Sarkozy decidió el pasado 29 de enero colocar el denominado “IVA social” en el centro de la campaña electoral que decidirá el próximo mes de mayo el nombre del nuevo presidente de la República francesa.

El anuncio televisivo de un paquete de medidas destinado a revitalizar la oferta productiva de la economía francesa ha supuesto el inicio efectivo de una larga campaña electoral que va a tener gran trascendencia para consolidar la hegemonía conservadora en la definición de la salida a la crisis económica o, en sentido contrario, permitir que la socialdemocracia europea se dote de un programa autónomo de superación de la crisis que cuente con propuestas capaces de medirse con las que han impuesto los mercados y las instituciones comunitarias.

La propuesta de Sarkozy se concretaría en un incremento del tipo normal del IVA en 1,6 puntos hasta situarlo en un 21,2% y, al mismo tiempo, reducir los costes laborales en más de 13.000 millones de euros mediante la rebaja de los gastos que soportan las empresas por las cotizaciones sociales que corren a su cargo. No se trata en sentido estricto de una medida encaminada a reducir el déficit público sino los costes laborales y, de paso, incrementar la competitividad de las empresas francesas. El grueso de los descuentos en las cotizaciones sociales que soportan las empresas afectaría a los salarios que se sitúan entre 1,6 y 2,1 veces el salario mínimo (el SMIC está establecido desde el 1 de enero de 2012 en 9,22 euros la hora o 1.398,7 euros mensuales)  y en menor medida y de forma degresiva a los que se encuentran entre 2,1 y 2,4 veces ese salario mínimo.

Sarkozy aclaró que la medida no se aprobará de manera inmediata; su intención es que entre en vigor, si gana las elecciones, en octubre de 2012. Al anuncio del “IVA social”, el actual presidente de la República francesa añadió varias reformas que apuntan a una mayor desregulación del mercado de trabajo y a la introducción, el próximo mes de agosto, de una inocua tasa sobre las transacciones financieras que supondría una recaudación de unos 1.000 millones de euros por gravar con un 0,1% las compras de acciones, credit default swaps (CDS) y algunas operaciones especulativas poco precisadas.

La izquierda francesa considera más que discutible la eficacia de la medida en la mejora de la competitividad de los productos franceses. Competitividad debilitada por un largo proceso de desindustrialización que dura ya tres décadas y por una intensificación en los últimos años de una especialización centrada en productos manufactureros de gama media que ha comenzado a generar déficits exteriores y un retroceso evidente en el peso relativo de la producción de bienes de gama más alta. A esos dos factores se suman los graves problemas crediticios que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Si los problemas de competitividad no dependen fundamentalmente de los costes laborales, como sostiene la izquierda francesa, poca eficacia podrá tener una relativamente pequeña reducción de los costes laborales, sean salarios, cotizaciones sociales o costes por despido. Lo que resulta indiscutible es que el impacto económico y social de la implantación del “IVA social” será tan desigual como injusto: mientras que la rentabilidad de las empresas y las rentas del capital mejorarán su situación, las rentas del trabajo empeorarán su capacidad de compra. La mayor desigualdad en la distribución de la renta en beneficio de la minoría que acapara las rentas del capital y la pérdida en el potencial de crecimiento no podrán ser compensadas más que marginalmente por el ligero impulso de la actividad económica y la muy pequeña generación neta de empleo que, en el mejor de los casos, puede alentar la medida. De igual forma, el retroceso de la demanda interna no podrá ser compensado con un pequeño aumento de la competitividad por la vía de una hipotética reducción de precios.
A pesar de lo manifestado por Rajoy en las últimas semanas a propósito de su intención de no realizar nuevas subidas de impuestos, no debe extrañar que la medida esté siendo barajada por el Gobierno del PP para incorporarla a la próxima oleada de reformas y ajustes que llevará a cabo en unos meses. De hecho, la receta ha sido recomendada a España en varias ocasiones por diversas instituciones internacionales que tratan de extender a otros países el esquema adoptado por Alemania en 2007.

Para conseguir adhesiones a la medida se argumenta que el aumento del tipo impositivo del IVA no afecta a las exportaciones, encarece los productos importados (al tener que soportar un tipo del IVA más alto), dificulta la deslocalización de actividades y empleos y favorece la contratación de nuevos trabajadores, tanto porque abarata los costes de la fuerza de trabajo como porque supone un aliento suplementario a la actividad económica.

El objetivo real de la medida es disminuir de manera inmediata los costes laborales con la esperanza de que esa disminución repercuta en un aumento de las ventas de los productos franceses en el mercado nacional y en los mercados europeos o, cuando menos, en un incremento de los márgenes de rentabilidad empresarial. El objetivo teórico es crear empleo, de ahí esa engañosa denominación de “IVA social”. El objetivo propagandístico es demostrar la preocupación activa de sus promotores, en este caso Sarkozy y su partido, por los desempleados y su compromiso con el mantenimiento del empleo existente y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Además de esta pluralidad de objetivos, la derecha francesa y europea sueña con un debate público sobre la introducción del “IVA social” que añada un plus de legitimidad a la base ideológica sobre la que descansa la mayoría de los argumentos que justifican la salida antisocial a la crisis económica que se ha impuesto en la UE: la recuperación de los márgenes empresariales y la ampliación de los espacios de negocio que permiten a las empresas realizar beneficios en detrimento del sector público y de los bienes públicos son los pilares que sustentarán la reactivación económica. En aras de esa hipotética reactivación consideran necesario sacrificar salarios reales, derechos laborales y sociales, inversión pública, protección social de los sectores más desfavorecidos y bienestar de la mayoría de la población.

Por eso resulta tan importante que la izquierda social y la ciudadanía progresista se desenganchen de esa matriz ideológica que confunde los intereses específicos que defienden las elites financieras y políticas europeas con los de la mayoría de la sociedad. Por eso resulta tan importante como interesante que las izquierdas francesas, incluyendo al partido socialista y a los grandes sindicatos, se hayan manifestado en contra del “IVA social”, denuncien su conexión con las políticas de devaluación interna que pretenden resolver los problemas de competitividad por la vía de reducir los costes laborales y responsabilicen al presidente francés y a la derecha gobernante por su respaldo a unas políticas extremistas y generalizadas de austeridad que han agravado la situación del euro y han conducido a las economías de la UE a una nueva recesión.

Adviértanse las diferencias con lo ocurrido en España. Aquí, los sindicatos mayoritarios han pactado con la patronal la reducción de los salarios reales durante los próximos tres años y el PSOE sigue ensimismado en el proceso de renovación de su liderazgo interno que solo de forma muy indirecta roza el examen crítico de lo hecho y dicho durante los dos últimos años por el Gobierno Zapatero. En Francia, sindicatos e izquierdas defienden un programa progresista de salida de la crisis claramente diferenciado del que han impuesto patronal y derecha política y se desmarcan de una propuesta de “IVA social” que pretende formas blandas de reducción de los costes laborales. Y con ese programa parecen dispuestos y decididos a ganar las próximas elecciones. Pronto veremos como se concretan las posibilidades de unos y otros.

Rajoy, por su parte, está intentando conseguir de los poderes comunitarios un aplazamiento temporal de uno o dos años en el ritmo de reducción del desequilibrio de las cuentas públicas. Esa concesión de las instituciones europeas va a depender menos de los ruegos de Rajoy que de los pésimos resultados económicos que están cosechando los duros ajustes impuestos. Por ello, algún tipo de aplazamiento en los objetivos de consolidación fiscal de los países del sur de la eurozona acabará imponiéndose. Mientras eso ocurre, Rajoy se esfuerza por mostrarse como el solicito y sumiso empleado que mantiene su inquebrantable compromiso con el que sabe imposible objetivo marcado por sus jefes de reducir el déficit de las cuentas públicas hasta el 4,4% del PIB en 2012.

Esos ruegos a los nuevos diosecillos europeos no hacen que Rajoy olvide que dispone del mazo del real decreto para atender los intereses de la patronal, a la que acaba de regalar nuevas facilidades para despedir aún más barato, y las solicitudes de los banqueros, que exigen más dinero público y más garantías estatales para sanear sus balances. Y con cada nuevo real decreto que aprueba, el Gobierno de Rajoy proporciona un nuevo varapalo a la pretensión de los dos grandes sindicatos de rehuir la confrontación e intentar por la vía del pacto frenar el alcance de las reformas estructurales y preservar su capacidad de influencia social e interlocución con la patronal y el ejecutivo. El callejón sin salida en el que están los dos grandes sindicatos es evidente. Lo que no resulta tan evidente es si van a poder salir de él; por no estar, ni siquiera está claro que quieran salir de la trampa en la que se han metido.

La subida del IVA es, entre las herramientas de que dispone el Gobierno del PP, la de mayor potencial recaudatorio. El “IVA social” permitiría dar un mínimo camuflaje a otra subida tributaria que afectaría esta vez a los impuestos indirectos y proporcionaría argumentos justificativos de amplio espectro para conseguir la adhesión de la patronal y la neutralidad de los dos grandes sindicatos. Con tantos alicientes resulta razonable pensar que los vientos del “IVA social” procedentes de Francia acaben teniendo más respaldo gubernamental y posibilidades de arraigar en España, sobre todo si se confirma en las urnas el deterioro del liderazgo ejercido por Sarkozy y se mantiene la percepción social de que su subordinación ante la canciller Merkel no ha conseguido nada bueno para Francia ni para la economía francesa.

La hipótesis de una aprobación por parte del Gobierno del PP de una variante del “IVA social” tendría el camino totalmente despejado si, como parece, los principales referentes de la izquierda política y sindical española siguen pensando que un escenario de confrontación con las políticas que marcan los mercados y las instituciones comunitarias para salir de la crisis conlleva incertidumbres y riesgos inasumibles.

En el debate sobre el “IVA social” que con muy escaso interés público se ha desarrollado en España aparece una insidiosa variante (respaldada por un sesgado editorial de El País de 31 de diciembre de 2011) que, además de disimular la subida del impuesto y recalcar su conexión con la reducción del déficit público, incrementaría extraordinariamente sus efectos nocivos sobre la capacidad de compra de las rentas más bajas: “Probablemente bastaría con simplificar todos los tipos actuales del impuesto en el 17% o 18%, eliminando los tipos reducidos y superreducidos, para cubrir progresiva y rápidamente el déficit y, al mismo tiempo, reducir la carga de las cotizaciones sociales”.

Frente a la subida de otros impuestos, el incremento de la recaudación tributaria mediante el IVA tiene importantes ventajas para sus defensores: es soportado por el conjunto de los consumidores (el consiguiente aumento del esfuerzo fiscal se distribuye y difumina entre el conjunto de la población), no afecta de entrada a los beneficios de las empresas y puede justificarse con el irrebatible argumento de que en España está situado muy por debajo de la media comunitaria (tipo general del 18% frente al 20,69% de media en la UE).

En contra de la subida del IVA hay argumentos mucho más sólidos: afecta negativamente a la capacidad de compra de la mayoría de la población, pone en graves apuros a las rentas más bajas (al encarecer bienes y servicios) y ocasiona una nueva presión sobre la muy debilitada demanda interna que repercutiría negativamente sobre la actividad económica y el empleo. Menos actividad y mengua del número de empleos ocasionarían una menor recaudación de las Administraciones Públicas y prolongarían la recesión en la que técnicamente estamos a punto de entrar de nuevo.

A todo lo anterior hay que sumar el retroceso de los salarios reales, la congelación del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios, el incremento mínimo de las pensiones y la subida de los tipos impositivos del IRPF para todos los asalariados y la mayoría de los pensionistas. Y, por si fuera poco, la generalización de los recortes de gastos e inversiones del sector público en todos los países de la UE. En la actual situación de la economía española, el incremento del IVA echaría más leña al fuego de la recesión y ese fuego quemaría y haría desaparecer tejido empresarial insostenible e insolvente pero también capacidades productivas, empleos y cualificaciones laborales perfectamente viables que reducen el potencial de crecimiento de la economía española.

Existen dos obstáculos, no precisamente menores, que van a dificultar que el Gobierno del PP apruebe alguna modalidad del “IVA social”, pese a todas las ventajas que para la derecha supondría su introducción.

El primer impedimento está relacionado con las bajas cuotas a la Seguridad  Social española que soportan trabajadores y empresas. En conjunto apenas suponían un 13,3% del PIB en 2010, mientras la media de los países de la eurozona se situaba en un 15,6%.

El segundo escollo es la difícil situación en la que la nueva fase recesiva, el retroceso de la masa salarial global y la pérdida de 2,7 millones de empleos desde que comenzó la crisis colocan a las cuentas de la Seguridad Social. Al fuerte crecimiento del paro producido en los últimos seis meses se suma la aún más intensa caída del número de cotizantes a la Seguridad Social y el aumento del gasto en prestaciones por desempleo y pensiones contributivas. No parece una situación muy propicia para rebajar las cuotas a la Seguridad Social; menos propicia y más irracional aún estando la economía española a las puertas de una recesión de incierto alcance a la que seguirá un largo periodo de anemia económica.

Ambos obstáculos nos remiten al difícil empeño de superar la crisis económica con las políticas que propugna la derecha y a la imposibilidad de conciliar objetivos claramente incompatibles: un extremista ajuste presupuestario con la reactivación de la actividad económica; una relajada regulación de los mercados financieros con una defensa muy limitada y estrictamente crediticia (sin el compromiso político de mutualizar riesgos) de la deuda soberana de socios insolventes (Grecia y, probablemente, Portugal) o con problemas de financiación (Irlanda, Italia y España); una política de devaluación interna en la que la presión sobre los costes laborales para ganar competitividad y mercados no puede tener éxito si es seguida por todos los socios; un proyecto común de unidad europea con un espacio económico crecientemente heterogéneo en sus especializaciones productivas y, como consecuencia, en su situación macroeconómica que no cuenta con resortes políticos, institucionales o presupuestarios para compensar el desequilibrado reparto de ventajas y costes.

En tales condiciones y con las políticas económicas que se han impuesto no sólo resulta ardua la tarea de superar la crisis económica, también va a ser cada día que pasa más complicado mantener un proyecto de unidad europea capaz de conseguir el respaldo de los Estados miembros y la adhesión de la ciudadanía. No se puede mantener un proyecto común imponiendo políticas de austeridad y devaluación interna de carácter antisocial encaminadas a consolidar la división entre socios ganadores y perdedores.

En lugar de tanta medida irracional, ineficaz y extremista de austeridad, disciplina presupuestaria, sanciones y “reglas de oro”, Europa debe promover políticas cooperativas que permitan asumir colectivamente los riesgos y los costes asociados a la pertenencia común a un espacio económico, comercial y monetario único. En lugar de dividir a los Estados miembros y a sus respectivas ciudadanías entre virtuosos y manirrotos merecedores de duras sanciones, Europa debe aportar instituciones y soluciones políticas que faciliten el trasvase de conocimiento y buenas prácticas, el avance colectivo y un reparto menos desequilibrado que hasta ahora de ventajas y beneficios. Dentro de algún tiempo, muy probablemente, estas apreciaciones serán evidentes para todos, pero los costes ocasionados en el ínterin van a ser enormes y en gran parte irreversibles. Está por ver si una ciudadanía consciente, unida y decidida a hacer respetar sus derechos e intereses puede acortar el proceso.