Artículo extraído de www.nuevatribuna.es
Una alternativa progresista y de izquierdas
Frente a la gestión y la salida conservadora es preciso definir una alternativa progresista y de izquierdas. Sus rasgos generales están implícitos en las protestas y resistencias colectivas frente a la política de austeridad: una salida justa y democrática a la crisis socioeconómica y al déficit democrático del sistema político. En el proceso sociopolítico y el debate colectivo habrá que avanzar en sus rasgos concretos, condicionando los distintos equilibrios de poder. El obstáculo inmediato a vencer desde la óptica progresista es la actual política de austeridad impulsada por el bloque de poder dominante en la Unión Europea, representado por Merkel y sus aliados centroeuropeos.
Esa política, con su prioridad por el pago de la deuda de los acreedores financieros y la reducción drástica del gasto público, está demostrando su fracaso para asegurar la reactivación económica, la creación de empleo y el mantenimiento de un Estado de bienestar avanzado, particularmente, en los países europeos del sur periférico. Además, genera graves problemas de cohesión social, deslegitimación de las élites políticas y disminución de la calidad democrática de sus sistemas políticos.
La situación actual para las izquierdas, los movimientos sociales y los grupos progresistas, es defensiva. Es difícil conseguir a corto plazo una transformación profunda del sistema económico y político europeo (y mundial). Se trata, como primer paso, de evitar una derrota profunda (por goleada) y recuperar lo fundamental de lo perdido en los retrocesos actuales, sin resignarse a la pérdida de derechos democráticos, económicos y sociolaborales, a una reducción significativa de la calidad de vida de las capas populares y a un débil Estado social y democrático.
A ese equilibrio, más o menos inestable pero con una ruptura o derrota de la actual política de austeridad, le podemos llamar salida intermedia. Es un proceso complejo e incierto en diversos campos: en el institucional (europeo y de refuerzo de la política y la democracia frente a los mercados), económico (solidaridad o equilibrio norte-sur, distinto modelo productivo) y social (equilibrado, salvando los fundamentos básicos del modelo social). La diferenciación es, por un lado, con una pretendida continuidad con la actual dinámica con pequeñas correcciones que palien los riesgos más extremos (descohesión de las sociedades, ruptura de la UE, fuerte deslegitimación del sistema político, autoritarismo…) pero que consolide la actual estructura de poder liberal-conservador y la desigualdad social.
Por otro lado, tiene sentido elaborar y promover una apuesta de salida justa, democrática y socialmente avanzada, con el horizonte de una Europa más integrada y solidaria y un modelo social más progresista. Esta opción es inviable a corto plazo, tiene gran legitimidad social pero no reúne fuerzas sociales y políticas suficientes para su conquista inmediata. Y no sabemos si puede tener suficiente consistencia y estabilidad a medio plazo; no obstante, tiene importancia su definición y su apoyo social como orientación del camino a seguir, aun contando con fases intermedias.
Una parte de la población ve adecuada la fórmula de un gran pacto, político, económico y social para combatir la crisis económica. El problema principal a definir es su contenido, dado que en el actual contexto su orientación dominante sería regresiva. El primer elemento a negociar y concretar sería el cambio de la política de austeridad, con la prioridad de reducir el déficit público, por otra política que garantice la creación de empleo y asegure la suficiencia de los derechos sociolaborales y la calidad de vida de la mayoría de la población, así como la democratización del sistema político. Pero es la cuestión a la que se oponen las principales fuerzas económicas e institucionales en la Unión Europea y los países periféricos en particular. Por tanto, hoy, la fórmula adecuada sigue siendo erosionar y deslegitimar esa política y sus gestores, por parte de la ciudadanía activa y las fuerzas progresistas, como vía para permitir su cambio, al menos hacia esa salida intermedia o con un mínimo reequilibrio social y de poder.
Un interrogante es si es posible a medio plazo un gran pacto ‘progresista’ o suficientemente equilibrado que, en todo caso, vendría de impedir la ofensiva neoliberal y garantizar la recuperación de lo perdido por la ciudadanía. Ello requeriría duras, masivas y prolongadas resistencias o desafecciones ciudadanas, el desgaste sustantivo del bloque de poder dominante y el aval de las mayorías sociales europeas. No se trata de buscar ahora consensos o pactos globales aceptando la hegemonía liberal-conservadora y sus políticas regresivas.
Es precisa una profunda reorientación de la política económica, una amplia democratización del sistema político y, particularmente, la renovación y el fortalecimiento de las izquierdas y los movimientos sociales progresistas, es decir, consolidar una ciudadanía activa y una fuerza sociopolítica transformadora. Simplemente, para garantizar un ‘empate’, que puede conllevar un acuerdo amplio, la apuesta progresista debe ser un cambio profundo. En esa medida, se deberá comprobar de forma realista los nuevos equilibrios parciales o inestables que se puedan producir y, para ello, defender un programa económico creíble para ser aplicable y asegurar un reparto equitativo de los costes de la crisis, junto con una democratización del sistema político y mayor participación de la ciudadanía.
Bloque social y político de izquierdas
En el proceso de conformar una salida justa y democrática de la crisis económica, va a influir el impacto del factor socioeconómico (cohesión, desigualdad…) y el sociopolítico (indignación, presión social). En la tradición política de las izquierdas se definía al sujeto sociopolítico con algunos conceptos utilizados en el pasado que definían un campo amplio de alianzas y que vuelven a la actualidad en distintos países europeos: ‘unidad de las izquierdas’, ‘coordinación y unidad progresista europea’, ‘bloque social o cívico alternativo’, ‘unidad popular activa’. No es nada nuevo, es la idea convencional de ‘frente popular’ de los años treinta o la ‘unidad de la izquierda’ de los partidos socialistas y, en general, de la izquierda democrática de los años setenta y ochenta, y posteriormente la experiencia de las izquierdas en ámbitos menores. Así, se puede definir como un bloque social y político progresista y de izquierdas, unitario y plural.
Ha sido aplicada en España en espacios locales y autonómicos con pactos entre PSOE e IU (Andalucía, Asturias…) o incluyendo a la izquierda nacionalista (ERC en el tripartito catalán, o BNG en Galicia). No obstante, en el plano estatal y condicionado con la ley electoral que privilegia el bipartidismo (corregido con los nacionalismos periféricos), la dirección del PSOE siempre ha renegado de esa posibilidad para formar gobiernos y ha priorizado sus acuerdos con los nacionalismos de derecha (PNV y CIU) o grandes consensos con la derecha del PP en las llamadas cuestiones de Estado.
En todo caso, esa idea genérica de una alianza amplia de las izquierdas y los sectores progresistas está en conflicto con el giro hacia el centro político y la prioridad de los vínculos con las clases medias que elaboró y siguió la tercera vía, particularmente los partidos socialdemócrata alemán y laborista británico, en los años noventa y primeros dos mil y que todavía es la referencia de la actual dirección del partido socialista. Por otra parte, ese tipo de alianzas necesitaría de adecuaciones al contexto actual, valorando, en primer lugar, las dificultades para la disponibilidad de las direcciones de los partidos socialistas por esa opción (más accesible en Francia).
Aun así, para avanzar en una solución progresista y parcialmente impuesta y/o pactada con representantes de los poderosos, al menos en el marco europeo, junto con el apoyo de una mayoría social en los países más significativos, quedaría por comprobar tres aspectos fundamentales: 1) el alcance de la involucración de los aparatos socialdemócratas (alemanes, pero también centroeuropeos y del sur); 2) la existencia o no de cierta solidaridad europea (superando intereses nacionales del norte), y 3) la participación de una fracción del poder económico e institucional (liberal).
El pacto social keynesiano, dominante en Europa en las tres décadas gloriosas, promovido por parte del poder económico e institucional europeo (y estadounidense) en el contexto de un fuerte protagonismo de la Unión Soviética y una importante presión social de las izquierdas y el movimiento sindical en diversos países europeos, permitió salir de la gran depresión de los años treinta, facilitó la expansión económica de la posguerra mundial y alumbró el Estado de bienestar.
Cabe hacerse algunos interrogantes para comprobar si ese equilibrio llamado modelo social europeo ha sido una excepción histórica condenada a la desaparición, retrocediendo a principios del siglo XX (o al siglo XIX) con el liberalismo económico, unas democracias débiles y la subordinación de las capas populares. O si, por el contrario, existen elementos que permitan aventurar un futuro menos regresivo y fatalista.
Para empezar ¿existe la posibilidad de un nuevo liderazgo en el seno de la representación del poder económico e institucional? ¿serán capaces unas nuevas élites de una racionalidad o una visión de los intereses del capital y la sociedad en su conjunto y a largo plazo, similar a la de Keynes y Roosevelt en su día? De momento, lo más parecido a ello, el tándem Hollande-Obama (con el añadido de otros miembros emergentes del G-20), parece insuficiente para conducir un giro significativo a la economía y la política mundial y europea.
La vieja política de austeridad demuestra su fracaso, pero la nueva política (de crecimiento o reequilibrio) no termina de aparecer; el bloque de poder que lo impide sigue siendo poderoso e impone, ante todo, la salvaguarda de sus intereses inmediatos desconsiderando las grandes repercusiones negativas para la sociedad y las fuentes de inestabilidad a medio y largo plazo.
La solución llamada intermedia también es inestable porque conlleva dos dinámicas divergentes: 1) la garantía a los ’poderosos’ de control económico-social y hegemonía institucional, descartando un fortalecimiento y reequilibrio de las distintas corrientes de las izquierdas hacia posiciones más críticas y alternativas que puedan constituir un riesgo de inestabilidad para ellos; 2) la configuración de un bloque democrático-progresista, con fuerte presencia de la izquierda y dentro de ella de su ala izquierda y en pugna contra la fracción más neoliberal.
Es difícil pensar en un escenario o un desarrollo posterior de mayor y sostenida conflictividad social, ampliación del peso de una alternativa popular, un reequilibrio de fuerzas hacia la izquierda, una salida más equitativa a la crisis socioeconómica y una reversión de la involución política. Dejamos al margen otras fórmulas utilizadas en el pasado que ahora se utilizan en distintos ámbitos críticos de forma más o menos simbólica (revolución, ruptura radical antisistema…), pero que pueden confundir más que esclarecer las perspectivas del actual marco histórico. Se trata de pensar en un cambio social, político y económico profundo o una estrategia sociopolítica firme y prolongada de transformación de la sociedad y el sistema político. En ese sentido, se puede hablar de un ‘reformismo progresista fuerte y democrático’.
Por supuesto, también cabe que se consolide la opción autoritaria, regresiva y destructiva de los movimientos populares progresistas y la izquierda crítica. No se puede asegurar la realización de una salida ‘justa y progresista’ o el acercamiento a un horizonte social más avanzado, muy improbable a corto plazo. La cuestión relevante ahora es que tiene sentido ampliar el apoyo social en torno a un proyecto democrático y transformador, para cohesionar y fortalecer a esa base social progresista y condicionar el proceso de conjunto.
Nuevas élites sociopolíticas progresistas
La corriente social de izquierdas o indignada, como base social crítica, tiene su fragilidad y sus límites. Existen muchas dificultades y problemas objetivos para avanzar en el fortalecimiento de una ciudadanía activa. Uno de los más importantes es, precisamente, las limitaciones de las élites (representantes o activistas), incluidas las intelectuales, cuya conformación exigen otras dinámicas y variables.
Se puede citar un aspecto específico: los elementos de debilidad, dispersión y falta de orientación de las élites asociativas progresistas, políticas, sindicales y de los movimientos y grupos sociales; así, es difícil la constitución y la unidad de una referencia moral, intelectual y política, con el consiguiente liderazgo. Se necesitaría superar cierto nihilismo o falta de compromiso solidario de las élites intelectuales progresistas, así como una fuerte innovación y renovación de las élites políticas y asociativas, difícil de prever. Es decir, en las élites sociopolíticas e intelectuales (españolas y europeas) existen insuficiencias en su calidad cultural (o ideológica y ética) y el desempeño de su función representativa, social y política que es preciso mejorar.
Es un debate abierto entre las distintas élites actuales, incluido el tema del declive de la socialdemocracia, la constitución de un amplio bloque político-electoral a su izquierda o la configuración de un potente movimiento social alternativo. Dentro de las izquierdas es conveniente un reequilibrio frente a la completa hegemonía que las corrientes socialdemócratas han tenido en las últimas décadas y el impulso de nuevas y renovadas agrupaciones de izquierda.
Por tanto, se combinan dos dinámicas: 1) desarrollar la unidad amplia con el conjunto de las izquierdas y sectores progresistas, y 2) ganar peso las corrientes políticas a la izquierda de la socialdemocracia, incluso el desarrollo de sectores más críticos en el interior de los partidos socialistas. Es un difícil equilibrio pero imprescindible entre unidad y diferenciación.
En los últimos tiempos ya se ha empezado a desarrollar ese desplazamiento social y electoral hacia la izquierda y la participación democrática en diversos países (por ejemplo, en Francia –Frente de izquierdas-, Alemania –Verdes e La Izquierda-, Grecia – Syriza- o la propia España –Izquierda plural-, evidente desde las elecciones locales y generales del año 2011). Su ampliación exige superar los respectivos intereses corporativos, inercias históricas, la mirada estrecha y a corto plazo o la búsqueda exclusiva en la legitimación respectiva de los grupos iniciales, y fortalecer una visión más integradora, unitaria y a medio plazo. Pero es pertinente ser consciente de ello, expresar esas deficiencias de forma constructiva y apuntar la necesidad de una reflexión colectiva y una respuesta abierta, sin sectarismos ni engreimiento.
La coyuntura histórica es diferente a las crisis de los años treinta y los años setenta, particularmente sobre la conformación de ‘sujetos’, campos sociopolíticos, teorías y élites. Las ideologías convencionales y los viejos esquemas no son válidos. Pero también queda superada la interpretación dominante en la socialdemocracia de final de los años noventa y primeros años dos mil: desarrollo socioeconómico sobre bases frágiles –burbuja-, reformismo débil bajo la hegemonía socialista y declive del conflicto social y el resto de izquierdas y movimientos sociales. Por tanto, hay que avanzar en una teoría social crítica que investigue adecuadamente los cambios del presente, interprete los factores sociopolíticos y sirva para transformar la realidad. Y, específicamente, avanzar en la renovación de las élites intelectuales y sociopolíticas, sobre todo en su comportamiento democrático, su capacidad crítica y su actitud ética de justicia social.
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