Monti y Rajoy, apoyados por Hollande, tuercen el brazo de Merkel y abren la puerta a nuevos planes para salvar el euro, estimular el crecimiento y reforzar la unidad europea. Con más o menos palabras y acentos, esa es la tesis que domina los análisis de la última cumbre europea.

Hay otra forma de ver lo sucedido. La “Declaración de la cumbre de la zona del euro” de 29 de junio de 2012 no mejora en nada la precaria situación y la inestabilidad que padecen las economías del sur de la eurozona. Merkel aguanta el pulso. Y al cabo, el rigor en las políticas de austeridad y la falta de pulso económico seguirán dominando el escenario europeo y la salida de la crisis que defienden e imponen las instituciones europeas y los mercados.

Entre medias de esas dos versiones, todo tipo matices con los que hacerse una idea sobre lo aprobado en la reciente supercumbre de 28 y 29 de junio de 2012 y todos los mimbres con los que construir una opinión propia. En muy poco tiempo los mercados darán o quitarán razones a propósito de las dosis de estabilidad y confianza que aportan las medidas que se acaban de aprobar. Mejor no apostar demasiado sobre lo que va a ocurrir. Lo más probable sigue siendo que las deudas soberanas de Italia y, más aún, de España vuelvan a ser sometidas en las próximas semanas a la presión y los vaivenes de unos mercados capaces de convertir en negocio la fragilidad de la eurozona y amenazar la supervivencia del euro. La pelota está en el tejado y caerá por cualquier lado; puede, incluso, que siga ahí arriba durante algún tiempo, prolongando riesgos e incertidumbres.

De hecho, los mercados celebraron con euforia las medidas adoptadas y el viernes 29 de junio las bolsas de Madrid, Milán, Fráncfort y París subían en torno a un 5%. Como en cumbres anteriores, la fiesta duró muy poco. A partir del lunes 2 de julio las aguas volvían a su viejo cauce. Tras el negocio realizado por los más avispados y los méritos con los que adornaban a sus respectivos líderes nacionales los medios de comunicación a su servicio, los mercados marcaban su territorio y se atrincheraban tras viejas y nuevas desconfianzas y contradictorias exigencias. Antes o después, los inversores terminan dándose cuenta de que los acuerdos adoptados en sucesivas cumbres no protegen suficientemente la deuda pública de las economías más frágiles ni mejoran en nada la precaria situación de sus especializaciones y capacidades productivas y, como consecuencia, de sus cuentas exteriores.

Los mercados pueden valorar de forma equivocada, como ya lo hicieron antes de la crisis, los riesgos en presencia. Y pueden volver a asignar de forma ineficiente y con escaso juicio, como ya lo hicieron antes de la crisis, la financiación disponible. Pero los mercados no pueden dejar de apreciar, sea de forma errónea o acertada, los riesgos que asumen al financiar a los agentes económicos públicos y privados de determinado país. Por eso, lo más probable es que en las próximas semanas la economía española vuelva a enfrentarse a dificultades extremas para poder financiarse. Y por eso, lo previsible, es que el Banco Central Europeo (BCE) se vea obligado a actuar de nuevo para salvar la situación. Volverá a demostrarse que los acuerdos adoptados en la última cumbre no están a la altura de los problemas de la eurozona ni menguan su gravedad y potencial destructivo.

Tras las grandes palabras, unos acuerdos bien orientados pero muy limitados

La cumbre ha aprobado una hoja de ruta de fortalecimiento de la unidad europea, plagada de menciones a la unión bancaria, fiscal  y hasta política que son poco más que una declaración de intenciones. Faltan la letra pequeña y la letra grande. Y está por ver la voluntad política y el ritmo con el que esas intenciones acaben concretándose en medidas listas para ser aplicadas.

El mayor logro conseguido por Rajoy, gracias al apoyo de Monti y Hollande, es la recapitalización directa de los bancos españoles en apuros, sin que el Estado haga de intermediario obligado y, como consecuencia, sin que los préstamos recibidos engrosen la deuda pública española. La dinámica de contagio de los problemas de financiación de bancos y emisores soberanos se debilita, pero no desaparece.

La canciller alemana impuso que la recapitalización directa de los bancos entre en vigor tras el establecimiento de una supervisión única y efectiva del sistema bancario europeo liderada por el BCE. No se sabe si la imposición de Merkel pretende retrasar la recapitalización directa de los bancos españoles o forzar la aceptación rápida de una supervisión bancaria europea. Aún no está claro si la recapitalización directa será un hecho antes de que acabe el año o, en caso de que se alargue el proceso, tendrá carácter retroactivo para los préstamos europeos que se concedan antes a unos bancos españoles que no pueden esperar mucho tiempo a ser recapitalizados.

La cuantía y las condiciones de la ayuda financiera a los bancos españoles las decidirá el Eurogrupo en su reunión del próximo 9 de julio. Y esas condiciones estrictas serán específicas para cada entidad pero afectarán también, que nadie lo dude, a todo el sector bancario y al conjunto de la economía española. La austeridad se hará aún más severa y se aprobarán nuevos recortes de gastos, inversiones y bienes públicos y más presión tributaria sobre las rentas de la mayoría que generarán más obstáculos a la actividad económica y provocarán mayor malestar social y más sufrimientos para los grupos sociales de menor renta.

El segundo gran logro de Monti y Rajoy consiste en que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) puedan comprar deuda pública en el mercado secundario con el objetivo de reducir los inasumibles costes financieros que pagan ahora España e Italia y menguar hasta niveles aceptables la dichosa prima de riesgo. El problema es que dado el pequeño tamaño relativo de esos fondos, en relación con el tamaño de las deudas públicas española e italiana, no podrían asegurar una compra masiva de deuda pública de estos países. En todo caso, hasta que esa utilización flexible de los fondos de rescate (FEEF y MEDE) se ponga en marcha, la gestión de cualquier crisis de liquidez o un nuevo incremento insoportable de los intereses que deban ofrecer España e Italia para financiar sus respectivas deudas públicas quedan en las inseguras manos del BCE.

Si es necesario, el BCE volverá a comprar en el mercado secundario deuda pública española e italiana, como ya ha hecho en anteriores episodios agudos de crisis para relajar la presión de los mercados e impedir la implosión del euro; pero los problemas estructurales de la eurozona son otros y no tienen arreglo con la garantía de compra de deuda pública con fondos europeos. Tal compra es imprescindible para reducir durante unos meses o semanas los tipos de interés y los consiguientes agobios para financiarse que sufre España, pero no sirve para resolver los problemas productivos de carácter estructural que debe afrontar la economía española y que son la causa de fondo que determina las diferencias en los tipos de interés que soporta.

La compra de deuda pública con fondos comunitarios tampoco permite sortear la urgente y decisiva tarea de superar las debilidades e incoherencias institucionales que contribuyen a multiplicar la heterogeneidad productiva entre los socios de la eurozona y provocan graves fracturas que no pueden ser tratadas con los actuales y muy insuficientes mecanismos de cohesión y mutualización de la deuda.

La fuerte heterogeneidad en las especializaciones productivas que existe en la eurozona y las consiguientes divergencias y desigualdades entre las economías más avanzadas que obtienen superávit por cuenta corriente y las economías desindustrializadas y deficitarias del sur de la eurozona no pueden, con el actual diseño institucional de la eurozona, sino aumentar y terminar impidiendo que compartan el euro.

¿Una nueva dinámica en la eurozona?

La otra gran medida aprobada en la cumbre guarda relación con el compromiso de Hollande de completar las políticas de austeridad con un impulso de la reactivación económica que impida que la recesión haga totalmente ineficaces y contraproducentes los recortes encaminados a equilibrar las cuentas públicas.

Tras la ruptura del dúo Merkozy forzada por las urnas, Merkel pierde protagonismo y cede un poco de terreno a Hollande y Monti. La situación aparece más abierta que antes. El relato convencional de la crisis deja de estar monopolizado por la austeridad y aparece un nuevo y aún débil hilo argumental que señala la necesidad de impulsar la actividad económica y el empleo; pero aún falta mucho para poder hablar de una nueva dinámica en la eurozona o de una nueva fase en la gestión de la crisis menos marcada por la obsesión del equilibrio presupuestario y el dogma de la austeridad.

Lo mejor que puede decirse sobre las medidas de reactivación económica aprobadas es que son muy insuficientes. Se habla de la creación de un fondo para estimular el crecimiento en el conjunto de la UE que, al modo utilizado por el Gran Capitán para justificar sus gastos, podría alcanzar una cuantía de 120.000 millones de euros. Si fuera así, tal cuantía apenas supondría un 0,9% del PIB de la UE y superaría en poco los 100.000 millones ofrecidos para recapitalizar a los bancos españoles. Lo peor es que, en realidad, los nuevos fondos movilizados para ser inyectados en las economías europeas apenas alcanzarían los 15.000 millones de euros. El ruido de las declaraciones a favor de nuevos recursos financieros para estimular el crecimiento se concreta en un minúsculo esfuerzo inversor.

El desglose de esos fondos destinados a estimular la economía proporciona algo más de información. La medida más importante consiste en aumentar en 10.000 millones el capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para favorecer un incremento de su capacidad de financiación en 60.000 millones. Otros 55.000 millones se conseguirían mediante una reasignación de fondos estructurales no utilizados. Y, por último, 5.000 millones de euros serían aportados por inversores privados (que completarían una aportación inicial comunitaria de 230 millones de euros) en el marco de lanzamiento de una fase piloto de la nueva figura de los “project bonds” que pretende captar capital privado emitiendo obligaciones comunes de varios países europeos con objeto de financiar determinadas infraestructuras europeas.

El discurrir de la crisis de la eurozona va a seguir determinado por las políticas de austeridad y una estricta disciplina presupuestaria sostenida en un mayor control y supervisión de las cuentas públicas y del sector bancario y en la amenaza cierta de unos mercados en permanente acecho para captar signos de debilidad y de unas sanciones comunitarias que agravarán la situación de los socios incapaces de cumplir sus compromisos en materia de equilibrio presupuestario y consolidación fiscal. La eurozona seguirá caminando a la pata coja, con la única pierna de la austeridad a la que se añade, a partir de esta cumbre, el precario apoyo prestado por un pequeño paquete de estímulo del crecimiento.   

Subordinada a la austeridad y al servicio de la aceptación social de nuevos recortes y más sacrificios, se abre una pequeña vía que pretende impulsar el crecimiento. Antes que una nueva dinámica caracterizada por la complementariedad entre políticas de austeridad y de reactivación económica, los líderes europeos echan unas gotas de aceite para estimular la actividad económica que dan la impresión de que se toma nota del fracaso de las políticas de austeridad y de que algo comienza a moverse en Europa.

Las nuevas medidas de estímulo pueden contribuir en algo a impedir la intensificación de la actual fase recesiva, pero su objetivo central parece más orientado a posibilitar una mejor aceptación social de las insufribles e ineficaces medidas de austeridad que van a seguir imponiéndose en toda la UE y, especialmente, a los países del sur de la eurozona. Y, al tiempo, facilitan la rápida aprobación de una supervisión europea que no contará con ninguna legitimidad democrática en su labor de asegurar una inspección bancaria que hasta ahora realizaban los bancos centrales nacionales. Las políticas de rigor presupuestario aprobadas por los gobiernos seguirán aplicándose al pie de la letra, bajo la estricta supervisión de instituciones comunitarias, al margen de la valoración de sus resultados que haga la ciudadanía y de lo que puedan decidir con posterioridad las urnas.

¿Más Europa?

Tras la cumbre europea, sigue faltando un mínimo acuerdo en torno a cualquiera de los varios instrumentos de mutualización de la deuda pública que han barajado las instituciones y los líderes europeos. Su aprobación es imprescindible para alejar la posibilidad de implosión de la eurozona. Además, sigue siendo prioritario revertir un deterioro de la actividad económica que impide el aumento de los ingresos públicos, la mejora de las cuentas públicas y el necesario incremento de las inversiones destinadas a modernizar las estructuras productivas de las economías periféricas y a generar empleo neto.

No hay, tampoco, ningún elemento concreto que permita cimentar las bases de una unión fiscal. Por eso resultan tan extrañas las piruetas que dan algunos analistas al confundir el primer y limitado paso para aprobar una supervisión bancaria europea con el resto de mecanismos que aún faltan para construir una unión bancaria: un fondo europeo de garantía de depósitos y una estructura común de liquidación y saneamiento de bancos insolventes. Apenas se han producido algunas balbuceantes e imprecisas declaraciones a favor de una unión bancaria sin mayores precisiones sobre los pasos que aún faltan para lograrla, por mucho que dicha unión bancaria resulte imprescindible para mejorar la gestión de la eurozona.

Y qué decir del triple salto mortal que se atreven a dar los publicistas que suponen que la futura puesta en pie de una incipiente supervisión europea conducirá inevitablemente a la unión fiscal, pese a los evidentes rechazos que despierta en los grupos dirigentes europeos, y a una unión política que está a años luz del horizonte que contemplan la mayoría de las fuerzas políticas y buena parte de la ciudadanía europea. Hablar de una hoja de ruta de una unión económica y política en las actuales condiciones y tomando como base los acuerdos de la última cumbre europea es poco más que insustancial cháchara y nada añade a la comprensión de las medidas adoptadas en la cumbre o, menos aún, de la equivocada gestión de la crisis de la eurozona en la que siguen empeñadas las instituciones europeas.

Merkel y las fuerzas conservadoras que dominan la gestión de los asuntos comunitarios y marcan el paso y los destinos de la UE también pretenden más Europa y una mayor integración de las economías comunitarias mediante la instauración de mayores niveles de  competencia entre los socios y nuevos avances en la liberalización de los mercados, sin contar con más apoyo regulador que el sacrosanto dogma del equilibrio presupuestario y, para los socios incumplidores, un régimen sancionador estricto. Cumplidas las anteriores condiciones y al final de un recorrido que garantizaría y consolidaría la hegemonía alemana en la UE y el predominio de los intereses del gran capital europeo, Alemania y el bloque de poder que lidera podrían admitir los eurobonos y hasta podrían estar dispuestos a reconsiderar algunas de las líneas principales de su actual estrategia para salir de la crisis.

No se sabe si en los planes de Merkel y la Comisión Europea de reforzamiento de esta UE marcada por los dogmas ultraliberales entra una Grecia que da testimonio diario y muestra de forma irrefutable los límites y la ineficacia de las políticas de austeridad impuestas y las formas insolidarias, antisociales y escasamente democráticas que presiden la gestión de los rescates financieros. Pero más allá de la crisis, lo que Grecia revela es la precariedad de una construcción europea basada exclusivamente en las oportunidades que brindan el crecimiento económico, la moneda única y una confianza ciega en las virtudes de unos mercados liberados de todo tipo de restricción y regulación.

Han sido el euro y la unión monetaria, no la crisis, las que han impulsado la fuerte heterogeneidad productiva que existe hoy en la eurozona y la disparidad en las especializaciones productivas que han consolidado la insostenible división entre países con déficits exteriores estructurales y países con superávits. La crisis ha permitido poner de manifiesto que la unión monetaria no puede mantenerse sin solidaridad entre los socios y sin instituciones y fondos federales adecuados para corregir con transferencias de renta los déficits estructurales de algunos socios.

La izquierda puede reivindicar más Europa como vía para solucionar la crisis, pero haría bien en desmarcarse y precisar que sus propuestas de más Europa nada tienen que ver con las intenciones e imposiciones de Merkel, que pretende condicionar cualquier avance del proyecto europeo a su percepción de lo que entiende como intereses nacionales alemanes y que cuando se refiere a la necesidad de reforzar el proyecto de unidad europea está en realidad hablando de más sanciones, más órganos supervisores y sostenedores de los dogmas ultraliberales, más competencia entre los socios y menos garantías en la oferta de bienes públicos, menos protección social y menos derechos laborales y sociales.

Y al tiempo que clarifica sus ideas sobre lo que significa su reivindicación de más Europa, la izquierda debería proponer un proyecto solidario y federal de construcción de la unidad europea basado en, al menos, cuatro aspectos que forman parte de su razón de ser: primero, una mayor cohesión social y territorial; segundo, más democracia, transparencia y control de la ciudadanía sobre los órganos de poder nacionales y comunitarios; tercero, más políticas cooperativas y de apoyo mutuo para corregir las deficiencias de la oferta productiva de los socios menos avanzados; y cuarto, más presupuesto común para financiar los objetivos y políticas en los que se concretaría ese proyecto europeo solidario.