Informe Desigualdad, Pobreza y Exclusión en Navarra

Síntesis de los principales resultados y conclusiones del
Informe sobre desigualdad, pobreza y exclusión en Navarra
Begoña Pérez Eransus. Diciembre de 2012

1er Informe sobre desigualdad, pobreza y exclusión social en Navarra

La crisis aumenta la desigualdad social en Navarra. La sociedad Navarra en relación con otras comunidades autónomas presentaba un elevado nivel de cohesión social antes de la crisis y por tanto ha resistido mejor al impacto de la misma. Un tejido productivo más cualificado y diverso que el del resto del Estado ha evitado que los procesos de destrucción de empleo afecten en Navarra a amplios grupos de población manteniéndose el desempleo en proporciones claramente inferiores a las del resto del país; un tejido social conformado por redes familiares con gran capacidad para la redistribución de ingresos y cuidados entre sus miembros está evitando que buena parte de las personas afectadas por el paro y los bajos ingresos se vean desprotegidas; por último, la intervención de los servicios sociales públicos y una extensa red de entidades de iniciativa social de larga trayectoria en la atención de las personas con problemas de exclusión social han ido amortiguando los primeros efectos de la crisis en los sectores más débiles de nuestra sociedad. Sin embargo, esta cierta ventaja comparativa respecto a otros territorios más débiles resulta un argumento muy endeble que puede estar llevando a la sociedad Navarra a la autocomplacencia y a una actitud de indiferencia ante el grave impacto social que la crisis está teniendo también en la sociedad Navarra.

 En este trabajo hemos comprobado que la crisis está teniendo una incidencia negativa en los sectores inferiores de nuestra estructura social y un proceso de ruptura y alejamiento que puede suponer una clara amenaza a su cohesión social en el futuro más próximo. El impacto de la crisis se refleja en varios niveles, por un lado, la crisis provoca un retroceso en ámbitos sociales como el empleo, la extensión de la protección social, la igualdad de oportunidades o la integración social de la población inmigrante. Y por otro lado, en un nivel más micro, la crisis tiene como consecuencia un empeoramiento de las condiciones de vida que, día a día, viven personas que quedan al margen de cualquier protección social. Esta situación de claro deterioro afecta a un volumen de personas que, si bien por número no constituyen un problema social de primer orden, la intensidad de sus problemas sí ponen de manifiesto una clara derrota del modelo de bienestar que durante años hemos utilizado como denominación de origen de esta comunidad frente a la mayor parte del Estado.

Este carácter diferenciador en términos de bienestar social que nos imprimen las menores cifras de paro o pobreza relativa puede, paradójicamente contribuir a esta situación de negación o falta de atención política y social a las graves situaciones que viven personas en nuestro entorno cercano. Precisamente la primera conclusión que se deriva de este estudio es la falta de información y debate público relativos al impacto social de la crisis económica
en Navarra.

Sorprende como, frente al intenso seguimiento de los indicadores económicos  relativos al PIB el empleo o el déficit de la comunidad foral, no exista un abordaje paralelo profundo y sistemático del impacto social del desempleo, el volumen de hogares sin ingresos, o la población en situación de pobreza y exclusión. Esta falta de información es provocada, en buena medida, por la falta de fuentes de información de calidad para Navarra que permitan conocer las condiciones de vida de los hogares más vulnerables. Tampoco se dispone de
información pública sobre la población que acude a servicios sociales, sus problemas y la capacidad de respuesta de esta red y sus prestaciones o la demanda potencial que constituye la población en situación de pobreza y exclusión.

Por este motivo sorprende el carácter improvisado de algunas de las medidas de recorte que se están tomando, como la transformación de la Renta Básica en Renta de Inclusión, o los recortes de programas sociales y empleo, que son llevados a cabo sin un informe público del impacto social que implican.

Éste sin duda, debiera ser el primer paso para hacer frente a las consecuencias sociales de una crisis de esta envergadura, que la sociedad Navarra tuviera a su disposición información de los problemas sociales existentes para poder orientar el debate y la toma de decisiones relativas al modelo económico y social de respuesta a la crisis.
La crisis ha duplicado el desempleo en Navarra que se concentra en los más vulnerables
Una primera fase de destrucción de empleo temporal en los sectores de industria y construcción, el posterior estancamiento de la economía Navarra, los actuales recortes en empleo relacionado con el sector público y sobre todo, las dificultades para crear empleo están manteniendo un volumen de desempleo del 12% desde los primeros años de la crisis.

El desempleo en Navarra, al igual que la ocupación, no se distribuyen de manera igualitaria, sino que está afectando más a aquellas personas que habían accedido de manera más tardía y a contratos de peor calidad dentro del mercado laboral. A través de los datos sobre el desempleo en Navarra sabemos que quienes se encuentran fuera del mercado de trabajo son las personas más jóvenes (-25), las más mayores (+45), las extranjeras y sobre todo las peor cualificadas.

Esta situación pone de manifiesto las múltiples limitaciones de un mercado laboral incapaz de crear nuevas oportunidades de empleo para las personas con contratación temporal que ya no son necesarias, o aquellas que nunca se han incorporado a él. Por ello no hay duda de que el principal reto, también en Navarra, es la creación y el mantenimiento del empleo. La discusión sobre qué modelo de tejido productivo somos capaces de construir y cuál es el tipo de empleo que vamos a ofrecer a las futuras generaciones es controvertida, ideologizada y en ella claramente incidirán las tensiones que los agentes sociales del mundo de la empresa o del trabajo sean capaces de generar en defensa de sus intereses. Sin embargo, como colectividad no podemos subordinar ni posponer al ambicioso objetivo de recuperación económica y creación de empleo las necesidades de las personas que se encuentran en situación de desempleo.

En primer lugar, si la falta de cualificación determina claramente la naturaleza del desempleo, cabe prever que incluso en el escenario más optimista de creación de empleo, los nuevos puestos no vayan a ser ocupados por las personas que no tienen cualificación sino por aquellos desempleados más cualificados, con trayectorias más cortas en el desempleo y con mayor nivel de empleabilidad en términos de edad, nacionalidad, cargas familiares, etc. Por ello es urgente dar una respuesta directa al desempleo no cualificado a través de un refuerzo notable de los dispositivos de cualificación para el empleo, no sólo en volumen sino también y sobre todo en adecuación a las características de los desempleados menos empleables, por un lado, y de las características de las nuevas oportunidades laborales que seamos capaces de generar por otro.

Es un hecho evidenciado que la población en situación de exclusión también está excluida de los mecanismos de formación. En primer lugar, en Navarra en los momentos de coyuntura más favorable y con tasas de desempleo muy inferiores se desarrolló más, en volumen y esfuerzo, la oferta formativa orientada a trabajadores que la orientada a los desempleados. En este momento es preciso desarrollar la oferta destinada al desempleo ya que se ha constatado que la cualificación es elemento influyente en la salida del desempleo. Por otro lado, es preciso una actualización del catálogo formativo adaptándola a la realidad actual de un mercado de trabajo en intensa transformación y con escasas oportunidades de empleo para las personas más cualificadas. Por este motivo el diseño de la formación debe ir de la mano de un intenso trabajo de prospección de oportunidades laborales y  diseñada con una intensa carga de formación práctica a lo largo de itinerarios de largo recorrido en el puesto con el fin de que realmente sea eficaz en la inserción laboral de los desempleados.

El especial impacto del desempleo en colectivos como las personas jóvenes o desempleadas de larga duración conlleva la necesaria adaptación de las acciones de cualificación a la realidad de estas personas en relación a sus contenidos, horarios, así como la incorporación de apoyos económicos y sociales a las personas más vulnerables con el objetivo de que los procesos de cualificación sean exitosos. La experiencia de trabajo de las entidades de trayectoria en el ámbito de la incorporación laboral de jóvenes y desempleados con especiales dificultades de acceso al empleo corroboran que las buenas prácticas de cualificación suelen ser aquellas acciones diseñadas en función de oportunidades laborales ya reservadas en espacios de empleo protegidos. Esto se consigue bien a través de programas de empleo específicos como los centros de inserción, inserción laboral en empresas, bien a través empresas sociales apoyadas en la contratación por el reconocimiento determinadas cláusulas sociales o reserva de puestos para personas con dificultades de acceso al empleo en empresas o administraciones.

La crisis está provocando la precarización del empleo en Navarra. A través de diversas fuentes hemos comprobado una tendencia clara de precarización del empleo en Navarra desde el comienzo de la crisis. La base de datos de contrataciones del Gobierno de Navarra muestra una clara tendencia de intensificación en el uso de las contrataciones temporales y un empeoramiento de las condiciones laborales para una parte importante de la fuerza laboral.
Ambas tendencias que se verán sin duda intensificadas con la nueva reforma laboral que supone un claro retroceso de los derechos laborales. Existe un terreno inaccesible para los mecanismos de información pública que es el de la economía sumergida y la irregularidad.
Sin embargo, una clara visión de lo que la precarización del empleo supone para las personas la hemos obtenido de la información cualitativa y de la experiencia de las entidades que trabajan en el día a día con la población más vulnerable de Navarra. Ante la falta de oportunidades laborales y la ausencia de mecanismos de protección se comprueba una proliferación de la economía sumergida en forma de trabajo doméstico, chapuzas y otras actividades que permiten la obtención de cualquier tipo de ingreso. Los relatos muestran situaciones de clara explotación laboral, en términos de horarios, salarios y condiciones. Los efectos de esta explotación en la salud física, mental y en las relaciones de las personas que los desempeñan no se hacen esperar. Los umbrales de aceptación de trabajos están descendiendo hasta niveles intolerables en una sociedad como la nuestra.

Síntesis de los principales resultados y conclusiones del informe

Frente a la imagen de pasividad y dependencia, los hogares con todos sus miembros en desempleo muestran unos niveles de actividad y explotación que tienen efectos perversos en su propia integridad y en la de sus hogares. Este hecho es preciso constatarlo y esgrimirlo como argumento en la luz pública en defensa del carácter integrador de la protección económica de las personas sin ingresos, no sólo como herramienta de integración social de quienes padecen esta situación de explotación, sino también como herramienta de protección del conjunto de la sociedad frente a estas prácticas de explotación y precarización del empleo que ponen en riesgo a la colectividad.

En un nivel más aplicado de trabajo con los colectivos vulnerables es preciso partir de la existencia de este nivel de actividad tan intensa de lucha por la supervivencia en los hogares supuestamente inactivos. Su reconocimiento conlleva una lógica de intervención distinta que adapte los acuerdos y planes de inserción formativa y laboral partiendo de la actividad ya existente. Ignorarla conllevará el fracaso en el trabajo de inserción.

Aunque los efectos sociales de la crisis han llegado más tarde a Navarra y el impacto del desempleo en general sea menor, el volumen de personas y la intensidad de las dificultades de los hogares sin ingresos es igualmente grave en comparación con los del conjunto del Estado.

El desempleo supone, en primera instancia, una situación de falta de ingresos para quién lo sufre. Esta contingencia entendida e incluida en los riesgos cubiertos en nuestro sistema de seguridad social ya contaba con límites en la protección de personas desempleadas sin cotización previa. Además, ahora la protección contributiva también se ve amenazada por los límites de un sistema sobrecargado que no contemplaba situaciones tan largas de desempleo, y por otro lado, recortado en su alcance y cobertura en sucesivas reformas que han bloqueado el acceso a la protección de las personas que llegaron más tarde al mercado laboral y lo hicieron en peores condiciones.

 De este modo, asistimos en estos años de crisis a un volumen creciente de personas desempleadas sin ningún tipo de ingreso. Entre ellas se encuentran aquellas con trayectorias más largas de cotización que han ido agotando las prestaciones contributivas, los subsidios y ahora no tienen derecho a nada, pero también aquellas con trabajos temporales que están en paro y no han tenido acceso a la protección económica del desempleo y los/as nuevos/as  desempleados/as. Navarra, no es ajena a este proceso, por un lado, de asistencialización de la protección y, por otro, de desprotección progresiva de personas desempleadas y contaba ya, al finalizar este estudio, con un 36% de personas sin protección económica.

Tal y como hemos comprobado a través de la información cualitativa de este estudio la falta de ingresos por trabajo o prestaciones implica toda una serie de consecuencias negativas en las condiciones de vida de las personas desempleadas que van, desde la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para hacer frente al pago de alquiler o crédito de la vivienda, gastos habituales del hogar, hasta la incapacidad para hacer frente a las necesidades más básicas como alimentación, vestido o medicamentos y toda una concatenación de problemas de salud, física, mental o deterioro de relaciones familiares y sociales.

Comprobamos como la protección familiar de la persona desempleada está resultando decisiva frente al desempleo. Si la falta de ingresos por empleo se ve compensada por los ingresos de otras personas dentro del hogar con ingresos por empleo o prestaciones, los efectos negativos son amortiguados. Sin embargo, si la falta de ingresos por empleo afecta a la persona principal o a todas las personas activas de un hogar, el desempleo claramente se traduce en pobreza y privación.

El número de hogares sin ingresos se ha duplicado en el periodo 2007- 2011, situando a Navarra, con el 2,9% de los hogares sin ingresos, en una posición intermedia, similar a la del conjunto del Estado. Esta situación afectaba en el 2011 a unos 7.000 hogares en Navarra.

La existencia de la Renta Básica debiera haber evitado el crecimiento del volumen de hogares sin ingresos. Sin embargo, la intensidad de entradas y salidas del programa, los retrasos en la tramitación y el recorte en la protección que supone la nueva normativa parecen haber limitado notablemente su capacidad de cobertura. De hecho, las entidades sociales estiman ya que son unos 3000 hogares los que han quedado fuera de la protección del programa debido al cumplimento de 24 meses de estancia, en una coyuntura en la que la crisis por el contrario, está siendo de mayor duración.

A través de los relatos de vida, conocemos algunas de las estrategias de búsqueda de apoyo familiar que las personas afectadas por el desempleo han utilizado para su supervivencia en detrimento de la autonomía personal: jóvenes emancipados han vuelto al hogar de sus padres, parejas en proceso de separación conviven ante la imposibilidad de mantener dos hogares, familias que recurren a compartir el hogar con otros para hacer frente a los gastos. La falta de apoyo familiar aparece como un claro factor de caída rápida hacia la exclusión para los hogares que han perdido los ingresos por trabajo y no tienen ninguna otra protección económica.

La crisis que inicialmente tenía una lectura más masculina podría estar afectando ahora más a las mujeres. Comprobamos que los hogares cuya persona principal es una mujer, están peor que los encabezados por un hombre. Pero de nuevo observamos que con quien se ha cebado la crisis es, sobre todo, con los jóvenes (hogares encabezados por menores de 30 años) y con los hogares en los que hay menores.

Hemos podido conocer el efecto perverso de la falta de ingresos en estos hogares y sus consecuencias en términos de privaciones de alimentación, equipamientos básicos, así como en el efecto de la salud y las relaciones sociales de dichos hogares y por ello los efectos perniciosos que a la larga estas situaciones de privación continuadas puedan generar en el desarrollo físico, mental y formativo de los menores. De este modo, existen múltiples argumentos que legitiman el potencial integrador de unos ingresos mínimos en el hogar que garanticen unas condiciones de vida de sus miembros. Por el contrario, la desprotección y el recorte de la renta mínima supone un factor rápido que desencadena situaciones de exclusión más graves e irreversibles.

La crisis está suponiendo un obstáculo en el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres en Navarra. La crisis está reduciendo algunas diferencias en el mercado laboral entre hombres
y mujeres por un perverso proceso de igualdad a la baja más que por un avance en una sociedad más igualitaria. Es decir, el aumento del desempleo masculino en las primeras fases de la crisis ha equiparado las tasas de ocupación de hombres y mujeres y la precarización del empleo está reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se mantiene sin embargo en Navarra la situación de desventaja del empleo femenino previa a la crisis en términos
de mayor temporalidad, peor retribución o mayores tasas de empleo a tiempo parcial no deseado. En fases más avanzadas de la crisis, la destrucción del empleo de servicios
y sobre todo su precarización sí están afectando de manera más directa al empleo femenino.

También es preciso tener en cuenta que el paro de las mujeres está peor protegido que el de los hombres debido a su situación laboral más precaria. La temporalidad y el trabajo a tiempo parcial dificulta el acceso a las prestaciones de la seguridad social que son de carácter contributivo y pensadas en el modelo masculino de trabajo.

Por otro lado, la crisis supone un nuevo contexto en el que, como hemos visto, el recurso a la protección familiar está siendo una estrategia de salida para muchas familias. Este recurso familiar lleva consigo una intensificación del trabajo dentro del hogar que en mayor medida realizan las mujeres. Muchos hogares ante la disminución de ingresos han reducido los gastos de contratación de servicios domésticos o de cuidados a personas dependientes lo que conlleva un aumento del trabajo dentro del hogar que desempeñan en mayor medida las mujeres.

Además los efectos de las estrategias familiares en la pérdida de autonomía de sus miembros también están afectan más gravemente a las mujeres, además de a las personas más jóvenes. Posponer la natalidad, detener procesos de emancipación o separación y en el caso de las personas inmigrantes, dividir nuevamente las familias con el regreso de una parte de los miembros inactivos o parados al lugar de origen, son algunas de ellas.

Será preciso conocer los efectos de la tercera oleada de la crisis y de la destrucción de empleo producida por los recortes sociales de este año en nuestra comunidad, empleos del sector servicios, en ramas como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la actividad cultural, la actividad desarrollada por organizaciones no gubernamentales y del denominado “Tercer Sector”, en buena parte empleos femeninos.

Los hogares donde las mujeres son las personas principales también aparecen como claras víctimas de la crisis por su especial fragilidad ante la pérdida de ingresos, sus barreras para la incorporación laboral y por ello aparecen de manera frecuente en las cifras de pobreza. De hecho, más de la mitad de los hogares sin ingresos en Navarra están encabezados por mujeres.

Las mujeres extranjeras extracomunitarias se están viendo especialmente afectadas por la destrucción de empleo en servicios. Se produce una mayor competencia entre colectivos de extranjeras por trabajos domésticos y de cuidados que además sufren, como ya se ha mencionado, una progresiva precarización. Muchas de ellas han perdido trabajos en el sector regulado de las limpiezas, de la hostelería, del comercio y el tránsito al trabajo doméstico y de cuidados, o el cambio dentro del mismo sector, de la condición de externas a la de internas. Es difícil valorar el impacto de la nueva regulación del sector en un contexto de destrucción de empleo doméstico. Los hogares que contrataban estos servicios están llevando a cabo estrategias de recorte y ajuste que les afectan directamente en términos de empeoramiento de las condiciones.

En este caso, la toma de decisiones relativa a los recortes sociales en la atención a la dependencia, los servicios de atención de 0-3 años tienen un doble impacto social no previsto ni dimensionado. En la pérdida de oportunidades laborales para las mujeres, en una progresiva pérdida de bienestar para el conjunto de la sociedad y en el especial impacto que la falta de estos servicios tiene en algunos hogares especialmente frágiles. Por el contrario un especial
refuerzo de la protección pública de bienestar en estos momentos de crisis, no sólo tendría un claro efecto preventivo frente a la caída a la exclusión de los hogares encabezados por las mujeres además de un claro efecto multiplicador en la generación de empleo femenino y la extensión del bienestar al conjunto de la población.
La crisis puede suponer un claro retroceso en el proceso de integración de la población inmigrante en Navarra El proceso de integración de la población inmigrante llegada desde mediados de los noventa a Navarra había mostrado ciertos indicadores positivos en los últimos años. Tras los años iniciales más duros de lucha por el acceso al empleo, la regularización y la reagrupación familiar, muchas personas inmigrantes habían conseguido situaciones de mejora en el empleo, un proceso de regularización que se ha extendido a la mayoría de los extranjeros en nuestra Comunidad y claras mejorías en el acceso y participación social.

Desgraciadamente la pérdida del empleo puede estar poniendo en peligro estos niveles de integración social lo que supondría una clara pérdida social, no sólo para las personas que están sufriendo de nuevo la inestabilidad e inseguridad propias de los primeros años, sino para el conjunto de la sociedad Navarra que sin duda sufrirá un fuerte golpe a la cohesión social al aumentar la fragilidad de este grupo de población.

Cierto es que las características del modelo de integración de la población inmigrante en este territorio podían vaticinar este riesgo. Los procesos de regularización se han ido construyendo en relación con las necesidades de un mercado laboral basado en el desarrollo económico de sectores como la construcción, la industria agroalimentaria o los servicios. Un empleo  caracterizado por la temporalidad y la precariedad que ha sido rápidamente destruido en esta crisis. La pérdida del empleo supone para la población inmigrante, además de la falta de ingresos, un riesgo de pérdida de su situación regular.

El nivel de integración de la mayor parte de los procesos migratorios en nuestra comunidad ha llevado a las personas inmigrantes a no optar por el retorno sino por sobrevivir a la crisis. La superación de las fases más duras, la reagrupación, los lazos sociales, y el acceso en compra a la vivienda a través de préstamos son algunos de los motivos por los que estas personas apuestan por no tirar la toalla en su proceso de asentamiento. Tratan de adaptarse a la nueva situación mediante la intensificación del empleo de sus miembros, la precarización del empleo, las estrategias de ahorro, compartir gastos de vivienda con otras familias.

Sin embargo, los datos reflejan que están siendo afectados especialmente por la crisis. La tasa de desempleo de las personas inmigrantes alcanza un 30% y ha aumentado el porcentaje de personas que trabajan en puestos no cualificados. Pero en este caso a los efectos habituales del desempleo se une el riesgo de pérdida de regularidad. Debido a que del mantenimiento de un empleo puede depender la situación jurídico-administrativa de una persona extranjera. A este respecto los datos manejados en este trabajo, no permitían comprobar un fuerte aumento de la irregularidad, hecho que si parecen estar constatando a día de hoy las entidades sociales en sus servicios de acogida. Estas mismas entidades alertan sobre el impacto social negativo que están teniendo los cambios en la normativa migratoria a nivel estatal en la que ha desaparecido la posibilidad de regularización vinculada al arraigo así como el derecho de reagrupamiento familiar. En nuestra comunidad el cambio normativo de la renta básica a la nueva renta de inclusión también es valorado muy negativamente por suponer un recorte del derecho de las personas extranjeras a estos ingresos mínimos que ahora deben demostrar trayectorias más largas de empadronamiento y alertan sobre las graves consecuencias de la desprotección de estos hogares sin ningún tipo de ingreso.

De la información cualitativa se derivan evidencias suficientes sobre los rápidos procesos de caída desde la integración a la exclusión social iniciados por familias extranjeras, muchas de ellas con menores, que han quedado fuera del empleo y también ahora de la protección económica. Pérdida de la vivienda, consecuencias en la salud física y mental son algunos de los efectos más graves en estos procesos.

Navarra a pesar de la crisis sigue siendo una sociedad de clases acomodadas aunque cada vez tiene una menor capacidad redistributiva A pesar de los efectos en el empleo los datos muestran que la crisis no ha tenido un efecto importante en la estructura social de Navarra. Esta Comunidad es una sociedad de clases medias con un escaso volumen de población con muy elevados ingresos y también niveles de pobreza mucho más reducidos que en el resto de territorios del país. En Navarra, la media de ingresos es representativa del nivel de ingresos del conjunto de la población que presenta un nivel adquisitivo medio-alto a la altura de un tejido productivo y un sistema social más integrador. La mayor parte de esta estructura igualitaria no se ha visto alterada en gran medida hasta el momento para la mayoría de la población por
los efectos de la destrucción del empleo.

Sin embargo, la crisis sí parece estar teniendo impacto negativo en la capacidad redistributiva del bienestar de esta población hacia las partes más bajas de la estructura social. Antes de la crisis había un 7% de población con bajos ingresos (bajo el umbral de pobreza relativa). Este volumen de población es considerablemente menor al del conjunto del Estado si se tiene en cuenta el baremo estatal de referencia. Sin embargo, en ocasiones resulta interesante la utilización del baremo autonómico para dimensionar la población con bajos ingresos en relación con los ingresos de los vecinos más próximos por ser los que comparten los niveles de precio de la vivienda, cesta de la compra, hábitos de consumo y pautas culturales. Utilizando este baremo autonómico los datos muestran que el volumen de población con bajos ingresos en Navarra es del 17% un volumen similar al del resto del Estado. Es precisamente esta población la que ha concentrado el impacto de la crisis. Vivían situaciones de dificultad ya en tiempos de bonanza económica y sus condiciones han empeorado considerablemente en estos últimos años. Son hogares que accedieron a puestos de menor calidad en el mercado de trabajo, han tenido dificultades en el acceso de la vivienda, carecen de protección familiar y no se han beneficiado las políticas de protección económica. Si bien no han aumentado en número, su distancia frente a los ingreso del resto de hogares es ahora mayor. Esta tendencia
de alejamiento creciente muestra una cierta posibilidad de fractura social y desde luego pone en evidencia un deterioro de la capacidad redistributiva de la protección social en Navarra. Los mecanismos de protección de desempleo no han llegado a los hogares más pobres sino a las personas desempleadas no pobres.

La crisis ha incrementado las situaciones de pobreza severa en Navarra, donde además los pobres son más pobres. Si bien el volumen de personas en situación de bajos ingresos o pobreza relativa no ha variado considerablemente en estos años, el efecto de la crisis sí ha duplicado el volumen de hogares en situación de pobreza severa (ingresos inferiores al 30% de la mediana) alcanzando un 4,4% en 2010, una evolución mucho más desfavorable que la del conjunto del Estado y en una situación claramente peor en relación con el conjunto de la sociedad europea. Además de este aumento quizás lo más grave sea el claro empeoramiento de las condiciones de vida de estos hogares más alejados del bienestar en Navarra. Los cada vez más bajos ingresos de estas familias empeoran de manera creciente las condiciones de vida de estos hogares en términos de endeudamiento y aumento de privaciones tales como no usar calefacción, restricciones en el consumo de alimentos, o retraso en los pagos relativos a la vivienda.

En esta situación se encuentran hogares de muy diverso tipo pero los datos muestran una elevada presencia de familias con muchos miembros, hogares encabezados por mujer y personas sin cualificación. La existencia y el aumento de este porcentaje de situaciones de pobreza severa, si bien no suponen una alteración radical del conjunto de la estructura social debido a que a pesar de su grave situación, suponen un volumen relativamente reducido de hogares, sí es cierto que ponen de relieve el fracaso de la sociedad Navarra en la redistribución del bienestar antes de la crisis y desde luego su capacidad para frenar el impacto de la misma.
Las condiciones de vida de la población excluida empeoran por el efecto de la crisis. La parte cualitativa de este estudio nos ha permitido poner rostro a este grupo de hogares en  situaciones tan extremas de necesidad, hogares sin ingresos, en los que la pobreza severa y las privaciones se suman y refuerzan negativamente otros factores de exclusión como son la pérdida de la vivienda, los problemas de salud física y mental, la conflictividad y los problemas de convivencia familiar o el aislamiento. La falta de protección familiar aparece de nuevo como un factor decisivo de exclusión social, ya que en otros hogares el desempleo y los bajos ingresos se ven amortiguados dentro de la familia.

La profundización en el conocimiento del día a día de estos hogares muestra precisamente el efecto perverso que la acumulación de estas problemáticas genera en las familias que las sufren. El desempleo y la falta de ingresos generan privaciones que afectan a la salud que a su vez afecta a la autoestima y que a su vez dificultan la posterior inserción laboral. La falta de ingresos lleva a muchos hogares a la búsqueda de estrategias de superación de la crisis basadas en la realización de múltiples actividades que, a menudo, generan situaciones de sobrecarga física, mental y conflictividad en la convivencia. La búsqueda de apoyos familiares en ocasiones tiene efectos negativos sobre la autonomía de las personas y su autoestima.
En algunos casos la situación de dificultad viene de atrás, es decir, es anterior a la crisis, aunque se ha visto aumentada en los últimos años debido a una mayor dificultad en el acceso a unos ingresos mínimos. En otras, los relatos muestran una impactante celeridad en los procesos de caída a la exclusión, efecto inmediato de la pérdida de empleo y las  consecuencias de la falta de ingresos en el pago de la vivienda. A pesar de la diversidad de las situaciones analizadas, todas ellas tienen en común ese carácter acumulativo y degenerativo de las dificultades y la imposibilidad de superar esa situación sin apoyo externo.

Son hogares que acuden a servicios sociales y entidades sociales para pedir ayuda para su supervivencia diaria. Son situaciones que no denuncian su realidad, ni suponen una amenaza social por estar inmersos en una lucha diaria por la supervivencia y por un elevado carácter autodestructivo reflejado en la elevada incidencia de problemas de salud física y mental y su aislamiento social. Su estado precisa de intervenciones urgentes para evitar el deterioro progresivo de sus condiciones de vida. La cobertura de las necesidades básicas a través del acceso a unos ingresos mínimos supone sin duda el primer paso de respuesta a su situación. Sin embargo, la complejidad y el nivel de deterioro de algunas situaciones requieren de diagnósticos personalizados y planes de intervención adaptadas a las dificultades de cada hogar. Apoyo personal, tratamientos de salud, mantenimiento y pago de la vivienda, mediación familiar, refuerzo de los procesos de seguimiento escolar y acceso a dispositivos de cualificación laboral son algunas de las medidas que precisarían estos hogares. Frente a las soluciones generales y la simplificación de diagnósticos duales como el establecido en la nueva regulación de Renta Básica que divide en dos grupos a los desempleados: los más empleables por un lado, y la exclusión más intensa por otro, la realidad nos muestra una elevada diversidad de situaciones en las que es preciso adaptar de manera individualizada recursos de diversa índole. Hay personas en situación elevada de exclusión en las que el acceso al empleo y la cualificación puede ser un recurso eficaz en el proceso de intervención y por otro lado, hay personas que a pesar de llevar poco tiempo en desempleo su situación requiere de apoyos personales y acompañamiento social.

El diseño de estas acciones parte sin duda de la mejora de la información relativa a las necesidades de estos hogares y la aplicación de recursos coordinados a través de procesos de acompañamiento social. Al margen de las salidas colectivas a la crisis, la situación requiere del reconocimiento de la existencia de estos hogares en peor estado y del establecimiento de un tratamiento específico que recoja los apoyos necesarios que requieren los más débiles. Esta situación de crisis hace preciso un paquete de medidas específicamente diseñadas para la población más desprotegida. La celeridad de los procesos de exclusión social y el fuerte efecto preventivo de este tipo de acciones legitiman la existencia de un plan de rescate específico para la población excluida.

De hecho, el empeoramiento de la situación de muchos hogares con los que se venía interviniendo desde servicios públicos y de iniciativa social ya sería, en sí mismo, un argumento válido en defensa de un refuerzo de las acciones para que años, recursos y esfuerzo profesional no sean invalidados por el impacto de la crisis económica en las familias.

Las entidades sociales se están viendo desbordadas por las necesidades más acuciantes de la población excluida desatendidas por las políticas públicas El tejido de acción social en Navarra tiene larga tradición de intervención con distintos colectivos en situación de exclusión social. Sin embargo, su acción en relación con el sector de servicios sociales público había derivado hacia una cierta complementariedad y especialización de funciones, de información y acceso a prestaciones garantizadas desde el sector público y de trabajo especializado en colectivos (sin hogar, minorías, extranjeros) o ámbitos (vivienda, laboral, salud) el sector de acción social. Esa complementariedad en el día a día de la intervención se había visto respaldada además por un intenso proceso de interlocución con los responsables de la toma de decisiones en materia de política social.

Sin embargo, la actual crisis económica ha hecho aumentar claramente la demanda desbordando la capacidad de respuesta y atención de ambas redes. En esta nueva coyuntura, la intensidad de las situaciones vividas por muchos hogares y la falta de respuesta ágiles que caracteriza al sector público ha contribuido a que sean las entidades sociales las que asuman buena parte de las demandas asistenciales de la población en dificultad. Los datos recogidos en este trabajo muestran un incremento de más de un 35% de la demanda de estas entidades respecto a los años previos a la crisis. El incremento de demanda ha venido acompañado también de un intenso cambio en el perfil de la población demandante más joven, con mayor presencia de varones y un fuerte peso de la población extranjera con menor acceso a recursos públicos y apoyos familiares.

Esta demanda creciente ha traído consigo un cambio en la acción diaria de las entidades que están priorizado la atención a los problemas más urgentes de las personas a través de respuestas asistenciales: ayudas económicas, comida, ropa, en detrimento de intervenciones más especializadas y transformadoras de los diversos programas existentes, tales como recursos de cualificación, acompañamiento social, acceso a la vivienda y otros.

Las entidades se ven obligadas a intensificar su acción ante el aumento de la demanda apoyados en los mismos recursos profesionales y económicos e incluso en situaciones de recortes en su financiación. Su naturaleza no lucrativa y la presión que supone las necesidades en la puerta en el día a día de cada entidad les ha llevado a un proceso de recepción de una demanda de la que nadie se hace cargo.

Sin embargo, sí han surgido múltiples debates internos acerca de cuál debía ser su posicionamiento social en relación con los efectos de la crisis, más allá de su intervención tratando de paliar con tantas limitaciones los efectos de la misma. La asistencia básica de las necesidades mínimas de los ciudadanos no venía siendo su función. Por el contrario su trabajo se orientaba al tratamiento especializado de determinadas situaciones sociales complejas. Sin embargo, la falta de respuesta institucional y su naturaleza no lucrativa les ha llevado a una inercia de acogida de una demanda social que no pueden ni creen que deban abarcar. ¿Quién debe hacerse cargo de las necesidades más básicas de parte de nuestra ciudadanía?

Denuncian la falta de un proceso de toma de decisiones sobre cuál debe ser la respuesta a esta población en dificultad. Lejos del modelo de diálogo y concertación previo, en la actualidad las entidades no son invitadas a la interlocución a pesar de ser ellas quienes asumen la demanda social. Su posición como receptores de las demandas de la población más vulnerable les hace sentirse en la obligación de dar a conocer a la opinión pública los efectos sociales de la crisis generada en el ámbito financiero y en el mercado laboral y no suficientemente amortiguada por nuestros limitados sistemas de protección. Conocen la intensidad de las situaciones de dificultad que muchas personas viven en nuestra comunidad y creen que es necesario denunciarlo.
 
 No quisieran que su intervención constituyera en ningún caso un efecto de ocultamiento o disminución de la responsabilidad del conjunto de la sociedad y de la administración autonómica en particular para con los más vulnerables. Las entidades alertan sobre las consecuencias sociales del cambio de normativa de la renta básica a la nueva renta de inclusión y ya han comenzado a dimensionar sus efectos en más de 3.000 hogares sin protección económica que acuden a sus puertas en busca de ayuda para la subsistencia y temen el incremento de estas situaciones en el futuro. El Centro se posicionó en contra de la Reforma de la Renta Básica a través de un texto difundido al conjunto de los grupos políticos parlamentarios (ver anexo).

De hecho, las entidades son conscientes y ponen de manifiesto sus propias limitaciones en dar respuesta a una demanda creciente con recursos cada vez más quemados y escasos. A pesar del esfuerzo de sus profesionales y de un incremento de la solidaridad con los más pobres de una parte de la ciudadanía Navarra la respuesta es insuficiente.
La propia fragilidad de la financiación de las entidades en un contexto en el que se están produciendo recortes pone en peligro la continuidad de la intervención.

Las entidades sociales reclaman un pacto social para hacer frente a las consecuencias
sociales de la crisis y en defensa de la igualdad El CIPARAIIS pretende contribuir a través de este primer estudio a superar esta falta de atención de la esfera política y en general pública a los problemas de la pobreza y la exclusión provocados e intensificados por la crisis.

 La información vertida en este informe trata precisamente de sentar las bases de un método de recogida de información continua y complementaria que nos permita dar dimensión y profundizar en el conocimiento de las desigualdades sociales y las condiciones de vida de la población más vulnerable en Navarra. La visibilidad de las situaciones de desventaja social puede suponer un primer paso en el avance por la concienciación y el compromiso público para hacer frente a dichas situaciones. Además, esta disponibilidad de información debe orientar la toma de decisiones relativa a los programas y riesgos derivados de la desaparición de determinadas políticas sociales.

Las distintas entidades que formamos parte del Centro de Investigación para la Igualdad Social consideramos que el contexto actual de crisis requiere de un compromiso de los distintos actores sociales con el fi n de salvaguardar los niveles de cohesión social de la sociedad y poner fi n a las situaciones de mayor dificultad. Para el establecimiento de este pacto es precisa la participación del tejido político y social y la implicación de actores sociales del mundo social y del empleo.

Es preciso retomar el diálogo de todos los agentes incluido el tejido social que es quién tiene un conocimiento de primera mano de la situación de los más débiles. La experiencia de intervención en procesos de incorporación con colectivos excluidos ha permitido al sector de acción social desarrollar una capacidad de innovación en la creación de fórmulas de empleo y formación basadas en los partenariados muy valiosas en un contexto complejo como el actual.
La amenaza que la crisis supone de pérdida de cohesión social requiere de un compromiso de todos los agentes sociales en defensa de un paquete de medidas eficaces que pongan freno a los procesos de exclusión social y constituyan un plan de rescate para los hogares más afectados por la crisis.

Este plan necesariamente debe conllevar el establecimiento de un nivel mínimo de garantía de ingresos para todos los hogares con el fi n de acabar con las situaciones de privación extrema de necesidades básicas. En segundo lugar, es preciso el diseño de medidas específicas de cualificación y empleo destinadas a favorecer el acceso al empleo de las personas con mayores dificultades. En tercer lugar, se hace necesaria la implicación de los distintos sistemas de protección social pública, en la intervención en hogares con problemas relacionados con la salud, educación, vivienda y empleo con el fi n de dar respuestas coordinadas de carácter preventivo a los problemas de salud, de mantenimiento de la vivienda o de continuidad de los estudios. Por último, resulta indispensable el mantenimiento y refuerzo de la intervención llevada a cabo desde la red de servicios sociales y la acción de las entidades en aras a mantener los procesos de acompañamiento social y trabajo especializado necesarios en el trabajo de integración de personas en situación de exclusión social.

Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social
(CIPARAISS), Pamplona, 12 de Enero de 2012
ANEXO: Una valoración general y
6 propuestas mínimas
1. Una valoración General.

La delicada situación económica y social en la que nos encontramos requiere una seria reflexión del conjunto de la sociedad navarra para establecer cuáles son realmente las consecuencias sociales de esta crisis y la amenaza a la cohesión social que éstas pueden suponer. Más allá del recorte de un programa de prestaciones económicas destinado a personas que no pueden garantizar su subsistencia, se hace preciso el diseño de un conjunto de políticas sociales necesarias para evitar procesos de fractura social que empeoren las condiciones de vida de la ciudadanía y amenacen la cohesión social de Navarra.

Desde la experiencia de intervención y reflexión en el terreno de la exclusión social queremos realizar las siguientes consideraciones en relación con la oportunidad, los argumentos y justificaciones, así como sobre el contenido de esta normativa.

1 En este documento se reflejan los principales resultados de un seminario de análisis
organizado por el Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS).
Este centro nació en el ámbito de la Universidad Pública de Navarra a finales de 2010 con el fi n de llevar a cabo acciones de investigación y reflexión en torno a las desigualdades sociales en Navarra. El centro, está integrado por entidades de iniciativa social y del ámbito académico que trabajan en relación con la acción social en Navarra: Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Cruz Roja Navarra, Fundación Gaztelan, Fundación Ilundain Haritz Berri y Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, junto con varios Grupos de Investigación de la Universidad Pública de Navarra y la Catedra Unesco de Ciudadanía Convivencia y Pluralismo.

Anexo
Seis propuestas mínimas
de modificación del Proyecto de Ley
Foral por la que se Regula la Renta
de Inclusión Social Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social
(CIPARAISS), Pamplona, 12 de Enero de 2012

Una reforma inoportuna
El recorte de un programa de mínimos se plantea en el peor de los momentos. Precisamente cuando en medio de una fuerte crisis económica se destruye empleo y los parados van agotando el resto de prestaciones de nivel contributivo y no contributivo, este tipo de programas de garantía de ingresos mínimos constituyen un salvavidas para muchos hogares mientras se generan nuevas oportunidades de empleo. Recortar, en vez de fortalecer esta última red en este momento puede interpretarse como un síntoma de insolidaridad con las personas que se han visto afectadas por la crisis.

Pero además, una reforma restrictiva con la última red de protección social dirigida a los sectores más necesitados de la sociedad es un grave error en términos de preservar el capital humano y unas condiciones sociales adecuadas para el desarrollo económico y social en el futuro. Tiene una incidencia mínima en la reducción del conjunto del gasto público, siendo además un tipo de gasto con un claro efecto multiplicador que, en su moderada dimensión,
que ha demostrado su contribución al mantenimiento de la demanda local y el empleo. Cabe preguntarse al menos si es en este programa donde era prioritario reducir los gastos.

Una justificación desafortunada basada en prejuicios

La explicación realizada ante la opinión pública ha sido claramente desafortunada al justificar con el fraude (siempre de una minoría) una reducción de derechos que hace pagar a justos por pecadores y al señalar indiscriminadamente al colectivo de extranjeros como el causante de los problemas. Pero más allá de eso, los argumentos esgrimidos en la justificación de motivos para la reforma del actual derecho a la renta básica no están respaldados por juicios técnicos ni por las evidencias empíricas que pueden extraerse de las evaluaciones anteriores. Por el contrario, emanan de la argumentación esgrimida afirmaciones populistas que poco tienen que ver con la realidad:

• En la argumentación de la reforma se afirma que la renta básica “ha sufrido una desvirtuación de su objeto y de los originales destinatarios a raíz de la actual crisis económica”. La renta  básica en su anterior reglamentación tiene como objeto la cobertura de las necesidades básicas de hogares con falta de ingresos, y este programa tiene gran eficacia actualmente por su elevado potencial integrador. Esta eficacia se ha visto incrementada en este momento de crisis que pone en evidencia precisamente la importancia de su existencia al prevenir procesos
de deterioro social de personas que se están quedando sin ingresos.

• La división dicotómica entre personas excluidas (en el programa antes de la crisis) y perceptores coyunturales (personas expulsadas por el mercado laboral y que agotan prestaciones) es una división que puede acarrear disfunciones, complejidad y riesgos de desprotección. Todas las personas que acceden al programa tienen en común la falta de ingresos y es cierto que algunas acumulan otras problemáticas. En todo caso el conocimiento y la experiencia sobre los procesos de exclusión social avalan el diseño individualizado de planes de incorporación social y laboral, pero sin que ello tenga por qué cuestionar el acceso a una prestación económica, al ir dirigida en todos los casos a la cobertura de las necesidades más básicas. La exclusión no es una situación estática sino un proceso. Hay personas desempleadas debido a la crisis que por la acumulación de problemas ya han iniciado fuertes procesos de caída hacia la exclusión, y personas con largos procesos de exclusión que se encuentran en la línea de salida en la que una oportunidad o apoyo en la integración laboral les haría salir de ella. Por ello, el planteamiento de cualquier clasificación y los contenidos de los Acuerdos de Incorporación debería plantearse con criterios flexibles.
 • No se hace explícita ninguna argumentación en la exposición de motivos de la ley que sustente la necesidad de elevar de 12 a 24 meses la residencia continuada en Navarra como requisito para acceder a la prestación, ni tampoco la exigencia de la residencia legal. Además del argumento de la solidaridad con una población extranjera que ha contribuido al desarrollo económico de Navarra de una forma muy sustancial durante los últimos 15 años y ahora se ve abocada a la indigencia, es necesario poner de manifiesto que no se ha realizado ningún estudio sobre los efectos de estas modificaciones en determinados casos que, más allá de su situación administrativa o de su historial de movilidad, presentan un arraigo demostrado en Navarra y/o tienen menores a su cargo.

Una orientación de la reforma que no se corresponde con las necesidades detectadas

Esta reforma no afronta las verdaderas dificultades del programa de renta básica que desde hace años se han venido evidenciando desde el ámbito técnico y académico, como son:
• La lentitud, los retrasos y los problemas de gestión de una ayuda de primera necesidad, que debiera ser de percepción directa, han llevado a muchas familias a situaciones efectivas de desprotección durante muchos meses, parcialmente paliadas por los anticipos de Cáritas. Al
final del tiempo de espera, el pago de los atrasos tiene un efecto antipedagógico para la correcta administración de las situaciones de escasez. Así pues, los retrasos en la tramitación administrativa no evitan el gasto social y reducen notablemente la eficacia de la prestación. Se ha demostrado que este modelo de gestión burocratizado y duplicado, que desconfía del diagnóstico y del seguimiento de los servicios sociales de base y multiplica las justificaciones y comprobaciones, es ineficaz en sus objetivos y ha acabado por colapsar el sistema.

• El proyecto de Ley parece optar decididamente por reforzar las actividades de incorporación social, algo largamente demandado por la red de los servicios sociales de base y por las entidades sociales (y que hubiese tenido mayor sentido en un contexto de expansión del  empleo y de los recursos sociales). Pero lo que el proyecto de ley no  resuelve es cómo va a corregirse el escaso desarrollo de los mecanismos destinados a favorecer la incorporación social y laboral de las personas perceptoras. Ni si quiera se aclara en el mismo cuales van a ser las instancias responsables de elaborar y validar los Acuerdos de Incorporación primero, y de evaluarlos después, siendo esta cuestión un elemento esencial que afecta a los derechos de los ciudadanos.
Debido a todas estas razones, el CIPARAIIS, en su compromiso de servicio público a la ciudadanía y a las instituciones, quiere alertar a los parlamentarios de Navarra sobre las graves consecuencias que supone la aprobación de la ley en su redacción actual, que no tendrá otro efecto previsible que un intenso recorte del derecho de cobertura de las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas de nuestra comunidad, sin aportar ninguna solución a los problemas que realmente se plantean en este ámbito.

2. Seis propuestas mínimas para la modificación urgente de la
Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social

Al margen de las valoraciones anteriores de carácter general, con el doble objetivo de que la actual Renta Básica no se vea sustancialmente mermada en su capacidad para proteger las situaciones de mayor necesidad en Navarra y que contribuya a la vez adecuadamente a construir itinerarios de incorporación social, desde el Centro de Investigación Para la Igualdad y la Integración Social se elevan a la consideración del Parlamento de Navarra las siguientes recomendaciones de mínimos para la modificación del articulado, antes de su aprobación en pleno:
2. Las entidades sociales están detectando ya casos en los que el tiempo de espera llega a los 7 meses, mayor que el tiempo previsto de percepción.
3. Artículo 3. Requisitos de acceso a la prestación.
Debería flexibilizarse la vía de la excepcionalidad de forma que se suavicen los efectos del endurecimiento de los requisitos en ciertos casos:
• - Que sea la Dirección General competente la que resuelva los expedientes que se incorporen por vías excepcionales de acuerdo a los criterios que establezcan reglamentariamente en qué casos está justificado.
• - Que se extienda la posibilidad de atender excepcionalmente a quienes incumplan cualquiera de los requisitos establecidos, especialmente cuando haya menores a cargo.
• - Que se atiendan las situaciones de residencia irregular o con alguna discontinuidad (requisitos b y c) cuando pueda demostrarse un arraigo social en Navarra.

Artículo 7. Acuerdo de Incorporación Punto 2.
• Las diferencias en el Acuerdo de Incorporación, social o socio laboral, no deberían implicar en ningún caso tratamientos discriminatorios que supongan la reducción o cuestionamiento de los derechos sociales para unos u otros.
• Más que una concepción binaria de los Acuerdos de Incorporación, se recomienda una articulación flexible de sus contenidos sociales y laborales en función de las características, necesidades y posibilidades de las personas de la unidad perceptora.
Punto 3.
El contenido de los Acuerdos de Incorporación debería ir orientado siempre a la promoción social de las unidades perceptoras: mejorando sus condiciones de vida, aumentando su empleabilidad o su autonomía personal. Las actividades de cooperación y de voluntariado podrán ser incluidas en los Acuerdos de Incorporación, pero siempre que sean asumidas de forma voluntaria por parte de las unidades perceptoras, de forma que no se contravenga
la legislación sobre voluntariado a este respecto.
Las actividades en beneficio de la comunidad deberán canalizarse a través de las formas pertinentes de empleo protegido, con el consiguiente contrato, de forma que no se contravenga la legislación laboral.
Deberían priorizarse, con carácter general, los contenidos de los Acuerdos de Incorporación orientados, a corto o a largo plazo, a la inserción laboral: habilidades básicas, formación, orientación en la búsqueda de empleo, aceptación de ofertas de empleo y cualquier otra actividad que mejore la empleabilidad de las personas que componen la unidad familiar.

Artículo 8.
La extinción del derecho a la prestación por no remitir el Acuerdo de Incorporación
(letra c) o por incumplimiento del mismo (letra d) sólo debería ser aplicable cuando sea imputable directamente a la unidad perceptora.
En el caso de extinción de la prestación por haber rechazado una oferta de empleo (letra f) se debería restituir el calificativo de “adecuada” que contempla la actual renta básica.
El incumplimiento del Acuerdo de Incorporación debería ser establecido por una instancia distinta a la unidad administrativa que propone la extinción.

Disposición transitoria
Debería eliminarse el carácter retroactivo de esta ley a los expedientes que actualmente se encuentran en tramitación (solicitudes y renovaciones) y aplicarse exclusivamente a las solicitudes realizadas a partir de su entrada en vigor.

Disposición aprobada en Comisión
La nueva ayuda para los desempleados que hubiesen agotado prestaciones debería entenderse también dentro del ámbito de regulación de la presente ley, introduciendo las oportunas modificaciones para una adecuada coordinación que facilite el tránsito entre los ambos sistemas de protección social.

Recomendación final
El Gobierno de Navarra debería establecer los mecanismos de seguimiento de los efectos que esta modificación legal pueda tener, tanto en el nivel de protección de las situaciones de necesidad como en la construcción de itinerarios de incorporación social. Sólo así ulteriores reformas se podrán realizar sobre una base de evidencia empírica y más allá de presunciones ideológicas.

         

PAMPLONA: ESTAFETA 61-2º DCHA     T: 948 220 051     NAFARROA@SOLIDARI.ES    TUDELA: PRINCIPE DE VIANA, 3-1º     T: 948 825 857     TUDELA@SOLIDARI.ES