I

Uno de los temas que más preocupa en muchos medios y sectores sociales es el que la crisis está provocando la desaparición de las clases medias. Analizar cómo afecta el desarrollo económico a la configuración de las clases sociales ha sido siempre una preocupación del pensamiento transformador. Un elemento esencial para elaborar un proyecto político realista. Lo que sigue son unos apuntes apresurados sobre los cambios en curso.

El concepto de clase media es bastante confuso y cada cual lo interpreta como quiere. En los viejos análisis de clase, la media se asociaba a los sectores de pequeños propietarios, pequeños capitalistas, autónomos —básicamente una clase media no asalariada, como mucho inlcuyendo un pequeño segmento de asalariados con un particular estatus social: funcionarios públicos, cuadros medios de las empresas etc.—.

El capitalismo keynesiano y el posterior neoliberal han provocado una sustancial transformación de la estructura social que ha dejado bastante descolocados los viejos esquemas del marxismo clásico. Las capas medias no asalariadas han tendido a desaparecer a medida que la concentración de capital, la industrialización de la agricultura y la transformación del comercio han reducido el peso de los no asalariados en la estructura social. La inmensa mayoría de la población es hoy asalariada, pero dentro de ésta se ha desarrollado una enorme segmentación y diferenciación social, asociada a los cambios en la organización empresarial, al sector público y al desarrollo tecnológico. Un desarrollo que ha generado un amplio segmento de empleos en los que se requiere un nivel elevado de educación formal y que suelen estar asociados a niveles salariales relativamente altos, cierto prestigio social, una idea de carrera profesional y mayor estabilidad en el empleo, en relación a los empleos comunes, “manuales” (todos los empleos suelen requerir implicación mental y física), de la industria y los servicios. El primer grupo es el que forma lo que podríamos llamar el bloque de las capas medias asalariadas, diferenciado en muchos aspectos de la clase obrera tradicional. Aunque en muchos casos se confunde clase media no sólo con este segmento de asalariados sino con el conjunto de los que han podido alcanzar ciertas cotas de consumismo gracias a un cierto nivel de ingresos y de estabilidad. En los años buenos, esto también estaba al alcance de una parte de la clase obrera tradicional, especialmente la de las grandes industrias o la élite de la construcción.

Como los niveles de gasto dependen más de la estructura familiar que de los ingresos individuales, esta extensión del consumismo y la seguridad económica se extendía incluso a asalariados, especialmente mujeres, con bajos salarios y empleos cortos, a condición de que formaran parte de familias con algún miembro en el sector estable. Al final, más que una sociedad con sectores muy definidos, lo que ha caracterizado nuestra estructura social es una enorme diversificación de condiciones laborales y de ingresos, una estratificación cuyo elemento dominante es la posición laboral de cada cual mitigada o reforzada por su posición familiar, lo que de forma simplista podríamos resumir en una clase media asalariada básicamente formada por personas con altos niveles educativos y/o formando parte de los niveles superiores de las estructuras empresariales, y una clase obrera (mayoritariamente masculina) con un segmento de empleo estable y otro segmento ligado a empleos precarios.

El aspecto del nivel educativo siempre me ha parecido crucial no sólo porque presenta una evidente correlación con la posición laboral, sino sobre todo porque tiene una influencia importante en la configuración de actitudes, valores, percepciones sociales. Al fin y al cabo, la educación es un proceso que ocurre en las etapas iniciales de la vida. Los que superan las distintas barreras educativas tienden a autoconvencerse de su mérito y capacidad. Su formación les orienta hacia una visión de la vida en la que predominan ideas como la vocación —a menudo se confunde trabajo asalariado con realización personal—, la carrera competitiva, o el predominio de la acción individual. Los demás llegan a la vida laboral con un fracaso inicial y, excepto en aquellos países y contextos en los que se ha desarrollado un sistema de formación y reconocimiento profesional, se ven de por vida condenados a un trabajo poco reconocido que sólo quieren hacer quienes no tienen otra opción. Por ello el comportamiento de las clases medias asalariadas ha tendido a ser bastante diferente en términos de acción social. Basta con ver su comportamiento en los conflictos laborales o la distribución del voto por barrios o pueblos para captar la existencia de un comportamiento claramente diferenciado (y no estoy sugiriendo que la clase media sea esencialmente reaccionaria y la clase obrera esencialmente de izquierdas, sino que pueden verse diferencias en su forma de ser de izquierdas o de derechas: por ejemplo en Francia los reductos de clase obrera tradicional votan más al PCF y al Frente Nacional que allí donde predominan las clases medias asalariadas).

II

Las dos crisis anteriores del período neoliberal (las de 1980-1985 y la de 1991-1994) habían golpeado especialmente al segmento superior de la clase obrera por la vía del cierre de fábricas y las deslocalizaciones. Las clases medias asalariadas vivieron estas crisis como una cuestión ajena. En nuestro país una cuestión esencial para ello fue el desarrollo de un amplio volumen de empleo público y semipúblico (educación, sanidad, administración pública...) que ha sido el principal generador de oportunidades para estos sectores, especialmente para la consolidación de un amplio espacio de empleo femenino educado. También la expansión de las estructuras burocráticas de las empresas, el crecimiento de actividades intermediarias —finanzas, seguros, asesorías diversas...— e incluso el hecho de que, allí donde se producían ajustes, éstos solían tomar la forma de prejubilaciones relativamente generosas que retiraban de la vida laboral asalariada a gente que en otras condiciones hubiera pasado a integrar las filas de la pobreza. La emigración del empleo industrial y la precarización de las condiciones laborales en los servicios podía incluso mejorar la situación vital de los asalariados del nivel superior al permitirles acceder a bienes y servicios abaratados por el inicio del hundimiento de los derechos de los segmentos tradicionales de clase obrera. Al fin y al cabo, el neoliberalismo se ha mantenido con un consenso social suficientemente amplio, manteniendo formas políticas democráticas que exigen un cierto consenso social.

Lo que cambia en la crisis actual es que por primera vez en la historia también llega a los segmentos de clase media asalariada. En ello tienen mucho que ver las politicas de ajuste del sector público. O los últimos coletazos de la reestructuración del sector financiero (y de otros sectores empresariales) en condiciones completamente diferentes de las anteriores. Especialmente la gente jóven percibe que el cambio en las reglas del juego está rompiendo sus posibilidades de carrera, su proyecto individual. En cierto modo están experimentando que su condición de asalariados se parece mucho más de lo que pensaban a la del resto de asalariados. Y que en conjunto padecen un tipo de problemas parecidos. Por primera vez en la historia los distintos segmentos de asalariados están confrontados a un mismo tipo de ofensiva global y se enfrentan a una misma versión descarnada de la estructura profunda de la lógica capitalista.

III

El que los problemas de inseguridad económica extrema, depreciación laboral, empobrecimiento, etc., afecten a todos por igual abre la oportunidad de desarrollar una nueva perspectiva social igualitaria. Pero ésta no está garantizada de antemano. No es seguro que la reacción dominante de los devaluados asalariados “cultos” vaya a consistir en implicarse en un proyecto social colectivo. En su formación personal muchos y muchas arrastran demasiado individualismo, autoestima, sentido de superioridad moral e ilusión en sus propias posibilidades como para pensar que está garantizada una respuesta progresista. En bastantes jóvenes la respuesta más fácil parece la de “salida” (emigrar a países donde confian que su valía tendrá posibilidades) que la de “voz”. Y no es descartable que en otros se produzca un cierre nihilista que les incapacite para la acción colectiva y les convierta en resentidos de por vida. La historia, por desgracia, muchas veces se desarrolla por el lado oscuro.

Pero existe al menos una posibilidad de transformar la “igualación a la baja” que están generando las políticas de ajuste neoliberal en la ampliación de una base social amplia que reclame un verdadero modelo social igualitario. Un modelo que genere una vida y un trabajo dignos a todo el mundo. Que clarifique qué actividades sociales son verdaderamente relevantes para el bienestar social y cuáles son accesorias. Que promueva un modelo social que garantice a todo el mundo seguridad económica básica y posibilidad de desarrollo personal. Muchas de las propuestas de ecologistas, feministas y reformadores sociales dan pistas para construir estas propuestas. Pero exigen una intensa labor cultural y social para construir un bloque capaz de generar una alternativa real a la dictadura neoliberal.

Dependencia endémica (Notas sobre los problemas estructurales de la economía española, 1)

De las grandes crisis se sale con cambios estructurales en el funcionamiento de la economía, en su regulación, en sus instituciones. El impacto desigual de las crisis en distintos territorios es en parte resultado de su distinta estructura, de su posición en la economía global. Un buen diagnóstico de la situación es básico para promover respuestas adecuadas. Lo que no siempre supone que éstas sean fáciles de aplicar ni que tengan resultados inmediatos, de igual modo que una enfermedad puede estar bien diagnosticada y en cambio desconocerse la forma de combatirla.

La economía española padece unos problemas que explican su diferencial de destrucción de empleo, la mayor gravedad de la situación. Al principio de la crisis se hicieron algunos diagnósticos acertados, quizas porque eran tan fáciles de reconocer que no se requería un gran nivel de experiencia profesional para llevarlos a cabo. Uno era el papel del sistema financiero a escala global. El otro, más local, era culpar de los males del problema al hiperdesarrollo constructivo. Los poderes financieros han conseguido aguar la insistencia en reformas profundas de su actividad, en gran medida porque han logrado endosar el problema del endeudamiento a los estados y transformar así una crisis de endeudamiento privado en políticas de ajuste público. En los últimos meses en España los problemas de la deuda exterior, la prima de riesgo y los recortes públicos han vuelto a dejar fuera de foco la cuestión primordial de la deficiente estructura productiva del país.

Peor aún, viendo las cosas que promueven las élites políticas más bien parece que confían en un nuevo boom inmobiliario para reflotar la economía. Y de ello tenemos buenos indicios. Primero fue la vergonzosa competición entre Madrid y Barcelona por atraer Eurovegas, ahora ha sido la oferta de permisos de residencia a los compradores de viviendas, y de forma contínua están las referencias de De Guindos a que el banco “malo” servirá para revigorizar el mercado inmobiliario (quizás esperando con ello que olvidemos lo que es evidente: que se trata de una nueva transferencia de fondos al sector bancario). Y es que lo inmobiliario tiene un largo recorrido en la economía española y su impulso parece mucho más fácil que el promover otras salidas.

Se olvida con ello una de las cuestiones que a mi entender es básica para explicar nuestra situación diferencial: la economía española genera sistemáticamente un deficit comercial resultado de nuestra particular estructura productiva y nuestro particular modelo de consumo.

Puede objetarse que en este desequilibrio no se tienen en cuenta los ingresos por servicios, especialmente los turísticos, pero aún considerando estos ingresos el resultado neto sigue siendo negativo (en 2010, un año de crisis, la contribución neta negativa del sector exterior continuaba siendo de 2,1 puntos del PIB). Ello supone que en su funcionamiento normal la economía española requiere un continuo endeudamiento frente al exterior, lo que sin duda explica una parte importante de los problemas macroeconómicos del país. Sin moderar o equilibrar esta situación la única forma de mantener el actual modelo es consiguiendo atraer un flujo de entrada de capitales permanente, algo que parece ser a medio y largo plazo poco realista, pues no contamos con un sector financiero hegemónico como el que permite hacer esto a Estados Unidos y Reino Unido.

Las razones de este desequilibrio son diversas. Una es la enorme dependencia energética y de materiales. Otra es la especialización productiva: fabricamos bienes distintos a los que consumimos (por ejemplo producimos coches pequeños y compramos coches grandes, consumimos electrónica de importación...). A esta especialización negativa se ha llegado por una serie de factores diversos: decisiones de las élites locales (priorizar la construcción y despreciar la inversión en bienes sofisticados, que comportan más esfuerzo en investigación y formación profesional), control de muchos sectores productivos por grandes multinacionales y promoción de un modelo de consumo impulsor de las importaciones. Y una tercera, y no menos importante: un euro sobrevalorado ha reducido las posibilidades de desarrollo de parte de la industria local, situación agravada por la política alemana de austeridad (básicamente caída del salario real, sobre todo en el sector servicios), que ha provocado una caída de las exportaciones del sur de Europa.

Alterar está situación exige tomar muchas medidas y hacer frente a las resistencias de los beneficiarios de la situación actual. Pero precisamente por tratarse de una cuestión de largo recorrido exige tener claras algunas de las líneas de actuación. Una, obvia es una política energética que no sólo promueva el desarrollo de energias renovables sino que reorganice la vida social (transporte, urbanismo etc.) en términos de reducción del consumo. Otra, la reorganización de actividades que promuevan circuitos más cortos de producción-consumo, por ejemplo en el sector alimentario, Otra obvia, de desarrollo tecnológico y profesional También una política de austeridad de otro tipo, orientada a reducir las importanciones de bienes de lujo y los consumos suntuarios que tienen efectos dañinos en términos sociales, ecológicos y macroeconómicos, algo que debe ir necesariamente acompañado de políticas “culturales” que lo hagan entendible y aceptable. Y cómo no, una política exterior orientada a cambiar el modelo actual de integración europea. Estos deberían ser los elementos prioritarios de las políticas anticrisis. Su no consideración, la dependencia endémica respecto a un modelo de desarrollo palpablemente insostenible, muestra que nuestros lideres políticos están en la inopia, o simplemente que nos engañan para mantener el statu quo.

 

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¿Vuelve la estanflación? Contradicciones de la economía neoliberal

La crisis de la década de los setenta condujo a la liquidación de las políticas keynesianas y del capitalismo de pacto social. A ello dedicaron muchos esfuerzos los grandes grupos de poder económico. Uno de los frentes de batalla fue el de la economía académica y su influencia sobre el diseño de lla política económica. Un trabajo de largo alcance en el que tuvo un papel fundamental la elaboración de una nueva teoría de la inflación y el desempleo (en realidad, una reformulación de la muy vieja teoría neoclásica prekeynesiana). Los economistas keynesianos basaban parte de las recetas de intervención en un esquema de "curva de Philips" según el cual existía un cierto trade-off entre paro e inflación, Cuando el desempleo era grande, se podía reducir mediante medidas expansivas que podían generar algo de inflación. Cuando ésta se consideraba excesiva, se podía moderar mediante medidas que frenaran el empleo. Economistas neoliberales como Friedman o Phelps argumentaron que este intercambio era en realidad ficticio, puesto que existía un nivel desempleo imposible de reducir por medidas de expansión del gasto público. En ese contexto, las medidas expansivas sólo generarían inflación sin crear empleo, o sea, “estanflación”. A este nivel de paro irreductible por medidas expansivas le llamaron “tasa natural de desempleo”, posteriormente reformulada como “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación” (habitualmente citada por su acrónimo inglés NAIRU). El nivel de esta tasa dependería, fundamentalmente, de las instituciones que impedían que el mercado laboral fuera flexible y que los salarios bajasen cuando había desempleo, desincentivando así a las empresas a contratar a más gente.

Lógicamente, para estos economistas el nivel de la NAIRU depende de factores como los mecanismos de protección al empleo, el modelo de subsidios de desempleo, el poder sindical, la existencia y cuantía del salario mínimo etc. De ahí que su receta ante el crecimiento del paro sea siempre la de promover reformas estructurales del mercado laboral, del tipo que vienen aplicándose desde hace casi treinta años en nuestro país. Lo que acabó por convencer a muchos escépticos en la bondad de esta teroría es que a mitad de los años setenta, tras el alza del precio del petróleo, se produjo una fase de estanflación. Aunque posiblemente la flauta sonó por casualidad, eso fue suficiente para ganar la voluntad de muchos economistas adiestrados en considerar que los mercados son la mejor forma de organizar la actividad económica.

Han pasado cuatro décadas. El debate teórico sobre la NAIRU ha pasado diversas vicisitudes en las que no es el momento de entrar. Pero, salvando las distancias, en el caso español estamos afrontando una cierta situación de estanflación en un contexto totalmente diferente del sugerido por los teóricos neoliberales. Es cierto que el nivel de inflación actual (del 3,5%) es realmente moderado respecto a épocas pretéritas (llegó a alcanzar el 27% en 1977) y nada comparable con el que han experimentado muchos países en desarrollo. Pero es realmente insoportable según los parámetros oficiales de la Unión Europea. De hecho, ya en plena crisis, en 2008, el Banco Central Europeo aumentó el tipo de interés (acelerando el derrumbe) alegando el peligro de inflación cuando ésta estaba por debajo de aquella cota. O sea, que de mantener esta lógica la situación actual podría provocar una nueva contracción monetaria por parte del BCE. Y lo realmente relevante es que esta “aceleración” de la inflación se produce en medio de una situación de desempleo masivo, caída de los salarios reales y aplicación de unas reformas estructurales del mercado laboral de gran calibre. No parece pues que, en este caso, el “rebrote” inflacionario pueda explicarse en absoluto por una rigidez del mercado laboral, sólo concebible en la imaginación de algún dogmático economista neoliberal.

Al analizar los factores que promueven la inflación actual se percibe alguna de sus causas básicas. Una se encuentra en las propias políticas de ajuste, en la aplicación de fuertes aumentos en el IVA y otros impuestos indirectos (así como en las tasas públicas, en la introducción del copago sanitario etc.). Quizás podemos esperar que este impulso inflacionario se moderará una vez pasado el proceso de implantación de las nuevas tasas, pero en tanto se mantengan las políticas de mercantilización de los servicios públicos cabe esperar nuevos shocks futuros de indudable contenido inflacionario. El otro gran componente es el aumento de los precios de la energía y de alguna otra materia prima industrial. Puede que en este caso se combinen dos efectos diferentes. Uno de índole local: el carácter oligopolístico de las empresas energéticas locales, reforzado por las políticas privatizadoras y liberalizadoras de los últimos años. El otro más estructural: el impacto a escala planetaria de unos recursos limitados (o en declive según algunos estudiosos del pico del petróleo) frente a una demanda que sigue en crecimiento o que es muy inflexible a la baja. Se trata en este caso de un problema de largo recorrido y para el que la economía dominante no tiene otras respuestas que la confianza ciega en que el mercado promoverá la aparición de soluciones tecnológicas, o la esperanza de que los precios acabarán por reducir la demanda excesiva (lo que supone despreciar el coste social que genera el desempleo masivo y la asignación de un recurso escaso por el simple criterio de la ley del poder económico de cada cual).

No es casual que el precio del petróleo, que ya provocara la estanflación de los setenta, provoque ahora parte de estas menores pero renacidas tensiones de precios. Alguno de los críticos de la NAIRU ya explicó en su día que fue una justificación oportunista por parte de los economistas neoclásicos lo que les permitió utilizar aquel alza de los precios como demostración de la bondad de sus tesis. Lo que ahora resulta evidente es que la modesta inflación que padecemos (y que ayuda a deteriorar aún más los salarios reales devaluados por los recortes y los ajustes empresariales) muestra claramente la incapacidad del esquema neoliberal para explicar un fenómeno que puede ser paradójico.

Hay dos corolarios de todo esto, El primero es que estamos ante una oportunidad de cuestionar con evidencias sólidas la calidad de los esquemas analíticos que se aplican para desarrollar políticas económicas. Es una modesta tarea académico-política, pero pese a ello totalmente necesaria para erosionar el prestigio de los mismos. El segundo y más importante, que es plausible que la tensión inflacionista que refleje en buena parte la tensión entre nuestra base tecnológico-productiva y las limitaciones palpables de algunos recursos naturales. La única forma de evitar que estas tensiones se traduzcan en más locura de ajustes neoliberales es promover cambios en las políticas energéticas y de recursos naturales orientadas a promover la reproducibilidad y la sostenibilidad mediante cambios en la organización de la producción, el consumo y la distibución.

30/11/2012