presidente de la Comisión para que los Estados de la Unión cambiasen

siquiera un poco sus posturas? Desgraciadamente no. Cada uno siguió a su bola. Así, una semana

más tarde, el 21 de enero, el Gobierno austriaco anunciaba que iba a establecer un límite máximo de

acogida de refugiados y que iba a proceder a levantar una valla de 3,7 kilómetros en la frontera con

Eslovenia, en Spielfeld. El mismo día, el Gobierno holandés anunciaba y pedía que se bajase

drásticamente la entrada de personas solicitantes de asilo. Y en Alemania subía el tono de las

críticas contra la canciller Ángela Merkel, parte de la cuales procedían de su propio partido,

14

especialmente de la rama bávara, de la CSU.

El 23 de enero se tuvieron los primeros contactos con Turquía, que culminaron con el acuerdo de

17-18 de marzo, con el paso intermedio del Consejo de 18-19 de febrero. Ese día se reunió Ángela

Merkel con el ministro de exteriores turco, Davutoglu, en Berlín. La reunión marcaba el inicio de

una nueva forma de afrontar la llegada de refugiados. En definitiva, la aceptación de que la

restricción sería la norma principal.

El 26 de enero, el Parlamento danés adoptó la decisión por la que la policía podría confiscar los

bienes de las personas demandantes de asilo que sobrepasasen 1.340 euros, para, supuestamente,

contribuir a financiar las ayudas que el Estado les presta. Junto a esta medida confiscatoria,

acordaron reducir las prestaciones para las personas refugiadas en un 10%, y aumentar de 1 a 3 años

el tiempo para iniciar los trámites de reagrupación familiar. La medida de confiscación fue

En definitiva, que lo que el Gobierno quería era mandar a los refugiados el aviso de que Dinamarca

es un destino a evitar. De hecho, no parece que la medida confiscatoria sea muy real. Lo que sí ha

hecho el Gobierno danés es poner anuncios en la prensa de varios países árabes, especialmente en la

de Líbano, diciendo que se confiscarían los bienes. Parece, por lo tanto, que lo que el Gobierno

buscaba realmente es la disuasión, un decirles “mejor no vengáis, que os trataremos mal”.

Por esas mismas fechas, a finales de enero, se empezó a amenazar a Grecia con la posibilidad de

suspender por dos años su pertenencia al espacio Schengen, por el supuesto incumplimiento de su

papel de contención frente a la llegada de refugiados. Se entraba en una fase que muestra a las

claras la pérdida de cordura que estaban sufriendo una buena parte de los políticos europeos. Era

evidente que con 853.000 entradas en el año 2015, Grecia, que sufría y sufre una crisis económica y

social de gran tamaño, no podía hacer frente, ella sola, a esa situación. En lugar de prestarle ayuda,

de ofrecerle solidaridad, se le amenazaba con sanciones.

El 2 de marzo se cambió el chip hacia Grecia y, en lugar de amenazas, se propuso crear un fondo de

ayuda de 700 millones de euros: 300 millones para 2016, 200 para 2017 y 200 para 2018. Como

tantas veces en la UE, la cantidad es globalmente escasa y llega tarde. Pero, como otras veces, habrá

que acogerse al más vale tarde que nunca.

El 13 de febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Manuel Valls, primer ministro francés,

criticó públicamente la política de apertura hacia los refugiados practicada por Ángela Merkel a la

cabeza del Gobierno alemán. Es un hecho insólito que un primer ministro de un país de la Unión

critique públicamente a otro. Pero indicaba hasta donde llegaba la ruptura, el desencuentro entre los

diferentes países.

El mismo día, el Gobierno austriaco establecía cuotas de entrada de refugiados, 80 al día, cantidad

absolutamente miserable, que inmediatamente hizo aumentar el número de personas que se

agolpaban en los países vecinos. Una muestra más de que cada Estado iba a su bola. Previamente, el

Gobierno austriaco ya había calculado que de aquí a 2019 procedería a la expulsión de unos 50.000

inmigrantes, procedentes, especialmente, de Marruecos, Argelia y Túnez. El 26 de febrero, Austria,

Eslovenia, Macedonia, Serbia y Croacia acordaron que solo dejaría transitar a 580 personas al día

por las fronteras de los cinco países.

En el Eurobarómetro hecho público el uno de marzo, en cinco estados de la Unión se manifestaba

una opinión mayoritariamente contraria a la acogida de refugiados: en Hungría 67%, en la Rep.

15

Checa el 66%, en Bulgaria el 61%, en Eslovaquia el 58%, en Letonia el 55% En el otro extremo, en

once Estados se manifestaba una opinión mayoritaria al acogimiento: en Suecia 94%, en Holanda

88%, en Dinamarca 86%, en Grecia 85%, en España 84%, en Alemania 83%, en Chipre 83%, en

Francia 59%, en Austria 62%, en Bélgica 69%, en Italia 54%

El 27 de abril el Parlamento austriaco adoptó otra medida inédita en los anales de la Unión Europea,

afganas o iraquíes se les proveerá de una autorización de residencia temporal, revisable a los tres

años, en función de la evolución de la situación en su país de origen. Si la guerra se terminase,

tendrían que volver a sus países de origen. A su vez, se dificulta el derecho a la reagrupación

familiar. Los refugiados, incluso los provenientes de Siria o Iraq deberán probar que son

perseguidos en sus países, lo cual, en países que están en guerra, es de auténtica locura, y va

claramente en contra del sistema actual de protección subsidiaria. A su vez, para 2016 han puesto un

tope de acogimiento de 37.500 personas. Estas medidas han sido adoptadas por los cristiano

demócratas y por los socialdemócratas, aunque el ala izquierda de este último partido se ha

desmarcado y criticado públicamente la decisión. Han sido rechazadas por los verdes y por todas las

organizaciones humanitarias y de apoyo a los refugiados, incluida la iglesia católica.

A mediados de febrero, el Gobierno Húngaro anunció que someterá a referéndum el plan de acogida

de refugiados, el plan de recolocación que se aprobó el 25 de septiembre de 2015. Se convocará un

referéndum, de carácter plebiscitario, para incumplir una decisión de la Unión Europea, la

2015/1601 de 22 de septiembre de 2015, que puso en marcha el mecanismo de recolocación de una

parte de los refugiados que se encentraban en Grecia e Italia, decisión tomada en el marco de los

artículos 78.3 y 80 del Tratado, que establece el reparto equitativo y solidario en caso de situaciones

de emergencia por la afluencia repentina de nacionales de terceros países. Ese referéndum, que se

convoca bajo el paraguas del derecho a decidir, concepto comodín que por lo visto sirve para un

roto como para un descosido, se convocará el mes de octubre. Y de nuevo nos encontramos ante un

hecho insólito, con la convocatoria de un referéndum que busca legitimar el incumplimiento por el

Gobierno de un Estado miembro de decisiones legalmente adoptadas por la Unión.

El 4 de mayo, la Comisión Europea presentó un plan de actuación frente a la mal llamada crisis

migratoria. Los principales puntos del mismo son:

marzo, aunque está sujeto al cumplimiento de un conjunto de condiciones por parte del

Gobierno turco, las llamadas 72 condiciones, de las cuales cinco son sobre las que se

concentran actualmente las discusiones: lucha contra la corrupción, criminalidad,

acuerdo con Europol, protección de datos y leyes antiterroristas.

los países de la Unión que rehúsen aplicar los acuerdos de reparto o relocalización de

solicitantes de asilo que se acuerden. Esa cantidad será entregada al país que acuerde

acoger lo que otro se ha negado. Por otro lado, se establecería un sistema corrector al

reglamento de Dublín en el caso en que en un país se agolpase un número excesivo de

demandantes de asilo, que sobrepase el 150% de una cantidad de referencia establecida

según el tamaño del país y su PIB.

de la Unión y del espacio Schengen: Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega.

sobre la base de las huellas de todas las personas demandantes de asilo. Se ampliarán los

datos de las personas: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, documentos de viaje, foto

de la cara.

16

Europea de Asilo. Se encargaría de aplicar las nuevas reglas, favorecer el intercambio de

información entre los Estados miembros y velar por el cumplimiento de los repartos de

refugiados. Se le asignan 500 expertos

Si el quince de enero Jean Claude Juncker decía que la reputación de la Unión Europea estaba por

los suelos, ¿qué decir después de la firma del vergonzoso acuerdo hecho con Turquía a mediados de

marzo, de un acuerdo criticado por ACNUR y por otros organismos internacionales que tienen que

ver con el sistema de asilo y refugio, de un acuerdo que dejaba a miles de personas bloqueadas en

Grecia?

La crisis económica que se desencadenó en el año 2008 puso de manifiesto algunos de los graves

problemas que tiene la construcción económica de la Unión. El flujo de personas solicitando asilo

de 2015 y los primeros meses de 2016; las decisiones adoptadas por los Estados miembros y por la

Comisión; el incumplimiento flagrante de los acuerdos adoptados; lo acordado por el Consejo el

mes de febrero y el pacto con Turquía suscrito en marzo, han evidenciado que la Unión Europea

tiene erosionados una buena parte de sus propios fundamentos. Son problemas que necesitan ser

abordados más pronto que tarde, si de verdad se quiere construir un gran espacio integrado,

solidario, de libre circulación de bienes y personas, capaz de actuar conjuntamente ante los grandes

problemas. Y uno de esos grandes problemas es el del asilo, y el migratorio en general.

Las consecuencias de la firma del acuerdo con Turquía repercutieron, como no podía ser de otra

manera, inmediatamente en Grecia. El 25 y 26 de marzo, a la semana de la firma del acuerdo, 4.000

agentes de policía y militares procedían a la evacuación del campo de Idomeni. Empezaron

cortando el agua (había 10 grifos para 5.000 personas) e impidiendo la entrada de comida. En esa

fecha, se calculaba que en el campo de Idomeni había unas 11.600 personas. La evacuación ha

proseguido en diferentes etapas. El 24 de mayo fue evacuado otro importante contingente de

personas. Algunas fueron trasladados a centros de acogida en Tesalónica, al campo de Sindo, una

antigua nave industrial que no reunía las mínimas condiciones de habitabilidad y salubridad. Cerca

de 700 policías fueron movilizados para esta operación. Los periodistas fueron retenidos a tres

kilómetros de distancia de donde se estaba realizando la evacuación. Las condiciones de

habitabilidad de los centros a los que han sido llevadas las personas han sido repetidamente

denunciados por las organizaciones humanitarias que trabajan con los refugiados y refugiadas.

Ahora se quiere trasladar el modelo de acuerdo firmado con Turquía a África. El 7 de junio, el

Colegio de Comisarios de la Unión reunido en Estrasburgo aprobó una nueva hoja de ruta que, a su

vez, deberá ser aprobada por el Consejo y el Parlamento. La hoja de ruta no tiene mucho misterio.

Es hacer lo mismo o parecido a lo hecho con Turquía, pero esta vez con Jordania y Líbano en una

primera fase, y con Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía en una posterior. Como siempre que

estas cosas se hacen en la U.E, los comisarios ponen la cara angelical, y nos dicen que ellos lo que

quieren es salvar vidas y cosas por el estilo. En realidad, las vidas de la gente siempre les han

importado bastante poco. Es la vieja historia de la externalización de las fronteras, adecuada a las

nuevas situaciones que se van creando, pero con las mismas miserias, los mismos desprecios por los

derechos humanos y los mismos sistemas de presión hacia los países africanos de siempre. Así, el

vicepresidente primero Frans Timmermans y la responsable de la política exterior de la Unión,

Federica Mogherini, anunciaron que para esa operación se dedicarán 8.000 millones de euros de

aquí a 2020, a lo que se añadiría un enésimo plan de inversión exterior para África dotado con 3.100

millones de euros que, mediante un sistema de garantías, se expandiría hasta 31.000 millones. Son

tantas las veces que han presentado planes de este tipo, que su credibilidad es cercana a cero.

17

Lo que ya se preveía, que cerrada una ruta, la del Mediterráneo Oriental, que iba fundamentalmente

de Turquía a Grecia, se aceleraría la del Mediterráneo Central, la que saliendo de Libia transita

principalmente por el canal de Sicilia, hacia Italia. Es una ruta mucho más larga y peligrosa, con lo

que, muy probablemente, aumentará el número de naufragios y de muertes.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en el primer semestre de 2016

se han producido del orden de 2.920 muertes por ahogamiento en las costas mediterráneas europeas,

2.499 en las de Italia, 376 en Grecia y 45 en España. Durante el primer semestre de 2015 se

produjeron 1.838. Por su parte, ACNUR contabilizaba 2.510 muertes entre enero y mayo de 2016

El jueves 2 de junio se encontraron 117 cadáveres en una playa al oeste de Libia, cerca de la ciudad

de Zuwara, 75 eran de mujeres y 6 de niños. El 3 de junio, a unas 75 millas de la isla de Creta

fueron rescatadas 340 personas y 9 cadáveres flotando en el mar. Es casi el pan de cada día. Y todo

apunta a que esa sangría continuará.

Poco a poco, a cuentagotas, van llegando refugiados a Gipuzkoa. El hecho de que su llegada vaya

acompañada de un gran despliegue mediático no elimina lo esencial: que el Gobierno del Estado los

recoloca a cuentagotas, a un ritmo tan lento que para cubrir su cuota de 17.000, se tardarán varios

años. Hay algo de falsa imagen en todo esto, de construcción de un “ya llegan”, muy alejado de las

necesidades reales, pero que crea la sensación de que, aunque lentas, las cosas marchan. Y a ese

ritmo marchan mal.

A finales de junio en Gipuzkoa se habían acogido a 20 personas refugiadas. Y con esa cifra, es

considerado uno de los territorios del Estado que mejor respuesta está dando. Dentro del programa

de reasentamiento aprobado en Bruselas en 25 de septiembre de 2015, en el que a España le

correspondían 16.000 personas en cifras redondas, a reasentar hasta 2017, a finales de junio de

2016, nueve meses después, han sido acogidas 299. A este ritmo se tardarán más de 40 años en

acoger a las 16.000 acordadas. Parece evidente que el Gobierno del Estado debe acelerar los

acogimientos.

Durante este primer semestre se han realizado múltiples actividades de apoyo y reclamación de los

derechos de las personas refugiadas.

El 12 de enero partieron para Grecia, a la isla de Chíos, varios voluntarios del proyecto Zaporeak,

para poner en marcha el servicio de dar de comer a los voluntarios que estaban trabajando allí en

tareas de salvamento y otras actividades. Su plan inicial, poder prestar ese servicio durante 6 meses

a 100 personas.

Empezaron a dar las comidas en 1 de marzo. Quince días más tarde alimentaban ya a1.700

personas, muchísimas más de las que pensaban inicialmente.

El domingo 20 de marzo se celebró la marcha entre Pasaia y Donostia, que desde hace veinte años,

a iniciativa de SOS Racismo de Gipuzkoa, se organiza alrededor del 21 de marzo, día internacional

de lucha contra el racismo y la xenofobia. Este año, la Marcha, en la que participaron cientos de

personas, sirvió para reivindicar el apoyo y el acogimiento a las personas refugiadas.

El 23 de abril, en el partido de fútbol entre la Real Sociedad y el Real Madrid, se hizo un acto de

apoyo y solidaridad con las personas refugiadas, especialmente las menores, con el apoyo del Club,

18

SOS Racismo, Unicef y Save The Children.

El sábado 28 de mayo se celebró una concentración en el Boulevard de Donostia.

El 19 de junio se celebró en Donostia una nueva manifestación bajo el lema Ongi etorri

errefuxiatuak. Tres columnas de bicicletas confluyeron en el Boulevard y allí se dio inicio a la

manifestación. El acto también sirvió para visualizar actividades de solidaridad con las personas

refugiadas protagonizadas por diversos colectivos de Gipuzkoa, desde los Socorristas que estaban

en Grecia a los diferentes Hotzak y otros grupos que en diferentes pueblos (Zarautz, Legazpia,

Eibar, Elgoibar...) han venido haciendo actividades de recogida de ropa y otros enseres necesarios.

El lunes 29 de febrero las autoridades francesas comenzaron la demolición de las chabolas de la

contenedores con calefacción. En total, 125 contenedores con 12 literas en cada uno de ellos. Según

las organizaciones de apoyo a los inmigrantes de Calais, en las chabolas vivían entre 3.700 y 7000

personas.

Para las organizaciones de apoyo a las personas inmigrantes que se encontraban en Calais, el

sistema de contenedores puesto en marcha por el Gobierno es una instalación inhumana, pues,

dentro, solo se puede estar de pie o tumbado. No hay instalación de mobiliario y no hay intimidad.

También se les propuso ser trasladados a otras zonas del país, a los denominados Centres d´Acueil

et Orientation (CAO). Según el Gobierno, a esos centros han ido unas 2.700 personas. Según la

CIMADE, son centros improvisados, donde faltan traductores y trabajadores sociales que sepan de

los procedimientos de asilo. A su juicio ese es un grave problema, pues muchas de esas personas

provienen de otros países de la Unión, fundamentalmente de Hungría y, en aplicación del

reglamento de Dublin, pueden ser transferidos a ese país. La CIMADE calcula que el 50%.están en

esa situación. Otro problema importante es que no todas las personas quieren instalarse en Francia.

Son personas que tienen familiares y relaciones con gente que vive en Gran Bretaña. Las

asociaciones proponen que los centros o casas de acogida se establezcan en un radio de 150

kilómetros alrededor de Calais.

población total empadronada.

siguiente en los últimos cinco años:

2012 2013 2014 2015 2016 (provisional)

Total 47.265.321 47.129.783 46.771.341 46.624.382 46.524.943

Españoles 41.529.063 41.583.545 41.747.864 41.894.738 41.923.671

Extranjeros 5.736.258 5.546.236 5.023.487 4.729.644 4.601.272

19

Fuente: INE

Las cifras oficiales de población provenientes de la revisión patronal se empezaron a publicar el año

1998. Entre 1998 y 2012, el número de personas empadronadas fue aumentando todos los años,

fundamentalmente debido a la inscripción en el padrón de personas extranjeras, que pasó de

923.879 en el año 2000 a 5.751.487 en el año 2011, la cifra más alta de personas extranjeras

inscritas en el padrón. A partir de ese año, las cifras de inscripción de personas extranjeras han ido

disminuyendo año tras año. El mayor descenso se produjo entre 2013 y 2014, como se puede ver en

el cuadro de más arriba (-522.751). Parte de estas diferencias tienen que ver con las adquisiciones

de nacionalidad y, otras, con las bajas en las revisiones del padrón, los retornos y las reemigraciones.

Comunidad autónoma Año 2016 % en la población total

Andalucía 616.677 7,4

Aragón 132.176 10,1

Asturias 40.229 3,9

Baleares 188.662 17,0

Canarias 248.627 11,8

Cantabria 30.397 5,2

Castilla-León 127.724 5,2

Castilla-Mancha 167.728 8,2

Cataluña 1.020.631 13,6

Com. Valenciana 667.676 13,5

Extremadura 33.368 3,1

Galicia 87.616 3,2

Com. de Madrid 790.918 12,2

Reg. Murciana 200.914 13,7

Navarra 54.666 8,5

País Vasco 139.025 6,4

Rioja 35.495 11,2

Ceuta 5.433 6,4

Melilla 13.310 15,5

Fuente: INE. Estadísticas de Padrón Continuo

La CAPV sigue encontrándose, en cuanto al porcentaje de personas extranjeras inscritas en el

padrón, en la parte baja del Estado, por debajo de la media estatal. Todas las comunidades de la

cornisa Cantábrica se encuentran en esa parte baja, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

Población total Con nacionalidad española Extranjeros

717.755 670.225 47.530

Las 47.530 personas extranjeras empadronadas en Gipuzkoa a 1 de enero de 2016, representan el

6,6% de la población total.

Poner las cifras de Gipuzkoa por años, desde el inicio de la crisis en 2008. Poner también las de

Bizkaia y Araba.

20

Fuente: INE, Estadísticas de Padrón Continuo

provisionales)

de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes.

Inmigración Emigración Saldo

Total 11.225 13.072 -1.847

Nac. Española 1.866 3.375 -1.509

Resto U.E. 2.050 2.921 ...-871

Resto Europa 388 156 232

África 1.815 2.697 -881

América Norte 287 132 155

Cen. América y Caribe 1.712 619 1.093

Sudamérica 2.300 1.946 355

Asia 751 1.213 -462

Oceanía 17 12 6

Apátridas 38 3 35

Fuente: INE, Estadística de migraciones 2015

Hay cuatro grandes bloques con saldo migratorio exterior negativo, es decir, que se han ido más

personas que las que han venido: con nacionalidad española (-1.509), procedentes de la U.E (-871),

procedentes de África (-881) y procedentes de Asia (-462). El saldo es positivo en el caso de las

personas procedentes de Centro América y Caribe (1.093) y procedentes de Sudamérica (355). El

saldo positivo de Sudamérica nos muestra que los saldos negativos correspondientes a ese

continente, que se acumulaban desde el año 2010, se han acabado, que podemos estar ante un

cambio de tendencia.

Inmigración Emigración Saldo

Total 4.357 4.402 -45

Nac. Española 743 1.145 -402

Resto U.E. 836 1.260 -424

Resto Europa 215 72 143

21

África 560 724 -164

América Norte 146 51 95

Cen. América y Caribe 892 350 542

Sudamérica 674 370 304

Asia 272 422 -150

Oceanía 7 8 -1

Apátridas 11 0 11

Algo parecido vemos en el territorio de Gipuzkoa. Aquí también es negativo el saldo migratorio

exterior de las personas con nacionalidad española, es decir, que se van más de las que vienen, (-

402), así como de las provenientes de la U.E. (-424), de África (-164) y de Asia (-150). Y es

positivo en el caso de las personas provenientes de Centro América y Caribe (542) y Sudamérica

(304). Lo mismo que en el conjunto de la CAPV, parece que en Gipuzkoa también estamos en un

punto de inflexión con respecto a Sudamérica. Desde el año 2010 hasta 2014 los saldos migratorios

exteriores de personas de Sudamérica han sido negativos. En 2015 son positivos. Habrá que ver si

esta tendencia se consolida en los próximos años o no.

En el caso de Bizkaia, los saldos migratorios exteriores son negativos en el caso de las personas con

nacionalidad española (-954), así como en el caso de las provenientes de la U.E.(-266), de África (-

310), de Asia (-63) y de Sudamérica (-56). Son positivos en el caso de las personas procedentes de

Centro América y Caribe (501) y Europa no comunitaria (69). El saldo global exterior es negativo

en -1023

Y las cosas van por el mismo camino en Araba. Los saldos son negativos en el caso de las personas

de nacionalidad española (-152), de las provenientes de la U.E. (-182), de las provenientes de África

(-407) y de la provenientes de Asia (-250). Son positivos en el caso de Centro América y Caribe

(50) y Sudamérica (107)- El saldo global exterior provincial es negativo (-780)

CAPV Gipuzkoa Bizkaia Araba

Total 2.036 752 424 860

Nac. Española -74 -228 -277 431

Resto U.E. 140 10 91 38

Resto de Europa 45 26 7 11

África 1.598 879 298 421

América Norte 4 4 3 -3

Cen. América y Caribe 57 -6 28 35

Sudamérica 152 26 117 9

Asia 108 40 160 -92

Oceanía -5 -2 -3 0

Apátridas 12 3 -1 10

Fuente: INE. Estadística de migraciones 2015

En este apartado resalta el saldo positivo de personas del continente africano, es decir, que han

venido más personas africanas de otras zonas del Estado de las que se han marchado, tanto en la

CAPV como en cada uno de los tres territorios, especialmente en Gipuzkoa.

También resalta el saldo negativo de las personas con nacionalidad española en Gipuzkoa y en

Bizkaia, en contraste con el positivo en el territorio de Araba. Así pues, de Gipuzkoa y de Bizkaia se

22

han marchado a otras zonas de Estado más personas de nacionalidad española que las que han

venido, mientras que en Araba se ha dado el movimiento contrario.

CAPV Gipuzkoa Bizkaia Araba

Total 189 707 599 80

Nac. Española -1.583 -630 -1.231 279

Resto U.E. -791 -414 -165 -144

Resto Europa 277 169 62 30

África 717 715 -12 14

Amé. Norte 159 99 43 17

Cen. Amér. Y Caribe 1.150 536 529 85

Sudamérica 507 330 61 116

Asia -354 -110 97 -342

Oceanía 1 -3 0 4

Apátridas 47 14 12 21

Fuente: INE. Estadística de migraciones 2015

Resalta el saldo negativo de las personas de nacionalidad española, especialmente en Gipuzkoa y

Bizkaia, lo que muestra que se han ido, que han emigrado al exterior y a otras provincias más

personas de las que han venido. Lo mismo con las personas de otros países de la U.E. También

resalta el saldo global positivo de personas del continente africano, especialmente en Gipuzkoa. El

saldo global de personas procedentes de Asia es negativo en Gipuzkoa y en Araba, y positivo en

Bizkaia. Y son positivos los saldos globales, en los tres territorios, de personas provenientes de

Centro América y Caribe y de Sudamérica.

padrón, de las que 670.225 tienen nacionalidad española y 47.530 son extranjeras.

las que 670.501 tienen nacionalidad española y 36.953 son extranjeras.

Como se ve, las diferencias entre uno y otro sistema se dan fundamentalmente en el número de

personas extranjeras, 10.577, que es prácticamente la misma diferencia que hay en la población

global, 10.301.

Si comparamos las cifras de Padrón continuo con las Cifras de población, nos dan resultados

diferentes sobre el volumen de inmigración en Gipuzkoa y sobre la evolución de la misma.

Año Padrón continuo Cifras de población

2008 35.935 36.485

2009 40.859 40.968

2010 42.449 42.177

2011 44.179 43.437

2012 46.132 42.561

23

2013 46.684 41.177

2014 46.464 38.047

2015 46.548 36.884

2016 47.530 36.953

el año 2011, y luego van bajando, con una diferencia de prácticamente 10.000 personas en el año

2016.

En el último censo de población, que se realizó el año 2011, el número de registros dudosos fue de

1.040.000 personas, un 2,2% del total de los registros, de los cuales el 87% era población

extranjera.

En definitiva, que motivos diversos (no notificación o notificación tardía de las bajas en el padrón,

revisión padronal que se efectúa cada dos años para las personas extranjeras sin autorización de

residencia permanente, etc.), especialmente en el padrón de las personas extranjeras se acumulan

errores, por lo que el padrón continuo tiende a aumentar el número de las personas extranjeras

referencia en toda la producción estadística del INE, encuestas, Contabilidad Nacional, indicadores,

etc. y son las transmitidas a nivel internacional como población oficial de España a todos los

efectos.

CAPV Araba Bizkaia Gipuzkoa

Saldo total 5.412 1.113 1.826 2.473

Españoles -990 311 -708 -593

Extranjeros 6.402 811 2.534 3.066

Fuente: INE. Estadísticas de Variaciones Residenciales

La Estadística de Variaciones Residenciales se basa en las variaciones del padrón, se relaciona con

el padrón continuo. Los saldos migratorios nos dan cantidades diferentes a los calculados con las

cifras de población. La Estadística de Variaciones Residenciales nos da el número de personas que

se han inscrito o se han borrado del padrón durante 2015. Si cogemos Gipuzkoa, 3.066 personas

extranjeras se inscribieron en el padrón durante 2015, 1.147 provenían de otras zonas del Estado y

1.919 del exterior. A su vez, se dieron de baja 246 personas de nacionalidad española que se fueron

a otras zonas del Estado y otras 347 que se fueron al extranjero.

24

A 31 de diciembre de 2015, disponían de permiso de residencia o certificado de registro 37.975

personas en Gipuzkoa, 19.612 en régimen comunitario o de Libre Circulación Unión Europea, y

18.363 en régimen general.

De las 19.612 de régimen comunitario, 15.254 trabajaban por cuenta ajena, 1.196 por cuenta propia,

209 estaban con permiso no lucrativo, 288 como estudiantes y 686 como familiares de comunitario.

De las 18.363 de régimen general, 2.867 tenían autorización de trabajo por cuenta ajena, 78 por

cuenta propia, 862 por arraigo, 1.748 por reagrupación familiar y 12.079 eran titulares de permiso

permanente o de la larga duración. Por tipo de permiso, 607 eran titulares de un inicial, 862 por

arraigo, 2.111 primera renovación, 852 segunda renovación y 12.079 eran titulares de un

permanente o de larga duración

Durante el año 2015 se concluyeron positivamente 10.328 expedientes o autorizaciones de

residencia en Gipuzkoa: 2.030 por trabajo y residencia, 4.171 por residencia, 1.098 por estudios,

1.327 residencia comunitaria, 158 prórrogas de estancia y 1.544 otros.

por cuenta propia y 31 sin necesidad de contrato. Fueron denegadas 163 solicitudes, 126 con

contrato de trabajo, 22 sin contrato y 15 de cuenta propia.

Nicaragua, 186 de Honduras, 35 de Marruecos, 32 de Senegal, 19 de Pakistán, 18 de R.

Dominicana, 17 de China, 17 de Nepal, 15 de Paraguay, 14 de Mongolia, 13 de Bolivia, 12 de

Ucrania, 8 de Brasil, 6 de Chile, 3 de Colombia, 2 de Argentina...

23 República Dominicana, 22 China, 21 Pakistán, 20 Bolivia, 18 Senegal, 12 Colombia, 12

Nicaragua, 12 Cuba, 8 Honduras, 6 Ecuador, 5 Mongolia, 5 Ghana, 4 Argelia, 3 Serbia, 2 Perú, 1

Venezuela, 1 Rusia, 1 Malí

Fuente: Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa

Total 2.305.030

Europa 775.785

África 19.731

América 1.454.424

Asia 34.190

Oceanía 20.900

Fuente: INE

25

El grueso de personas de nacionalidad española residentes en el extranjero se encuentran en el

continente americano y en Europa.

En cuanto al lugar donde esas personas han nacido, tenemos:

España País de residencia Otros

Total 2.305.030 766.996 1.371.734 158.530

Europa 775.585 405.335 290.984 75.536

África 19.731 8.652 9.172 88

América 1.454.424 323.321 1.053.548 74.007

Asia 34.190 18.061 10.854 57

Oceanía 20.900 11.627 7.170 147

Fuente: INE

Vemos que la mayoría de las personas de nacionalidad española residentes en América y en África

han nacido en el país de residencia. No así las que residen en Europa, Asia y Oceanía, la mayoría de

las cuales son nacidas en España

Durante el año 2015 se inscribieron en el PERE 188.512 personas nuevas, de las que 70.135 habían

nacido en España, 96.892 en el país de residencia y 21.473 en un tercer país.

De las 70.135 personas inscritas durante el año 2015 nacidas en España, 37.780 se inscribieron en

un país de Europa, 24.971 en un país de América, 4.571 en un país de Asia, 1.852 en un país de

África y 961 en un país de Oceanía.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que el número de personas inmigrantes que han utilizado los

sistemas oficiales de retorno a sus países de origen, ha sido más bien pequeño. Los tres sistemas

son: el retorno voluntario de atención social, el retorno voluntario productivo y el retorno con

capitalización de la prestación de desempleo.

Estado lo utilizaron 15.549 personas. Las nacionalidades que más han necesitado de este sistema

para retornar son: Bolivia 3.250, Argentina 1.925, Brasil 1.913, Ecuador 1.663, Paraguay 1.157,

Chile 969, Colombia 947, Uruguay 873, Honduras 788.

En ese mismo período de tiempo 2009-2014, solo 1 persona, de nacionalidad senegalesa, utilizó el

personas.

tiempo, 2009-2014, fue utilizado por 114 personas en el País Vasco, 25 en Araba, 29 en Gipuzkoa y

60 en Bizkaia. En el conjunto del Estado lo hicieron 11.572 personas. La disminución de la

utilización de este sistema en el tiempo, es drástica. Así, en el año 2009 lo utilizaron 4.365 personas

en todo el Estado y, en el año 2014, solamente 291.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

26

Durante el año 2015, alrededor de un millón de personas entraron en el conjunto de la Unión

Europea sin visado de entrada, es decir, de forma irregular, y poniendo, la mayoría de ellas, en

peligro sus vidas, tanto en sus viajes por mar como por tierra. La mayoría de estas personas eran

potenciales solicitantes de asilo.

luego a devenido en la Unión Europea. Esa entrada irregular se mantuvo en cifras relativamente

pequeñas en los últimos quince años, hasta que en 2014 ascendieron a 209.986 y en 2015 a 895.934.

Así, las diferentes rutas del Mediterráneo se han convertido en las rutas migratorias más mortíferas

del mundo. Entre los años 2000 y 2015 se han registrado 26.115 personas muertas sobre un total de

.1.664.211 personas que lograron atravesar las fronteras, lo que da un riesgo medio de muerte del 15

por mil, con un pico de 83 por mil en el año 2009. En el año 2015 se han contabilizado 3.416

muertes, un 3,7 por mil. Esta disminución en porcentaje se debe a la intensificación de las políticas

de salvamento puestas en marcha fundamentalmente por el Gobierno italiano y al cambio de ruta

migratoria, del Mediterráneo Central al Mediterráneo Oriental.

Las personas potenciales solicitantes de asilo representan la mayor parte de ese millón de personas

que han entrado en Europa durante el año 2015 de forma irregular, sin disponer del correspondiente

visado, por la sencilla y única razón de que los países de la Unión Europea no se los facilitaban. En

los últimos cinco años, su proporción ha pasado del 33% al 76% en las personas que han entrado

por Grecia e Italia. En definitiva, que ese desastre continuará mientras la Unión Europea no ponga

en marcha la concesión de visados humanitarios y de asilo, anteriores a que las personas no tengan

otro remedio que utilizar los servicios de redes de transporte clandestino. Pero esa es una

responsabilidad que le incumbe a la propia Unión Europea, y que por ahora no está dispuesta a

afrontar. En realidad hace lo contrario, intentando mantener a distancia a aquellas personas que

erróneamente identifica como una amenaza, a hombres, mujeres y niños que huyen de las guerras,

de la persecución y de la miseria

Fuente: Bulletin mensuel d´information de l´institut national d´etudes demographiques, nº 532

En los últimos años, y de manera más recurrente en los dos o tres últimos, las ideas y prejuicios

sobre las migraciones hacia Europa de personas procedentes del continente africano han aumentado

considerablemente. El problema es que la realidad de esas migraciones es un tanto más compleja, y

conviene no simplificarla.

Entre las 232 millones de migrantes internacionales recensados en el mundo en el año 2013, unos

21 millones corresponden a personas africanas, es decir, algo menos del 10%.

La mayoría de los migrantes africanos migran en el interior de su propio continente. Se calcula que

el 75% de las personas migrantes están instaladas en otro Estado diferente al suyo, pero en el

continente africano. Por otro lado, y según los datos de la OCDE, es del África subsahariana de

donde emigra una mayor proporción de personas cualificadas a nivel mundial, el 13% en el año

2010.

Según la encuesta mundial Gallup 2013, es en el África subsahariana donde se manifiesta una

mayor voluntad o ganas de migrar en el mundo, el 32% de la población manifiesta ese deseo, que

27

sube al 42% entre la población con edades comprendidas entre 15 y 24 años. A su vez, 32% de los

diplomados superiores también manifiestan ese deseo, que se convierte en un problema serio en los

sectores de la medicina y la educación. De los 187.000 médicos nacidos en el África subsahariana,

el 23,2% ejercían su profesión en un país de la OCDE en el año 2010.

África es un continente inmenso, con países en gran transformación. Las migraciones van a

continuar. Europa seguirá siendo un destino migratorio importante, pero no el único. Conviene tener

en cuenta la totalidad de los procesos migratorios que se están dando en ese continente.

Más allá de pensar si David Cameron es un sinsorgo, como opinaba Marco-Gardiqui, o un simple

irresponsable político, como opinaba John Carlin, o que en la votación del 23 de junio se elegía

entre lo malo y lo peor, como opinaba Paul Krugman, la campaña desarrollada en Gran Bretaña

proporciona muchas enseñanzas para quien esté preocupado por construir sociedades basadas en la

igualdad de derechos de las personas que la componen, para quienes trabajamos a favor de una

buena integración de las personas migrantes, basada en una buena inserción social.

El tema de la inmigración, con sus dos gran des componentes, la comunitaria y la extracomunitaria,

ha estado en el centro de las preocupaciones y los motivos de las personas que dieron el voto

favorable a marcharse de la Unión Europea, que son prácticamente la mitad de la población. En esa

mitad de la población había de todo, desde la derecha extrema abiertamente xenófoba, nacionalista

británica y euroescéptica, hasta sectores de las clases populares y trabajadoras muy afectadas por la

crisis económica, pasando por inmigrantes ya asentados, que vinieron antes, y personas afines al

partido conservador clásico.

En la campaña se agitaron todos los grandes prejuicios que anidaban en esa mitad de la población,

que veía a la inmigración residente en Gran Bretaña, a la comunitaria y la extracomunitaria, como el

origen, la causa primera de sus males y grandes pánicos sociales, económicos, culturales,

demográficos y democráticos. Y a la Unión Europea como la causante de que esa inmigración,

especialmente la comunitaria, se hubiese afincado en Gran Bretaña. Esa mitad de la población ha

hecho suya la idea de que las personas migrantes son las causantes del deterioro que en su país

sufren los sistemas que garantizan las grandes solidaridades: el sistema de seguridad social, el

sistema público de salud, el sistema de pensiones, la enseñanza pública y la vivienda pública. Y

también como las causantes del deterioro de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana: la

seguridad, la convivencia en los pueblos y ciudades, la ocupación de los espacios públicos, la

sensación de vivir en barrios que ya no reflejan la vida tradicional británica.

Y frente a esos miedos, angustias y fantasmas, la propuesta que se les ha ofrecido es el cierre: salir

de la Unión Europea para vivir mejor entre “nosotros”. Y que para vivir mejor entre ese “nosotros”

habrá que aplicar políticas discriminatorias, de prioridad nacional, welfare chovinistas, de las de

primero los de casa, los que somos de aquí, los que ya nacimos aquí o los que vinimos antes y hace

tiempo que nos instalamos. El problema es que todo esto lo propusieron no solo los partidarios del

Brexit, sino que también comulgaba con una parte importante de esas ideas una parte de quienes se

mostraban partidarios de la permanencia, los encabezados por el propio David Cameron.

Es necesario tener en cuenta que unos meses antes, el 31 de enero de 2016, Cameron se reunió en

Londres con Tusk, presidente del Consejo Europeo, para hablar y llegar a un acuerdo sobre lo que el

Gobierno británico denominaba los “beneficios sociales vinculados a la libertad de circulación”. En

28

definitiva para que la Unión Europea aceptase la propuesta británica de romper con el criterio

establecido en la Unión de que los migrantes comunitarios tienen que gozar de los mismos derechos

sociales que las personas del país en el que residen, que la Unión se tiene que basar en el principio

de la Igualdad de derechos sociales de las personas que la componen. Y ello se planteaba como

condición para que el propio Cameron hiciese campaña a favor de la permanencia. La propuesta de

Cameron, aceptada con matices por el Consejo, implicaba que no se concederían ayudas sociales a

las personas comunitarias residentes en Gran Bretaña en los cuatro primeros años de residencia,

medida que fundamentalmente afectaba a las ayudas que complementan los salarios más bajos, el

denominado tax credit. Afectaría, según Cameron, a unas 148.000 personas, aunque luego la

Hacienda británica la redujo a 84.000, que era el número oficial de inmigrantes procedentes de otros

países de la Unión con menos de cuatro años de residencia. Por otro lado, estaban las ayudas por

hijos a cargo, que Cameron proponía no abonar en el caso en que los hijos o parte de ellos

estuviesen en el país de origen.

El problema fundamental no estaba en el costo o el gasto que esas prestaciones suponían para el

verdaderamente problemático.

Gran Bretaña no es el único país de la Unión Europea en el que el pánico migratorio se ha instalado

en una parte de la opinión pública, de los y las votantes. En ello tienen mucho que ver las derechas

extremas que, aunque no son mayoritarias en ningún país, tienen, en algunos de ellos, Finlandia,

Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Italia, Holanda, Francia,

Grecia, la suficiente fuerza y presencia electoral como para condicionar una parte importante de las

agendas políticas. Pero no es solo esa corriente político ideológica, pues en ese terreno, una parte de

sus propuestas encuentran eco entre el electorado y los militantes de los partidos democrático

conservadores y, también, en una parte de los votantes de izquierda, o más exactamente en un sector

que ha estado más o menos influenciado o en la periferia de la izquierda.

Ese tipo de zonas grises, de deslizamientos de voto, se manifestaban con claridad en las crónicas

que durante la campaña electoral hacían los periodistas de diversos países destacados en Gran

Bretaña: camionero que antes votaba a los laboristas y ahora vota al UKIP; señor originario de

Pakistán, afincado desde hace muchos años en Gran Bretaña, con hijos y nietos ingleses, que ahora

despotrica contra los nuevos venidos, trabajadores rumanos, búlgaros o polacos; trabajadora y

madre de varios críos que se queja porque ya no encuentra plaza disponible en la escuela de al lado

de su casa; señores jubilados que se quejan porque tienen que esperar varios días para que les reciba

el médico del ambulatorio al que acudían; o quienes penan por encontrar una vivienda pública de

alquiler, decente; o quien protesta porque en su barrio ya no sabe quién es inglés y, supuestamente,

sólo oye hablar otras lenguas; o quien dice que no tiene nada en contra de las personas migrantes,

pero que les están quitando los recursos, y ya son demasiados y por algún sitio hay que cortar.

Todo ese tipo de historias, con intensidades diversas, también las oímos aquí, y constituyen el

grueso de los prejuicios y los rumores que detectamos. Pero hay una diferencia cualitativa: que en

Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea tienen expresión política, se encuadran

políticamente, se expresan en el terreno electoral. Y aquí no. O, por lo menos, no todavía.

Y lo hemos comprobado en las dos elecciones generales recientes, en la del 20 de diciembre y la del

26 de junio. En ninguna de las dos ha sido relevante el tema de la inmigración. No ha formado parte

de las preocupaciones de los partidos en liza, ni de los y las votantes.

El contraste es significativo. En España, en el conjunto del Estado, hoy por hoy, las derechas

extremas se expresan fundamentalmente en el ámbito cultural, difunden ideas, pero son marginales

29

desde el punto de vista político. No tienen diputados, y el número de concejales que obtuvieron en

el año 2015 fue muy limitado.

Ha abierto una brecha que nadie sabe cómo se va a cerrar, tanto en Gran Bretaña como en el resto

de la Unión Europea. Se abre un período que puede durar largo tiempo, dado que la propia

normativa de la U.E prevé un plazo inicial de dos años para negociar.

En el tiempo corto, el Brexit refuerza a las derechas extremas y euroescépticas de toda Europa, a las

de dentro y fuera de la Unión. De inmediato empezaron a agitar el fantasma de nuevos referendos,

aunque la legislación de los países de la Unión sobre esa materia es muy diversa. En 2017 habrá

elecciones legislativas en tres países de la Unión que cuentan con importantes organizaciones de

derecha extrema, nacional populistas y neopopulistas: en marzo en Holanda, donde las encuestas de

intención de voto colocan al PVV dirigido por Geert Wilders en primer lugar; en mayo en Francia,

donde las encuestas de intención de voto indican que el FN puede quedar primero o segundo en la

primera vuelta de las presidenciales; y luego en Alemania, donde AfD se puede consolidar como

tercera fuerza.

Más arriba hemos mencionado las negociaciones y acuerdos a los que llegaron Cameron y el

Consejo Europeo, acuerdo que rompía con el criterio de igualdad de derechos en el acceso a las

prestaciones sociales de las personas comunitarias. Una vez que ha ganado el brexit, quienes vayan

a gobernar en Gran Bretaña ni siquiera estarán sujetos a las limitaciones de lo acordado con

Bruselas. Por lo tanto, lo previsible es que todo lo relacionado con la inmigración tenderá a

endurecerse, especialmente para quienes hasta ahora eran comunitarios. ¿Cómo? ¿Cuanto? Es

imposible saberlo todavía. Habrá que estar atentos a la evolución de los acontecimientos y a las

medidas que vaya adoptando el nuevo Gobierno.

Uno de los temas importantes, dentro del tema general de la inmigración en Gran Bretaña, ha sido

el específico de las prestaciones sociales. Las limitaciones propuestas por Cameron, más allá de los

aspectos técnicos, se apoyaban en que una parte de la ciudadanía, incluidas personas votantes

laboristas, las veían bien. Da la impresión de que una parte significativa de personas pertenecientes

a las clases y capas populares, muy afectadas por la crisis económica y por las transformaciones que

se están dando en el ámbito de los empleos y el trabajo, consideran que no es legítimo que los y las

inmigrantes recién llegados puedan beneficiarse de las grandes solidaridades (sistema de seguridad

social, sistema sanitario público, sistema de pensiones, sistema de prestaciones sociales diversas,

sistema de escuela pública, sistema de vivienda pública), de lo que se ha construido y se mantiene a

base de cotizaciones e impuestos vertidos durante años por mucha gente. Y piden, más allá de lo

cabreados que puedan estar por los recortes diversos que padecen, que para acceder a esas

prestaciones se tienen que exigir contrapartidas, tales como tiempo de estancia previo en el país,

cotizaciones, abono de impuestos, etc.

Aquí, al sistema de seguridad social se accede a partir del trabajo, y para percibir prestaciones

contributivas, baja por enfermedad o accidente, maternidad, invalidez, viudedad, jubilación o

desempleo, es imprescindible la cotización en el período de carencia que esté establecido para cada

caso.

Al sistema sanitario público, desde el año 2000 hasta la reforma del año 2012 se accedía a partir del

empadronamiento. En la CAPV se sigue accediendo a partir de un año de empadronamiento. Y en

los diferentes barómetros de Ikuspegi hay una opinión mayoritaria favorable a que así sea.

30

Lo mismo ocurre con respecto al sistema de enseñanza pública y las prestaciones sociales básicas

(en la CAPV la RGI), a las que se accede a partir del empadronamiento. Y también en esos casos las

opiniones recogidas son mayoritariamente favorables a que así sea.

Los vientos que soplan de otras latitudes europeas van en sentido restrictivo. Se nota, se hace sentir

la influencia de las derechas extremas, que manejan las inquietudes, los miedos y los resentimientos

de muchas personas.

Este va a ser, lo es ya en otros sitios, uno de los grandes nudos del futuro. Hay que trabajarlo

adecuadamente, con propuestas, deshaciendo los prejuicios, mostrando las necesidades.

El 13 de enero la Comisión Europea procedió a analizar la reforma del Tribunal Constitucional

impulsada por el partido gobernante, Prawo i Sprawiedliosc, (PiS), partido ultraconservador

católico, autoritario, con una concepción abiertamente iliberal del funcionamiento del Estado, que

había ganado las elecciones celebradas el 25 de octubre de 2015 ( ver el informe correspondiente al

segundo semestre de 2015). El 23 de diciembre de 2015 la Comisión pidió al nuevo Gobierno

polaco que congelase la reforma del Tribunal Constitucional pues menoscababa su independencia.

El mecanismo de control está previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, introducido

por el Tratado de Amsterdam. Permite al Consejo controlar a un Estado miembro por violación

grave y persistente de los valores fundamentales de la Unión Europea. En teoría se puede incluso

sancionar a un Estado privándole del derecho de voto. Puede también, en tanto de guardiana de los

tratados, llevar a ese Estado al Tribunal de Justicia de la U.E. Y puede iniciar un procedimiento por

infracción, tal y como ya lo hizo contra la ley sobre los medios de comunicación adoptada por el

Gobierno de Víctor Orban en Hungría. ¿Hasta dónde irá ese control, hasta donde se forzará al

gobierno polaco a rectificar? Está por ver. En la sesión tenida en el Parlamento Europeo el 19 de

diciembre, el grupo parlamentario en el que se encuadra el PiS, el mismo en el que está el Parido

Conservador Británico, el de David Cameron, apoyó abiertamente a Beata Szydio, líder del PiS y

primera ministro del Gobierno polaco. Por otro lado, ante una eventual propuesta de sanciones a

Polonia, es muy probable que ese Gobierno autoritario, ultracatólico, tuviese el apoyo del Gobierno,

también iliberal y escorado hacia la derecha extrema, dirigido por Víctor Orban en Hungría.

Además de la reforma del Tribunal Constitucional, se prevé la aprobación de leyes para controlar

los medios de comunicación, prohibir el aborto (Polonia tiene ya una de las legislaciones más

restrictivas de Europa en esa materia) o dotar de más medios represivos a la policía. La Asociación

de Periodistas criticó al PiS por lanzarse a una auténtica caza de brujas contra los periodistas

independientes.

El PiS, que propugna una estricta y retrógrada moral católica ha anunciado que eliminará la

educación sexual en las escuelas y ha retirado todas las subvenciones a publicaciones

homosexuales. También se eliminarán las subvenciones a los programas de fecundación in vitro y,

en su lugar se impulsará un programa nacional de procreación.

Para el profesor de la Universidad de Nanterre Fréderic Zalewski, el PiS se emparenta con una

especie de nueva derecha a la polonesa, mezclando conservadurismo y neoconservadurismo, con

netas inflexiones clericales y antiliberales en el sentido norteamericano del término. Ha acogido en

su seno a intelectuales que propugnaban una crítica de derechas de la democratización del país a

31

partir de 1989, sobre todo a causa de la secularización de los modos de vida que propició, y que

soñaban con una revolución conservadora a lo Margaret Thatcher o Ronald Reagan.

Pero la resistencia a semejante deriva autoritaria también se organiza. El sábado 7 de mayo, una

manifestación contra el Gobierno reunió en Varsovia a unas 240.000 personas. Reivindicaban

preservar la plaza de Polonia en Europa, amenazada por los ultraconservadores católicos del

Gobierno. La manifestación fue organizada por el Comité de Defensa de la Democracia (KOD),

iniciativa cívica que consiguió reunir a la mayoría de los partidos de la oposición y a los

extraparlamentarios.

La Unión Europea tiene un grave problema en el Este de Europa.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 24 de abril, hundimiento de los

dos grandes partidos tradicionales, los socialdemócratas y los conservadores cristianos, que venían

gobernando el país desde el año 1945 y, en forma de coalición desde el año 2008. Cada uno de ellos

obtuvo un exiguo 11,2% de los votos.

Victoria del FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), partido de extrema derecha, nacional populista,

xenófobo, que obtenía el 36,4% de los votos y estaba encabezado por Norbert Hofer, vicepresidente

del Parlamento. Quedó segundo el candidato de los Verdes, Alexander Van der Bellen, con el 20,4%

de los sufragios.

El 22 de mayo se celebró la segunda vuelta, y el candidato de los Verdes Alexander Van der Bellen

obtuvo la victoria con el 50,3% de los votos frente al 49,7% obtenido por el candidato del FPÖ.

La presidencia del país se elige por un período de seis años y tiene un máximo de dos mandatos. El

presidente no participa directamente en la gestión de la política cotidiana, pero tiene poderes de

importancia, que van más allá de la representación: es el jefe del ejército, nombra a quien será

primer ministro y puede, bajo ciertas condiciones, disolver el parlamento y forzar la convocatoria de

nuevas elecciones legislativas.

El 30 de junio, después del recurso hecho por el FPÖ sobre diversos fallos en el recuento de los

votos por correo, el Tribunal Constitucional procedió a invalidar el resultado de las elecciones del

22 de mayo, obligando a repetirlas. La repetición será el 2 de octubre.

Es la vez en que un partido de derecha extrema, nacional populista, más cerca ha estado de llegar a

un cargo muy importante en un país de la Unión Europea después de la segunda guerra mundial.

Hay, por lo tanto, motivos para preocuparse.

EL FPÖ es partido que se fundó en el año 1955. Es continuación del Verband der Unabhängigen, la

Asociación Independiente fundada en el 1949, y que agrupó a los antiguos nazis que, al finalizar la

guerra fueron temporalmente privados del derecho de voto, hasta 1949.

Inicialmente fue dirigido por Anton Rheintaller, que fue ministro en la época nazi. Al cabo de un

tiempo entraron en el partido personas de ideología ultra liberal, conformándose dos líneas. Una

abogaba por un liberalismo descarnado y, la otra, seguía más apegada al pasado, a la corriente

nacionalista pangermanista favorable a la Gran Alemania y que consideraba a Austria como una

entidad ficticia. Esas dos líneas convivieron en el partido hasta mediados de los años 80 del siglo

pasado.

En esa época surge la figura de Jörg Haider, que sería durante años el líder carismático del partido.

32

A partir de 1997 el FPÖ impulsa una política nacionalista-xenófoba y ultraliberal, en la que

abogaban por una desregulación completa de la economía, propugnaban la entrada de Austria en la

OTAN y no se oponían abiertamente a la permanencia en la UE, aunque rechazando que la Unión se

convirtiese en una entidad federal que menoscabase la soberanía de Austria. Defendían un

euroescepticismo comedido.

El FPÖ es un partido nacional populista, euroescéptico, anti inmigración, anti islam. En el

Parlamento Europeo forma grupo parlamentario con el Frente Nacional de Francia, el PVV de

Holanda, la Liga Norte de Italia, el Vlasmms Belang de Bélgica. En las elecciones europeas de

mayo de 2014 sacó 556.835 votos, el 19,72%, y 4 diputados.

En la segunda vuelta de las presidencia del 22 de mayo, según una encuesta de la empresa SORA,

publicada en Le Monde, hecha con 1.222 personas, de las que 996 habían votado en la segunda

vuelta, se desprende que el voto del FPÖ es fundamentalmente masculino, 60%; que ha recogido un

voto mayoritariamente obrero, de las capas de trabajadores más bajas y con menos estudios.

También ha obtenido un buen resultado en el este y en el sur del país, en las zonas agrícolas.

Los grandes temas en los que ha incidido en la campaña: la inmigración y los refugiados; la

hostilidad hacia el islam; la denuncia de los grandes partidos (los dos son iguales, se reparten los

puestos...); el nacionalismo austriaco, con su viejo fondo germanista y el añadido de

reivindicaciones territoriales históricas, como el Sur de Tirol, que forma parte de Italia.

La indiferenciación entre la socialdemocracia y los conservadores cristianos, que han gobernado en

coalición o se han turnado, ha dejado un gran terreno libre al nacional populismo y al neopopulismo

del FPÖ.

Por otro lado, aunque nadie llamó expresamente a formar un frente anti FPÖ en la segunda vuelta,

vemos que en la práctica ha funcionado, aunque la victoria del 22 de mayo fuese muy ajustada.

Habrá que ver si eso o algo parecido funciona el mes de octubre, en la repetición.

El 6 de marzo se celebraron elecciones municipales en el Land o estado federado de Hesse.

Alternativa para Alemania, la AfD, partido de derecha extrema, neopopulista, xenófobo, anti islam,

obtuvo el 13,2% de los votos, 15,9% en la capital Wiesbaden.

En las regionales de tres estados federados, Baden-Württemberg, Renania Palatinado y Sajonia-

Anhalt, celebradas el domingo 13 de marzo, obtenía unos buenos resultados: 15.1% en Baden-

Württenberg, 12,6% en Renania- Palatinado y 24,2% en Sajonia-Anhalt. En cuanto al número de

escaños obtenía los siguientes: 23 en Baden-Württenberg, 14 en Renania-Palatinado y 24 en

Sajonia-Anhalt. Actualmente la AfD está presente en los parlamentos de seis estados federados, de

los dieciséis que componen Alemania.

La AfD es un partido recientemente constituido. Tiene poco más de tres año de vida. Se proclama

como partido de centro y conservador, pero sus propuestas políticas (es difícil hablar de un

programa) y una buena parte de sus dirigentes más conocidos se sitúan claramente en la derecha

extrema. Provienen o son muy próximos al grupo anti inmigración musulmana Pegida y alguno de

ellos, como Björn Höcke, líder de AfD en Turingia han sido muy próximos al neonazi NPD. Para la

investigadora del Comité de Estudios sobre las relaciones franco alemanas, Nele Wissmann,

33

Alternativa para Alemania, la AfD, celebró su congreso en Stuttgart los días 30 de abril y 1 de

mayo. De ser un partido que en el verano de 2015 estaba en crisis, ha pasado a ser un partido que,

aprovechando el tema del asilo y la llegada de refugiados a Alemania, se ha rehecho y conseguido

unos resultados electorales muy buenos, aprovechando que la CDU y la CSU dejaban un espacio

por la derecha.

El movimiento islamófobo alemán Pegida, llamó a manifestarse en catorce países de Europa, entre

otros en Alemania, Austria, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Polonia, República Checa o Suiza, el

sábado 6 de febrero, “contra la islamización de Europa”

La manifestación de Dresde, Alemania, ciudad en la que nació ese movimiento, reunió, como suele

ser habitual, a varios miles de personas. En el resto de países de la Unión el movimiento fue un

fracaso. En Francia, por ejemplo, se manifestaron cien personas en Calais, hubo enfrentamiento con

la policía y fue detenido el general Christian Piquenal, de 75 años, que hizo una parte de su carrera

en la Legión extranjera.

Lo más relevante son las encuestas sobre intención de voto para las presidenciales del 2017 y lo que

indican sobre el FN.

La cuarta oleada de la encuesta del Centro de investigaciones políticas de Sciences Po, realizado por

la empresa Ipsos-Sopra Steria, efectuada entre el 13 y el 22 de mayo con 19.455 personas da los

siguientes resultados en el apartado de intención de voto para la primera vuelta de las

presidenciales: Marine Le Pen 28%; si el candidato de la derecha tradicional fuese Alain Juppé,

35%; si fuese Nicolás Sarkozy, 21%; François Hollande 14 %; Franóis Bayrou, 13%; Jean-Luc

Melenchon 12%.

Otra encuesta, hecha entre jóvenes de 18 a 25 años, da a Marine Le Pen entre 27 al 31% de

intención de voto; Alain Juppé 29%; François Hollande 13%.

Todavía faltan muchos meses para que se celebren esas elecciones, lo que obliga a coger con

precaución este tipo de encuestas, por significativas que sean.

Hay que tener en cuenta que, al mismo tiempo, un 56% de los franceses considera que el FN

representa un peligro para la democracia en Francia, y que un 63% se manifiesta en desacuerdo con

las ideas defendidas por el FN.

A su vez, en las elecciones regionales de diciembre de 2015, en las que el FN obtuvo 6,8 millones

de votos, la cantidad más importante de toda su historia, debido al sistema electoral francés, al

sistema de dos vueltas y a las alianzas y corrimientos de voto que se dan, no fue capaz de ganar en

34

ninguna región. Esa es una gran contradicción para ese partido, una barrera muy difícil de superar.

¿Puede el FN convertirse en un gran partido conservador? Es francamente complicado. La

experiencia italiana muestra que es muy difícil mantener el equilibrio entre ser un partido de

contestación al sistema y participar en la confrontación electoral y asumir responsabilidades

institucionales. Como suele señalar el historiador Nicolás Lebourg, el adagio según el cual los

electores prefieren el original a la fotocopia, también funciona cuando un partido de derecha

extrema intenta imitar a un partido de derecha tradicional.

En las elecciones del 26 de junio, como ocurrió en las del 20 de diciembre de año pasado, los

resultados obtenidos por los partidos que se sitúan a la derecha del Partido Popular, fueron

marginales. Vox sacó 46.781 votos, el 0,2%; Falange Española y de las Jons 9.862, el 0,04%;

Plataforma per Catalunya 722; Familia y Vida 838.

Aquí las personas de derecha, incluido el grueso de las que tienen ideas de, o muy próximas a las de

las derechas extremas de otras partes de Europa, votan a un gran partido conservador, al Partido

Popular.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en España el antieuropeismo, el euroescepticismo de derechas

es muy marginal, lo que marca una importante diferencia con los partidos de derecha extrema de

otras partes de Europa, tanto del Oeste como del Este.

En este semestre, el tema más importante ha sido el anuncio de la Diputación de Gipuzkoa de que, a

partir del 1 de julio no se podría solicitar la prestación social AGI, Ayuda de Garantía de Ingresos,

que estaba en vigor desde el 1 de enero del 2012. Las personas que en esa fecha estuviesen dentro

del sistema, algo más de 1.400, continuarían percibiendo la prestación hasta que pasasen al sistema

RGI de la CAPV. Por lo tanto, la prestación AGI quedaría definitivamente liquidada a 30 de junio

de 2018, dado el carácter de prestación puente de la AGI.

La AGI es una prestación que solo se abonaba en Gipuzkoa, y corría a cargo de la Diputación. Las

condiciones de acceso a la misma eran, salvo el tiempo de empadronamiento previo necesario, un

año en el caso de la AGI y tres años en el de la RGI, semejantes a las de la RGI, cuyo abono corre a

cuenta del Gobierno Vasco. Las cuantías percibidas eran, también, prácticamente iguales.

La puesta en marcha de la AGI fue una decisión que adoptó la Diputación de Gipuzkoa en el año

2011, cuando el Gobierno Vasco endureció las condiciones de acceso a la RGI, pasando de uno a

tres años el empadronamiento previo necesario. Fue una respuesta a la decisión del Gobierno Vasco,

garantizando el acceso a una prestación a las personas que tenían la expectativa de percibir la RGI

y, al ampliar el tiempo de empadronamiento necesario, se quedaban a dos velas, viendo que su

posible derecho se alejaba en el tiempo.

Entró en vigor el 1 de enero de 2012 e, inicialmente, el tiempo de empadronamiento que se exigió

fue de seis meses. Posteriormente, en 2014, pasó a ser de un año.

Pues que, además del tiempo de padrón necesario, y por ello mismo, la AGI se fue convirtiendo en

una prestación social para personas extranjeras que venían a Gipuzkoa, y también, aunque en

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cuantía mucho menor, para personas de nacionalidad española que venían de otras zonas del Estado.

La conversión en una prestación casi exclusiva para personas extranjeras era inevitable, tal y como

la AGI fue concebida y diseñada, al margen de si era esa o no la intención cuando se puso en

marcha. Las personas autóctonas en situación de pobreza o privaciones diversas llevaban todas ellas

más de tres años empadronadas en Gipuzkoa, por lo que accedían al sistema RGI sin pasar por el

sistema AGI. Así, la AGI se fue convirtiendo en una prestación para las personas nuevo venidas.

En enero de 2016 había 15.142 expedientes activos de RGI en Gipuzkoa, de los que 9.803, el

64,75%, correspondían a personas con nacionalidad española y 5.339, el 35,25%, a personas

extranjeras.

A la finalización del año 2015 había 1.417 expedientes activos de AGI en Gipuzkoa, de los que

1.373, el 97%, correspondían a personas extranjeras y 44, el 3%, a personas de nacionalidad

española venidas a Gipuzkoa de otras zonas del Estado.

Parece razonable que una prestación social, salvo que específicamente esté dirigida a un grupo

social concreto, mujeres maltratadas, familias numerosas, personas mayores dependientes, personas

víctimas de trata, etc., se tiene que basar en el principio de igualdad de oportunidades para su

acceso. Y la AGI cumplía mal ese requisito, pues se fue convirtiendo en una prestación social para

un grupo de personas, lo que en un principio no parece que fuese su objetivo.

Tal vez sí, pero en ese caso se tendría que haber justificado como tal, especificando el porqué y el

para qué. Al no haberlo hecho en su momento, ni posteriormente, cuando era evidente en qué se

estaba convirtiendo, creó una situación extraña. De la AGI no se hablaba en público, se hablaba de

la RGI. A la primera se la dejaba de lado, dejando caer que era mejor no moverlo demasiado. De

hecho, cuando en el año 2014 se pasó de seis meses a un año de empadronamiento necesario, nadie

dijo nada. Hasta que con el cambio político en la Diputación y con otros partidos gestionando,

decidieron que iban a eliminar la prestación.

Sí, evidentemente. El problema es que la sociedad en la que vivimos no funciona sobre la base de

esos parámetros. En esta sociedad sigue siendo relevante la distinción entre nacional y extranjero.

Eso puede parece bien, regular o mal, pero no se puede funcionar como si no existiese, pues nos

encontraremos con ella en un montón de sitios y todos los días. Y para eliminar esa distinción, si

algún día se llega a ello, que tiene muchísimas connotaciones prácticas, todavía hay un largo

recorrido por hacer en la dirección de eliminar al máximo las diferencias.

La crisis económica dura ya nueve años, y continúa, no se ha acabado. Y sus consecuencias de paro,

precariedad, pobreza y exclusión afectan al conjunto de la población trabajadora, tanto autóctonos

como extranjeros. En ese tipo de situaciones la experiencia muestra que hay que ser prudentes a la

hora de poner en marcha prestaciones sociales que tengan como únicos destinatarios a las personas

inmigrantes que vayan llegando a Gipuzkoa. Son situaciones que se perciben como de

discriminación positiva hacia un grupo humano concreto. Y ello tiene que estar bien explicado y

justificado, y contar con un amplio acuerdo político y social para su puesta en marcha y

mantenimiento en el tiempo. De lo contrario, hay que prever que causarán un aumento de la fobia

hacia ciertas categorías de inmigrantes entre los sectores autóctonos más desfavorecidos, a los que,

en muchos casos, no les queda más remedio que echar mano de su autoctonidad, de su condición de

ser de aquí, para reclamar de las autoridades la atención que merecen.

36

Y a pesar de lo anterior, es evidente que van a seguir viniendo nuevas personas migrantes a

instalarse en Gipuzkoa. Y que muchas de ellas lo van a hacer en condiciones muy precarias.

Y vendrán, haya AGI o no lo haya. La prestación AGI es un elemento más entre los motivos por los

que personas extranjeras vienen a Gipuzkoa. Consideramos que, aunque en el año 2015 se ha dado

una inflexión en los saldos migratorios exteriores e interautonómicos, Gipuzkoa sigue estando, en

Gipuzkoa es, desde hace muchos años, el territorio del Estado con menos paro, salarios medios más

altos y mejores prestaciones sociales comparativas. Es uno de los territorios que, con todos los

problemas habidos, mejor ha resistido a los embates de la crisis. Y eso nunca ha modificado su

situación de ser una de las zonas con una tasa media de inmigración por debajo de la media estatal,

desde hace unos cuantos años, rondando el 6,5%. Y en Gipuzkoa no ha habido un mayor porcentaje

comparativo de adquisiciones de la nacionalidad española por residencia. Después de nueve años de

crisis, es completamente normal que entre los diversos motivos que hacen que una persona decida

venir a Gipuzkoa, adquiera cierta relevancia la existencia o no de prestaciones sociales. Pero ello,

por si solo no modifica el fondo de la situación, el hecho de seguir siendo un territorio con un

porcentaje de personas extranjeras empadronadas más bajo que la media estatal. E, insistimos

también, en que hay que tomar en consideración lo ocurrido en el año 2015, que parece que marca

una inflexión: saldos migratorios negativos de personas autóctonas, es decir, que prima la

emigración; modificación en los saldos migratorios de personas procedentes de Sudamérica, que

después de varios años de ser negativos pasan a positivos; saldos positivos de personas africanas.

Por otro lado, esa idea del efecto llamada presenta otros problemas, sobre todo, el de ser una

muletilla que demasiadas veces la utilizan políticos poco responsables. En sus manos se convierte

en una idea facilona, que sirve, incluso, para explicar auténticas barbaridades, como la de decir que

no había que hacer salvamento en el Mediterráneo porque eso tenía un efecto llamada. El efecto

llamada fundamental de cualquier movimiento migratorio es la posibilidad de encontrar trabajo, en

la economía formal o informal, en un sitio diferente y, mediante ese trabajo, construir una nueva

vida, para corto o para largo plazo. Y las prestaciones sociales suelen ser una parte de las cosas que

entran en el bombo de las motivaciones, y no siempre la fundamental. Entre el año 1990 y el 2009,

el 66% de las 92 reformas que se llevaron a cabo por los diferentes países de la Unión Europea, se

hicieron con el objetivo de restringir la llegada y las capacidades de movilidad de las personas

migrantes. Pero eso no paró la llegada, ni mucho menos. Las motivaciones de las personas para

moverse son diversas, y dejan claro que el control de las entradas, las restricciones, o el recorte en

los beneficios sociales en destino, no paralizan los movimientos.

La AGI ha funcionado como elemento tractor de la venida en grupos concretos, que proporcionaban

una red de apoyo necesaria. Al fin del año 2015 percibían la AGI personas de 54 nacionalidades

diferentes, 53 de ellas extranjeras en el sentido político administrativo del término. El 79% de las

personas perceptoras eran de siete nacionalidades (Pakistán, Nepal, Nigeria, Senegal, Marruecos,

Argelia y Rumanía). El 87,36% eran de 10 nacionalidades, las siete citadas más arriba, más

Nicaragua, Honduras y España. Por lo tanto, un grupo pequeño de nacionalidades percibía el grueso

de las prestaciones. Por ello decimos que más que un efecto llamada hubo un efecto red, o que a la

AGI se accedió, fundamentalmente, a través de redes muy concentradas.

37

El mantenimiento de la AGI, tal cual estaba desde la última modificación en 2014, presentaba

problemas de envergadura. Y, a su vez, su desaparición presenta y creará otros problemas de

envergadura, pues habrá gente que siga viniendo, y más de uno y más de dos lo harán en

condiciones precarias. Y ya no existirá una prestación que antes había. Y el apoyo a esas personas

recaerá sobre organizaciones de la sociedad civil, tal y como, creemos que con razón, ha señalado

Caritas de Gipuzkoa que, en la presentación del balance de 2015, recordó los efectos que tuvieron

los recortes que en la RGI se hicieron en el año 2011-1012. Lo que las instituciones dejan de hacer,

por los motivos que fuere, acaban recayendo sobre organizaciones de la sociedad civil, con el riego

añadido de crear y consolidar situaciones duales en el propio ámbito de la precariedad y la pobreza.

La Diputación va a poner en marcha un nuevo instrumento, Elkar Ekin, que funcionará con criterios

y parámetros diferentes a los de la AGI. En posteriores informes tendremos oportunidad de ver

cómo evolucionan las cosas en Gipuzkoa, y de ir haciendo los balances pertinentes.

En la noche del 31 de diciembre de 2015 se produjeron en la ciudad de Colonia, Alemania,

múltiples agresiones contra mujeres que se encontraban celebrando el fin de año en los alrededores

de la estación. Esas agresiones, de tipo diverso, desde robos a agresiones sexuales, fueron

perpetradas por grupos formados mayoritariamente por chicos jóvenes de aspecto u origen

norteafricano.

En total se presentaron 1.075 denuncias, de las cuales 467 por agresión sexual y el resto por robo.

El 15 de febrero, el Fiscal Jefe de Colonia, Ulrich Bremen declaraba que se había interpelado a 73

personas sospechosas, de las cuales 30 de Marruecos, 27 de Argelia, 3 alemanes y los otros 13 de

Irak, Siria, Libia, Irán y Montenegro. A 13 de ellos se les acusa de cometer agresiones sexuales.

Estos acontecimientos provocaron una gran conmoción social, y generaron múltiples discusiones,

tanto dentro del movimiento feminista como de los movimientos y organizaciones antirracistas y de

apoyo a inmigrantes y refugiados de todo Europa.

Hay cuestiones en las que todo el mundo está de acuerdo. Y hay otras en las que los matices y las

diferencias son relevantes, así como las consecuencias de lo que se dice y defiende.

En una crónica hecha a los pocos días, la periodista feminista francesa Caroline Fourest decía que

nos encontrábamos ante una pesadilla. En primer lugar, para las mujeres que sufrieron las

agresiones. Y también para las personas extranjeras que, aún no estando allí, sufrirán las

consecuencias de ser estigmatizadas. Y también para quienes quieren discutir de un modo serio y

responsable del tema. Y se preguntaba cómo hablar del tema sin, al mismo tiempo, reforzar las

actitudes negativas hacia las personas extranjeras. Y como hacerlo sin caer en el orientalismo, la

xenofobia o el relativismo cultural.

Las agresiones se dieron en el interior del contexto de recepción de cientos de miles de refugiados

en Alemania, y de avances de las derechas extremas que pugnaban por su limitación. Era una

situación que podía ser fácilmente manipulable, como lo intentó Pegida, extendiendo la idea de que

los refugiados eran violadores. La defensa de los derechos de las mujeres que hacen las derechas

extremas, suele ser muy selectiva, fundamentalmente cuando se trata criticar a los hombres árabes o

musulmanes.

Por ello, para evitar la manipulación y la amalgama fácil, en los días siguientes, grupos de

refugiados distribuyeron flores con pancartas contra el sexismo en la estación de Colonia.

38

Hay varias ideas en las que el acuerdo es muy grande, o general:

agredieron.

hombres, pero que las situaciones no son iguales en todas partes.

todas las culturas y religiones, que no hay una que tenga la exclusiva. Pero que tampoco

se pueden negar las diferencias y las intensidades diferentes de los patriarcados, y la

influencia social de los feminismos.

Y, a partir de ahí, los matices y las diferencias:

procedencia?

tomadas en consideración, frente a otros actos de violencia machista cometidos en otras

grandes fiestas, como en el Oktoberfest en Alemania, en las fiestas de Baiona o en los

San Fermines de Pamplona?

por el contrario, nos adentran por la pendiente del culturalismo, del orientalismo e

incluso de la islamofobia?

parte de los agresores, sus orígenes, frente a la condición común de todos ellos de

agresores machistas?

forma parte de un grupo humano que sufre discriminación, por su condición de

inmigrante?

en todos los países, que la cultura de la violación está muy extendida en el planeta, que

las culturas europeas no son menos misóginas que otras, que en los campus

universitarios norteamericanos se producen múltiples casos de agresión sexual?

interesantes de la situación en Europa, como el hecho de que existan leyes de igualdad,

leyes a las que se puede apelar para denunciar las agresiones; que consideran que la

violencia contra las mujeres es un delito y se puede condenar al agresor o agresores; que

se hacen campañas específicas contra las agresiones y se promueven movilizaciones

sociales contra ellas; que se publique cifras, se haga seguimiento de las mismas y se

pueda discutir, cosa que no ocurre en otras partes? ¿No supone todo eso avances que

merecen ser defendidos? ¿No tienen los regímenes democrático liberales elementos que

merecen ser defendidos frente a otro tipo de situaciones que se dan por el mundo?

Barquín. Nochevieja en Colonia. ¿Hasta dónde podemos hablar?

El primer proceso por una de las agresiones sexuales ocurridas esa noche se abrió el 11 de abril,

contra una persona de 33 años de origen marroquí. Según la acusación formaba parte de un grupo

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de 15-20 personas que agredieron a una joven de 18 años. El acusado se encontraba en esa fecha en

detención provisional.

Por otra parte, el Parlamento del Estado de Renania del Norte-Wesfalia, cuya capital es Colonia,

constituyó a finales del mes de febrero una comisión de investigación para esclarecer los hechos

ocurridos. La comisión se ha dado un año de plazo para acometer esa tarea.

La consecuencia más evidente y dramática, los atentados indiscriminados contra las personas en

lugares de gran concurrencia de gente, como el perpetrado en Bruselas el 22 de marzo.

Derivado de ello, y como un daño colateral más, el reforzamiento, entre cada vez más gente, de la

legitimidad de las propuestas autoritarias que propugnan las organizaciones y partidos de derecha

extrema en diversas partes de Europa. Esos atentados, los masivos y los individuales, tienen

influencia sobre las ofertas políticas que se hacen a los y las electoras en el conjunto de Europa.

Hacen que partidos que ocupan espacios limitados en el ámbito institucional, se coloquen, con sus

ofertas autoritarias, en el centro de los debates políticos. Y hacen que los partidos conservadores

tradicionales tiendan a competir en el terreno securitario con las derechas extremas, en una carrera

que no se sabe dónde va a acabar.

A su vez, y en la medida en la que en esos atentados se apela al islam, se hacen en su nombre, el

aumento de la desconfianza y de la fobia hacia la parte de la población que profesa la religión

musulmana, más allá de que la mayoría de las personas que profesan esa religión condenen los

atentados y sean, a su vez, teniendo en cuenta el ámbito de actuación del yihadismo radical (Oriente

Medio, Magreb, Norte de África, Turquía, Europa, Estados Unidos) quienes más sufren sus

consecuencias.

Como hemos dicho más arriba, el 22 de marzo se produjo el atentado de Bruselas, pero, el 28 de

febrero se había producido un atentado en un barrio de mayoría chiita del sur de Bagdad, con un

balance de 130 muertos y cientos de heridos. Y el 25 de marzo se producía otro, también en

Bagdad, que dejaba un saldo de 32 muertos y 84 heridos, la mayoría adolescentes chiitas que

asistían a la recepción de un premio que se le concedía al club de fútbol que había ganado un

campeonato. Y el 27 de marzo, en un parque de la ciudad pakistaní de Lahore, capital de la

provincia de Pendjab, se producía otro atentado que dejaba un saldo de 72 muertos y 340 heridos,

gran parte de ellos niños que jugaban en el parque con sus familiares. Y el 12 de junio en la ciudad

norteamericana de Orlando, con 50 personas muertas y 53 heridas, perpetrado por Omar Seddique

Mateen y reivindicado por Daesch, contra personas gays que se encontraban bailando en una

discoteca. Y la lista se nos haría interminable.

Actualmente, en varios países de Europa, y especialmente en Francia, se pregunta, cada vez con

mayor insistencia, hasta donde puede llegar la resiliencia de las personas de los países en los que se

materializan los atentados, hasta donde van a seguir siendo suficientes los actos memoriales. No es

fácil saberlo, pero el hecho de que se insista en ello, da qué pensar. ¿Hay riesgo de confrontación de

extremos? Hay investigadores serios que consideran que el riesgo es real.

Parece que, comparativamente, la radicalización islamista en España es menor que en otros países

de la Unión Europea. Se han incorporado menos personas en las filas de Daesch. Por otro lado,

desde el año 2013 la policía ha realizado más de 40 operaciones con detenciones,

fundamentalmente en Ceuta, Melilla y Cataluña.

En más de una ocasión se suele preguntar, y a veces hasta reprochar, a las personas musulmanas

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críticas con el yihadismo radical, por qué no manifiestan con más contundencia su condena de esas

acciones. Normalmente, responden que ya lo hacen, y que participan como cualquier ciudadano y

ciudadana en las concentraciones de protesta. Pero el 19 de junio, en la ciudad francesa de Mantes-

La-Jolie (Yvelines), las cosas cambiaron, y 4.000 personas de religión musulmana salieron a la

calle, en una manifestación silenciosa en homenaje a la pareja de policías que habían sido

asesinados el 13 de junio en Magnanville, una ciudad vecina. La masiva manifestación fue

organizada por las mezquitas de la zona, mediante un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas

francesas de confesión musulmana a una marcha silenciosa para mostrar la realidad de su pesar,

tomar sus responsabilidades y dar un mensaje claro al resto de la ciudadana: nosotros nos

desmarcamos. Algo está cambiando, también en ese terreno.

A primeros de junio, los medios de comunicación difundían la noticia de que los padres de una niña

de cuarto de primaria, de 10 años, escolarizada en Gasteiz, rechazaban que se quitase el hiyab que le

cubría la cabeza en clase.

Según parece, el Reglamento del centro escolar prohibía que los alumnos y alumnas fuesen con la

cabeza cubierta por cualquier tipo de prenda en clase: pañuelo, gorra, visera... Basándose en ese

Reglamento, la dirección del centro pidió a la familia que la niña no llevase hiyab dentro de la clase.

Los padres de la niña rechazaron la petición de la dirección de la escuela.

En la CAPV no existe una norma general sobre esta cuestión. El centro pidió la intervención de la

Inspección educativa, y se propuso la adopción de una “medida transitoria”, una especie de medida

intermedia: que la niña podía ir con el pañuelo en las estancias de la dirección, donde se le

continuaría dando clases. Pero que, para ir a las aulas normales, con el resto de los alumnos y

alumnas, tendría que quitarse el velo Esta decisión intermedia contaba con el apoyo de la

Asociación de Padres y Madres del centro escolar. Se ha acabado el curso, pero el problema muy

probablemente persistirá.

Ciertamente, ni en la CAPV ni en el conjunto de España hay una norma sobre esa cuestión. Y este

tipo de conflictos se resuelven más o menos bien en el ámbito de cada centro escolar. Con el

aumento de personas de religión musulmana que optan por llevar velo, y de progenitores que

deciden o apoyan activamente que sus hijas de muy temprana edad lo lleven, es previsible que este

tipo de conflictos vaya a más. Convendría, por lo tanto, que hubiese una norma general, en forma de

circular o reglamento en el Departamento de educación, de manera que todo el mundo supiese a qué

pública vasca. La experiencia de otros países de Europa nos muestra que cuando se pasa un cierto

umbral, lo de que los problemas se resuelvan en el ámbito de la escuela en la que se produce el

problema, es una quimera.

Aunque alguien piense que aquí las cosas podrían ser de otra manera, nos parece que más vale tener

muy presente la experiencia de otros países. No somos muy diferentes. Y si en otros países (Francia,

Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Canadá...) los sindicatos y las asociaciones de padres y madres de

alumnos, el feminismo, las organizaciones que trabajan a favor de la laicidad y las organizaciones

antirracistas han sufrido y sufren importantes convulsiones por esta cuestión, estaría bien que, como

mínimo, lo tuviésemos presente.

Nuestra experiencia es corta en este terreno. La experiencia de otros países de Europa, o de Canadá,

41

nos muestra que el problema es complejo, y que va bastante más allá de si se está a favor de la

integración o la asimilación. En toda esta cuestión hay bastantes más cosas implicadas, entre otras,

las concepciones feministas, la convivencia intercultural, la no discriminación, la integración social,

la cohesión social, la laicidad, etc.

Evidentemente, hay que preservar el derecho de las niñas a la escolarización, eso nadie lo pone en

duda, y es el primer precepto que defienden quienes, como en Francia, apoyaron y apoyan la Ley de

2004 por la que se prohíben los signos religiosos ostentosos en las escuelas públicas, desde primaria

hasta los institutos. El problema no está ahí, sino en cómo se defienden mejor los derechos de los

niños y de las niñas, incluida la presión que sobre ellos y ellas ejercen sus progenitores. Viejo

problema éste, que ya lo abordó hace doscientos cincuenta años, en 1764, Cesare Beccaria en su

libro “De los delitos y las penas”, donde le dedicó el capítulo 26, Del espíritu de familia.

Si la escuela pública es un espacio en el que no se adoctrina a los niños y niñas a favor o en contra

de una u otra confesión religiosa; si es un espacio en el que se pide que no haya signos religiosos en

las clases; y si, a la vez, es un espacio en el que se trabaja activamente a favor de disminuir las

rivalidades y tensiones intereligiosas o de otro tipo, parece, cuando menos discutible, que la mejor

manera de hacer todo eso sea mediante la multiplicación de la exhibición de signos religiosos de

uno y otro tipo. La escuela pública no es un servicio público, es una institución pública, y teniendo

ello en cuenta tienen que tratarse los problemas que surjan

Lo más probable que este tema lo tengamos que seguir tratando en el futuro. Pero si algo nos

muestra la experiencia francesa, la británica o la canadiense, es que es un tema complejo, que toca a

muchas cosas, y donde muy a menudo se contraponen valores estimables. Por lo tanto, prudencia y

comedimiento, que los motivos por los que las mujeres musulmanas se cubren o no la cabeza son

múltiples y variados y, como se suele decir, que debajo de un pañuelo, y también cuando no se

lleva, siempre hay un cerebro y una persona. Las personas no somos seres abstractos, somos seres

complejos, con determinadas características físicas y también mentales. La tolerancia con lo

diferente, con lo no habitual, no debe reducirse a serlo cuando sus convicciones, sus costumbres,

sus hábitos en el vestir o sus gustos culinarios sean o se parezcan a los de la mayoría. Pero, a su vez,

puede haber cosas que chocan, y hay que conocerlas y hablar de ellas, y por ello hicieron, por poner

un ejemplo, aunque los resultados puedan ser y siguen siendo discutibles y discutidos, los

acomodos razonables en Canadá, o el Ministerio de Educación británico elaboró unas directrices

para las escuelas hace ya diez años, en 2007, o en el ciclo obligatorio de la escuela pública francesa

se prohibió, en 2004, que los alumnos y las alumnas llevasen signos religiosos ostentosos.

Hoy, y es algo que lo hemos señalado en anteriores informes semestrales, el grado de estabilidad

administrativa, permisos de libre circulación Unión Europea y permisos de larga duración o

permanentes, es relativamente alto. Y está la adquisición de nacionalidad española por residencia

que, poco a poco, lo hace un número cada vez mayor de personas a partir de diez años de residencia

legal. Por tanto, todo hace pensar que, si siempre ha sido importante, ahora el papel de la escuela es

clave para facilitar una mejor inserción social y una mayor movilidad social futura. ¿Qué efectos

tienen este tipo de conflictos en todo ello, qué reflejan? Hasta el momento han sido puntuales, pero

conviene analizarlos seriamente, pues es probable que en algún momento dejen de serlo.

El 31 de mayo, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo públicas las

conclusiones sobre uno de los temas prejudiciales para los que se había solicitado resolución del

Tribunal. Es el caso de una trabajadora belga de la empresa G4S, que proporciona servicios de

acogimiento y recepción. La trabajadora Samira A., trabajaba de recepcionista desde hace varios

años. Cuando entró a trabajar no llevaba hijab, pero después decidió hacerlo, y comunicó a la

42

empresa su intención. La empresa lo rechazó, arguyendo que la decisión de la trabajadora iba en

contra de una regla de funcionamiento, no escrita, pero explícita, de neutralidad religiosa por parte

de la empresa. Poco después, la empresa G4S modificó su reglamento interno en ese sentido. La

trabajadora mantuvo su decisión, y fue despedida. Recurrió contra el despido, y el tribunal belga

que tenía que juzgarlo elevó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo.

La abogada general suele hacer un informe previo, que no es la sentencia. Pero, en la práctica, muy

habitualmente, el Tribunal se suele pronunciar en el mismo sentido. Por ello, lo que dice la abogada

general tiene una gran importancia.

En resumen, la abogada general dice que el empleador puede prohibir que un o una trabajadora

lleven signos religiosos o políticos ostensibles en determinadas circunstancias:

la empresa y no se sustenta en prejuicios.

Pero podría haber una discriminación indirecta:

una política de neutralidad en materia de convicciones, a condición de que respete el

principio de proporcionalidad.

¿En qué consistirían esos criterios de proporcionalidad?

trabajadora en la empresa, el contexto en el que debe ejercer su trabajo y la identidad

nacional del Estado concernido.

La referencia a la identidad nacional del Estado concernido es algo completamente nuevo, y parece

una concesión hecha a los Estados.

Hay otro caso pendiente de resolución. Es de una trabajadora francesa, ingeniera en una sociedad

informática, Micropole Univers. La trabajadora siempre ejerció su actividad con velo, desde que

entró en la empresa y no había supuesto un conflicto. Hasta que otra empresa, cliente de la empresa

informática, a la que la trabajadora había ido a hacer algún trabajo, protestó ante Micropole

Univers, aduciendo que el hiyab de la trabajadora había creado malestar en otros trabajadores, y

solicitó que si otra vez se le mandaban esa ingeniera, fuese allí sin velo.

A consecuencia de ese incidente, la empresa Micropole Univers pidió a la trabajadora que

renunciase a ir con velo en el ámbito de contactos con otros clientes, algo que estaba previsto desde

el principio de su relación laboral. La trabajadora rechazó la solicitud de renuncia y fue despedida.

Los tribunales franceses que han visto el caso no han aceptado el motivo de discriminación

invocado por la trabajadora, interpretando que la Directiva europea prevé que una diferencia de

trato no es en sí misma discriminatoria, si constituye una exigencia profesional esencial y

determinante. El tribunal francés que eleva el caso el Tribunal de Justicia Europeo, pide que se

pronuncie sobre el hecho de que una empresa, cliente de otra, le demanda a la primera que no quiere

tener relación con una trabajadora que lleva velo, aunque la empresa para la que ella efectivamente

trabaja nunca se lo haya impedido.

¿Pueden imperativos comerciales, derivados de la relación con clientes, restringir el derecho de una

trabajadora a llevar hiyab en el trabajo? ¿Puede la exigencia de una empresa cliente determinar la

43

actuación de la empresa proveedora en ese terreno?

La importancia de las dos cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea saltan a

la vista, pues afectan al ejercicio de actividades laborales en el ámbito de la empresa privada. Habrá

que ver como se manifiesta el Tribunal en uno y otro caso.

Según los datos proporcionados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),

en el año 2015 entraron por la frontera sur de España 16.11 personas, 34% más que el año anterior

Entradas

Total 16.111

Levante 334

Andalucía 3.736

Canarias 874

Ceuta 2.255

Melilla 8.912

El 23% de total fueron menores, parte de los cuales, especialmente magrebíes, no acompañados y,

otra parte, subsaharianos de corta edad con sus familiares.

En el intento de entrar, fallecieron 195 personas. En el conjunto del Mediterráneo, en el Oriental y

en el Central, 3.770 personas.

Por su parte, Salvamento Marítimo coordinó en la frontera sur la asistencia a 6.955 personas, en 505

pateras, de las cuales 4.322 fueron trasladadas a puertos españoles y 2.723 fueron rescatadas por

medios marroquíes y llevadas a puertos de Marruecos.

En 2015 el CETI de Melilla se inscribieron 8.912 personas, de las que 3.000 eran menor es.

Aunque la frontera sur española ha quedado como en segundo plano frente a la amplitud que

adquirieron las llegadas a Grecia, Italia y, en menor medida, Bulgaria, sigue siendo un sitio muy

importante, y el número de muertos anuales insoportable. Por otro lado, el modelo de gestión brutal

de la frontera con Ceuta y Melilla, se ha convertido en el que imitan en otras partes de la Unión

Europea, a donde se exporta, además de gestión brutal, la parte material, las vallas y las concertinas.

Según un informa de Unicef publicado el 4 de febrero de 2016, cerca de 200 millones de mujeres

han sido víctimas de mutilaciones genitales, la mitad de las cuales viven en Egipto, Etiopía e

Indonesia. Esta cifra es superior a la que el mismo organismo dio en 2014. El motivo, que se han

podido conocer mejor las cifras de Indonesia. En los 30 países donde más se practican estas

mutilaciones, la mayoría se hacen antes de que las niñas cumplan cinco años. Del cómputo total de

mujeres afectadas, 44 millones tienen menos de 14 años. En algunos países, como Somalia, Guinea

o Djibuti, las tasas de mutilación son superiores al 90% (98% en Somalia, 97% en Guinea y 93% en

Djibuti).

La ONU se ha propuesto acabar con esta práctica de aquí a 2030. Como elemento positivo del

balance, que recientemente cinco países africanos la han prohibido: Kenia, Uganda, Guinea Bissau,

44

Nigeria y Gambia.

En febrero, El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Emakunde editaron una guía de

actuaciones ante la mutilación genital femenina, que se pone a disposición de los y las profesionales

de Osakidetza, los servicios sociales y el sistema educativo. En la CAPV viven algo más de 1.000

chicas de entre 0 y 14 años que provienen, ellas o sus padres, de países donde se practica la

ablación. La Guía y los protocolos puesto en marcha pretenden ser instrumentos preventivos para

evitar las mutilaciones, fundamentalmente cuando se organizan viajes vacacionales a los países de

origen, en los que la presión familiar y comunitaria puede producir situaciones irreparables. Se

impulsa la firma, que tiene carácter voluntario, de un “protocolo preventivo” asumido por los

padres. Es un documento con el pueden viajar al país de origen, donde se advierte que aquí esa

práctica está penalizada y que su ejercicio puede tener consecuencias graves para los padres y para

la niña afectada.

Entre enero y mayo (incluido) de 2016, han sido asesinadas en España 19 mujeres, de las que 12

habían nacido en España y 7 en el extranjero. De los 19 agresores, 13 habían nacido en España y 6

en el extranjero.

Por Comunidades Autónomas tenemos:

Aragón 2

Asturias 2

Baleares 3

Canarias 1

Castilla y León 1

Castilla La Mancha 2

Cataluña 2

Valencia 3

Extremadura 1

Galicia 1

Madrid 1

En la CAPV se produjeron 3 muertes en el año 2015, 3 en el 2014, 1 en 2013, 2 en 2012 y 2 en

2011.

En Gipuzkoa se produjo 1 muerte en 2012 y otra en 2011.

Fuente: Observatorio contra la violencia doméstica y de género

En el año 2015 fueron asesinadas, en el conjunto del Estado, 60 mujeres, 38 de las cuales tenían

nacionalidad española y 32 eran extranjeras.

En cuando a los agresores, 60 en total, 44 tenían nacionalidad española y 16 eran extranjeros

Por Comunidades Autónomas, los asesinatos se produjeron en:

Andalucía 14

Aragón 1

Asturias 3

Baleares 1

45

Canarias 3

Cantabria 1

Castilla La Mancha 1

Castilla y León 2

Cataluña 6

Valencia 11

Extremadura 1

Galicia 8

Madrid 4

Murcia 1

Navarra 0

País Vasco 3

La Rioja 0

Ceuta 0

Melilla 0

En el primer trimestre de 2016, en el conjunto del Estado se han formulado 33.917 denuncias en los

juzgados de violencia contra las mujeres, de las que 22.720, el 70.9% tenían nacionalidad española

y 9.311 eran extranjeras, el 29,1%.

De las 4.632 persona enjuiciadas en este primer trimestre de 2016 en los Juzgados de violencia

contra las mujeres, fueron condenadas 3.662 personas, de las 2.777 eran de nacionalidad española y

873 extranjeras. De las personas absueltas, 811 tenían nacionalidad española y 159 eran extranjeras.

El porcentaje total de condenados es del 79,1%. En el caso de las personas de nacionalidad española

es del 77,5% y del 84,6 en el caso de las extranjeras.

En ese espacio de tiempo se dictaron 9.119 órdenes de protección y medidas de protección, de las

que 6.499, el 71% eran para mujeres de nacionalidad española y 2.620, el 29,1%, para mujeres

extranjeras.

De las 9.119 personas denunciadas como agresores, 6.491, el 71,2% tenían nacionalidad española y

2.628 eran extranjeros, el 28,8%.

En cuanto a la relación de parentesco con la víctima de las personas denunciadas, 2.055, el 23%, era

su cónyuge, 1.224, el 13%, ex cónyuge, 2.566, el 28%, relación afectiva y 3.274, el 36%, ex

relación afectiva.

En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes y por

Comunidades Autónomas, tenemos

Tasa media del Estado 13,52

Andalucía 15,91

Aragón 6,43

Asturias 11,60

Baleares 19,49

Canarias 22,83

Cantabria 9,83

Castilla y León 8,14

Castilla la Mancha 10,66

Cataluña 11,77

Valencia 16,40

Extremadura 9,89

46

Galicia 8,09

Madrid 14,39

Murcia 18,56

Navarra 11,28

País Vasco 10,96

La Rioja 6,89

ser víctimas de violencia contra las mujeres, entre enero y mayo de 2016, en la CAPV se han

concedido 76, de las cuales 33 corresponden a Gipuzkoa, 4 a Araba y 39 a Bizkaia

Fuente: Observatorio de violencia contra la violencia doméstica y de género

En este semestre ha salido a la luz, o más bien se ha vuelto a visualizar, un problema que, aunque se

ha comentado otras veces, parece que no se acaba de encauzar para su resolución o, cuando menos

sustancial mejora.

El 15 de febrero, la Plataforma formada por asociaciones de padres y madres de alumnos,

trabajadores de centros escolares públicos y sindicatos, denunciaba públicamente la situación que se

estaba dando en la ciudad de Gasteiz. En resumen, decían:

gran concentración de alumnado inmigrante. En varias aulas de 13 de esas escuelas

sobrepasaban el 30%. En 3 había aulas con más del 50% de alumnado inmigrante. Y en

4 había aulas con más del 80% de alumnado inmigrante.

los que 3.014 son inmigrantes.

pública y 10.572 (43,13%) en la red concertada. En cuanto al alumnado inmigrante, el

73,6% se escolariza en la red pública y el 26,4% en la red concertada.

como deficiente o ningún conocimiento de la lengua o lenguas de la escuela, o

matriculaciones una vez empezado el curso. Si en aula el 30, el 50 o el 80% del

alumnado tiene necesidades especiales el trabajo se complica sobremanera.

Por lo tanto, en lo que la Plataforma denunciaba, aparecían dos grandes problemas:

pública de enseñanza, que escolariza al 56,87% del conjunto del alumnado.

extranjero superiores al 30% (en 13 escuelas), al 50% (en 3 escuelas y al 80% (en

algunas aulas de 4 escuelas)

Los problemas que se denunciaban vienen de antiguo. Del tema de las concentraciones se viene

hablando desde los años 2003-2004. El Departamento de Educación se comprometió, siendo

Consejero Tontxu Campos, en acabar con esa situación para el año 2010. Parece claro que lo que se

47

prometió no se ha cumplido.

Esos desequilibrios tiene consecuencias sociales importantes de cara al futuro, pues contribuyen a la

construcción de dos tipos de ciudadanos y ciudadanas. Unos deficientemente escolarizados y otros

adecuadamente escolarizados, lo que contribuirá a la construcción de una ciudad con personas de

dos tipos.

La consejera de Educación Cristina Uriarte, en la comparecencia que hizo en el Parlamento Vasco el

29 de febrero reconoció que el desequilibrio era un hecho. Según la Consejera, el desequilibrio tiene

que ver, fundamentalmente, con el hecho de que la población inmigrante se concentra en barrios

concretos, y esa concentración se refleja luego en la escuela.

Las asociaciones de progenitores de alumnos y alumnas dicen que la explicación de la Consejera no

es cierta. Esa circunstancia puede darse en algún barrio concreto, pero no sirve para explicar lo que

ocurre en el conjunto de la Comunidad Autónoma, pues el desequilibrio y las concentraciones se

dan en el conjunto de la CAPV, más allá de Gasteiz, que es donde empezó el movimiento de

denuncia. También hay concentraciones artificiales en Bizkaia y en Gipuzkoa.

En el caso de Gipuzkoa, el 69,6% del alumnado inmigrante de entre 2 y 6 años se escolariza en la

red pública. De un estudio hecho por las AMPAS de Gipuzkoa, en el que han analizado la situación

en 23 pueblos de entre 5.000 y 27.000 habitantes, con similares características sociales en cuento a

tasas de paro y porcentaje de población inmigrante, se desprende que:

es la causa principal del desequilibrio.

extranjero.

16,4% del alumnado inmigrante.

A la vista de los datos aportados por las AMPAS de Gipuzkoa, parece que los datos o la explicación

dada por la Consejera no se sostiene.

La Plataforma de Gasteiz y las AMPAS ponen el acento en otras cuestiones:

en la red pública o en la concertada.

población autóctona, y otra en la que se concentra y apila el alumnado extranjero.

de educación.

Vasco

Es positivo que el tema haya podido discutirse públicamente, que haya salido y vaya más allá de la

comunidad educativa. Es positivo que se haya removido el agua estancada del Departamento de

Educación. Es positivo que en la discusión se hayan planteado cuestiones que, aunque

relacionadas, van más allá de la escuela, que tiene que ver con la ciudad y los pueblos que se

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quieren construir para cuando esos niños y niñas sean ciudadanos y ciudadanas plenas y la vida de

las ciudades dependa de ellos.

Si la discusión de estas cuestiones, la denuncia pública se hizo a mediados de febrero, el fiesta de la

Escuela Pública Vasca que se celebró el domingo 5 de junio en Hendaia, el tema volvió a salir, en

las intervenciones que hicieron los y las representantes de las AMPAS. En la intervención de Ehige

se decía que: “No podemos cerrar los ojos ante la evidencia de ver como otras redes educativas que

reclaman equipararse plenamente a la Escuela Pública Vasca no reflejan nuestra diversidad ni se

comprometen con nuestra realidad, nuestra sociedad y nuestros pueblos (…) Si nuestras aulas so

son reflejo de la sociedad en la que trabajan y para la que trabajan, no podrán aportar al desarrollo

de la misma (…) Exigimos a los poderes públicos que realicen una apuesta clara por la escuela

pública, al norte y al sur, y que no se dejen embaucar, a un lado y a otro de la muga, por las

promesas de los sistemas privados de educación”

Para los impulsores de la Plataforma de Gasteiz, el Departamento de Educación, en lugar de

impulsar la escuela pública vasca, está procediendo a blindar a la escuela concertada.

El 13 de junio, los y las directoras de los veinte centros públicos de Donostia comparecieron

públicamente en el Koldo Mitxelena para mostrar su disconformidad con los escasos recursos que

dedica el Departamento de Educación. Una de sus exigencias tenía que ver con el tema de la

diversidad en la escuela, para lo que solicitaban más apoyo de profesionales.

Hay, de todas formas, un tema al que, a nuestro juicio, se le tendría que prestar más atención: ¿qué

dice de todo esto los alumnos y alumnas inmigrantes, extranjeras o de origen extranjero? Se les

señala como un problema, su presencia se ve como un problema, y si sobrepasan un determinado

porcentaje se ve como un problema grande. ¿Y qué opinan ellos de esa situación en la que se les

considera un problema si se concentran más aquí que allí? ¿Como la viven? ¿Como se vive eso de

ser el supuesto origen de un problema por ello de estar presente? ¿Por qué no se habla de sus

necesidades, de cómo ven ellos la escuela y lo que allí se estudia?, ¿de como ven ellos y ellas el que

tengan que estudiar e una o más de una lengua que desconocen?, ¿de como viven el hecho de que

cuando adquieren un cierto conocimiento de una o de las dos lenguas sus progenitores no les

pueden apoyar? Es algo que se echa en falta en esta cuestión de la concentración: ¿como vive las

cosas alguien que por el hecho de ir a la escuela, por el hecho de que esté presente en clase es

considerado un problema?

En el curso 2015-2016, en Gipuzkoa había 75.675 personas matriculadas en la enseñanzas no

universitaria

Red pública Total Modelo A Modelo B Modelo D

38.874 0 797 38.077

Red Privada Total Modelo A Modelo B Modelo D

36.801 1.923 5.040 29.838

enseñanzas de régimen general en la CAPV, ascendía a 31.977 personas, de las 23.832 estaban en el

sistema público y 8.145 en el sistema privado.

Público Privado

CAPV 31.977 23.832 8.145

49

Araba 7.441 6.149 1.292

Bizkaia 14.510 10.171 4.339

Gipuzkoa 10.026 7.512 2.514

En 7 de noviembre de 2015, en el Boletín Oficial del Estado se publicaba el R.D. 1004/2015, el

Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por

residencia.

Con el sistema actualmente en vigor, para adquirir la nacionalidad española por residencia se

tendrán que abonar: las tasas específicas establecidas, más el precio del examen DELE

(conocimiento de la lengua española) , más el precio del examen CCSE (conocimientos

constitucionales y socioculturales), más lo que se gasten en las academias para preparar esos

exámenes. Están dispensadas de la pruebas DELE las personas provenientes de: Argentina, Bolivia,

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial,

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para guay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,

Uruguay y Venezuela.

Año Total

2015 78.000

2014 93.714

2013 261.295

2012 115.557

2011 114.599

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Total 78.000

2 años de residencia 41.675 (53,70%)

10 años de residencia 15.374 (19,81%)

Nacido en España 14.572 (18,78%)

Matrimonio con español 5.799 ( 7,45%)

Hijo o nieto de español de origen 74

50

Otro motivo 206

No consta 320

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Total 3.647

Araba 493

Bizkaia 2.184

Gipuzkoa 970

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Total 970

2 años de residencia 556

10 años de residencia 181

Nacido en España 164

Matrimonio con español/a 67

Otros motivos 2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

España 158

Unión Europea 13

Resto de Europa 11

África 173

América del Norte 16

Amér. Central y Sur 566

Asia 33

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Total 970

Marruecos 187

Ecuador 63

Colombia 92

Bolivia 64

Perú 44

Rep. Dominicana 54

Cuba 31

Argentina 30

Paraguay 6

Venezuela 11

Brasil 33

Nigeria 8

Honduras 52

51

Argelia 30

Pakistán 36

Rumanía 8

Uruguay 5

Senegal 18

Chile 12

Ucrania 3

Resto 183

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Socialdemocracia

¿El hecho de que se hayan encarecido los trámites y haya que pasar por dos exámenes previos, el de

lengua y el de conocimientos de cultura, motiva un retraimiento en las solicitudes de la gente?

En nuestra experiencia más cercana, parece que no. Lo que sí obliga es a planificar con bastante

más tiempo que antes la solicitud. Pero nos da la impresión de que quien tenía pensado solicitar la

adquisición, lo va a seguir haciendo. El coste añadido sí es un problema real, y el tiempo que tienen

que dedicar para preparar las dos pruebas.

Entrada en vigor de la exención de visado de estancia para las personas de nacionalidad peruana

El 14 de marzo de 2016, el presidente de Perú Ollanta Humala firmó en Bruselas el acuerdo por el

que se exime de la obligación de disponer de un visado de estancia a las personas de nacionalidad

peruana, para entrar en el espacio Schengen.

En acuerdo entró en vigor, al día siguiente, el 15 de marzo, y afecta al conjunto de los 26 estados

del espacio Schengen más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Así, en la actualidad solo quedan dos países de todo América a cuyos ciudadanos y ciudadanas se

les exige visado de estancia para venir a Europa, Ecuador y Bolivia.