Artículo extraído de www.pensamientocritico.org
La incidencia política en los tiempos del cólera
La cuestión de la incidencia política de los movimientos sociales ha tomado especial relevancia en el contexto actual, en el que las políticas gubernamentales de contrarreforma de nuestro estado de bienestar se han visto fuertemente contestadas por amplias movilizaciones sociales y acciones de protesta que protagonizan múltiples sectores de la sociedad. En este contexto, los movimientos sociales aparecen como un actor político clave, y la dimensión política de la acción social se hace más evidente, si es que no lo era anteriormente.
Cuando nos referimos a la incidencia política de los movimientos sociales, estamos haciendo referencia a un tipo de acción social y política concreta, que ofrece continuidad en el tiempo y en el espacio a múltiples protestas, orientando sus demandas, más allá de reivindicaciones puntuales, hacia el cambio en el contenido de las políticas. En definitiva, las organizaciones de los movimientos sociales actúan como actores de cambio político mediante la coordinación y generalización de la protesta.
Es necesario distinguir los fenómenos políticos a los que nos referimos para no caer en generalizaciones y confusiones. Así, habría que distinguir entre protesta social, movimientos sociales y organizaciones de los mismos. Tampoco conviene considerar a los movimientos sociales como actores unitarios. Aunque, por cuestiones de tiempo, no nos detendremos en este tipo de distinciones, si conviene aclarar que en la intervención haremos referencia a las organizaciones de los movimientos sociales, teniendo en cuenta su diversidad y pluralismo, ya que consideramos que son éstas las que, en el actual ciclo de protesta están llamadas a conferir continuidad a las protestas aisladas en el tiempo y a los conflictos que se producen en diferentes lugares, integrándolos en perspectivas más amplias de cambio social y político.
En esta ocasión, siguiendo el sistema de preguntas previas que se sugirió para organizar la sesión, haremos referencia especialmente a algunos límites y problemas que en el contexto actual encontramos de cara al impacto político de los movimientos sociales, para finalmente abordar algunas sugerencias que puedan abrir una reflexión general sobre los asuntos que se plantean.
El punto de partida de estas reflexiones se basa en la idea de que en el actual contexto, se está dando un ciclo de protesta, en el que se están desarrollando múltiples repertorios de acción colectiva y estructuras de participación, que podrían afectar a los que han venido utilizando las organizaciones de los movimientos sociales y, también, la izquierda social y política. De este modo, el impacto político habría que situarlo no sólo en relación a los cambios en el sistema político y la situación socioeconómica sino, también, en la medida que tendrían una incidencia de cambio en aspectos importantes de los movimientos sociales, las ONG, los sindicatos, y la izquierda política[1].
Desde este foco de interés abordamos las cuestiones que se plantean a continuación, como ideas abiertas para el debate y la reflexión crítica.
Análisis del escenario: ¿Cuáles son los principales elementos que caracterizan la respuesta de las instituciones a las demandas de la sociedad civil?
En relación a esta cuestión, en primer lugar, es necesario señalar que las instituciones políticas se encuentran sujetas a un fuerte proceso de debilitamiento. Los estados modernos han ido perdiendo su capacidad de decisión sobre múltiples cuestiones, lo que no quiere decir que hayan perdido toda su influencia y sigan jugando, aún a pesar del fuerte proceso de globalización neoliberal, un papel determinante. De hecho, el actual proceso de toma de decisiones políticas opera en una red de interdependencia compleja (Keohane y Nye, 1988). A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los estados han ido creando asociaciones de estados con múltiples objetivos y compartiendo soberanía, han construido una red de instituciones internacionales y organizaciones supraestatales para abordar las cuestiones globales y, al mismo tiempo, muchos estados han iniciado un proceso de devolución de poder a gobiernos regionales o locales (Castells, 2009: 69-70). De esta forma, se ha venido produciendo una erosión de la soberanía estatal/nacional, concebida como la base del monopolio en la toma de decisiones en unos límites territoriales determinados. En Europa, la crisis económica global y las políticas para gestionar la misma que se han impulsando por parte de los gobiernos estatales, supraestatales (Unión Europea) y los organismos internacionales, están suponiendo un aceleración de la erosión de la capacidad de decisión de los gobiernos, sometidos a una fuerte presión por parte de los organismos económicos internacionales y los grandes intereses económicos globales, estatales y locales (eso que eufemísticamente se suele denominar como los mercados). La crisis económica y social, se ha convertido en el contexto adecuado para la aplicación de las políticas neoliberales, que implican un amplio proceso de contrarreforma de los distintos estados de bienestar. Este proceso no se desarrolla en toda Europa por igual, y allí donde los estados de bienestar alcanzaron menos desarrollo y se asentaron menos en la cultura política de la ciudadanía (los países del Sur de Europa), los efectos son muy relevantes y de mayor impacto sobre la vida de las personas; mientras que allí donde los estados de bienestar alcanzaron un mayor desarrollo y se asentaron de manera relevante en la cultura política de la ciudadanía (los países del Norte de Europa, y muy especialmente, los países escandinavos), los efectos son menores y de un impacto más limitado sobre la vida de las personas.
Este aspecto de la internacionalización es muy relevante de cara a la incidencia política de las organizaciones de los movimientos sociales, ya que su naturaleza, estructura y evolución se ve fuertemente condicionada por estos procesos, hasta el punto que las instituciones económicas o los organismos transnacionales se convierten en centros de atención para la contienda política (Tarrow, 2010). Un hecho ampliamente estudiado es el surgimiento y el incremento de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (ONGI), en paralelo a la creación de organismos transnacionales o agencias supraestatales (Boli y Thomas, 1997), y también es relevante el aumento de las cumbres alternativas y las jornadas globales de acción, en aumento desde finales del siglo XX.
Pero la cuestión de la globalización no nos explica en exclusiva las respuestas de las instituciones públicas a las demandas de las organizaciones de los movimientos sociales, sino que existen factores propios de los sistemas políticos estatales y de las dinámicas de la política institucional que nos sirven de base para analizar cómo están respondiendo las instituciones estatales a las demandas de los movimientos sociales. De hecho, podemos afirmar que, aún teniendo muy en cuenta la internacionalización, los estados siguen siendo el marco fundamental de la contienda política (Tarrow, 2010), lo que no puede obviar que las cambiantes condiciones políticas que hemos señalado condicionarán la configuración de los movimientos sociales en el futuro próximo (Tilly, 2009: 279-304).
En el caso español, estaríamos haciendo referencia a un proceso que tiene sus orígenes en el modelo de transición política, que sentó las bases de un sistema altamente institucionalizado, con una fuerte estabilidad política. En el ámbito estatal, esto se ha visto reforzado por el bipartidismo que desde 1982 se ha ido consolidando gracias, en gran parte, a un sistema electoral poco proporcional y que favorece a los dos partidos mayoritarios[2]. Un sistema que hoy parece haber entrado crisis[3]. En los ámbitos autonómicos, aunque con diferencias por comunidades, tanto en el ritmo como en la composición, se observa una tendencia a la alta institucionalización y a la estabilidad gubernamental[4]. Estas características del sistema político español, constituyen la base de un sistema político poco permeable a las demandas de los actores no institucionales, generando un tipo de cultura política institucional excluyente desde el punto de vista de la participación ciudadana.
Este aspecto es uno de los elementos que ayudan a comprender porqué la protesta social, y más concretamente la participación en manifestaciones se ha convertido en la principal forma de acción política no sólo de las organizaciones de los movimientos sociales, sino también de actores institucionales (partidos y sindicatos), así como de las propias instituciones públicas, cuando tratan de hacer llegar alguna reivindicación a otras instituciones (Adell, 1998 y 2000; y Jiménez, 2005 y 2011).
Por otro lado, en el momento actual, desde el punto de vista de las repuestas de las instituciones públicas a las demandas y las protestas ciudadanas, nos encontramos con un factor coyuntural que está siendo determinante: la mayoría absoluta y el enorme poder institucional que tiene en la actualidad la derecha española que representa el Partido Popular. A las políticas de contrarreforma neoliberal-conservadora que el PP está acometiendo en todos los sectores sociales y en todos los niveles institucionales, se une un creciente autoritarismo político, un rasgo característico de la cultura política de la derecha española, que nos remite a la dinámica de la segunda legislatura del gobierno de Aznar (2000-2004), ambos igualmente libres de ataduras gracias a las mayorías absolutas.
Esto nos sitúa ante una estrategia institucional de relación con las demandas ciudadanas en un sentido excluyente y limitado, que se traduciría en tres componentes:
- No dar facilidad de acceso a las instituciones (ni canales formales ni informales), lo que incluye desinformación, poca transparencia, ausencia de espacios de diálogo, etc.
- No hacer concesión alguna ante las demandas.
- La represión y la criminalización de la protesta, en un intento de desfocalizar las movilizaciones de protesta, y convertirlas en un problema de orden público.
Estos elementos, que se han expuesto muy esquemáticamente, nos ayudan a entender que el impacto político de las organizaciones de los movimientos sociales deberían dirigirse en varias direcciones:
(1) El reconocimiento de los movimientos de protesta y de los distintos actores que hoy la componen, como actores legítimos.
(2) En la medida en que puedan suponer cambios en las políticas de los gobiernos, la transformación de algunos aspectos del sistema político.
La incidencia política de los movimientos sociales, y más concretamente de los movimientos de protesta actuales, es producto no sólo de la reacción frente a las políticas gubernamentales, sino también de cambios en las mentalidades y las actitudes de una parte importante de la sociedad, en relación con la política y la economía en sentido amplio. Y que de alguna manera se están produciendo cambios: incidiendo en ciertos discursos políticos, en ciertas decisiones, en relaciones y equilibrios de poder y en símbolos culturales.
Actualmente se está en un proceso de expansión de la protesta social, en su volumen y en su intensidad, y de la movilización de amplios sectores de la sociedad no sólo de manera reactiva o defensiva, frente a las políticas de contrarreforma de los gobiernos, sino que además esta reacción va acompañada de unas críticas, de unas exigencias y de unas propuestas de cambio en la dinámica política actual. Ahí se están expresando ideas y valores que pueden constituir la base una nueva cultura política, que implicaría cambios en los partidos políticos, en los representantes públicos, en los gobernantes, en las instituciones…
Por otro lado, la relación entre el sistema político, y más concretamente entre las instituciones (incluyendo aquí a los partidos políticos fuertemente institucionalizados) y los movimientos sociales nos sirve para situar también algunos obstáculos para las oportunidades de incidencia política en el contexto actual. En este sentido, a pesar de que las movilizaciones sociales han ido en aumento, nos encontramos con límites claros, en varios planos:
(1) La actual configuración del poder institucional supone un obstáculo importante para las oportunidades de incidencia política desde los movimientos de protesta actuales, tanto en lo que se refiere al reconocimiento de los distintos actores sociales como actores legítimos, el cambio de las políticas de contrarreforma, como en cambios sustanciales de algunos aspectos del sistema políticos.
(2) El sistema de partidos y las culturas políticas dominantes en los grandes partidos no favorecen a corto y medio plazo, cambios en aspectos del sistema político. Si bien es cierto que no podemos afirmar que ambas opciones de gobierno representan exactamente lo mismo, sí es cierto que ambos comparten similitudes importantes que no favorecen los cambios necesarios en el actual sistema político, encaminados a dar paso a una dinámica que permite una mayor incidencia política de la sociedad civil, entre otras cosas porque esto exige un cambio sustancial en la estructura y la dinámica interna de los partidos políticos.
(3) La dinámica global, que implica una fuerte interdependencia y una fuerte capacidad de intromisión de instituciones supraestatales y organismos económicos (incluyendo la influencia de las grandes empresas) condicionan la capacidad de incidencia política en el ámbito institucional de los movimientos sociales.
¿Hay lecciones que los movimientos y organizaciones sociales hayan aprendido en los años de democracia? ¿Hay capital de conocimientos y experiencia acumulada?
Lo primero que podríamos señalar es que existe una relación directa entre democracia y movimientos sociales. Y más concretamente entre democratización y movimientos sociales. Se trata de un proceso bidireccional. Aunque no podemos detenernos mucho en este asunto, si conviene señalar que la democracia, incluso en su versión más formal favorece la extensión de los movimientos sociales y de las redes de confianza en el espacio público (sociedad civil). Pero al mismo tiempo, hay que señalar que la configuración del sistema político determina las posibilidades de democratización en un sentido más amplio y va a condicionar la naturaleza y la evolución de los movimientos sociales (Tilly, 2009). En otra dirección, los movimientos sociales pueden jugar un elemento democratizador, en la medida que puedan incidir en una ampliación de las bases de consulta y participación de la democracia y contribuyan a abrir el sistema político.
En el caso español, esto nos remite al modelo de transición democrática, al sistema político que se instauró y al papel que jugaron los movimientos sociales. En este sentido, como ya comentamos, nos encontramos con un modelo muy limitado en cuanto a la consulta con la ciudadanía, en cuanto a reconocer a los actores sociales como legítimos, etc. Además, los movimientos sociales, exceptuando el movimiento sindical, el vecinal y el estudiantil (muy vinculados a la lucha antifranquista), es decir, los nuevos movimientos sociales se configuraron como tales a principio de los años ochenta, con lo que su naturaleza y evolución ha estado muy determinada por un sistema político cuyas bases, en general, ya se habían gestado, si bien los marcos autonómicos abrieron nuevas posibilidades, aunque con el paso del tiempo estos se hayan constituyendo en modelos también limitados. En este sentido, es fácil observar como la democratización en España se ha quedado muy estancada, en los términos de ampliar las bases de consulta protegida y de participación de la ciudadanía, lo que con el tiempo se ha ido traduciendo en un distanciamiento y en la pérdida de confianza de amplios sectores de la ciudadanía con los gobiernos y las instituciones, incluyendo aquí a los partidos políticos.
Por otro lado, hay un elemento que es importante señalar también. Y es el hecho de que en la sociedad española se dan unos niveles muy bajos de participación y/o afiliación en organizaciones de los nuevos movimientos sociales, a excepción de los movimientos de solidaridad, que han llegado a superar en niveles de participación a Francia o Alemania. Esto es importante, porque frente a lo que comúnmente se suele decir, quienes han jugado un papel más relevante en el campo de las reivindicaciones sociales en las últimas décadas han sido los sindicatos. Se trata por tanto de un condicionante de la realidad asociativa, que va a ser determinante para comprender lo que está sucediendo y lo que podemos proyectar para el futuro.
En definitiva, creo que hay tres aspectos que habría que considerar de partida: a) un sistema político muy limitador de la consulta y la incidencia política de los actores sociales; b) una tardía configuración de los nuevos movimientos sociales, lo que hace que hablemos de una experiencia de 30 años, lo que no es mucho recorrido para este tipo de cuestiones; y c) unos niveles muy bajos de participación y afiliación en las organizaciones de los movimientos sociales.
Sin embargo, las nuevas experiencias sociales, los nuevos movimientos de protesta no surgen de la nada. Una visión muy comúnmente aceptada es que los movimientos sociales tienen un carácter cíclico, lo que viene a señalar que la acción colectiva se desarrolla a través de fases de movilización y desmovilización.
Desde este punto de vista, por ejemplo, los nuevos movimientos de protesta habría que concebirlos como el producto de ciclo de movilizaciones de los años o décadas anteriores, presentando elementos de continuidad y cambio con respecto a ciclos de protesta anteriores. Es decir, que si para explicar los orígenes del actual ciclo de protesta -que podríamos decir que se inicia con las manifestaciones del 15 de mayo- hacemos referencia a las movilizaciones inmediatamente anteriores de Vivienda Digna, Juventud sin futuro u otras similares, es también necesario, en una perspectiva más amplia, hacer referencia a ciclos de protesta anteriores como, por ejemplo, al ciclo antiglobalización que se inició simbólicamente con la Batalla de Seattle contra la Cumbre de la OMC (1999) y se cerró con la ola de movilizaciones internacionales contra la guerra de Irak (2003). De esta manera, podremos ver cómo de alguna manera los diferentes ciclos presentan similitudes, pero también elementos de cambio que pueden constituir novedades en la acción colectiva y en el desarrollo de los movimientos sociales.
En este sentido habría que señalar un problema que se observa entre sectores juveniles activos: su débil cultura histórica. Se trata de generaciones poco enraizadas históricamente. El escaso conocimiento histórico, lo que incluye el desconocimiento de trayectorias anteriores de la izquierda social y política (del Río, 2012: 223), de los nuevos movimientos sociales, incluso de los ciclos más recientes como las experiencias de los movimientos antiglobalización es algo muy palpable. Y esto hace que en muchas ocasiones asistamos en la actualidad a una exaltación de “lo nuevo”, cuando en realidad y en el fondo no es sino una reaparición de “lo viejo”, bajo nuevas formas.
Esto no quiere decir que no se estén produciendo cambios relevantes en el momento actual, al contrario, asistimos a ciertas novedades relevantes en los repertorios de acción colectiva o en las estructuras de organización y las dinámicas de participación, que hace que tengamos que medir la incidencia política no sólo en relación a las instituciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos, sino también en cómo inciden estas cuestiones en las organizaciones sociales, las ONG o los movimientos sociales…
¿Hay factores diferenciadores entre los distintos actores de la sociedad civil en términos de efectividad de la incidencia? ¿Entre distintas estrategias?
Definir los actores actuales es complicado por su diversidad. La crisis económica y social, y las políticas de contrarreforma del PP están afectando a amplísimos sectores de la sociedad. Hasta tal punto que podríamos decir que todos los ámbitos sociales se están viendo afectados directamente y en todos se están conformando respuestas, unas veces incorporándose a los actores existentes (actores tradicionales), otras veces autoconstituyéndose como actores propios. Esta es una de las cuestiones que caracterizan los ciclos de protesta como el que vivimos.
Si hacemos referencia al ciclo de movilizaciones actual, comenzaría señalando que hasta el momento en el ciclo de protesta podríamos diferenciar dos fases, en la que aparecen dos actores claramente diferenciados. En relación con los actores, se está dando un enorme dinamismo, y junto a los actores tradicionales, están apareciendo nuevas iniciativas sociales y experiencias asociativas muy diversas.
En relación a las estrategias y su efectividad, hay diferencias en varios planos, pero no porque unas sean más efectivas que otras, sino porque apuntan en direcciones bien distintas, lo que tiene que ver con las prioridades que se vayan planteando, así como con las identidades colectivas que se van constituyendo en cada ámbito, con las necesidades a las que pretenden dar respuesta, con el tipo de repertorio de acción y las estructuras de organización…
Así, los sindicatos están muy centrados en la incidencia en las políticas gubernamentales, en la defensa de los derechos sociales, en la defensa de lo público, etc. Lo mismo los actores vinculados a la defensa sectorial, como la sanidad, la justicia y la educación… Las ONG, en general, ponen el acento además en la visibilización de las consecuencias de las políticas de contrarreforma para los sectores más desfavorecidos: ancianos, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, menores en riesgo de exclusión, toxicómanos, etc. Por otro lado, se observa como una parte de la protesta pone el acento en cuestiones políticas, en cuestiones democráticas, con acciones que intentan incidir no sólo en un debilitamiento del gobierno, sino en cambios en el sistema político.
En relación a esto último, señalaría como algo preocupante la presencia de estrategias de deslegitimación vinculadas a la antipolítica, es decir, que aprovechando las deficiencias democráticas y los límites de la democratización del sistema político español, en determinados ámbitos de acción, se está articulando un tipo de ideas y un tipo de estrategias, que claramente rechaza y subestima el ámbito de las mediaciones políticas, en la que no sólo se incluyen aquí a las instituciones o los representantes políticos, sino también a los partidos, los sindicatos, y hasta las organizaciones de los movimientos sociales… Paralelamente, se está dando una mitificación de la sociedad, desde una visión maniqueísta y reduccionista, que entiende que lo social es lo bueno, y los políticos y la política es la encarnación de todos los males. Como si la política y la sociedad fueran dos universos paralelos e independientes…
Esto no quiere decir que no existan motivos más que suficientes para la crítica de la política. Evidentemente las carencias y las limitaciones son muy relevantes, y la dinámica política actual es parte importante del problema, y está muy lejos de ser parte de la solución. Pero esto no debería implicar el alejamiento de la política, sino más bien asumir que es necesaria una mayor implicación e interés por la política. Se trata más bien de plantear una reconstrucción de la política que cumpla el escueto y paradójico lema de “contra la política desde la política”, en el entendido de que esa es la mejor vía para el rechazo de la dinámica política actual (Ródenas, 2002). En definitiva, una actitud de crítica y defensa de la política[5].
Esto afecta especialmente a la izquierda política que hace mucho que desertó de las calles y se ha refugiado en las urnas y en las instituciones. De ahí que la estrategia de una parte de esta izquierda política vaya dirigida a legitimarse ante los actores sociales.
Caminos para la incidencia política en el escenario actual ¿Con cuáles mejor no intentar?
Se trata de una cuestión bien difícil, ya que nos movemos en múltiples planos, y el contexto político y social es muy grave. Muy resumidamente, podemos apuntar cuatro niveles de incidencia, en relación a lo que se ha venido comentando en las preguntas anteriores:
(1) En relación con la legitimación de los actores sociales: un tipo de acción no sólo dirigida al ámbito institucional, sino dirigida a conectar con sectores amplios de la sociedad, lo que implicaría un tipo de reflexión y de acción autocrítica de las ONG y de las organizaciones de los movimientos sociales en relación con el papel que han venido desempeñando y los nuevos retos que desde la sociedad se vienen planteando.
(2) En relación con introducir cambios en las políticas de contrarreforma que se están desarrollando, lo que implica un mantenimiento de la movilización social y de la protesta; pero también una estrategia no sólo local o estatal, sino transnacional o global.
(3) En debilitar al actual gobierno del PP hasta el punto que deje de gobernar, lo que implicaría no sólo mantener la movilización y la protesta, sino que pone sobre la mesa una creciente necesidad: la confluencia de las fuerzas que se oponen a la política gubernamental, y la respuesta futura en el ámbito institucional.
(4) En introducir cambios en el sistema político, para profundizar en su democratización, lo que implicaría un tipo de acción de fortalecimiento de la sociedad civil, en la perspectiva de una nueva cultura cívica, más democrática y pluralista, una cultura alternativa a la de la derecha (autoritarista y antipluralista), que incida también en los actores políticos institucionales, lo que incluiría una crítica y una acción dirigida a los partidos de izquierda y a los sindicatos.
Por último, en relación a qué estrategias no intentar, señalaría dos especialmente:
En primer lugar, el abrazo a los populismos (de derecha, de izquierda, nacionalistas, centralistas…) y a la antipolítica a la que hemos hecho referencia.
En segundo lugar, el uso de la violencia, que llevaría a situaciones de pérdida de apoyo social, ya que la violencia suele ser un fenómeno que provoca “contradicciones culturales” en el seno de los movimientos dando lugar a una polarización en torno a esta cuestión no sólo entre los activistas, sino también en la opinión pública. Estas dos estrategias sólo benefician a quiénes hoy están impulsando las políticas de contrarreforma neoliberal-conservadora. El gobierno pretende situar el foco de atención en la cuestión de la violencia y la legitimidad de las acciones, situando en un segundo plano las reivindicaciones de la protesta, que sitúan a este gobierno en el centro del problema. En segundo lugar, se pretende crear una imagen pública desfavorable de los actores sociales (deslegitimación social y política), mediante la confusión y la desinformación. En tercer lugar, se persigue la desmovilización de una parte de los movilizados y el fomento de conflictos internos. Por otro lado, no se trata de poner fin a la política, o de reducir su campo de actuación (que es lo que pretende la derecha neoliberal-conservadora), sino de promover las transformaciones necesarias para que el sistema político sea más democrático, se trata de crear contrapesos institucionales, mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad, canales de consulta y participación de la ciudadanía, de transparencia, etc.
En definitiva, nos encontramos ante una situación de enorme dificultad, no sólo por la magnitud de la contrarreforma y sus consecuencias para el conjunto de la sociedad, y porque en este contexto están aflorando muy claramente los graves déficits de nuestro modelo democrático, sino también por las limitaciones y los obstáculos que están presentes en la propia sociedad civil, en las organizaciones de los movimientos sociales, en los sindicatos y en la izquierda política. Una actitud autocrítica, reflexiva, abierta, pluralista y dinámica sería necesaria para poder superar los límites y convertir esta crisis en una oportunidad de cambio.
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Notas:
El presente texto es una adaptación de la intervención en la mesa de debate celebrada bajo el título Incidencia política efectiva en contextos adversos: factores relacionales y contextuales para la incidencia política, que fue moderada por Gabriela Jorquera, coordinadora técnica de EAPN-Madrid, y en la que también intervino Antonio Antón, el 18 de enero de 2013.
[1] Una explicación más detallada en “El ciclo de protesta actual: la acción colectiva después de la indignación” (2012), en http://www.pensamientocritico.org/juabri1212.htm
[2] Desde 1982 los dos partidos políticos que se han repartido el poder son el PP y el PSOE, estando desde entonces siempre uno de ellos ocupando el gobierno (la mayoría de las legislaturas con mayoría absoluta) y el otro como principal partido de la oposición. En los comicios generales de 1993, la suma de votos lograda por el PSOE y el PP supuso el 73.5% del total de sufragios válidos emitidos: 8.1 puntos más que la alcanzada por los dos partidos en las legislativas previas de 1989. Desde aquel momento, el bipartidismo en España ha ido aumentado progresivamente elección tras elección: 76.4% en 1996 -las primeras que ganó en España el PP-, 78.7% en 2000 -cuando Aznar logró la mayoría absoluta-, 80.3% en el 2004 -primera victoria de Zapatero- y 83.8% en 2008 -segunda victoria de Zapatero-. (http://blogs.elpais.com/metroscopia/2011/09/el-bipartidismo-en-españa.html). Además, en la última legislatura (2008-2011), PP y PSOE sumaban el 92% de la representación en Congreso de los Diputados, y obtuvieron representación además 8 opciones, mientras que en la actual legislatura (desde 2011) PP y PSOE suman un 84,5% y obtuvieron representación 13 opciones. Además, la mayoría absoluta actual del PP, ha sido prefabricada por el sistema electoral, ya que con el 44,6% de los sufragios, el obtuvo el 53,1% de los representantes del Congreso (El País, 26/11/2011)
[3] Así se deduce de las últimas encuestas publicadas sobre intención de voto y estimación de resultado electoral, que indican una reducción del porcentaje de voto del PP al 29,8% y del PSOE al 23,3%, mientras que IU se situaría con un 15,6% y UPyD con un 10,1%. (El País, 12/01/2013)
[4] El mapa autonómico, sin embargo, es más variado. Actualmente, existen comunidades donde solo hay dos partidos como Castilla – La Mancha, mientras que en otras como, por ejemplo, Galicia (4), Canarias (4), Euskadi (4), Asturias (5) Cataluña (7), existen entre cuatro y siete opciones con representación. Sin embargo, esta mayor pluralidad de opciones que representan la mayoría de autonomías, ha ido acompañada por lo general por una alta institucionalización de los sistemas políticos autonómicos.
[5] Diferentes reflexiones desde esta posición de crítica y defensa de la política las podemos observar en los escritos de Pablo Ródenas (1991, 1994, 1995-1996, 1999, 2004) y Eugenio del Río (1992, 2003).
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