Artículo extraído de Manifiesto
Modificación por un cambio justo y solidario de la Renta de Inclusión Social.
Creemos que existen razones suficientes, tanto en lo que se refiere al actual
contexto socio-económico (altos índices de desempleo con un número creciente de
personas sin derecho a prestación, incremento de la precariedad y pérdida de
derechos laborales, aumento del número de familias que cada día son desahuciadas
de sus viviendas alquiladas o adquiridas ante la imposibilidad de hacer frente a su
coste, el aumento de familias afectadas por lo que se ha denominado pobreza
energética y en definitiva el avance imparable en Navarra de la pobreza y la
desigualdad social); como a la aplicación de la actual RIS que ha dejado de ser un
garante para procurar una vida digna a todos/as ciudadanos/as de Navarra, que
justifican con creces la redacción de una nueva ley foral que regule y actualice el
derecho a percibir una Renta Básica, con el objetivo de satisfacer las necesidades
vitales de las personas físicas o familias que lo necesiten.
Por ello desde esta Plataforma en Defensa a la Renta Básica no nos rendimos,
queremos que se modifique la actual ley y, en este sentido, hemos decidido entregar a
los distintos grupos parlamentarios una propuesta que garantice el derecho a percibir
una prestación social básica a cualquier persona que lo necesite. Creemos que el
incremento de las desigualdades sociales y de la pobreza en Navarra marcan la
urgencia para abordarla pero también pensamos que los grupos políticos todavía
tienen tiempo en esta legislatura para modificar esa ley y les brindamos la siguiente
propuesta:
• Modificación del nombre de la prestación para volver a llamarla Renta Básica,
condicionada.
• Se tratará de una prestación económica garantizada, de percepción periódica y
duración determinada, subsidiaria de otras prestaciones tal y como la actual
pero dirigida a todas las personas que cumplan las condiciones exigidas, sin
etiquetas ni discriminaciones de ninguna clase.
• Tendrán derecho a percibirla las personas mayores de 18 años que vivan en
Navarra desde hace doce meses, cualquiera que sea su situación
administrativa, siempre que sus ingresos sean inferiores a los que les
corresponderían por la percepción de Renta Básica condicionada. También
tendrán derecho a la misma los/as menores emancipados/as.
• No obstante, creemos que debe mantenerse abierta una vía excepcional de
acceso para aquellas unidades familiares que, a pesar de no cumplir todos los
requisitos, los servicios sociales de base lo valoren pertinente para garantizar
la cobertura de sus necesidades básicas, porque la pobreza y la precariedad
tiene muchas caras y es difícil predecirlas todas.
• Las cuantías deben estar vinculadas al SMI y se entenderá como la cantidad
necesaria para completar los recursos económicos de la Unidad Perceptora
hasta alcanzar la suma de las siguientes cantidades: la unidad familiar de una
persona percibirá el 100% del SMI, la de dos personas el 120%, la de tres
personas el 130%, la de cuatro el 140%, la de cinco o más personas el 150%
del SMI.
• No se contemplaran penalizaciones, con cuantías menores u otro tipo de
reducciones en las cuantías a las familias que buscan alternativas de
subsistencia para poder satisfacer sus necesidades vitales ante la precariedad
de su situación económica, como la de compartir vivienda.
• La duración de la prestación sería de hasta 12 meses, de acuerdo con la
propuesta de los servicios sociales de base, y podrá renovarse hasta que los
ingresos de la unidad familiar se equiparen o superen las cantidades que le
corresponderían por Renta Básica, porque mantener una vida digna es un
derecho que no debe tener fecha de caducidad.
• En cuanto a los Plazos de tramitación y resolución, no deberían superar el
plazo de un mes. Y el silencia administrativo sería considerado positivo.
Presentamos la propuesta apelando a la responsabilidad social de todos los
grupos parlamentarios y recordándoles la obligación que adquieren con la
sociedad de velar por el cumplimiento no sólo de las leyes forales sino de
aquellas que garantizan derechos básicos y que se sitúan por encima de
cualquier necesidad de ahorro o recorte, les pedimos que trabajen para evitar
el incremento de la desigualdad social, que trabajen para que todas las
personas puedan vivir de manera digna.
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