Parece más que evidente que los sindicatos han perdido buena parte de la simpatía que tenían en épocas recientes de nuestra historia. Según una encuesta de Metroscopia de 2011, los sindicatos se sitúan en los últimos puestos en la escala de confianza de los ciudadanos con las instituciones, logrando tan solo una nota de 3,3 sobre 10, y solo por encima de los partidos políticos, la clase política y los bancos. Este dato resulta aun más significativo si tenemos en cuenta que en 2008 justo al inicio de la crisis, la nota de los sindicatos era de un 5,1.

Las causas de esta pérdida de confianza en los sindicatos son, con toda probabilidad, múltiples. Por un lado las transformaciones del mercado laboral han generado una dualidad entre los trabajadores que quizás no ha sido bien entendida por los sindicatos, cuya base social se sitúa más bien en las grandes empresas con un volumen importante de contratos indefinidos y en la función pública. Los jóvenes, principales víctimas de la temporalidad, no han conectado con un discurso sindical al que consideran más propio de sus padres que de ellos mismos.

Otro motivo que desde sectores progresistas se suele indicar cuando se habla de la pérdida de confianza en los sindicatos es su predisposición al pacto con otros poderes del Estado, principalmente la patronal y los gobiernos, enmarcada en una tendencia hacia la perdida progresiva de derechos laborales. Se les acusa, no sin algo de razón, de legitimar mediante el pacto con la patronal algunos acuerdos que resultaron lesivos para los derechos de los trabajadores.

Pero el papel de los sindicatos, especialmente de los mayoritarios, es complejo en una democracia como la nuestra. Por un lado cumplen un papel institucional en un Estado corporativista donde la participación de sindicatos y patronal esta formalizada a través de lo que se conoce como diálogo social. En otros países occidentales no existe tal diálogo social y los sindicatos actúan como otros tantos grupos de interés tratando de influir en la clase política. Es el caso del sistema pluralista de EEUU. Pero el corporativismo español hunde sus raíces en nuestra historia y tiene su razón de ser en la necesidad de garantizar y proteger una representación de los trabajadores formal y reglada donde su participación en los asuntos laborales vaya más allá de la influencia política que puedan tener en un momento dado. Es, de algún modo, un sistema que protege la representatividad sindical pero que no deja de plantear problemas, especialmente en lo concerniente al papel de los sindicatos.

Los sindicatos, por tanto, tienen una responsabilidad institucional. Pero no solo. También cumplen un papel de movimiento social amplio y expresivo que ejerce una función reivindicativa y movilizadora de la sociedad. Son estas dos “almas” de los sindicatos, la institucional y la expresiva, las que conviven provocando tensiones hacia uno u otro lado. Tal vez haya algo de cierto en la idea de que la segunda ha perdido protagonismo en favor de la primera y los sindicatos seguramente podrían tener un papel mucho más activo en la calle. Pero difícilmente se le puede exigir a los sindicatos aquello mismo que la sociedad no está dispuesta a hacer. Y en vista de las encuestas sobre el apoyo de la sociedad a la Huelga General del 29M, no parecer que los ciudadanos estén muy dispuestos a secundar de forma mayoritaria y continuada movilizaciones contra el recorte de derechos laborales. En ese sentido la Huelga General es más una obligación de los sindicatos ante una reforma laboral extremadamente agresiva que un deseo de responder a un clamor social que no parece que exista. Se corre el peligro de que salga mal, lo cual serviría para que el gobierno pueda legitimar socialmente la medida y para poner en evidencia la extrema debilidad de los sindicatos. Pero parece preferible correr ese riesgo que no convocar la huelga, lo que deslegitimaría definitivamente a los sindicatos ante la sociedad y ante sus bases para una buena temporada.

Otro factor que de manera indubitable ha debilitado la confianza en los sindicatos es la campaña mediática que han sufrido en los últimos años y especialmente desde que se inició la crisis. Las referencias, muchas veces más inventadas que reales, a las subvenciones que reciben, a sus liberados o a los sueldos y el nivel de vida de sus dirigentes han sido una constante en los medios de la derecha. Existe una clara intención es deslegitimar a los sindicatos como agente social, debilitar su papel negociador y desincentivar a los ciudadanos para que no respalden sus movilizaciones. Y lo más preocupante es que en parte lo han conseguido. Pero además de injusta, la estrategia de la derecha es irresponsable porque desprecia el papel de los sindicatos como canalizador del descontento ciudadano y garantizador de la paz social. Un papel, por cierto, que fue fundamental en la Transición española hacia la democracia.

Algunos sectores de la izquierda y especialmente el 15M se han sumado a un discurso antisindical que resulta peligroso e injusto y que coincide en parte con los argumentos de la derecha mediática. Desde esos ámbitos se ha llegado a decir que la convocatoria de la Huelga General es insuficiente, lo cual parece muy poco realista en vista del limitado apoyo ciudadano a la convocatoria del 29M. Y parece muy poco razonable criticar a los sindicatos, como se ha hecho, por no convocar una huelga general y seguir criticándolos cuando lo hacen. Más allá de cualquier otra consideración que podamos tener sobre los sindicatos, la convocatoria de la Huelga General, en vista de la agresividad de la reforma laboral de Rajoy, tiene que ser celebrada por quienes defendemos los derechos de los trabajadores. Y nos jugamos mucho con ella. Porque una huelga general, ante todo, es una demostración de fuerza de los trabajadores que se expresa solo si tiene un seguimiento masivo.

Sin duda los sindicatos deberán iniciar una transformación importante en su discurso, sus modos, sus objetivos y su base social si quieren sobrevivir a los cambios que se están produciendo en nuestro tiempo. Pero a pesar de todas las críticas que les podamos hacer, que desde luego son muchas, siguen cumpliendo un papel importantísimo de muro de contención frente al recorte de derechos laborales. Hay quién corresponsabiliza a los sindicatos de esos recortes de derechos pero basta pensar que hubiera ocurrido si no existieran sindicatos fuertes para matizar esa opinión. Los sindicatos son necesarios y, precisamente por serlo, necesitan adaptarse a los cambios de la sociedad y del mercado laboral y atender más a problemas como la precariedad, el desempleo y el horizonte laboral de las generaciones más jóvenes.

A pesar de la pérdida de confianza de una parte de los ciudadanos en los sindicatos, éstos siguen siendo una fuerza social importantísima en nuestro país. Entre CCOO y UGT suman más de dos millones de afiliados y cada uno de ellos tiene más que cualquier partido político. Cumplen un papel central en la defensa de los derechos de los trabajadores y es deseable que sigan haciéndolo. La huelga general será una prueba de fuego para ellos pero también para toda la sociedad, que tiene mucho que perder si no sale bien.